Granada impulsa un banco mundial de ADN para evitar el tráfico de niños
La tecnología más avanzada se pone al servicio de los más débiles. Esta es la filosofía del programa DNA-Prokids, una iniciativa internacional que surgió hace cinco años en el seno la Universidad de Granada (UGR) -a través del Laboratorio de Identificación Genética del departamento de Medicina Legal que dirige José Antonio Lorente- y que lucha para combatir el tráfico de niños mediante la identificación genética de víctimas y familiares.
Aunque ya funciona en algunos países, donde ha ayudado a resolver más de 200 casos de identificaciones de niños desaparecidos, este programa aún se encuentra en fase de expansión hasta 2012 y desde ayer es objeto de análisis en una reunión preparatoria del I Congreso Internacional que se celebrará en el primer cuatrimestre de 2010 y al que están convocados estudiosos y autoridades judiciales y policiales de todo el mundo.
Así, por el momento, entre ayer y hoy, numerosos científicos y representantes gubernamentales de países como México, Guatemala, Brasil, Nepal, India, Sri Lanka, Tailandia, Filipinas, Indonesia y China se dan cita en la Fundación Euroárabe para compartir sus experiencias en identificación genética y criminalística.
El objetivo no es otro que comparar informaciones genéticas más allá del ámbito nacional para luchar contra el tráfico de seres humanos y cuenta con la colaboración de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, materializada en el Consorcio para la Excelencia en Investigación Forense de Andalucía (Ceifa). Por eso, la responsable de este departamento, Begoña Álvarez, acudió ayer a la inauguración de la reunión junto al fiscal superior andaluz, Jesús García Calderón.
La importancia de este proyecto único en el mundo, ha explicado Lorente, radica en que, de acuerdo con cálculos de Naciones Unidas, para el año 2011 ó 2012 el tráfico de seres humanos será el negocio ilícito más lucrativo, por encima del tráfico de drogas y de armamento, de ahí que sea crucial contar con instrumentos prácticos que permitan combatirlo. De hecho, se estima que cada año entre 800.000 y un millón de personas son víctimas del tráfico de seres humanos, mayoritariamente menores y mujeres que se ven abocados a adopciones ilegales, a la mendicidad, la prostitución o la venta de órganos.
Entre las tareas a desarrollar, según explicó Lorente, se encuentran la redacción de informes sobre el tráfico de personas, la propuesta de un sistema que guarde y proteja la información genética, el establecimiento de protocolos de toma de muestras y análisis y la formación a especialistas en la tecnología de la identificación genética, a fin de desarrollar políticas conjuntas entre países para la coordinación legal y policial. Por ello, desde su puesta en marcha, este programa realiza un estudio piloto en diversos países que han ido enviando las muestras, básicamente de Latinoamérica, Guatemala sobre todo, y se ha conseguido identificar a niños que estaban en casas de acogida de los gobiernos o incluso en orfanatos ilegales.
Según explica Lorente, se ha comparado «el ADN de estos niños que estaban en centros ilegales y que iban a ser dados en adopción con los de madres que han pedido sus identificaciones y se han logrado las identificaciones, con lo que estos niños son devueltos a sus madres y se les quita de la cadena de adopciones ilegales». De momento China es el único país, según precisa, que lo tiene establecido, si bien lo importante es que el programa sea compartido entre todos los países. «El problema que tienen allí no se deriva del tráfico como red de negocio lucrativo para la explotación de niños, sino que atiende a que hasta ahora han adoptado una política de tener un solo niño por pareja, de forma que los varones tienen más valor que las mujeres y por eso se daban los hijos recién nacidos para venderlos a parejas que, por ejemplo, no tenían o bien los cambiaban en los hospitales». Así, las identificaciones genéticas han servido como mecanismo de control.
Pero el problema crucial al que se refiere Lorente es al que se enfrentan los países en vías de desarrollo, «donde no hay grandes presupuestos ni se pueden mantener en centros oficiales a los niños y educarlos». «Pasa en Calcuta, Bangladesh o Sao Paulo. Allí hay niños sueltos y descontrolados que pueden entrar fácilmente en la cadena de explotación para mendicidad, trabajos forzados o explotación sexual. Esos niños reproducen conductas de delitos muy violentos y muchos suelen morir con menos de 25 años. Esto hay cortarlo y una de las formas para hacerlo es contar con la cadena de identificación para devolverlos a sus familias porque sólo en un porcentaje mínimo resulta que esas familias no los quieren, ya que lo normal es que anden perdidos», asegura el experto.
Aunque este problema no se genera en España, Lorente señala que en el país hay otros «derivados de la recepción», ya que podemos estar recibiendo niños que han sido adoptados ilegalmente y, como nadie comprueba genéticamente que han sido dados en adopción voluntaria por sus madres, «pues pueden llegar de forma ilegal». Estos pequeños pueden venir al país cruzando en patera el Estrecho para ser explotados y han salido de sus casas sin sus su familias biológicas. «En países como el nuestro el problema se ve de otra manera, pero España, al igual que otros, exporta clientes que van a países con paraísos sexuales. Por lo tanto, no podemos estar al margen de estos problemas aunque no se generen aquí», apostilla.
Pero para que el proyecto pueda asentarse de forma definitiva es necesario el apoyo del Gobierno central. Para Lorente esto sería lo lógico, ya que se plantea «el uso de una tecnología para resolver problemas que están ocurriendo en estos momentos y que pueden ser detenidos». Pero la implantación de la iniciativa depende de cada país, si bien España puede «hacer mucho». En primer lugar, podría «coordinar todos los protocolos técnicos de toma de muestras, la información que va con esas muestras, de la cadena de custodia, los protocolos de análisis para que sean compatibles, las bases de datos, etc». Para ello sería necesaria «una coordinación especial», sobre todo en esta fase de puesta en marcha que se prolongaría 10 o 15 años. Y, en segundo lugar, España podría coordinar la formación de los países que están interesados en implantar este sistema.
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