Llevan dos días dándole vueltas al documento. Encerrados en aulas de la Complutense para consensuar una postura común frente a la propuesta de reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert. Representantes del alumnado de una veintena de universidades públicas —la mitad de las existentes— y una privada (la catalana Ramon Llul) se reúnen esta tarde con miembros del Ministerio de Educación en Madrid. Les dirán que el borrador de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) no les gusta, como ya hicieron la conferencia de padres de alumnos o los rectores.

Los estudiantes universitarios creen, entre otras cuestiones, que el modelo que sustituirá a la selectividad (con pruebas diferentes por campus y comunidades) es «distorsionador» y creará desigualdad, que la reforma no ayuda a la equidad, que invade competencias lingüísticas de las comunidades autónomas y que no se puede mejorar un sistema cambiando de normativa general «cada dos por tres». Y una cuestión más: no se sienten representados en la negociación.

La reunión prevista esta tarde en el seno del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CENUE) es «una pantomima y un lavado de cara», opina Rubén López, representante de la UGR (Universidad de Granada). El informe que han consensuado los estudiantes tras dos días de trabajo considera que la propuesta de reforma educativa es «capciosa» y «falta a la verdad con la siguiente afirmación: ‘esta ley es el resultado de un diálogo abierto y sincero con toda la comunidad educativa’, cuando por toda la comunidad educativa es bien sabido el trabajo del ministerio a espaldas nuestras». En julio, representantes de una docena de universidades plantaron al ministro José Ignacio Wert en una reunión del CENUE alegando que habían conocido parte de las medidas por la prensa y que no se contaba con ellos. El debate prosiguió con el resto de representantes. No está prevista la presencia de Wert en el encuentro de hoy. Un portavoz del ministerio explica que tiene a la misma hora una comparecencia en el Senado.

El universitario Rubén López, con otra veintena de estudiantes, ha presentado esta mañana en el registro del Ministerio de Educación el informe, aunque no esperan que se incluyan sus aportaciones. Una de las cuestiones que más les preocupa es «que se carguen el sistema de acceso de Selectividad», explica a las puertas del registro Amalia Fraga, de la Universidad de A Coruña. Creen que el nuevo modelo de admisión introduce un «elemento distorsionador» porque permite a las universidades fijar los criterios de selección. «Probablemente esta vía solamente la empleen los centros o títulos con exceso de demanda», alegan.

Ese modelo «atropella» un derecho del alumnado: la igualdad. «Si cada universidad y los centros que la conformen, por extensión, pueden plantear sus procedimientos de admisión (pruebas) limitarán las opciones del alumnado que antes podían elegir entre todos los centros». Tener que desplazarse para hacer pruebas en distintos sitios, con el pago de precios públicos que prevén por cada prueba, supondrá «una barrera económica infranqueable» para parte del estudiantado

En el informe señalan que la LOMCE convierte el sistema educativo «en una academia de preparación de evaluaciones continuas, encaminadas a la preparación de mano de obra». Aluden a una separación entre estudiantes de primera (los universitarios) y los de segunda, FP. Acusan al ministerio de olvidar «la necesaria inversión» (España ha perdido 6.300 millones de gasto educativo en tres años) para conseguir los objetivos que marca la estrategia Europa 2020 —fija un porcentaje máximo de abandono escolar de un 10% frente al 26,5% que registra ahora el sistema español—.

También entran en uno de los debates más controvertidos del borrador, las competencias lingüísticas. Tras la crítica generalizada de casi todos los partidos catalanes, que amenazan con acudir al Tribunal Constitucional, los estudiantes consideran que la nueva normativa propuesta es «invasiva» porque limita las competencias regionales «menguando la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas del Estado que según la Constitución Española deben ser objeto de especial respeto y protección».

El informe se detiene en los modelos de dos de los países con mejores resultados en evaluaciones internacionales como el informe Pisa: Corea del Sur y Finlandia. Del primero resaltan los avances tecnológicos. Del segundo, la visión «psicopedagógica». En ambos casos, recuerdan, hay estabilidad legislativa. «Ambos han hecho solo una reforma, frente a las nueve que llevamos aquí», señala Laura Vidal, de la Universidad de Girona, sumando a las siete leyes generales en democracia las dos de ámbito universitario. «No se puede ver si una normativa da resultado si no se deja el tiempo suficiente, necesitamos estabilidad», añade.

