La UGR celebra hoy el claustro extraordinario contra los recortes

La Universidad de Granada celebra este viernes sesión extraordinaria del claustro universitario para abordar la regulación del derecho a paro académico recogido en los estatutos de la institución y la aprobación, si procede, de una declaración institucional contra los recortes, entre otros asuntos. La sesión se celebrará en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras a las 9,30 horas en primera convocatoria y a las 10,00 horas en segunda.

En la citada declaración institucional, que fue presentada en el Registro General de la Universidad el 11 de julio y está suscrita por 54 representantes claustrales, se muestra el «desacuerdo con las medidas que se quieren aplicar en la Universidad a partir del Real Decreto-ley 14/2012 de 20 de abril y su correlato en la Actualización del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014″.

En el documento se considera que «con la excusa de la coyuntura, se introducen medidas estructurales que no han sido estudiadas ni negociadas previamente en las instancias exigibles, como el Consejo de Universidades y la Mesa de Negociación Estudiantil».

Se advierte además de que la subida de las tasas en enseñanzas de Grado y Máster «nos hará retroceder a una universidad clasista», mientras que la congelación de la oferta de empleo público afecta al Personal Docente e Investigador (PDI) funcionario interino y al laboral contratado no permanente, esto es, «a la plantilla del futuro inmediato».

Respecto a la dedicación docente, el documento indica que el decreto incrementarrá en un 33 por ciento para todo el PDI funcionario que no tenga el último sexenio «vivo», medida que, según añade, «constituye una carga inasumible en el horizonte de los actuales planes de estudio y supondría su destierro prácticamente definitivo del campo de la investigación, con la consiguiente pérdida de calidad en su docencia».

Respecto a la propuesta de la Junta de Andalucía de aplicar esta modificación también al PDI laboral, consideran que extiende los efectos nocivos de la misma, «con especial énfasis en los más jóvenes, ya que les hace más difícil el desarrollar su actividad investigadora».

«Por todo ello, en defensa de la calidad de la enseñanza, de la investigación, de la transmisión de conocimiento a la sociedad desde la Universidad pública y de mis derechos como empleado público, pido que no se apliquen estas nuevas normas ni en mi departamento, ni en mi Centro, ni en mi Universidad de Granada», señala el texto, el cual culmina afirmando que «los recortes en educación nos roban el futuro».

Este es el orden del día oficial:

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria de 11 de mayo de 2009 y del Acta de la sesión constitutiva del Claustro de 11 de junio de 2012.

2. Debate y, en su caso, aprobación de las siguientes propuestas presentadas por 46 miembros del Claustro en la sesión constitutiva de 11 de junio de 2012:

a) La regulación del derecho a paro académico, recogido en los Estatutos de la Universidad de Granada.

b) Ampliación de la representación estudiantil en los órganos de gobierno y representación de nuestra Universidad hasta alcanzar el 30%, mejorando, de esta forma, la calidad democrática de la Institución y sin perjuicio de los sectores con menos representación.

c) Que el Rector de la Universidad de Granada se comprometa a garantizar el principio de autonomía universitaria en la UGR.

d) Que el Rector de la Universidad de Granada se comprometa a apoyar públicamente a los estudiantes que están siendo identificados, multados y, en ocasiones, juzgados por ejercer su derecho a defender los principios básicos de la Universidad Pública.

3. Debate y, en su caso, aprobación de la siguiente declaración institucional presentada en el Registro General de la Universidad, en fecha 11 de julio de 2012, por D. Enrique Raya Lozano y suscrita por 54 representantes claustrales:

«Como persona vinculada profesionalmente a la educación superior, en estos momentos en que el ahorro se ha convertido en la norma política por excelencia, expreso mi desacuerdo con las medidas que se quieren aplicar en la Universidad a partir del Real Decreto-ley 14/2012 (RD-L), de 20 de abril, y su correlato en la Actualización del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014, porque:

1. Con la excusa de la coyuntura, se introducen medidas estructurales que no han sido estudiadas ni negociadas previamente en las instancias exigibles, como el Consejo de Universidades y la Mesa de Negociación Estudiantil.

2. La subida de las tasas en enseñanzas de Grado y Máster nos hará retroceder a una universidad clasista.

3. La congelación de la oferta de empleo público afecta al Personal Docente e Investigador (PDI) funcionario interino y al laboral contratado no permanente, esto es, a la plantilla del futuro inmediato.

4. Con la letra del RD-L, la dedicación docente se incrementaría en un 33% para todo PDI funcionario que no tenga el último sexenio «vivo», medida que constituye una carga inasumible en el horizonte de los actuales planes de estudio y supondría su destierro prácticamente definitivo del campo de la investigación, con la consiguiente pérdida de calidad en su docencia.

5. La propuesta de la Junta de Andalucía de aplicar dicha modificación también al PDI laboral extiende los efectos nocivos de la misma, con especial énfasis en los más jóvenes, ya que les hace más difícil el desarrollar su actividad investigadora.

6. La modificación de los Planes de Ordenación Docente en tales términos significará la expulsión o no renovación de contratados, el grueso de los que debieran formar la plantilla a corto plazo.

Por todo ello, en defensa de la calidad de la enseñanza, de la investigación, de la transmisión de conocimiento a la sociedad desde la Universidad pública y de mis derechos como empleado público, PIDO que no se apliquen estas nuevas normas ni en mi Departamento, ni en mi Centro, ni en mi Universidad de Granada.

LOS RECORTES EN EDUCACIÓN NOS ROBAN EL FUTURO».

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La UGR celebra hoy el claustro extraordinario contra los recortes

La Universidad de Granada celebra este viernes sesión extraordinaria del claustro universitario para abordar la regulación del derecho a paro académico recogido en los estatutos de la institución y la aprobación, si procede, de una declaración institucional contra los recortes, entre otros asuntos. La sesión se celebrará en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras a las 9,30 horas en primera convocatoria y a las 10,00 horas en segunda.

En la citada declaración institucional, que fue presentada en el Registro General de la Universidad el 11 de julio y está suscrita por 54 representantes claustrales, se muestra el «desacuerdo con las medidas que se quieren aplicar en la Universidad a partir del Real Decreto-ley 14/2012 de 20 de abril y su correlato en la Actualización del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014″.

En el documento se considera que «con la excusa de la coyuntura, se introducen medidas estructurales que no han sido estudiadas ni negociadas previamente en las instancias exigibles, como el Consejo de Universidades y la Mesa de Negociación Estudiantil».

Se advierte además de que la subida de las tasas en enseñanzas de Grado y Máster «nos hará retroceder a una universidad clasista», mientras que la congelación de la oferta de empleo público afecta al Personal Docente e Investigador (PDI) funcionario interino y al laboral contratado no permanente, esto es, «a la plantilla del futuro inmediato».

Respecto a la dedicación docente, el documento indica que el decreto incrementarrá en un 33 por ciento para todo el PDI funcionario que no tenga el último sexenio «vivo», medida que, según añade, «constituye una carga inasumible en el horizonte de los actuales planes de estudio y supondría su destierro prácticamente definitivo del campo de la investigación, con la consiguiente pérdida de calidad en su docencia».

Respecto a la propuesta de la Junta de Andalucía de aplicar esta modificación también al PDI laboral, consideran que extiende los efectos nocivos de la misma, «con especial énfasis en los más jóvenes, ya que les hace más difícil el desarrollar su actividad investigadora».

«Por todo ello, en defensa de la calidad de la enseñanza, de la investigación, de la transmisión de conocimiento a la sociedad desde la Universidad pública y de mis derechos como empleado público, pido que no se apliquen estas nuevas normas ni en mi departamento, ni en mi Centro, ni en mi Universidad de Granada», señala el texto, el cual culmina afirmando que «los recortes en educación nos roban el futuro».

Este es el orden del día oficial:

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria de 11 de mayo de 2009 y del Acta de la sesión constitutiva del Claustro de 11 de junio de 2012.

