El Claustro de la Universidad de Granada (UGR) ha aprobado por aclamación una declaración institucional en la que muestra su disconformidad con las medidas recogidas en el Real Decreto del 20 de abril y en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de 2012-2014, al considerar que están ocasionando «pérdidas en la calidad y en los resultados de las actividades docente e investigadora» y «dificultando el acceso en igualdad de oportunidades a la educación superior».
El texto de esta declaración, aprobada este viernes en sesión extraordinaria, indica que con motivo de la coyuntura económica, la nueva normativa introduce medidas estructurales «que no han sido estudiadas ni negociadas en las distintas instancias de negociación, incluidas las sindicales».
«El incremento de los precios públicos de la segunda y sucesivas matrículas está impidiendo la continuidad en los estudios universitarios de aquellas personas con menores rentas y poder adquisitivo. Además, el aumento de las exigencias en los requisitos de las becas estatales también supondrá una limitación importante para los estudiantes con menos recursos. A ello hay que unir la minoración de las ayudas dirigidas a la movilidad internacional de los estudiantes», añade el documento.
Respecto a los cambios en la dedicación docente del personal docente e investigador, desde la UGR advierten de que en caso de aplicarse rigurosamente las prescripciones de la actual normativa vigente, se afectaría al rendimiento, calidad y desempeño de sus tareas universitarias.
Asimismo, «las reducciones de las subvenciones a la investigación, así como las fuertes restricciones de las ofertas de empleo público –tanto en el sector docente e investigador como en el de administración y servicios– condicionan muy negativamente el adecuado desempeño de las funciones que tiene la universidad asignadas», indica la declaración institucional.
Al mismo tiempo, la institución universitaria se ha reafirmado en su compromiso con la defensa de la autonomía universitaria, la docencia y la investigación y el derecho a la educación superior, «entendidas como uno de los principales motores de desarrollo económico y social de nuestro país».
Considerando estos argumentos, el Claustro entiende que es «imprescindible» que los Gobiernos estatal y autonómico reconsideren sus recientes políticas en materia de educación superior, evitando los efectos lesivos sobre la actividad universitaria que se derivan de sus últimas reformas legislativas.
Finalmente, el Claustro solicita el apoyo de la sociedad en la defensa del servicio público universitario que garantiza «progreso, futuro y cohesión social».
