Cuenta atrás para el Estado de las Autonomías 2.0
Si usted cree que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut es cosa «de los catalanes», no siga leyendo. Pero se equivocaría: los expertos coinciden en que la esperada sentencia del Alto Tribunal, que esta semana retoma las discusiones para tratar de cerrar el polémico fallo tras más de tres años de debate, supondrá «un antes y un después» en el modelo de Estad autonómico. Toda España será ya otra.
Sea cual sea el sentido del fallo, el modelo de Estado está a las puertas de una sentencia clave, llamada a marcar el terreno de juego de al menos la próxima década, según los expertos consultados: catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, de la de Granada, de Barcelona, de Valladolid…
La sentencia fijará los contornos, pero la nueva fase ya es irreversible
Todos coinciden también en que la nueva fase que se abre, el Estado de las Autonomías 2.0, ya ha empezado para todos propulsado por el Estatut. La sentencia acabará de fijar los contornos, pero la tendencia, opinan los expertos, es irreversible y colocará como sujetos al alza a las comunidades autónomas.
«Sin duda estamos ante una de las sentencias más importantes de la historia del Tribunal Constitucional porque se abre una etapa en la que cambia la forma de interpretar el Estado autonómico y el Título VIII de la Constitución», explica Javier García Roca, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España. «La sentencia establecerá la doctrina que determinará el desarrollo del Estado autonómico», remata su colega Enoch Albertí, de la Universidad de Barcelona.
De ahí viene en buena parte la gran presión colocada sobre el Tribunal Constitucional, les secunda Paloma Biglino Campos, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y catedrática de la Universidad de Valladolid: «En los países de nuestro entorno, las constituciones establecen claramente las competencias que corresponden a cada uno. Aquí no se hizo así, de manera que ahora le toca al Alto Tribunal una tarea que en otros países ha sido asumido por el poder constituyente», subraya.
Un modelo abierto
En 1978, las dos Españas que habían luchado en la Guerra Civil fueron capaces de encontrar nun mínimo común denominador y aprobaron conjuntamente la Constitució. Pero se pagó el precio de la ambigüedad.
«El nuevo Estatuto catalán viene a dar continuidad al espíritu de la Transición aportando claridad ante el papel de las comunidades autónomas, que no existían cuando se aprobó la Constitución», subraya José Antonio González Casanova, hoy catedrático emérito de la Universidad de Barcelona y entonces pieza clave entre los asesores jurídicos socialistas que participaron en la redacción de la Constitución y el Estatut.
«La nueva etapa que se abre ahora dejará claro al fin qué responsabilidad tiene cada uno en un diseño en el que las comunidades autónomas se consideran al fin Estado y no entes de segunda», recalca.
Más competencias
«El modelo no cambia, sino que se apura su lógica y se apuntala», argumenta Francisco Balaguer, catedrático de la Universidad de Granada, quien subraya que Catalunya ha liderado un proceso que beneficia a toda España.
Balaguer considera que, con el nuevo modelo, los distintos Estatutos «dejan de ser autistas» al entrar en áreas que interesan a los ciudadanos y no sólo a los funcionarios: reconoce derechos y convierte a las autonomías en sujetos de primera división.
En el nuevo diseño, las comunidades autónomas pasan a ser sujetos al alza
«Ninguna autonomía querrá ser de segunda, con lo que Catalunya tira del carro pero todas las demás cambiarán también en esta nueva etapa y no sólo las que ya han reformado su Estatuto», considera Luis Moreno, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y autor de La federalización de España (Siglo XXI). Y añade: «El proceso será positivo para el conjunto de España».
A su juicio, el modelo autonómico ya es federal, aunque «embozado». «No quiere explicitarse por razones históricas», argumenta y ahora se profundizará, aunque el término federal genera de por sí otro alambicado debate que Biglino resume así: «Existen 180 definiciones académicas de Estado federal. En función de cómo lo definamos, el Estado autonómico será o no federal».
