Justicia configura dos grupos de apoyo técnico al servicio de la Fiscalía Superior de Andalucía
La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía firmó hoy lunes un convenio de colaboración con las universidades de Granada y la Pablo de Olavide de Sevilla para la constitución de dos unidades de apoyo técnico que refuercen el trabajo de la Fiscalía Superior de Andalucía.
Al acto de la firma, que tuvo lugar en Sevilla, acudieron la consejera del ramo, Begoña Álvarez; el viceconsejero de Justicia, José Antonio Ortiz; el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón; el secretario general de Universidades, Francisco Triguero; el rector de la UPO, Juan Jiménez, y el vicerrector de Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada, Miguel Gómez Oliver.
En este sentido, Álvarez aseguró que su departamento «es consciente» de la labor que desempeña la Fiscalía Superior de Andalucía, por lo que «ha contribuido» desde su creación en enero de 2008 a que esté dotada de los medios personales y materiales necesarios para su «importante» labor, al tiempo que añadió que la medida presentada hoy «busca reforzar» la Fiscalía en ámbitos de interés para los ciudadanos, ya que los problemas de la sociedad «son los que han de centrar los esfuerzos de los poderes públicos».
Así, destacó que la Junta de Andalucía es el primer gobierno autonómico que pone en marcha los grupos de apoyo técnico al servicio de una Fiscalía Superior, una medida que «es fruto de la colaboración» de la Junta de Andalucía con la Fiscalía Superior de Andalucía y las universidades de Granada y Pablo de Olavide de Sevilla.
En ese contexto, Álvarez informó de que la Consejería de Justicia y Administración Pública ha ofertado dos ayudas de formación e investigación para la realización de trabajos de carácter científico y técnico por parte de grupos de expertos de las universidades que propongan y ejecuten medidas innovadoras tendentes a optimizar el trabajo de las unidades de la Fiscalía.
Según dijo, estos proyectos de investigación «serán capaces de generar una transferencia de resultados» desde las universidades a la Administración de Justicia y Administración Pública «para obtener la mejora de técnica de gestión de la oficina fiscal, ratificando o descartando instrumentos de gestión que el marco legislativo actual puede ofrecer con vistas a la nueva oficina judicial».
VIOLENCIA DE GÉNERO Y FRAUDE INMOBILIARIO
En esta línea, explicó que las universidades de Granada y la Pablo de Olavide de Sevilla ponen a disposición de la sede de la Fiscalía Superior en Granada y de la sede de la Sección Territorial de Sevilla, respectivamente, un equipo de investigadores, cada uno de los cuales está integrado por ocho expertos especialistas en Derecho Penal y en nuevas tecnologías.
Así, puso de manifiesto que las tareas encomendadas a estos grupos serán el estudio de la evolución de la criminalidad en Andalucía, el uso de las nuevas tecnologías en los procesos penales, la violencia de género, el fraude inmobiliario, la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y los delitos relativos al medio ambiente y a la seguridad vial.
El grupo de investigación de la Universidad de Granada está dirigido por el profesor Lorenzo Morillas Cueva, mientras que el de la Universidad Pablo de Olavide está dirigido por el profesor José Antonio Colmenero Guerra. Ambos grupos realizarán su labor con la supervisión directa del fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón.
Por su parte, García Calderón incidió en que «es la primera vez» que una Fiscalía Superior española firma un protocolo de esta naturaleza, creando con ello «un nuevo espacio de cooperación institucional» con las universidades a través de unos «extraordinarios» equipos de investigación.
AYUDAS DE 144.000 EUROS
«Andalucía va a ser la primera comunidad autónoma que va a poder tener una opinión de los fiscales fortalecida con el análisis crítico de estudiosos del mundo jurídico», valoró el fiscal superior, quien señaló que el objetivo de esta medida «es permitir ofrecer un mejor servicio público a los ciudadanos», y que éstos «puedan verse beneficiados de la experiencias de unos excelentes profesores».
La conexión de la Justicia con la Universidad se hace efectiva en este caso con la concesión de dos ayudas de 144.000 euros cada una a sendos equipos de investigación pertenecientes a las universidades de Granada y Pablo de Olavide, cuyos proyectos, de un año de duración, serán capaces de generar una transferencia de resultados desde las instituciones académicas a la Administración para obtener una mejor gestión de la Oficina Fiscal.
En esta línea de trabajo, la Consejería de Justicia y Administración Pública firmó recientemente otro convenio de colaboración con las universidades de Granada, Málaga y Sevilla para la constitución de tres gabinetes técnicos que terminen con la saturación de las salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
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