Pagar con tarjeta no sale gratis
Le ha pasado a todo el mundo. Saca su tarjeta de crédito o débito para pagar la compra de turno y el tendero en cuestión le pone mala cara, o directamente la rechaza. Le pide que le pague en euros contantes y sonantes. El motivo se llama comisión, la que las entidades financieras le cobran a los comercios por cada operación con dinero de plástico y que en el último trimestre se situó en una media del 0,83% del importe de cada venta. En un tíquet de 100 euros, por ejemplo, serían 83 céntimos. Pero es un promedio: la máxima (del 1,59%) se paga en masajes, saunas y discotecas, y la mínima se sitúa en supermercados de alimentación (0,49%), según el Banco de España.
A partir de enero, si los comerciantes quieren, la mueca de fastidio podrá dibujarse en la cara del cliente porque las tiendas podrán aplicarle un recargo por la tarjeta, según la Ley de Pagos aprobada hace unos días por el Congreso de los Diputados, y que traspone una directiva europea de 2007.
Fuentes del área de Competencia de la Comisión Europea consideran que «permitir el recargo es positivo porque mejora la transparencia para los consumidores». Además, critica que «estos costes últimamente son siempre pagados por los clientes y generalmente no ven que lo están haciendo», además de que si el comerciante tiene más gastos por las tarjetas, éstos imponen «un coste escondido en otros consumidores».
El secretario general de la Confederación Española del Comercio, Miguel Ángel Fraile, se apresura a aclarar que «la vida de los españoles no va a cambiar en nada, ningún comerciante se plantea aplicar ningún coste adicional a sus clientes, y menos en este contexto de crisis en el que cae el consumo». Pero, ¿ocurrirá así siempre? ¿Y en todos los sectores? Fraile ve posible que aquellos negocios con márgenes de beneficio estrechos y precios fijos, es decir, estancos, quioscos, o gasolineras, puedan aplicarlo.
La patronal de grandes superficies, ANGED, no se moja y se limita a valorar positivamente «el hecho de que sean los propios establecimientos quienes puedan gestionar los pagos como mejor les convenga y aplicar comisiones o descuentos».
Los consumidores se preocupan. «Habrá qué ver qué pasa en el futuro. ¿Y si un día se ponen de acuerdo todos los híper en aplicarlo? Creemos que esto está prohibido porque es una cláusula abusiva repercutir al consumidor gastos propios del empresario, y éste lo es», se queja Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.
Detrás se libra una vieja batalla entre la banca y el comercio a cuenta de unas comisiones que el último ve abusivas, aunque han bajado casi a la mitad desde 2005. Las entidades también se cobran entre ellas una tasa cuando el banco de la tarjeta y del comercio son distintos.
La práctica de cargar al cliente por compras con tarjeta no estaba explícitamente prohibida por la ley. El Instituto Nacional de Consumo aclara que «todo precio anunciado debe ser el final, ningún consumidor puede llevarse sorpresas a la ahora de pagar. Tampoco ahora. Sí se pueden aplicar descuentos a quien paga en efectivo». El coste para el cliente podría variar en función de los que la banca le cobre al comerciante -la llamada tasa de descuento- y en ningún caso podrá sobrepasar ese porcentaje. De hecho, lo que el comercio le puede cobrar al cliente es la diferencia entre ese coste de la tasa bancaria por la tarjeta y lo que le cuesta manejar el efectivo. Es difícil de calcular, pero fuentes del sector de tarjetas lo cifran en un 0,9%
Los comercios no han aplicado este recargo porque los contratos que tenían firmados con las entidades financieras solían incluir una cláusula que lo prohibía. La nueva ley impide que esos pactos lleven tal cláusula, conocida como no surcharge rule en el mundillo de la tarjeta. Así se da cobertura legal a una práctica que ya se llevaba a cabo en algunos negocios, como el de las compañías aéreas que venden billetes por Internet y aplican recargos sobre los dos euros por pagar con tarjeta. La Agencia de Consumo de Cataluña, por ejemplo, ha expedientado a 13 aerolíneas, basándose en que deben anunciar su precio final y que hay «discriminación por sistema de pago».
La banca es contraria a la disposición de la nueva norma española. Puede producir un efecto contrario al que persigue la Ley «si se utiliza para penalizar el pago con tarjetas electrónicas y, con ello, se incentiva un mayor uso del efectivo», explican desde la Asociación Española de Banca.
La empresa de medios de pago Servired va más allá y critica que una ley «aliente» el uso de dinero «negro», ya que las operaciones en efectivo son más difíciles de controlar, además de que la medida puede conllevar un incremento de los precios para los ciudadanos. También se puede retraer el uso de tarjeta en España, que ya es muy inferior al de sus vecinos europeos, según un informe de la consultora KPMG.
El resto de países europeos están también adaptándose a la directiva y decidiendo qué hacen con el famoso recargo. Hasta ahora, son muy pocos los países donde se aplicaba. En el Reino Unido era posible, pero no se hacía.
«Ha habido un esfuerzo importante en la reducción de las tasas en los últimos años que se tiene que valorar», apunta Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada e investigador de FUNCAS. «También hay que apreciar el valor en sí que supone para el comercio y las ventas la existencia del dinero de plástico», añade Carbó.
Los comerciantes creen podrán negociar con más presión. «Porque el cliente podrá decidir no comprar en una tienda, pero también puede decidir pagar en efectivo», opina Fraile. Con la crisis, el uso de las tarjetas de crédito ha bajado por primera vez en los 55 años desde que el dinero de plástico circula por España.
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