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Llevan dos días dándole vueltas al documento. Encerrados en aulas de la Complutense para consensuar una postura común frente a la propuesta de reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert. Representantes del alumnado de una veintena de universidades públicas —la mitad de las existentes— y una privada (la catalana Ramon Llul) se reúnen esta tarde con miembros del Ministerio de Educación en Madrid. Les dirán que el borrador de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) no les gusta, como ya hicieron la conferencia de padres de alumnos o los rectores.

Los estudiantes universitarios creen, entre otras cuestiones, que el modelo que sustituirá a la selectividad (con pruebas diferentes por campus y comunidades) es «distorsionador» y creará desigualdad, que la reforma no ayuda a la equidad, que invade competencias lingüísticas de las comunidades autónomas y que no se puede mejorar un sistema cambiando de normativa general «cada dos por tres». Y una cuestión más: no se sienten representados en la negociación.

La reunión prevista esta tarde en el seno del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CENUE) es «una pantomima y un lavado de cara», opina Rubén López, representante de la UGR (Universidad de Granada). El informe que han consensuado los estudiantes tras dos días de trabajo considera que la propuesta de reforma educativa es «capciosa» y «falta a la verdad con la siguiente afirmación: ‘esta ley es el resultado de un diálogo abierto y sincero con toda la comunidad educativa’, cuando por toda la comunidad educativa es bien sabido el trabajo del ministerio a espaldas nuestras». En julio, representantes de una docena de universidades plantaron al ministro José Ignacio Wert en una reunión del CENUE alegando que habían conocido parte de las medidas por la prensa y que no se contaba con ellos. El debate prosiguió con el resto de representantes. No está prevista la presencia de Wert en el encuentro de hoy. Un portavoz del ministerio explica que tiene a la misma hora una comparecencia en el Senado.

El universitario Rubén López, con otra veintena de estudiantes, ha presentado esta mañana en el registro del Ministerio de Educación el informe, aunque no esperan que se incluyan sus aportaciones. Una de las cuestiones que más les preocupa es «que se carguen el sistema de acceso de Selectividad», explica a las puertas del registro Amalia Fraga, de la Universidad de A Coruña. Creen que el nuevo modelo de admisión introduce un «elemento distorsionador» porque permite a las universidades fijar los criterios de selección. «Probablemente esta vía solamente la empleen los centros o títulos con exceso de demanda», alegan.

Ese modelo «atropella» un derecho del alumnado: la igualdad. «Si cada universidad y los centros que la conformen, por extensión, pueden plantear sus procedimientos de admisión (pruebas) limitarán las opciones del alumnado que antes podían elegir entre todos los centros». Tener que desplazarse para hacer pruebas en distintos sitios, con el pago de precios públicos que prevén por cada prueba, supondrá «una barrera económica infranqueable» para parte del estudiantado

En el informe señalan que la LOMCE convierte el sistema educativo «en una academia de preparación de evaluaciones continuas, encaminadas a la preparación de mano de obra». Aluden a una separación entre estudiantes de primera (los universitarios) y los de segunda, FP. Acusan al ministerio de olvidar «la necesaria inversión» (España ha perdido 6.300 millones de gasto educativo en tres años) para conseguir los objetivos que marca la estrategia Europa 2020 —fija un porcentaje máximo de abandono escolar de un 10% frente al 26,5% que registra ahora el sistema español—.

También entran en uno de los debates más controvertidos del borrador, las competencias lingüísticas. Tras la crítica generalizada de casi todos los partidos catalanes, que amenazan con acudir al Tribunal Constitucional, los estudiantes consideran que la nueva normativa propuesta es «invasiva» porque limita las competencias regionales «menguando la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas del Estado que según la Constitución Española deben ser objeto de especial respeto y protección».

El informe se detiene en los modelos de dos de los países con mejores resultados en evaluaciones internacionales como el informe Pisa: Corea del Sur y Finlandia. Del primero resaltan los avances tecnológicos. Del segundo, la visión «psicopedagógica». En ambos casos, recuerdan, hay estabilidad legislativa. «Ambos han hecho solo una reforma, frente a las nueve que llevamos aquí», señala Laura Vidal, de la Universidad de Girona, sumando a las siete leyes generales en democracia las dos de ámbito universitario. «No se puede ver si una normativa da resultado si no se deja el tiempo suficiente, necesitamos estabilidad», añade.