2. Debate y, en su caso, aprobación de las siguientes propuestas presentadas por 46 miembros del Claustro en la sesión constitutiva de 11 de junio de 2012:

a) La regulación del derecho a paro académico, recogido en los Estatutos de la Universidad de Granada.

b) Ampliación de la representación estudiantil en los órganos de gobierno y representación de nuestra Universidad hasta alcanzar el 30%, mejorando, de esta forma, la calidad democrática de la Institución y sin perjuicio de los sectores con menos representación.

c) Que el Rector de la Universidad de Granada se comprometa a garantizar el principio de autonomía universitaria en la UGR.

d) Que el Rector de la Universidad de Granada se comprometa a apoyar públicamente a los estudiantes que están siendo identificados, multados y, en ocasiones, juzgados por ejercer su derecho a defender los principios básicos de la Universidad Pública.

3. Debate y, en su caso, aprobación de la siguiente declaración institucional presentada en el Registro General de la Universidad, en fecha 11 de julio de 2012, por D. Enrique Raya Lozano y suscrita por 54 representantes claustrales:

«Como persona vinculada profesionalmente a la educación superior, en estos momentos en que el ahorro se ha convertido en la norma política por excelencia, expreso mi desacuerdo con las medidas que se quieren aplicar en la Universidad a partir del Real Decreto-ley 14/2012 (RD-L), de 20 de abril, y su correlato en la Actualización del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014, porque:

1. Con la excusa de la coyuntura, se introducen medidas estructurales que no han sido estudiadas ni negociadas previamente en las instancias exigibles, como el Consejo de Universidades y la Mesa de Negociación Estudiantil.

2. La subida de las tasas en enseñanzas de Grado y Máster nos hará retroceder a una universidad clasista.

3. La congelación de la oferta de empleo público afecta al Personal Docente e Investigador (PDI) funcionario interino y al laboral contratado no permanente, esto es, a la plantilla del futuro inmediato.

4. Con la letra del RD-L, la dedicación docente se incrementaría en un 33% para todo PDI funcionario que no tenga el último sexenio «vivo», medida que constituye una carga inasumible en el horizonte de los actuales planes de estudio y supondría su destierro prácticamente definitivo del campo de la investigación, con la consiguiente pérdida de calidad en su docencia.

5. La propuesta de la Junta de Andalucía de aplicar dicha modificación también al PDI laboral extiende los efectos nocivos de la misma, con especial énfasis en los más jóvenes, ya que les hace más difícil el desarrollar su actividad investigadora.

6. La modificación de los Planes de Ordenación Docente en tales términos significará la expulsión o no renovación de contratados, el grueso de los que debieran formar la plantilla a corto plazo.

Por todo ello, en defensa de la calidad de la enseñanza, de la investigación, de la transmisión de conocimiento a la sociedad desde la Universidad pública y de mis derechos como empleado público, PIDO que no se apliquen estas nuevas normas ni en mi Departamento, ni en mi Centro, ni en mi Universidad de Granada.

LOS RECORTES EN EDUCACIÓN NOS ROBAN EL FUTURO».

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‘Hace falta un Defensor del Pueblo que cuestione las repatriaciones’

