En muchos cementerios de la provincia de Cádiz empezaron a proliferar lápidas sin nombre. El mar iba arrojando cuerpos a los que nadie reclamaba, a los que nadie lloraba. Cuando el 25 de octubre de 2003, naufragó una patera en Rota —37 fallecidos en la mayor tragedia de la inmigración clandestina hasta entonces en España— y fueron apareciendo cuerpos en los siguientes días por las playas gaditanas, un equipo de la Guardia Civil, el que conforma el laboratorio de criminalística, se desplazó hasta la arena. Hubo que instalar una morgue en la base militar, el único sitio donde cabían tantos cadáveres. No tenían cara tras varios días en el agua salada. Hubo que regenerarles la piel para obtener sus huellas. Estaban condenados a otras tumbas anónimas pero el esfuerzo de estos guardias civiles lo evitó. Tras una enorme labor científica y diplomática, varios viajes a Marruecos y la colaboración de las familias de las víctimas, se consiguieron 32 nombres y 32 apellidos.
En los 36 años de servicio de Pedro Rivas, el responsable de este equipo, recién condecorado por la Guardia Civil, guarda un espacio importante en su memoria para la patera de Rota. Por el impacto que supuso la magnitud de la tragedia y por la satisfacción del deber cumplido. Fue en esos rastreos en las playas donde iban apareciendo los cuerpos donde empezaron a tomarse muestras de ADN. «También apuntamos las descripciones físicas, detalles todavía visibles, tatuajes, pedazos de ropa», recuerda Rivas. Solo algunos portaban documentación, pero fueron pistas fundamentales para averiguar que la mayoría procedían de pequeñas aldeas como Hansala.
Tenían ADN de los muertos pero ninguna forma de comparar esos códigos genéticos. Así recurrieron al Consulado de Algeciras, y con la colaboración de la funeraria de Los Barrios, especializada en repatriación de cadáveres, se fue localizando a familiares de los fallecidos. «Entonces, en vez de tratar de traer a esos parientes a España, la Guardia Civil planificó un viaje a Marruecos para tomarles muestras. Hubo que hacerlo en la Embajada de España, es decir, territorio nacional, porque, de lo contrario, hubiésemos necesitado una comisión rogatoria del juez para intervenir en suelo extranjero y hubiese llevado más tiempo», explica Rivas. Al proceder de aldeas dispersas, se temía que muchos familiares no acudieran a esa llamada, pero finalmente se obtuvieron 34 muestras de familias diferentes. La Universidad de Granada fue la encargada de hacer las comparaciones. Y así 32 de los 37 cuerpos pudieron ser identificados y enterrados por sus seres queridos.
Rivas recuerda las muestras de agradecimiento de aquellas familias. «No nos entendíamos con el idioma pero en sus gestos y en su mirada estaban las gracias por aquella labor. De otra manera, no podrían estar seguros de qué había pasado con sus personas desaparecidas». El equipo de criminalística ha repetido esta operación por dos veces, tras dos naufragios con víctimas en las costas de Barbate. En estas dos ocasiones, la identificación fue plena.
La tragedia del mar de Alborán, donde todavía no han aparecido todos los cuerpos, actualiza la labor pionera de estos agentes, preparados ya para ser reclamados para nuevas identificaciones. Y se produce justo nueve años después del naufragio de Rota. Los colectivos que entonces se volcaron en auxiliar a aquellas familias están estupefactos. «Pensar que hace nueve años estábamos horrorizados y ahora vuelve a ocurrir el mismo día me produce un horror enorme», dice Violeta Cuesta, de la asociación Solidaridad Directa. «El mensaje de la patera de Rota fue que se puede ayudar a esa gente, acudiendo al lugar, conociendo sus necesidades y dándole respuesta». Cuenta orgullosa que la emigración clandestina ha desaparecido en Hansala, la aldea de donde venían mucho de los muertos. «Gracias a la ayuda directa, en nueve años se han conseguido autoorganizar. Hay una escuela, hay dispensario médico, hay luz y acaban de estrenar una carretera. La cooperación debe destinarse a cosas concretas».
Y nueve años después siguen llegando pateras. Las últimas, a Tarifa. El director del secretariado de migraciones del Obispado de Cádiz, Gabriel Delgado, apunta una posible causa a la continuidad de esos viajes a pesar de la crisis que atraviesa España. «La desesperación siempre existe y los recortes afectan también a las devoluciones de estas personas a sus países de origen. Y eso se sabe en la otra orilla».