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Llevan dos días dándole vueltas al documento. Encerrados en aulas de la Complutense para consensuar una postura común frente a la propuesta de reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert. Representantes del alumnado de una veintena de universidades públicas —la mitad de las existentes— y una privada (la catalana Ramon Llul) se reúnen esta tarde con miembros del Ministerio de Educación en Madrid. Les dirán que el borrador de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) no les gusta, como ya hicieron la conferencia de padres de alumnos o los rectores.

Los estudiantes universitarios creen, entre otras cuestiones, que el modelo que sustituirá a la selectividad (con pruebas diferentes por campus y comunidades) es «distorsionador» y creará desigualdad, que la reforma no ayuda a la equidad, que invade competencias lingüísticas de las comunidades autónomas y que no se puede mejorar un sistema cambiando de normativa general «cada dos por tres». Y una cuestión más: no se sienten representados en la negociación.

La reunión prevista esta tarde en el seno del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CENUE) es «una pantomima y un lavado de cara», opina Rubén López, representante de la UGR (Universidad de Granada). El informe que han consensuado los estudiantes tras dos días de trabajo considera que la propuesta de reforma educativa es «capciosa» y «falta a la verdad con la siguiente afirmación: ‘esta ley es el resultado de un diálogo abierto y sincero con toda la comunidad educativa’, cuando por toda la comunidad educativa es bien sabido el trabajo del ministerio a espaldas nuestras». En julio, representantes de una docena de universidades plantaron al ministro José Ignacio Wert en una reunión del CENUE alegando que habían conocido parte de las medidas por la prensa y que no se contaba con ellos. El debate prosiguió con el resto de representantes. No está prevista la presencia de Wert en el encuentro de hoy. Un portavoz del ministerio explica que tiene a la misma hora una comparecencia en el Senado.

El universitario Rubén López, con otra veintena de estudiantes, ha presentado esta mañana en el registro del Ministerio de Educación el informe, aunque no esperan que se incluyan sus aportaciones. Una de las cuestiones que más les preocupa es «que se carguen el sistema de acceso de Selectividad», explica a las puertas del registro Amalia Fraga, de la Universidad de A Coruña. Creen que el nuevo modelo de admisión introduce un «elemento distorsionador» porque permite a las universidades fijar los criterios de selección. «Probablemente esta vía solamente la empleen los centros o títulos con exceso de demanda», alegan.

Ese modelo «atropella» un derecho del alumnado: la igualdad. «Si cada universidad y los centros que la conformen, por extensión, pueden plantear sus procedimientos de admisión (pruebas) limitarán las opciones del alumnado que antes podían elegir entre todos los centros». Tener que desplazarse para hacer pruebas en distintos sitios, con el pago de precios públicos que prevén por cada prueba, supondrá «una barrera económica infranqueable» para parte del estudiantado

En el informe señalan que la LOMCE convierte el sistema educativo «en una academia de preparación de evaluaciones continuas, encaminadas a la preparación de mano de obra». Aluden a una separación entre estudiantes de primera (los universitarios) y los de segunda, FP. Acusan al ministerio de olvidar «la necesaria inversión» (España ha perdido 6.300 millones de gasto educativo en tres años) para conseguir los objetivos que marca la estrategia Europa 2020 —fija un porcentaje máximo de abandono escolar de un 10% frente al 26,5% que registra ahora el sistema español—.

También entran en uno de los debates más controvertidos del borrador, las competencias lingüísticas. Tras la crítica generalizada de casi todos los partidos catalanes, que amenazan con acudir al Tribunal Constitucional, los estudiantes consideran que la nueva normativa propuesta es «invasiva» porque limita las competencias regionales «menguando la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas del Estado que según la Constitución Española deben ser objeto de especial respeto y protección».

El informe se detiene en los modelos de dos de los países con mejores resultados en evaluaciones internacionales como el informe Pisa: Corea del Sur y Finlandia. Del primero resaltan los avances tecnológicos. Del segundo, la visión «psicopedagógica». En ambos casos, recuerdan, hay estabilidad legislativa. «Ambos han hecho solo una reforma, frente a las nueve que llevamos aquí», señala Laura Vidal, de la Universidad de Girona, sumando a las siete leyes generales en democracia las dos de ámbito universitario. «No se puede ver si una normativa da resultado si no se deja el tiempo suficiente, necesitamos estabilidad», añade.

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