El rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, ha solicitado tanto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como al de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, y a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, una solución extrajudicial para los 59 profesores titulares y catedráticos de la UGR que desde hace dos años tienen recurridos sus nombramientos ante los tribunales. El Ministerio de Hacienda denunció los nombramientos al suponer, según su criterio, que se superaba la tasa de reposición impuesta para la contratación de personal público, que limita las contrataciones a apenas un 10% de las bajas que se produzcan.

El rector, que remitió en el mes de abril sendas misivas a los ministros, defiende la actuación de la Universidad a la hora de convocar las plazas que obtuvieron estos 59 docentes. «En todo momento se actuó de buena fe», señala González Lodeiro en cada una de las cartas, que inciden tanto en la buena gestión económica de la Universidad -«audita anualmente sus cuentas, sin presentar déficit»- y en la «indefinición» del sistema para determinar la tasa de reposición en el año 2012, cuando se convocaron esas plazas que ahora están en el aire, pendientes de sentencia.

Además, el rector señala que la estabilización de esas plazas no ha supuesto un sobrecoste para la UGR, ya que «todos los profesores afectados ya eran empleados públicos», que pasaron de titular a catedrático, de contratado doctor a titular o de becario del programa Ramón y Cajal a titular. Para desatascar la situación en la que se encuentran, el rector propone en las cartas un encuentro, tanto con Wert como con Montoro y Sáenz de Santamaría.

La respuesta de la Administración llegó a finales de abril. La respuesta no deja ningún resquicio para la esperanza de una solución ajena a los tribunales. «No se considera posible una solución extrajudicial», recoge la respuesta, que insiste en que las universidades que convocaron las plazas que ahora peligran debían haber anulado o modificado las convocatorias que «vulneraban la tasa de reposición fijada, requerimiento que en la mayor parte de los casos no fue contestado».

Desde FETE-UGT, Antonio Oña subraya la incertidumbre que se cierne sobre este medio centenar de plazas, ya que si se amortizan, los que ahora ocupan plazas de catedráticos volverán a titulares, pero los que eran becarios no pueden reincorporarse al programa Ramón y Cajal.

Uno de los afectados, Francisco González Gómez, profesor titular desde 2000 y catedrático desde 2012 de Economía Aplicada, arguye que están «realmente preocupados». Este profesor -que reconoce que esta situación le afecta tanto en lo profesional como en lo personal- y el resto de afectados de la Universidad de Granada agradecen el papel que está desempeñando el rector en un conflicto «creado por y entre la propia administración pública» del que se sienten víctimas. «Si existe voluntad política para solucionar esto podrían resolverlo rápidamente», señala González Gómez, que adelanta que en el caso de que la sentencia que esperan para fin de año dé la razón al Ministerio de Hacienda recurrirían al Tribunal Supremo. Un proceso en el que cuentan con la ayuda de los servicios jurídicos de la UGR pero que costean de su propio bolsillo.

En el fondo de este proceso, los afectados entienden que sufren las consecuencias del desencuentro entre los rectores de las universidades españolas y el ministro José Ignacio Wert, que ha sufrido duras críticas tanto por su propuesta de reforma del sistema universitario español como por la política de becas y científica. Para sostener que son víctimas del distanciamiento entre el Wert y la Conferencia de Rectores, señalan que la demanda contra la oferta de empleo público se produjo después del plante de los rectores al ministro, en mayo de 2012, cuando los primeros decidieron no asistir al Consejo de Universidades por considerar que el ministro no quería debatir sobre las medidas de recorte aprobadas entonces.

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