José Torné-Dombidau es un profesor titular de Derecho Administrativo de la UGR que habla y escribe sin pelos en su lengua y en su pluma. Un ciudadano sincero y honesto que deja las mentiras y las trapacerías para todos aquellos que necesiten de ellas para su vivir cotidiano. Excelente profesor, su dialéctica es clara y concisa, que enriquece a la Universidad de Granada. Y que llegó desde su país valenciano y aquí se quedó porque, él lo dice, Granada capta desde el primer día. Aunque lo peor, esto es, es cuando el captado conoce en profundidad al paisanaje granadí y se lleva la desilusión consiguiente. Un hombre elegante es el profesor Torné-Dombidau. Y su lenguaje es tan didáctico que deja a no pocos con la boca en aptitud de abierta de par en par. Hombre conocedor de los entresijos administrativos de las administraciones y de todo aquello que es constitucional y que muchos se lo pasan por el forro del arco del triunfo. Nos referimos, fundamentalmente, a los partidos políticos, esos «maulas» que nos gobiernan y administran desde la óptica de esa partidocracia que han inventado para beneficio de sus intereseS partidistas. Ha sido un placer profesor, y le agradecemos su deferencia por esta entrevista llena de sinceridad, críticas y enseñanzas.
Pregunta.- Decir la verdad ha matado más que la peste negra… ¿El rescate, el préstamo o la intervención de Europa, al gusto del consumidor, hace que España pierda parte de su soberanía nacional, soberanía que gana Europa?
Respuesta.- España pertenece ‘de iure’ a una Entidad supranacional que hoy se llama Unión Europea (UE). Ello supone tener derechos y obligaciones. Todos los países miembros de la UE, entre ellos España, por mandato de los Tratados y Acuerdos que se han ido adoptando, han ido reconociendo y transfiriendo competencias a las autoridades y órganos de gobierno de la Unión. Una moneda única ya es todo un símbolo. El viejo concepto de la soberanía nacional se ha transformado, ha cambiado de alcance y contenido. Todavía hoy los Estados miembros de la UE conservan competencias al viejo estilo del Estado nacional. Si la UE se construye en el futuro como un Estado federal, los Estados federados culminarán la reducción de soberanía, lógicamente. En consecuencia, la soberanía no la gana una instancia lejana y desconocida, Europa, sino la unión de Estados que llamamos Unión Europea, o sea, la soberanía revierte, a la postre, en nosotros mismos: del soberano español al soberano europeo. Por otro lado, estando necesitada España de ayuda económico-financiera, es comprensible que quien reciba la ayuda tenga que cumplir ciertas condiciones externas.
P.- El poder será la piedra filosofal que tanto buscaron los alquimistas… ¿Poder local, poder autonómico y poder central no son muchos poderes que incluso se solapan, se superponen o se duplican en nuestro país (España)?
R.- En todo Estado se suelen dar esos tres niveles de organización territorial: la Administración General del Estado, la Administración regional (en España, autonómica) y la Administración local, compuesta por los municipios y provincias. En la existencia de esas tres Administraciones territoriales no hay problema. Lo está en lo que ha sucedido en España con el desarrollo del Estado de las Autonomías territoriales: proliferación de órganos administrativos -con sus titulares, ‘staff’ de asesores y personal eventual añadido- y el abultado número de empleados públicos ingresados (sobre todo, personal laboral). Así, se han duplicado órganos, competencias, personal, y creados numerosísimos Organismos públicos, algo insoportable desde el punto de vista de su financiación y eficacia. Una de las lecciones a aprender de la presente crisis es que el Estado y, en concreto, las Comunidades Autónomas, tienen que suprimir Entes y órganos y constreñirse a parámetros de racionalidad y eficiencia.
P.- El verbo reformar en sí mismo es reformador… ¿Hace falta reformar la Constitución Española e ir a un Estado Federal, ese que modernizara e institucionalizara a España de forma definitiva como modelo de Estado?