La profesora Mari Carmen Burgos acaba de publicar un libro en el que aborda el tratamiento a los menores acogidos en Ceuta y Melilla, las migraciones en ambas ciudades y el trabajo transfronterizo. La profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Granada Mamen Burgos acaba de publicar el manual ‘Las migraciones en Ceuta y Melilla’ (Editorial Comares) en el que aborda, además del tema migratorio, el tratamiento que se da a los menores acogidos y el trabajo transfronterizo. Sobre estos temas conversó con El Faro.
–¿Cómo se han comportado las migraciones en Ceuta y Melilla en los últimos años?
–El comportamiento ha sido desigual. Mientras que hay colectivos que han aumentado de forma gradual como es el caso de la población de origen musulmán, en otros se observa una ralentización (como en el caso de la cristiana), que es más paulatina en la población hindú e israelita.
–En la calle he escuchado referencias al aumento de la población musulmana en términos de «la marcha de la tortuga». ¿Qué consecuencias puede tener el aumento de la población musulmana en detrimento del resto de culturas que conviven en Melilla y Ceuta? ¿Pueden convertirse estas dos ciudades en algo muy parecido a lo que es hoy Gibraltar?
–No lo creo. El aumento de un determinando segmento poblacional depende de factores sociales, económicos y políticos. Es un hecho incuestionable que por razones culturales las tasas de natalidad de la población musulmana son más elevadas. Yo creo que el aumento de población se encuentra imbricado fundamentalmente al desarrollo económico local, a su acomodo social, a identificarse culturalmente con un territorio: «Yo soy de Melilla y me siento muy orgullosa de mi ciudad y de mi origen».
Creo que este sentimiento lo tenemos muy arraigado los habitantes de Ceuta y Melilla por nuestra situación geopolítica, que queremos que remonte nuestra economía y nos sentimos muy de nuestra tierra y muy españoles. Nos preocupan realmente estas cuestiones, pero no cuál es la migración dominante en cada momento. Lo importante son las personas y que éstas defiendan en todos los foros nuestras necesidades que son iguales para todos. No sólo para los que vivimos en Melilla, sino que la llevamos allá donde vamos.
–En el caso de Melilla, que ha ganado un 17% de población en los últimos cinco años, ¿cuánta población podría absorber la ciudad teniendo en cuenta sus escasos 12 kilómetros cuadrados?
–Esa pregunta se la tendría que hacer a un economista y no a una profesora de Derecho. En mi opinión, sí se puede absorber aún más población que la que figura como población de derecho en Melilla o Ceuta, debido a que existe una disfuncionalidad considerable con la población que de hecho habita en estas dos ciudades.
A esto hay que añadir que la capacidad de absorción de un aumento poblacional dependerá de la sinergia de diferentes variables, que si bien están interrelacionadas con el suelo y las infraestructuras de la ciudad, yo creo que dependen más de la evolución económica positiva que tengan sus mercados.
Si funciona o se impulsa su economía y ésta prolifera, correlativamente hay una mayor demanda de mano de obra, que es absorbida por el territorio en el que se produce ese incremento.
–¿Ha aumentado la llegada de menores no acompañados a las ciudades de Ceuta y Melilla?
–La llegada es fluctuante, no existe un parámetro fijo durante todo el año. Es un hecho paradigmático que su aumento se produce en verano, cuando las condiciones estacionales son más propicias.
Desde mi punto de vista, lo realmente importante, más que el aumento cuantitativo de estos menores, son las condiciones y el estadio en que se encuentran sus derechos en nuestra ciudad.
Tanto la normativa internacional, la comunitaria como la nacional se esfuerzan en recordarnos la necesidad de realizar una sobreprotección sobre los menores acogidos no acompañados.
Lo que debería de preocuparnos son los efectos que provoca la colisión de los derechos de los menores con la legislación de Extranjería y sus contradicciones, tanto en la teoría como en la práctica de la legislación autonómica.
Desde mi punto de vista, lo realmente alarmante son, entre otras cuestiones, la sinergia producida por la saturación de sus centros, la ausencia de recursos materiales y humanos, la inexistencia de la figura de un Defensor del Pueblo para esta Ciudad Autónoma y menos aún de un Defensor del Menor, que ha provocado que, a pesar del protagonismo social adquirido por el cúmulo de estas carencias, no se haya logrado hasta el momento obtener una respuesta jurídica adecuada que satisfaga todas estas demandas. A los complejos problemas que plantean estos menores hay que sumar este déficit legislativo autonómico, que va a tener reflejo en una mayor desprotección de los derechos de los menores no acompañados.
–Habla de una «sobreprotección formal de los menores», qué pasa en la práctica?
–Considero que a pesar de que existe una sobreprotección formal, en la práctica esta protección jurídica desaparece.
Existen instrumentos internacionales dedicados a menores, tanto en el plano internacional (Convención de Derechos del Niño) como en el europeo (Resolución del Consejo de Europa de 26 de Junio de 1997 relativa a los menores no acompañados nacionales de países terceros que lleguen al territorio de los Estados miembros sin ir acompañados de un adulto responsable de los mismos). A pesar de las continuas referencias al principio tuitivo de «interés superior del menor», el papel de ambas es meramente de directrices que deben guiar la actuación de los Estados.
En esta misma línea, nuestro ordenamiento jurídico interno se remite expresamente a la normativa internacional, de ahí que se deba prestar una protección integral y asistencial a todos los menores, que se encuentran en su territorio, incluidos, claro está, los menores no acompañados.
–¿Qué función cree que podría desempeñar en Melilla la figura del Defensor del Pueblo que, por ejemplo, ha desaparecido en Castilla-La Mancha y está por desaparecer en Murcia porque se ha entendido como una duplicidad administrativa?
–Yo creo que la figura del Defensor del Pueblo junto a la del Consejo General de la Abogacía Española desempeñan, en el tema de menores, un papel irremplazable cuestionando la legalidad de algunos de los procedimientos de las repatriaciones.
Además permitirían conocer la realidad sobre los menores en nuestra ciudad, al deber elaborar un informe específico sobre su situación. También serviría de cauce para quejas y relaciones, etc. El mejor exponente de su buen funcionamiento en esta materia, a mi juicio, es el Ararteko vasco.
Es más urgente plantearse ahora, no la creación de estas figuras, sino la inexistencia de un tratamiento autonómico legislativo específico en nuestra Ciudad Autónoma, lo que supone un déficit en la legislación autonómica y, en último término, sí afecta a la protección de los derechos de los menores no acompañados.
–¿Cómo influyen en los derechos de los menores la saturación de los centros de acogida y la falta de personal?
–La política de austeridad y ahorro del Gobierno también incide en los centros de menores recortando personal o no pudiendo acometerse las adecuaciones en infraestructuras necesarias. En cualquiera de los casos hay que alabar el esfuerzo educativo que se realiza en en Melilla como en Ceuta sobre estos menores.
En este aspecto, los recortes no han mermado en modo alguno ni la atención ni la calidad en su enseñanza. Otra cosa bien distinta es la facultad que tienen las administraciones autonómicas para emitir sus informes de integración, que van a ser determinantes para su residencia legal en nuestro país y para su inserción laboral, donde queda de manifiesto la opacidad de nuestra Administración a la hora de valorar las posibilidades de integración social, produciéndose en muchos casos, en nuestra ciudad un desajuste entre la legislación vigente y su aplicación efectiva en la práctica.
Para ello hay que partir de una premisa que se ignora: El acogimiento de un menor extranjero no acompañado no puede tratarse como un problema puramente local. La eficacia del sistema lo impone.
–Se dice -y no sé si es una leyenda urbana- que muchos menores marroquíes duermen en centros de acogida de Melilla y por el día van a ver a sus padres a Marruecos. En caso de que sea cierto, ¿por qué no se devuelven estos niños?
-No creo que sea así. Lo que sí es cierto, según información de ONGs ,es que esos niños proceden en la mayoría de las ocasiones de familias desestructuradas, a las que les debe suponer un enorme sacrificio y dolor tener que desprenderse de un hijo. Si lo hacen es porque aspiran a que sus condiciones socioeconómicas y educativas sean mejores que en Marruecos. De ahí que, en la mayoría de las ocasiones, los padres sean conscientes de que sus hijos están en Melilla o en Ceuta, pero de lo que no les cabe duda es de que la atención es mejor que la que van a recibir en su país de origen. Por tanto, la mayoría de los menores que llegan a Melilla y a Ceuta viene con el consentimiento de sus padres y mantienen vínculos afectivos con ellos.
–Cambiando de tema, ¿cuántas personas podrían vivir del trabajo transfronterizo en las ciudades de Melilla y Ceuta?
-Según datos de la Delegación de Gobierno, su número es muy reducido y a pesar de la reforma que se ha producido. Yo creo que sumando los trabajadores transfronterizos de Ceuta y de Melilla estaríamos hablando de unas 25.000 personas.
En el régimen especial de empleadas de hogar, el número de afiliaciones no se corresponde con el número real de trabajadores, en ocasiones porque el empleador no quiere pagar las cotizaciones por el aumento de costes sociales del trabajador y en otras, por voluntad del propio trabajador, que en principio no puede pernoctar en estas ciudades con el vigente Reglamento de Extranjería en la mano.
–Un último tema, al margen de su libro. Desde la ONG Prodein se ha criticado el hecho de que la solicitud de asilo político esté devaluada en Melilla. ¿Qué opinión le merece esta afirmación?
–Estoy totalmente de acuerdo. La ley 12/2009 sobre asilo y protección subsidiaria ha tratado de solventar los dos problemas más graves que atenazaban a estas figuras: La falta de formación en estos asuntos que está en vías de subsanación y la desinformación por parte de los agentes policiales fronterizos que no hacen distinciones «entre los inmigrantes económicos y los posibles refugiados», aún sin solventar.
Si a estos factores se les une que el demandante de asilo sabe que si solicita esta protección en nuestra ciudad, al encontrarse fuera del territorio peninsular, su permanencia en la misma se va a prolongar más que si fuera un inmigrante económico con el que España no tenga acuerdo de repatriación, opta por arriesgarse y no demandar la citada protección.
En definitiva, el hecho de pedir asilo o protección subsidiaria en Ceuta, Melilla o Canarias, le sitúa en una posición de discriminación y de desigualdad con respecto al resto de los inmigrantes, convirtiéndoles a la postre en migrantes de segunda categoría, aunque su situación es más grave si regresan a su país de origen que el resto de inmigrantes.
Esta circunstancia contradice la voluntad del legislador y viola los derechos humanos de estas personas que, en síntesis, se traduce en un problema de solidaridad que no puede quedar relegado aduciendo razones de control de flujos y de seguridad del Estado, que es la razón intrínseca no manifiesta por las se les suele denegar el inexcusable amparo.
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‘Hace falta un Defensor del Pueblo que cuestione las repatriaciones’