Sin marcha atrás
Los expertos consultados coinciden en que este nuevo modelo va a ser una realidad con independencia de que el Constitucional declare nulo algún artículo concreto del Estatuto catalán. Nadie considera la hipótesis de que la enmienda sea a la totalidad; ni siquiera que altere de forma sustancial lo aprobado ya en referéndum en Catalunya. Y aún mucho menos que pueda dar origen a una regresión del modelo en el sentido que defienden, por ejemplo, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y algunos sectores del Partido Popular.
«El campo de juego ya lo ha definido en un sentido federal la jurisprudencia del mismo Constitucional», recuerda Balaguer. «Dar marcha atrás ya no es posible», recalca.
Incluso si el Alto Tribunal declarara nulos algunos artículos que los partidos catalanes consideran claves, los efectos prácticos serían menores, según coinciden también todos los expertos consultados.
«Todos los puntos polémicos tienen alternativa si hay voluntad política», sostiene Albertí. Y añade: «El recurso suele basarse en el hecho de que determinada cuestión esté en el Estatut, más que en la cuestión en sí. Por tanto, casi todo puede regularse también por ley».
¿Y si el Alto Tribunal considera inconstitucional que el Estatut recoja con detalle el modelo de financiación? Poco importa a nivel práctico, explica Albertí y coinciden sus colegas: ya está recogido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). ¿Y si se decide que los jueces destinados a Catalunya no tienen por qué entender el catalán? Puede reformarse la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y así en cada caso, como ha dado a entender en las últimas semanas José Montilla, presidente de la Generalitat.
Nadie considera la hipótesis de que se anule lo sustancial del Estatut
Otra cosa es la cuestión simbólica: no tiene ninguna aplicación práctica inmediata, pero sus consecuencias políticas pueden ser explosivas porque toca fibras muy sensibles.
«Aunque no tenga ningún efecto práctico, toda la cuestión simbólica es básica para que la gente se sienta a gusto», recalca Moreno, que teme que «algunas élites acostumbradas al ordeno y mando no se dan cuenta de lo que está en juego». «Si la parte simbólica no se resuelve bien, no se cae el mundo, pero quedaría un problema sin cerrar que puede ser capitalizado por los secesionistas», agrega.
Tras pasar por el Congreso, la fórmula del Estatut para recoger este sentimiento nacional queda reducida al preámbulo y de forma meramente descriptiva: «El Parlament de Catalunya, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Catalunya, ha definido Catalunya como nación de forma ampliamente mayoritaria. La Constitución española, en el artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Catalunya como nacionalidad».
Este párrafo sin aplicación práctica en el cuerpo del Estatut la palabra nación ya no vuelve a aparecer es supuestamente uno de los más explosivos, sobre el que da rodeos el Constitucional y que enerva al PP. Balaguer no lo entiende: «El preámbulo describe un hecho no controvertible: el Parlament ha definido Catalunya como nación. ¡El Tribunal puede enjuiciar normas, no hechos!», dice.
Fallo interpretativo
Los expertos esperan para estos casos una sentencia interpretativa: que no anule artículos o el preámbulo y que se explaye describiendo el sentido de lo que avala. Pero por mucho que explique, si no anula, avala.
La jurisprudencia hace inviable una marcha atrás hacia el centralismo
El problema será después desenredar la madeja de este nuevo terreno de juego tan interpretado. «Luego habrá que interpretar la interpretación», avisa Albertí. Y eso llevará mucho tiempo: puede que cinco o diez años, aventura García Roca.
¿Esperaba usted que la sentencia pusiera fin al largo debate sobre el modelo de Estado? Desengáñese: la pugna interpretativa está a punto de empezar. «Sólo ha acabado Rocky I. Pero aún falta Rocky II y luego Rocky III. Es decir, sucesivos conflictos interpretativos sobre competencias derivadas del de-sarrollo del Estatut», concluye García Roca.
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