R.- Cuando los constituyentes de 1978 aprobaron el modelo llamado ‘Estado de las Autonomías’, expresivo de una generosísima descentralización política y administrativa jamás alcanzada en nuestra Historia, estoy seguro que creyeron que era el modelo político definitivo para España. Hoy vemos que no es así, sobre todo a causa de la deslealtad manifiesta de los nacionalistas con el Estado y la Constitución de 1978. Por otra parte, la perversa decisión de pretender cambiar la Constitución sin tocarla reformándola a través de nuevos Estatutos de autonomía, claramente inconstitucionales (STC 31/2010), ha conducido a esta situación política y constitucional en que se hace necesaria una nueva Constitución, tal vez de naturaleza federal. Es mejor para España, como Estado, ser federal que padecer el galimatías autonómico presente, asimétrico, cuasi-confederal y desequilibrado.
«Es mejor para España, como Estado, ser federal que padecer el galimatías autonómico presente»
P.- Montesquieu parece que nunca ha sido entendido en nuestro país… ¿Realmente funciona la división de poderes en España, o simplemente es una entelequia?
R.- El texto de nuestra Constitución de 1978 respeta el principio de división de poderes que Montesquieu formuló para impedir el absolutismo del gobernante. En la práctica, sin embargo, se ha caído en un presidencialismo, en un predominio del Poder ejecutivo o Gobierno. Pero donde se manifiesta con mayor vigor cierta difuminación de los límites de los poderes del Estado -y la ingerencia de los partidos políticos- es en dos órganos constitucionales: el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Sus miembros resultan elegidos por los grupos parlamentarios resultando como consecuencia que la composición de esos dos importantes órganos sea fiel reflejo de la correspondencia de las fuerzas políticas del momento. Grave defecto que hay que corregir con reformas legislativas para evitar el excesivo peso partidista y conseguir independencia y objetividad en las decisiones de aquellos dos órganos. Mandato vitalicio de sus componentes y un estatuto jurídico de los miembros de ambos órganos, pueden ayudar a lograrlo. Habría que pedir a los partidos proponentes que defendieran el interés general del Estado antes que el suyo propio.
P.- Otro verbo relevante, pero ahora referido a eso tan poco conjugado por estos pagos patrios… ¿El verbo dimitir no es parte de la idiosincrasia de los políticos españoles y de otros hombres públicos en general?
R.- Dimitir, en efecto, es un verbo que en España no se conjuga, por lo menos en primera persona del singular. ¿Causas? Aparte de nuestra especial idiosincrasia, a mi juicio se debe a la escasa preparación y formación que tiene el político español de nuestros días. En democracia, dimitir ante una ilegalidad, un error, una mala gestión, como mínima responsabilidad subsiguiente es, además de debido, una respuesta que impone la ética pública del sistema democrático. En democracia, los cargos no pertenecen en propiedad al titular, y la temporalidad es la ley del ejercicio del poder democrático. Otra causa a añadir es acercarse a la política como ‘modus vivendi’, considerarla un empleo, una profesión. Esa mentalidad es el cáncer de la democracia, porque se está a un paso de la esterilidad y la corrupción.
«En democracia, los cargos no pertenecen en propiedad al titular, y la temporalidad es la ley del ejercicio del poder democrático»
P.- El bipartidismo en la partidocracia, parece que es algo que a la democracia esquilma… ¿Reformar la Ley Electoral no es trabajo de luengo tiempo atrás, pero que nunca se hace efectiva porque no le interesa al PP y al PSOE?
R.- El bipartidismo en sí no es malo. Podemos ofrecer el ejemplo de Inglaterra, que le va muy bien en el terreno político. Cánovas dijo de ella que era «la mejor regida de las naciones modernas». Lo que sí es verdad, referido a España, es que el vigente sistema electoral, que es el proporcional o D’Hondt, a quien penaliza es a los partidos minoritarios cuando concurren a elecciones generales. En cambio, si se presentan a comicios autonómicos su representación aumenta y se convierten en Gobierno o tienen la llave para gobernar. Otro aspecto que habría que mejorar en materia electoral es el asunto de las listas cerradas de los partidos, que no dejan opción al elector, y algo muy importante: la actual desconexión del elegido con sus electores, inaceptable en un sistema democrático.