La profesora Mari Carmen Burgos acaba de publicar un libro en el que aborda el tratamiento a los menores acogidos en Ceuta y Melilla, las migraciones en ambas ciudades y el trabajo transfronterizo. La profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Granada Mamen Burgos acaba de publicar el manual ‘Las migraciones en Ceuta y Melilla’ (Editorial Comares) en el que aborda, además del tema migratorio, el tratamiento que se da a los menores acogidos y el trabajo transfronterizo. Sobre estos temas conversó con El Faro.
–¿Cómo se han comportado las migraciones en Ceuta y Melilla en los últimos años?
–El comportamiento ha sido desigual. Mientras que hay colectivos que han aumentado de forma gradual como es el caso de la población de origen musulmán, en otros se observa una ralentización (como en el caso de la cristiana), que es más paulatina en la población hindú e israelita.
–En la calle he escuchado referencias al aumento de la población musulmana en términos de «la marcha de la tortuga». ¿Qué consecuencias puede tener el aumento de la población musulmana en detrimento del resto de culturas que conviven en Melilla y Ceuta? ¿Pueden convertirse estas dos ciudades en algo muy parecido a lo que es hoy Gibraltar?
–No lo creo. El aumento de un determinando segmento poblacional depende de factores sociales, económicos y políticos. Es un hecho incuestionable que por razones culturales las tasas de natalidad de la población musulmana son más elevadas. Yo creo que el aumento de población se encuentra imbricado fundamentalmente al desarrollo económico local, a su acomodo social, a identificarse culturalmente con un territorio: «Yo soy de Melilla y me siento muy orgullosa de mi ciudad y de mi origen».
Creo que este sentimiento lo tenemos muy arraigado los habitantes de Ceuta y Melilla por nuestra situación geopolítica, que queremos que remonte nuestra economía y nos sentimos muy de nuestra tierra y muy españoles. Nos preocupan realmente estas cuestiones, pero no cuál es la migración dominante en cada momento. Lo importante son las personas y que éstas defiendan en todos los foros nuestras necesidades que son iguales para todos. No sólo para los que vivimos en Melilla, sino que la llevamos allá donde vamos.
–En el caso de Melilla, que ha ganado un 17% de población en los últimos cinco años, ¿cuánta población podría absorber la ciudad teniendo en cuenta sus escasos 12 kilómetros cuadrados?
–Esa pregunta se la tendría que hacer a un economista y no a una profesora de Derecho. En mi opinión, sí se puede absorber aún más población que la que figura como población de derecho en Melilla o Ceuta, debido a que existe una disfuncionalidad considerable con la población que de hecho habita en estas dos ciudades.
A esto hay que añadir que la capacidad de absorción de un aumento poblacional dependerá de la sinergia de diferentes variables, que si bien están interrelacionadas con el suelo y las infraestructuras de la ciudad, yo creo que dependen más de la evolución económica positiva que tengan sus mercados.
Si funciona o se impulsa su economía y ésta prolifera, correlativamente hay una mayor demanda de mano de obra, que es absorbida por el territorio en el que se produce ese incremento.
–¿Ha aumentado la llegada de menores no acompañados a las ciudades de Ceuta y Melilla?
–La llegada es fluctuante, no existe un parámetro fijo durante todo el año. Es un hecho paradigmático que su aumento se produce en verano, cuando las condiciones estacionales son más propicias.
Desde mi punto de vista, lo realmente importante, más que el aumento cuantitativo de estos menores, son las condiciones y el estadio en que se encuentran sus derechos en nuestra ciudad.
Tanto la normativa internacional, la comunitaria como la nacional se esfuerzan en recordarnos la necesidad de realizar una sobreprotección sobre los menores acogidos no acompañados.
Lo que debería de preocuparnos son los efectos que provoca la colisión de los derechos de los menores con la legislación de Extranjería y sus contradicciones, tanto en la teoría como en la práctica de la legislación autonómica.
Desde mi punto de vista, lo realmente alarmante son, entre otras cuestiones, la sinergia producida por la saturación de sus centros, la ausencia de recursos materiales y humanos, la inexistencia de la figura de un Defensor del Pueblo para esta Ciudad Autónoma y menos aún de un Defensor del Menor, que ha provocado que, a pesar del protagonismo social adquirido por el cúmulo de estas carencias, no se haya logrado hasta el momento obtener una respuesta jurídica adecuada que satisfaga todas estas demandas. A los complejos problemas que plantean estos menores hay que sumar este déficit legislativo autonómico, que va a tener reflejo en una mayor desprotección de los derechos de los menores no acompañados.
–Habla de una «sobreprotección formal de los menores», qué pasa en la práctica?
–Considero que a pesar de que existe una sobreprotección formal, en la práctica esta protección jurídica desaparece.
Existen instrumentos internacionales dedicados a menores, tanto en el plano internacional (Convención de Derechos del Niño) como en el europeo (Resolución del Consejo de Europa de 26 de Junio de 1997 relativa a los menores no acompañados nacionales de países terceros que lleguen al territorio de los Estados miembros sin ir acompañados de un adulto responsable de los mismos). A pesar de las continuas referencias al principio tuitivo de «interés superior del menor», el papel de ambas es meramente de directrices que deben guiar la actuación de los Estados.
En esta misma línea, nuestro ordenamiento jurídico interno se remite expresamente a la normativa internacional, de ahí que se deba prestar una protección integral y asistencial a todos los menores, que se encuentran en su territorio, incluidos, claro está, los menores no acompañados.
–¿Qué función cree que podría desempeñar en Melilla la figura del Defensor del Pueblo que, por ejemplo, ha desaparecido en Castilla-La Mancha y está por desaparecer en Murcia porque se ha entendido como una duplicidad administrativa?
–Yo creo que la figura del Defensor del Pueblo junto a la del Consejo General de la Abogacía Española desempeñan, en el tema de menores, un papel irremplazable cuestionando la legalidad de algunos de los procedimientos de las repatriaciones.
Además permitirían conocer la realidad sobre los menores en nuestra ciudad, al deber elaborar un informe específico sobre su situación. También serviría de cauce para quejas y relaciones, etc. El mejor exponente de su buen funcionamiento en esta materia, a mi juicio, es el Ararteko vasco.
Es más urgente plantearse ahora, no la creación de estas figuras, sino la inexistencia de un tratamiento autonómico legislativo específico en nuestra Ciudad Autónoma, lo que supone un déficit en la legislación autonómica y, en último término, sí afecta a la protección de los derechos de los menores no acompañados.
–¿Cómo influyen en los derechos de los menores la saturación de los centros de acogida y la falta de personal?
–La política de austeridad y ahorro del Gobierno también incide en los centros de menores recortando personal o no pudiendo acometerse las adecuaciones en infraestructuras necesarias. En cualquiera de los casos hay que alabar el esfuerzo educativo que se realiza en en Melilla como en Ceuta sobre estos menores.
En este aspecto, los recortes no han mermado en modo alguno ni la atención ni la calidad en su enseñanza. Otra cosa bien distinta es la facultad que tienen las administraciones autonómicas para emitir sus informes de integración, que van a ser determinantes para su residencia legal en nuestro país y para su inserción laboral, donde queda de manifiesto la opacidad de nuestra Administración a la hora de valorar las posibilidades de integración social, produciéndose en muchos casos, en nuestra ciudad un desajuste entre la legislación vigente y su aplicación efectiva en la práctica.
Para ello hay que partir de una premisa que se ignora: El acogimiento de un menor extranjero no acompañado no puede tratarse como un problema puramente local. La eficacia del sistema lo impone.
–Se dice -y no sé si es una leyenda urbana- que muchos menores marroquíes duermen en centros de acogida de Melilla y por el día van a ver a sus padres a Marruecos. En caso de que sea cierto, ¿por qué no se devuelven estos niños?
-No creo que sea así. Lo que sí es cierto, según información de ONGs ,es que esos niños proceden en la mayoría de las ocasiones de familias desestructuradas, a las que les debe suponer un enorme sacrificio y dolor tener que desprenderse de un hijo. Si lo hacen es porque aspiran a que sus condiciones socioeconómicas y educativas sean mejores que en Marruecos. De ahí que, en la mayoría de las ocasiones, los padres sean conscientes de que sus hijos están en Melilla o en Ceuta, pero de lo que no les cabe duda es de que la atención es mejor que la que van a recibir en su país de origen. Por tanto, la mayoría de los menores que llegan a Melilla y a Ceuta viene con el consentimiento de sus padres y mantienen vínculos afectivos con ellos.
–Cambiando de tema, ¿cuántas personas podrían vivir del trabajo transfronterizo en las ciudades de Melilla y Ceuta?
-Según datos de la Delegación de Gobierno, su número es muy reducido y a pesar de la reforma que se ha producido. Yo creo que sumando los trabajadores transfronterizos de Ceuta y de Melilla estaríamos hablando de unas 25.000 personas.
En el régimen especial de empleadas de hogar, el número de afiliaciones no se corresponde con el número real de trabajadores, en ocasiones porque el empleador no quiere pagar las cotizaciones por el aumento de costes sociales del trabajador y en otras, por voluntad del propio trabajador, que en principio no puede pernoctar en estas ciudades con el vigente Reglamento de Extranjería en la mano.
–Un último tema, al margen de su libro. Desde la ONG Prodein se ha criticado el hecho de que la solicitud de asilo político esté devaluada en Melilla. ¿Qué opinión le merece esta afirmación?
–Estoy totalmente de acuerdo. La ley 12/2009 sobre asilo y protección subsidiaria ha tratado de solventar los dos problemas más graves que atenazaban a estas figuras: La falta de formación en estos asuntos que está en vías de subsanación y la desinformación por parte de los agentes policiales fronterizos que no hacen distinciones «entre los inmigrantes económicos y los posibles refugiados», aún sin solventar.
Si a estos factores se les une que el demandante de asilo sabe que si solicita esta protección en nuestra ciudad, al encontrarse fuera del territorio peninsular, su permanencia en la misma se va a prolongar más que si fuera un inmigrante económico con el que España no tenga acuerdo de repatriación, opta por arriesgarse y no demandar la citada protección.
En definitiva, el hecho de pedir asilo o protección subsidiaria en Ceuta, Melilla o Canarias, le sitúa en una posición de discriminación y de desigualdad con respecto al resto de los inmigrantes, convirtiéndoles a la postre en migrantes de segunda categoría, aunque su situación es más grave si regresan a su país de origen que el resto de inmigrantes.
Esta circunstancia contradice la voluntad del legislador y viola los derechos humanos de estas personas que, en síntesis, se traduce en un problema de solidaridad que no puede quedar relegado aduciendo razones de control de flujos y de seguridad del Estado, que es la razón intrínseca no manifiesta por las se les suele denegar el inexcusable amparo.
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‘Hace falta un Defensor del Pueblo que cuestione las repatriaciones’

