El responsable de este órgano de control difiere de lo propuesto por Cospedal, pero admite sin tapujos que la confección de los informes es demasiado lenta
El presidente de la Cámara de Cuentas, en su despacho situado en el mismo edificio del Parlamento.
Antonio Manuel López (Guadix, 1960) es presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía; catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada tiene el encargo del Parlamento, entre otros asuntos, de investigar las ayudas concedidas por la Junta a los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) desde el año 2001. Anualmente, fiscaliza la cuenta general de la Junta y su sector público (un balance más completo que la liquidación presupuestaria), el de las diputaciones y los de los ayuntamientos andaluces. Además del ciertos chequeos más profundos incluido en su plan anual de actuación. En la siguiente entrevista, cree que no es el momento de eliminar este tipo de organismo, tal como ha propuesto la presidenta castellano-manchega, y menos en estos momentos de necesidad de austeridad en el gasto.
-¿Cuál es su visión del caso de los ERE?
-Con independencia de que haya comportamientos poco acordes con lo que debe ser el ejercicio de la función pública, quizás haya habido ciertos fallos de control interno. Quizás el procedimiento que se estableció para la tramitación de estos expedientes no fue el más adecuado, y ello permitió lo que ha sucedido: que se incorporarán intrusos que nada tenían que ver con esos procesos. Posiblemente, si el mecanismo hubiese sido distinto esta situación no se hubiera producido.
-¿Y eso es lo que pudo haber indicado el interventor de la Consejería de Economía y Hacienda en varios informes al respecto?
-El interventor apuntó que esos mecanismos podían mejorarse. No conozco sus informes, sólo por la prensa, porque nosotros hemos iniciado la fiscalización, pero estamos en la toma de conocimiento. Creo que el interventor no pone de relieve que hubiera menoscabo de fondos públicos, sino sencillamente que ese mecanismo no era el más adecuado. Y que había otros, como la encomienda de gestión en vez de la transferencia de la Consejería de Empleo a la Agencia IDEA.
-¿Usted ha entendido la denuncia del PP sobre los ERE ante el Tribunal de Cuentas como un síntoma de desconfianza hacia la Cámara que usted presidente, ya que ustedes se habían hecho cargo del asunto por el encargo del Parlamento?
-Hasta ahora, lo habitual es lo que le voy a explicar, y creo que va a seguir siendo así. La Cámara de Cuentas actúa como delegado instructor del Tribunal de Cuentas en muchos expedientes, como el de San Fernando, Málaga, Lipasam (empresa municipal sevillana de la limpieza). ¿Qué puede ocurrir con los ERE? Pues que la denuncia del PP, que me parece legítima, estará en este contexto: que el Tribunal de Cuentas le dirá a la Cámara de Cuentas si quiere asumir esa instrucción, y yo le preguntaré al pleno. No lo veo como un signo de desconfianza, sino que el PP lo plantea en el Tribunal porque tiene un ámbito, una sala, jurisdiccional que no hay aquí. Lo normal es que la Cámara de Cuentas, en este caso, lleve la instrucción. Como en otros casos.
-¿Por qué la Cámara de Cuentas no tiene esa sala de enjuiciamiento que es la que el PP parece que va buscando?
-La ley orgánica del Tribunal de Cuentas lo define como el órgano de fiscalización del sector público, y es el único que lo tiene a nivel nacional.
-En este sentido, ¿qué le parece la propuesta de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de eliminar a su homólogo en esta autonomía, la Sindicatura de Cuentas?
-El papel de la Cámara de Cuentas no sólo es enjuiciar. A mí me parece poco oportuno ese planteamiento, porque el control del sector público debe ser algo asentado como algo normal en esta división de funciones. El control es un indicador de madurez democrátic. Cuanto más control exista, mayor madurez desde el punto de vista democrático para el control del Gobierno. Las cámaras de cuentas se crean para estar más cerca del control de los gobiernos. En la situación en la que vivimos no toca suprimir órganos de control del buen uso de los recursos públicos. Cosa distinta es que haya que revisar cómo se está haciendo eso. Nos debemos reorganizar para ser más eficientes.
-Ser más eficientes es acortar los plazos de los informes.
-Sí, acortar plazos e incrementar el número de informes.
-Es que parece que, cuando la Cámara de Cuentas emite informes de fiscalización, siempre son del pasado, de dos o tres años. Parece que eso le resta parte de su razón de ser. Son muy antiguos.