P.- Profesor, vamos al grano directamente… ¿Cuántos funcionarios sobran en este país de tantos millones de funcionarios?
R.- En puridad, más que los funcionarios, sobran los ‘otros’: los interinos, eventuales o de confianza, asesores, expertos, contratados, laborales y demás especímenes…, los que en la jerga popular se les denomina ‘enchufados’. Son los ‘paniaguados’ de los partidos y sindicatos. En parte ya he adelantado que en tiempo de bonanza económica las Administraciones han cubierto un número excesivo de plazas de empleados públicos (funcionarios y laborales) y hoy precisan reducirlo drásticamente. Pero hay que recodar que con la legislación vigente el funcionario de carrera es un empleado fijo, permanente y estable. Esa seguridad en el empleo del funcionario estricto no significa privilegio. Es garantía de independencia frente a las veleidades del gobernante de turno y de «objetividad en la satisfacción de los intereses generales» (103 CE).
P.- La misma pregunta, pero referida a los políticos… ¿Cuántos cargos públicos sobran en este país?
R.- Sinceramente, muchos. Y los malos, que, por desgracia, abundan, todos. En este país nuestro parece que se ha desatado una maldición: el que no sirve para otra cosa, a la política, y así nos va. ¡Qué diferencia con aquella generación de la Transición! Hoy da vergüenza oír y ver a la mayoría de nuestros representantes… No tienen pudor… de las cosas que hacen o dicen. Nadie pide perdón, nadie abandona su cargo… No respetan con ello a los ciudadanos. Una mala clase política puede llevar al traste a todo un régimen político tan delicado como el democrático. La hora actual es mala en este sentido.
«Hoy da vergüenza oír y ver a la mayoría de nuestros representantes… No tienen pudor… de las cosas que hacen o dicen»
P.- Ser ciudadano es una tarea comprometida que debe de poseer una gran conciencia social y cultural… ¿Qué parte de culpa puede tener la ciudadanía, el pueblo soberano, en el mal gobernar y mal administrar de los poderes públicos?
R.- Tiene parte de culpa o toda si consiente, si es cómplice, si acepta el mal gobierno o al mal político. Pero también es culpable si no ejercita su libertad y sus derechos de ciudadanía democrática en hacer una crítica constructiva a la acción de gobierno, esencial en democracia, verdadera prueba de la democraticidad y madurez política de un pueblo.
P.- Profesor, Granada es como un sortilegio guardado en una lámpara maravillosa, pero sin genio dentro de ella… ¿Y cómo definiría usted que es valenciano a Granada, quizá como una ciudad para vivir en ella bajo los auspicios de lo que argumentó Ángel Ganivet: «Me gusta el paisaje, pero no el paisanaje»?
R.- En realidad, como a mí me gusta decir, yo tengo la suerte de gozar de una doble ‘nacionalidad’ y cultura: tan valenciana como granadina, tan granadina como valenciana. Por ello me siento afortunado. Es verdad que cierta mentalidad y comportamiento de algunos de sus habitantes parece no respetar y querer a su tierra, dicho sea con todo respeto. No obstante, Granada es una ciudad que capta desde el primer día. Pero, permítaseme decir que la ciudad y su rico patrimonio histórico-artístico deberían estar más cuidados y mejor disfrutados. Resulta incomprensible que, con los valores objetivos que tiene esta ciudad y provincia, estemos los últimos en renta ‘per capita’, y tan deficitarios en infraestructuras, comunicaciones y tejido industrial y empresarial, verdadera asignatura pendiente de Granada. La frase de Ganivet lo dice todo. Hay un tipo de granadino, que yo llamo ‘profundo’, que durante toda su vida se empeña en ser individualista e insolidario, poco sociable, esperando que los demás nos acerquemos a él. Por fortuna son mayoría los que nos dan su amistad y cercanía.
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