La profesora Mari Carmen Burgos acaba de publicar un libro en el que aborda el tratamiento a los menores acogidos en Ceuta y Melilla, las migraciones en ambas ciudades y el trabajo transfronterizo. La profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Granada Mamen Burgos acaba de publicar el manual ‘Las migraciones en Ceuta y Melilla’ (Editorial Comares) en el que aborda, además del tema migratorio, el tratamiento que se da a los menores acogidos y el trabajo transfronterizo. Sobre estos temas conversó con El Faro.
–¿Cómo se han comportado las migraciones en Ceuta y Melilla en los últimos años?
–El comportamiento ha sido desigual. Mientras que hay colectivos que han aumentado de forma gradual como es el caso de la población de origen musulmán, en otros se observa una ralentización (como en el caso de la cristiana), que es más paulatina en la población hindú e israelita.
–En la calle he escuchado referencias al aumento de la población musulmana en términos de «la marcha de la tortuga». ¿Qué consecuencias puede tener el aumento de la población musulmana en detrimento del resto de culturas que conviven en Melilla y Ceuta? ¿Pueden convertirse estas dos ciudades en algo muy parecido a lo que es hoy Gibraltar?
–No lo creo. El aumento de un determinando segmento poblacional depende de factores sociales, económicos y políticos. Es un hecho incuestionable que por razones culturales las tasas de natalidad de la población musulmana son más elevadas. Yo creo que el aumento de población se encuentra imbricado fundamentalmente al desarrollo económico local, a su acomodo social, a identificarse culturalmente con un territorio: «Yo soy de Melilla y me siento muy orgullosa de mi ciudad y de mi origen».
Creo que este sentimiento lo tenemos muy arraigado los habitantes de Ceuta y Melilla por nuestra situación geopolítica, que queremos que remonte nuestra economía y nos sentimos muy de nuestra tierra y muy españoles. Nos preocupan realmente estas cuestiones, pero no cuál es la migración dominante en cada momento. Lo importante son las personas y que éstas defiendan en todos los foros nuestras necesidades que son iguales para todos. No sólo para los que vivimos en Melilla, sino que la llevamos allá donde vamos.
–En el caso de Melilla, que ha ganado un 17% de población en los últimos cinco años, ¿cuánta población podría absorber la ciudad teniendo en cuenta sus escasos 12 kilómetros cuadrados?
–Esa pregunta se la tendría que hacer a un economista y no a una profesora de Derecho. En mi opinión, sí se puede absorber aún más población que la que figura como población de derecho en Melilla o Ceuta, debido a que existe una disfuncionalidad considerable con la población que de hecho habita en estas dos ciudades.
A esto hay que añadir que la capacidad de absorción de un aumento poblacional dependerá de la sinergia de diferentes variables, que si bien están interrelacionadas con el suelo y las infraestructuras de la ciudad, yo creo que dependen más de la evolución económica positiva que tengan sus mercados.
Si funciona o se impulsa su economía y ésta prolifera, correlativamente hay una mayor demanda de mano de obra, que es absorbida por el territorio en el que se produce ese incremento.
–¿Ha aumentado la llegada de menores no acompañados a las ciudades de Ceuta y Melilla?
–La llegada es fluctuante, no existe un parámetro fijo durante todo el año. Es un hecho paradigmático que su aumento se produce en verano, cuando las condiciones estacionales son más propicias.
Desde mi punto de vista, lo realmente importante, más que el aumento cuantitativo de estos menores, son las condiciones y el estadio en que se encuentran sus derechos en nuestra ciudad.
Tanto la normativa internacional, la comunitaria como la nacional se esfuerzan en recordarnos la necesidad de realizar una sobreprotección sobre los menores acogidos no acompañados.
Lo que debería de preocuparnos son los efectos que provoca la colisión de los derechos de los menores con la legislación de Extranjería y sus contradicciones, tanto en la teoría como en la práctica de la legislación autonómica.
Desde mi punto de vista, lo realmente alarmante son, entre otras cuestiones, la sinergia producida por la saturación de sus centros, la ausencia de recursos materiales y humanos, la inexistencia de la figura de un Defensor del Pueblo para esta Ciudad Autónoma y menos aún de un Defensor del Menor, que ha provocado que, a pesar del protagonismo social adquirido por el cúmulo de estas carencias, no se haya logrado hasta el momento obtener una respuesta jurídica adecuada que satisfaga todas estas demandas. A los complejos problemas que plantean estos menores hay que sumar este déficit legislativo autonómico, que va a tener reflejo en una mayor desprotección de los derechos de los menores no acompañados.
–Habla de una «sobreprotección formal de los menores», qué pasa en la práctica?
–Considero que a pesar de que existe una sobreprotección formal, en la práctica esta protección jurídica desaparece.
Existen instrumentos internacionales dedicados a menores, tanto en el plano internacional (Convención de Derechos del Niño) como en el europeo (Resolución del Consejo de Europa de 26 de Junio de 1997 relativa a los menores no acompañados nacionales de países terceros que lleguen al territorio de los Estados miembros sin ir acompañados de un adulto responsable de los mismos). A pesar de las continuas referencias al principio tuitivo de «interés superior del menor», el papel de ambas es meramente de directrices que deben guiar la actuación de los Estados.
En esta misma línea, nuestro ordenamiento jurídico interno se remite expresamente a la normativa internacional, de ahí que se deba prestar una protección integral y asistencial a todos los menores, que se encuentran en su territorio, incluidos, claro está, los menores no acompañados.
–¿Qué función cree que podría desempeñar en Melilla la figura del Defensor del Pueblo que, por ejemplo, ha desaparecido en Castilla-La Mancha y está por desaparecer en Murcia porque se ha entendido como una duplicidad administrativa?
–Yo creo que la figura del Defensor del Pueblo junto a la del Consejo General de la Abogacía Española desempeñan, en el tema de menores, un papel irremplazable cuestionando la legalidad de algunos de los procedimientos de las repatriaciones.
Además permitirían conocer la realidad sobre los menores en nuestra ciudad, al deber elaborar un informe específico sobre su situación. También serviría de cauce para quejas y relaciones, etc. El mejor exponente de su buen funcionamiento en esta materia, a mi juicio, es el Ararteko vasco.
Es más urgente plantearse ahora, no la creación de estas figuras, sino la inexistencia de un tratamiento autonómico legislativo específico en nuestra Ciudad Autónoma, lo que supone un déficit en la legislación autonómica y, en último término, sí afecta a la protección de los derechos de los menores no acompañados.
–¿Cómo influyen en los derechos de los menores la saturación de los centros de acogida y la falta de personal?
–La política de austeridad y ahorro del Gobierno también incide en los centros de menores recortando personal o no pudiendo acometerse las adecuaciones en infraestructuras necesarias. En cualquiera de los casos hay que alabar el esfuerzo educativo que se realiza en en Melilla como en Ceuta sobre estos menores.
En este aspecto, los recortes no han mermado en modo alguno ni la atención ni la calidad en su enseñanza. Otra cosa bien distinta es la facultad que tienen las administraciones autonómicas para emitir sus informes de integración, que van a ser determinantes para su residencia legal en nuestro país y para su inserción laboral, donde queda de manifiesto la opacidad de nuestra Administración a la hora de valorar las posibilidades de integración social, produciéndose en muchos casos, en nuestra ciudad un desajuste entre la legislación vigente y su aplicación efectiva en la práctica.
Para ello hay que partir de una premisa que se ignora: El acogimiento de un menor extranjero no acompañado no puede tratarse como un problema puramente local. La eficacia del sistema lo impone.
–Se dice -y no sé si es una leyenda urbana- que muchos menores marroquíes duermen en centros de acogida de Melilla y por el día van a ver a sus padres a Marruecos. En caso de que sea cierto, ¿por qué no se devuelven estos niños?
-No creo que sea así. Lo que sí es cierto, según información de ONGs ,es que esos niños proceden en la mayoría de las ocasiones de familias desestructuradas, a las que les debe suponer un enorme sacrificio y dolor tener que desprenderse de un hijo. Si lo hacen es porque aspiran a que sus condiciones socioeconómicas y educativas sean mejores que en Marruecos. De ahí que, en la mayoría de las ocasiones, los padres sean conscientes de que sus hijos están en Melilla o en Ceuta, pero de lo que no les cabe duda es de que la atención es mejor que la que van a recibir en su país de origen. Por tanto, la mayoría de los menores que llegan a Melilla y a Ceuta viene con el consentimiento de sus padres y mantienen vínculos afectivos con ellos.
–Cambiando de tema, ¿cuántas personas podrían vivir del trabajo transfronterizo en las ciudades de Melilla y Ceuta?
-Según datos de la Delegación de Gobierno, su número es muy reducido y a pesar de la reforma que se ha producido. Yo creo que sumando los trabajadores transfronterizos de Ceuta y de Melilla estaríamos hablando de unas 25.000 personas.
En el régimen especial de empleadas de hogar, el número de afiliaciones no se corresponde con el número real de trabajadores, en ocasiones porque el empleador no quiere pagar las cotizaciones por el aumento de costes sociales del trabajador y en otras, por voluntad del propio trabajador, que en principio no puede pernoctar en estas ciudades con el vigente Reglamento de Extranjería en la mano.
–Un último tema, al margen de su libro. Desde la ONG Prodein se ha criticado el hecho de que la solicitud de asilo político esté devaluada en Melilla. ¿Qué opinión le merece esta afirmación?
–Estoy totalmente de acuerdo. La ley 12/2009 sobre asilo y protección subsidiaria ha tratado de solventar los dos problemas más graves que atenazaban a estas figuras: La falta de formación en estos asuntos que está en vías de subsanación y la desinformación por parte de los agentes policiales fronterizos que no hacen distinciones «entre los inmigrantes económicos y los posibles refugiados», aún sin solventar.
Si a estos factores se les une que el demandante de asilo sabe que si solicita esta protección en nuestra ciudad, al encontrarse fuera del territorio peninsular, su permanencia en la misma se va a prolongar más que si fuera un inmigrante económico con el que España no tenga acuerdo de repatriación, opta por arriesgarse y no demandar la citada protección.
En definitiva, el hecho de pedir asilo o protección subsidiaria en Ceuta, Melilla o Canarias, le sitúa en una posición de discriminación y de desigualdad con respecto al resto de los inmigrantes, convirtiéndoles a la postre en migrantes de segunda categoría, aunque su situación es más grave si regresan a su país de origen que el resto de inmigrantes.
Esta circunstancia contradice la voluntad del legislador y viola los derechos humanos de estas personas que, en síntesis, se traduce en un problema de solidaridad que no puede quedar relegado aduciendo razones de control de flujos y de seguridad del Estado, que es la razón intrínseca no manifiesta por las se les suele denegar el inexcusable amparo.
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La Junta y la Alhambra se incorporan como patronos a la Fundación Rodríguez Acosta