-Lleva toda la razón, no se la puedo quitar. Sí, me parece que hay un desfase cuando voy al Parlamento y presento informes del 2007 o del 2008. Uno de los aspectos en los que más tenemos que incidir es en la oportunidad de los informes, y ahí andamos buscando las mejores fórmulas. Hay dinámicas que nos viene impuestas por la propia normativa. La Cuenta General de la Junta, por ejemplo: se puede entregar hasta septiembre del año siguiente al ejercicio presupuestario; ahora en septiembre de 2011 tendremos el de 2010. Formalmente es así, después nosotros tenemos tres meses para fiscalizar más otro para responder a las alegaciones, de modo que la presentación se va a febrero de 2012. Claro, en febrero de 2012 se presenta el informe de 2010. ¿Se puede hacer antes? Sí, si la normativa dijera que la Cuenta General se entrega en mayo o en junio, y nosotros acortáramos en dos meses. Lo que vamos a procurar que el desfase sea el menor para que se puedan tomar medidas oportunas. En referencia a todo, a la Junta y al sector local.
-En los informes de la Cuenta General nunca se observó las irregularidades de los ERE.
-No, porque, en ese caso, tendrían que haber sido trabajos específicos. Por ejemplo, antes de que esto se pusiera de relieve, sí teníamos en el plan de actuación una fiscalización de las Agencia IDEA, del Servicio Andaluz de Empleo y de la Faffe (Fondo Formación de Empleo).
– ¿Qué le ha perecido el recorrido de la reorganización del sector público andaluz?
-Formalmente, lo veremos cuando tengamos la Cuenta General de 2011, que será la primera que se cierre con la nueva estructura. Con independencia del asunto de los empleados, había que controlar mejor el sector público. Una asignatura pendiente es reestructurar el sector público, también el local, en los ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades. La atomización en agencias, empresas o fundaciones no mejora la eficiencia, por lo tanto había que concentrar.
-Sin embargo, se hizo, precisamente, por ello, para mejorar la eficacia.
-Sí, pero se fueron creando entes instrumentales con una serie de competencias en un contexto determinado, y el contexto ha cambiado, ya no es el mismo.
-Esto se da en los ayuntamientos.
-Sí, y también tendrán que acometer una reestructuración. Uno de los objetivos del sector público es la sostenibilidad financiera. En el caso concreto del sector local, deben analizar si los agentes instrumentales tienen sentido. ¿Tienen sentido las empresas municipales de la vivienda cuando hay otra dinámica? ¿Tienen sentido las gerencias de urbanismo cuando el papel en un momento de urbanismo ya puede haber desparecido? A lo mejor, no. Hay que hacer una reflexión serena y seria.
-¿Quiénes tienen mayores problemas financieros? ¿Ayuntamientos o comunidades?
-Los ayuntamientos, porque son los que mayor dependencia financiera tienen de los demás.
-¿Y la solución de fusionar ayuntamientos?
-Yo no acabo de ver esto, lo que sí creo que es una vía de solución es la asociación, no la fusión, porque ahí habría otros elementos socioculturales bien diferentes a los económicos.
-¿Y eso no sería crear otro nivel de administración, entre la autonómica y la municipal? Otro más.
– O aprovechar la existente, como las mancomunidades o los consorcios de servicios, para que pudieran adoptar nuevos servicios.
-¿Están tan mal los ayuntamientos como dicen los alcaldes?
-Ni tan mal como ellos plantean, ni demasiado bien. A mi modo de ver el problema de los ayuntamientos es de liquidez, de tesorería; no tanto de estructura presupuestaria, que algunos sí, pero el grande es el financiero. Una vez abordado el problema financiero, vendrá el de la reorganización. Es que hay servicios que quizás no se puedan seguir dando si no hay ingresos, servicios que no sean esenciales. Por ejemplo, el tema deportivo: es que hay infraestructuras deportivas que no se mantienen, es que hay piscinas cubiertas que no han podido abrir.
-¿Hay ayuntamientos que no rinden cuentas a la Cámara como es obligación?
– Pues sí, deben presentar su liquidación del presupuesto a la Dirección General de Tributos y Hacienda del Ministerio. Y es que, si no lo hacen, con la nueva Ley de Economía Sostenible, le son retenidos su participación en los ingresos del Estado (PIE). Pero, por la Ley de Haciendas Locales, deben de dar cuenta de su liquidación y de su cuenta general a la comunidad autónoma, en este caso a la Cámara de Cuentas. Y sí, los hay.
-¿Y la Junta no debería de hacer algo similar?
-En la Comisión de Hacienda, propuse que aquellos que no rindan cuentas se le pueda denegar el acceso a subvenciones. Y eso genera una causalidad: si no presenta, no doy. Sería una forma, además, de fomentar la transparencia.
-¿Y qué le parece el anuncio de algunos alcaldes de auditar con empresas privadas ?
-La Cámara de Cuentas lo haría mejor, con más conocimiento del asunto, con más cercanía y con profesionales mejor preparados.
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