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Patronato de la Alhambra y el Generalife han formalizado este jueves su incorporación como patronos a la Fundación Rodríguez Acosta, con sede en un carmen próximo al monumento nazarí, con la firma de un convenio de colaboración que asegurará la conservación, el futuro y la actividad cultural de esta institución, que fue creada en 1941 por legado testamentario del pintor José María Rodríguez Acosta.

La directora general del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, y el presidente de la Fundación, el artista Miguel Rodríguez-Acosta, han sido los encargados de firmar este convenio, que se mantendrá durante los próximos cinco años.

Entre las actuaciones que se llevarán a cabo en virtud de este acuerdo se encuentran la organización y planificación de actividades culturales e investigadoras y el sostenimiento del carmen de la Fundación, monumento nacional desde 1973 que también custodia el legado de la familia Gómez Moreno, para su apertura al público dentro de la oferta que realiza la Alhambra en colaboración con otras instituciones de la ciudad, aunque aún no se ha concretado la fecha en la que será posible una entrada conjunta.

A partir de ahora, el nuevo Patronato de la Fundación contará con un presidente, Miguel Rodríguez Acosta, y cinco patronos de honor: el consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso; el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro; el presidente de CajaGranada, Antonio Jara, y el exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, este último a título vitalicio.

En una rueda de prensa tras la firma y la toma de posesión de los nuevos miembros del Patronato, Villafranca ha explicado que la incorporación de la Junta en la Fundación se materializará a través de una subvención pública que para 2012 será de 341.000 euros, que estarán incluidos dentro del presupuesto anual del Patronato de la Alhambra y Generalife, que también aportará otros recursos materiales y humanos.

Para afrontar el nuevo estatus, ha sido necesario modificar ante notario los estatutos vigentes de la Fundación, aunque en todo momento la institución seguirá manteniendo su misma filosofía, respetando el ideario de su fundador, el artista José María Rodríguez Acosta, su autonomía, fines y personal.

Además de los patronos de honor, la Fundación Rodríguez-Acosta contará con la presencia de diez vocales, a propuesta de la institución, y nueve por la Junta –la viceconsejera de Cultura y Deporte, María del Mar Alfaro; la secretaria general de Cultura de la Consejería, Montserrat Reyes; la directora general del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, y la directora General de Bienes Culturales, Elia Rosa Maldonado–.

PILAR DEL RÍO, JOSÉ LEBRERO O ENRIQUE GÁMEZ, VOCALES

Entre los vocales designados por la Consejería de Cultura y Deporte, se encuentran personalidades de reconocido prestigio en el campo de las artes, las letras y el patrimonio cultural, como el arquitecto Víctor Pérez Escolano; la periodista Pilar del Río; el exdirector del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Enrique Gámez; el director del Museo Picasso de Málaga, José Lebrero, y la artista Soledad Sevilla.

Para Miguel Rodríguez Acosta, el acuerdo permitirá garantizar el «futuro» de la Fundación, que mantiene la «preocupación» de su pervivencia desde el momento en el que fue creada, en 1941, cuando contó entre sus miembros con José Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos o Manuel de Falla. Por ello, ha agradecido el apoyo brindado por la Junta de Andalucía y ha confiado en que la nueva etapa que se abre para la institución sea «enormemente fructífera».

Por su parte, el consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha expresado su gratitud a Miguel Rodríguez Acosta, a los nuevos patronos que se incorporan y, de manera personal, a la socialista Teresa Jiménez, por darle a conocer la Fundación en los pasillos del Parlamento andaluz y defender el proyecto. «Granada y Andalucía están hoy enormemente felices por poder contar con una fundación con tremendas posibilidades y potencialidades», ha dicho.

La Fundación Rodríguez-Acosta tiene su sede en Granada, en el carmen construido por su fundador, entre 1916 y 1930, junto a Torres Bermejas y próximo al conjunto monumental de la Alhambra y Generalife. Entre sus objetivos se encuentran el fomento y la difusión de la cultura, una labor que ha desarrollado a través de sus programas culturales: becas de artistas para Centros de Formación en materia de bellas artes nacionales y extranjeros, concursos, exposiciones, conferencias, seminarios, recitales y publicaciones dedicadas a la investigación en torno a estudios sobre Andalucía y Granada.

La institución ha enriquecido sus colecciones artísticas y documentales con la donación de la familia Gómez-Moreno, en 1973, que dio lugar a la creación del Instituto del mismo nombre, y con la donación de la obra y biblioteca del pintor granadino Manuel Maldonado, en 1988.

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La Junta y la Alhambra se incorporan como patronos a la Fundación Rodríguez Acosta

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Patronato de la Alhambra y el Generalife han formalizado este jueves su incorporación como patronos a la Fundación Rodríguez Acosta, con sede en un carmen próximo al monumento nazarí, con la firma de un convenio de colaboración que asegurará la conservación, el futuro y la actividad cultural de esta institución, que fue creada en 1941 por legado testamentario del pintor José María Rodríguez Acosta.

La directora general del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, y el presidente de la Fundación, el artista Miguel Rodríguez-Acosta, han sido los encargados de firmar este convenio, que se mantendrá durante los próximos cinco años.

Entre las actuaciones que se llevarán a cabo en virtud de este acuerdo se encuentran la organización y planificación de actividades culturales e investigadoras y el sostenimiento del carmen de la Fundación, monumento nacional desde 1973 que también custodia el legado de la familia Gómez Moreno, para su apertura al público dentro de la oferta que realiza la Alhambra en colaboración con otras instituciones de la ciudad, aunque aún no se ha concretado la fecha en la que será posible una entrada conjunta.

A partir de ahora, el nuevo Patronato de la Fundación contará con un presidente, Miguel Rodríguez Acosta, y cinco patronos de honor: el consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso; el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro; el presidente de CajaGranada, Antonio Jara, y el exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, este último a título vitalicio.

En una rueda de prensa tras la firma y la toma de posesión de los nuevos miembros del Patronato, Villafranca ha explicado que la incorporación de la Junta en la Fundación se materializará a través de una subvención pública que para 2012 será de 341.000 euros, que estarán incluidos dentro del presupuesto anual del Patronato de la Alhambra y Generalife, que también aportará otros recursos materiales y humanos.

Para afrontar el nuevo estatus, ha sido necesario modificar ante notario los estatutos vigentes de la Fundación, aunque en todo momento la institución seguirá manteniendo su misma filosofía, respetando el ideario de su fundador, el artista José María Rodríguez Acosta, su autonomía, fines y personal.

Además de los patronos de honor, la Fundación Rodríguez-Acosta contará con la presencia de diez vocales, a propuesta de la institución, y nueve por la Junta –la viceconsejera de Cultura y Deporte, María del Mar Alfaro; la secretaria general de Cultura de la Consejería, Montserrat Reyes; la directora general del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, y la directora General de Bienes Culturales, Elia Rosa Maldonado–.

PILAR DEL RÍO, JOSÉ LEBRERO O ENRIQUE GÁMEZ, VOCALES

Entre los vocales designados por la Consejería de Cultura y Deporte, se encuentran personalidades de reconocido prestigio en el campo de las artes, las letras y el patrimonio cultural, como el arquitecto Víctor Pérez Escolano; la periodista Pilar del Río; el exdirector del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Enrique Gámez; el director del Museo Picasso de Málaga, José Lebrero, y la artista Soledad Sevilla.

Para Miguel Rodríguez Acosta, el acuerdo permitirá garantizar el «futuro» de la Fundación, que mantiene la «preocupación» de su pervivencia desde el momento en el que fue creada, en 1941, cuando contó entre sus miembros con José Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos o Manuel de Falla. Por ello, ha agradecido el apoyo brindado por la Junta de Andalucía y ha confiado en que la nueva etapa que se abre para la institución sea «enormemente fructífera».

Por su parte, el consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha expresado su gratitud a Miguel Rodríguez Acosta, a los nuevos patronos que se incorporan y, de manera personal, a la socialista Teresa Jiménez, por darle a conocer la Fundación en los pasillos del Parlamento andaluz y defender el proyecto. «Granada y Andalucía están hoy enormemente felices por poder contar con una fundación con tremendas posibilidades y potencialidades», ha dicho.

La Fundación Rodríguez-Acosta tiene su sede en Granada, en el carmen construido por su fundador, entre 1916 y 1930, junto a Torres Bermejas y próximo al conjunto monumental de la Alhambra y Generalife. Entre sus objetivos se encuentran el fomento y la difusión de la cultura, una labor que ha desarrollado a través de sus programas culturales: becas de artistas para Centros de Formación en materia de bellas artes nacionales y extranjeros, concursos, exposiciones, conferencias, seminarios, recitales y publicaciones dedicadas a la investigación en torno a estudios sobre Andalucía y Granada.

La institución ha enriquecido sus colecciones artísticas y documentales con la donación de la familia Gómez-Moreno, en 1973, que dio lugar a la creación del Instituto del mismo nombre, y con la donación de la obra y biblioteca del pintor granadino Manuel Maldonado, en 1988.

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La Junta y la Alhambra se incorporan como patronos a la Fundación Rodríguez Acosta

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Patronato de la Alhambra y el Generalife han formalizado este jueves su incorporación como patronos a la Fundación Rodríguez Acosta, con sede en un carmen próximo al monumento nazarí, con la firma de un convenio de colaboración que asegurará la conservación, el futuro y la actividad cultural de esta institución, que fue creada en 1941 por legado testamentario del pintor José María Rodríguez Acosta.

La directora general del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, y el presidente de la Fundación, el artista Miguel Rodríguez-Acosta, han sido los encargados de firmar este convenio, que se mantendrá durante los próximos cinco años.

Entre las actuaciones que se llevarán a cabo en virtud de este acuerdo se encuentran la organización y planificación de actividades culturales e investigadoras y el sostenimiento del carmen de la Fundación, monumento nacional desde 1973 que también custodia el legado de la familia Gómez Moreno, para su apertura al público dentro de la oferta que realiza la Alhambra en colaboración con otras instituciones de la ciudad, aunque aún no se ha concretado la fecha en la que será posible una entrada conjunta.

A partir de ahora, el nuevo Patronato de la Fundación contará con un presidente, Miguel Rodríguez Acosta, y cinco patronos de honor: el consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso; el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro; el presidente de CajaGranada, Antonio Jara, y el exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, este último a título vitalicio.

En una rueda de prensa tras la firma y la toma de posesión de los nuevos miembros del Patronato, Villafranca ha explicado que la incorporación de la Junta en la Fundación se materializará a través de una subvención pública que para 2012 será de 341.000 euros, que estarán incluidos dentro del presupuesto anual del Patronato de la Alhambra y Generalife, que también aportará otros recursos materiales y humanos.

Para afrontar el nuevo estatus, ha sido necesario modificar ante notario los estatutos vigentes de la Fundación, aunque en todo momento la institución seguirá manteniendo su misma filosofía, respetando el ideario de su fundador, el artista José María Rodríguez Acosta, su autonomía, fines y personal.

Además de los patronos de honor, la Fundación Rodríguez-Acosta contará con la presencia de diez vocales, a propuesta de la institución, y nueve por la Junta –la viceconsejera de Cultura y Deporte, María del Mar Alfaro; la secretaria general de Cultura de la Consejería, Montserrat Reyes; la directora general del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, y la directora General de Bienes Culturales, Elia Rosa Maldonado–.

PILAR DEL RÍO, JOSÉ LEBRERO O ENRIQUE GÁMEZ, VOCALES

Entre los vocales designados por la Consejería de Cultura y Deporte, se encuentran personalidades de reconocido prestigio en el campo de las artes, las letras y el patrimonio cultural, como el arquitecto Víctor Pérez Escolano; la periodista Pilar del Río; el exdirector del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Enrique Gámez; el director del Museo Picasso de Málaga, José Lebrero, y la artista Soledad Sevilla.

Para Miguel Rodríguez Acosta, el acuerdo permitirá garantizar el «futuro» de la Fundación, que mantiene la «preocupación» de su pervivencia desde el momento en el que fue creada, en 1941, cuando contó entre sus miembros con José Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos o Manuel de Falla. Por ello, ha agradecido el apoyo brindado por la Junta de Andalucía y ha confiado en que la nueva etapa que se abre para la institución sea «enormemente fructífera».

Por su parte, el consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha expresado su gratitud a Miguel Rodríguez Acosta, a los nuevos patronos que se incorporan y, de manera personal, a la socialista Teresa Jiménez, por darle a conocer la Fundación en los pasillos del Parlamento andaluz y defender el proyecto. «Granada y Andalucía están hoy enormemente felices por poder contar con una fundación con tremendas posibilidades y potencialidades», ha dicho.

La Fundación Rodríguez-Acosta tiene su sede en Granada, en el carmen construido por su fundador, entre 1916 y 1930, junto a Torres Bermejas y próximo al conjunto monumental de la Alhambra y Generalife. Entre sus objetivos se encuentran el fomento y la difusión de la cultura, una labor que ha desarrollado a través de sus programas culturales: becas de artistas para Centros de Formación en materia de bellas artes nacionales y extranjeros, concursos, exposiciones, conferencias, seminarios, recitales y publicaciones dedicadas a la investigación en torno a estudios sobre Andalucía y Granada.

La institución ha enriquecido sus colecciones artísticas y documentales con la donación de la familia Gómez-Moreno, en 1973, que dio lugar a la creación del Instituto del mismo nombre, y con la donación de la obra y biblioteca del pintor granadino Manuel Maldonado, en 1988.

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Abengoa y la Universidad de Granada promoverán la investigación científica

La Universidad de Granada y el grupo Abengoa, que engloba a empresas de las áreas de energía, telecomunicaciones, transporte y medio ambiente, han suscrito hoy un convenio de colaboración para la promoción de la investigación y el progreso científico que los convierte en socios científicos.

El convenio, con vigencia de cuatro años prorrogables y una cuantía de 75.000 euros anuales, no está enfocado a un proyecto o actividad específicos, aunque el área de investigación abarcará todo lo relacionado con el aprovechamiento de la energía derivada del mar y el aire, ha explicado en rueda de prensa Manuel Doblaré, director de Abengoa Research, la fundación del grupo empresarial.

Entre los proyectos que figuran en la agenda de Abengoa figuran uno relacionado con el desarrollo de una plataforma marina para el aprovechamiento de energías y otro sobre el aprovechamiento de la energía del aire.

El rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, ha abogado por reforzar las iniciativas de I+D en la industria española con la ayuda de los grupos de investigación universitarios, consideración que ha sido secundada por José Domínguez, secretario general técnico de Abengoa.

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Abengoa y la Universidad de Granada promoverán la investigación científica

La Universidad de Granada y el grupo Abengoa, que engloba a empresas de las áreas de energía, telecomunicaciones, transporte y medio ambiente, han suscrito hoy un convenio de colaboración para la promoción de la investigación y el progreso científico que los convierte en socios científicos.

El convenio, con vigencia de cuatro años prorrogables y una cuantía de 75.000 euros anuales, no está enfocado a un proyecto o actividad específicos, aunque el área de investigación abarcará todo lo relacionado con el aprovechamiento de la energía derivada del mar y el aire, ha explicado en rueda de prensa Manuel Doblaré, director de Abengoa Research, la fundación del grupo empresarial.

Entre los proyectos que figuran en la agenda de Abengoa figuran uno relacionado con el desarrollo de una plataforma marina para el aprovechamiento de energías y otro sobre el aprovechamiento de la energía del aire.

El rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, ha abogado por reforzar las iniciativas de I+D en la industria española con la ayuda de los grupos de investigación universitarios, consideración que ha sido secundada por José Domínguez, secretario general técnico de Abengoa.

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Abengoa y la Universidad de Granada promoverán la investigación científica

La Universidad de Granada y el grupo Abengoa, que engloba a empresas de las áreas de energía, telecomunicaciones, transporte y medio ambiente, han suscrito hoy un convenio de colaboración para la promoción de la investigación y el progreso científico que los convierte en socios científicos.

El convenio, con vigencia de cuatro años prorrogables y una cuantía de 75.000 euros anuales, no está enfocado a un proyecto o actividad específicos, aunque el área de investigación abarcará todo lo relacionado con el aprovechamiento de la energía derivada del mar y el aire, ha explicado en rueda de prensa Manuel Doblaré, director de Abengoa Research, la fundación del grupo empresarial.

Entre los proyectos que figuran en la agenda de Abengoa figuran uno relacionado con el desarrollo de una plataforma marina para el aprovechamiento de energías y otro sobre el aprovechamiento de la energía del aire.

El rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, ha abogado por reforzar las iniciativas de I+D en la industria española con la ayuda de los grupos de investigación universitarios, consideración que ha sido secundada por José Domínguez, secretario general técnico de Abengoa.

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Investigadores de la UGR ganan por cuarto año consecutivo una competición internacional de coches simulados

La «2012 Simulated Car RacingCompetition» busca, por medio de técnicas de inteligencia computacional, conducir un vehículo simulado por un circuito virtual en un videojuego

La «2012 Simulated Car RacingCompetition» es la cuarta edición de este campeonato a nivel internacional que busca, por medio de técnicas de inteligencia computacional, conducir un vehículo simulado por un circuito virtual en un videojuego. Cada campeonato consiste en nueve carreras agrupadas en tres etapas que se llevan a cabo en congresos internacionales de máximo nivel.

Cada una de las carreras tiene un doble objetivo: recorrer la máxima distancia posible en solitario y ser capaz de correr en presencia de otros competidores. Como dificultad añadida, los participantes desconocen las pistas donde se realizan las carreras, y además los sensores que utiliza el vehículo para conocer su situación (distancia a los bordes de la pista, distancia al oponente, velocidad, RPM, etc.) presentan imprecisión.

Los resultados de la etapa final se presentaron en Granada, en el Congreso Internacional sobre Inteligencia Computacional en Videojuegos (CIG 2012) celebrado entre los días 11 y 14 de septiembre, resultando ganador el equipo integrado por los Dres. Enrique Onieva y David Pelta, del Grupo de Trabajo en Modelos de Decisión y Optimización de la Universidad de Granada.

El equipo lleva participando en estas competiciones desde 2009, permaneciendo imbatido durante estos 4 años, gracias a su arquitectura modular de control inteligente basada en «Soft Computing». Cada módulo es responsable de una de las acciones que se consideran básicas para el control de un coche en carrera: 1) Control de marchas, 2) Control de velocidad, 3) Determinación de la velocidad permitida, 4) Control del volante, 5) Gestión de oponentes y 6) Aprendizaje entre vueltas. Si bien el coche no es el más veloz de los participantes, la gestión de los oponentes y el módulo de aprendizaje le permiten una conducción eficaz en presencia de otros competidores.

Tanto las carreras como la implementación del control inteligente se desarrollaron en el entorno de simulación TORCS (The Open Racing Car Simulator), que está escrito en C++ y disponible bajo licencia GPL a través de la web. El simulador implementa una física motora altamente sofisticada (aerodinámicas, consumo de combustible, tracción,…) así como unos gráficos 3D para la visualización de las carreras.

Este trabajo está financiada en parte por los proyectos TIN2011-27696-C02-01 del Ministerio de Economía y Competitivad y P07-TIC-02970 y P11-TIC-8001 de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Junta de Andalucía, donde se investiga en el análisis, diseño e implementación de técnicas de Soft Computing y su aplicabilidad en el desarrollo de sistemas inteligentes.

Los resultados completos de todas las competiciones se encuentran disponibles en: http://games.ws.dei.polimi.it/competitions/scr/

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