La Universidad de Granada celebra este viernes sesión extraordinaria del claustro universitario para abordar la regulación del derecho a paro académico recogido en los estatutos de la institución y la aprobación, si procede, de una declaración institucional contra los recortes, entre otros asuntos. La sesión se celebrará en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras a las 9,30 horas en primera convocatoria y a las 10,00 horas en segunda.
En la citada declaración institucional, que fue presentada en el Registro General de la Universidad el 11 de julio y está suscrita por 54 representantes claustrales, se muestra el «desacuerdo con las medidas que se quieren aplicar en la Universidad a partir del Real Decreto-ley 14/2012 de 20 de abril y su correlato en la Actualización del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014″.
En el documento se considera que «con la excusa de la coyuntura, se introducen medidas estructurales que no han sido estudiadas ni negociadas previamente en las instancias exigibles, como el Consejo de Universidades y la Mesa de Negociación Estudiantil».
Se advierte además de que la subida de las tasas en enseñanzas de Grado y Máster «nos hará retroceder a una universidad clasista», mientras que la congelación de la oferta de empleo público afecta al Personal Docente e Investigador (PDI) funcionario interino y al laboral contratado no permanente, esto es, «a la plantilla del futuro inmediato».
Respecto a la dedicación docente, el documento indica que el decreto incrementarrá en un 33 por ciento para todo el PDI funcionario que no tenga el último sexenio «vivo», medida que, según añade, «constituye una carga inasumible en el horizonte de los actuales planes de estudio y supondría su destierro prácticamente definitivo del campo de la investigación, con la consiguiente pérdida de calidad en su docencia».
Respecto a la propuesta de la Junta de Andalucía de aplicar esta modificación también al PDI laboral, consideran que extiende los efectos nocivos de la misma, «con especial énfasis en los más jóvenes, ya que les hace más difícil el desarrollar su actividad investigadora».
«Por todo ello, en defensa de la calidad de la enseñanza, de la investigación, de la transmisión de conocimiento a la sociedad desde la Universidad pública y de mis derechos como empleado público, pido que no se apliquen estas nuevas normas ni en mi departamento, ni en mi Centro, ni en mi Universidad de Granada», señala el texto, el cual culmina afirmando que «los recortes en educación nos roban el futuro».
Este es el orden del día oficial:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria de 11 de mayo de 2009 y del Acta de la sesión constitutiva del Claustro de 11 de junio de 2012.
2. Debate y, en su caso, aprobación de las siguientes propuestas presentadas por 46 miembros del Claustro en la sesión constitutiva de 11 de junio de 2012:
a) La regulación del derecho a paro académico, recogido en los Estatutos de la Universidad de Granada.
b) Ampliación de la representación estudiantil en los órganos de gobierno y representación de nuestra Universidad hasta alcanzar el 30%, mejorando, de esta forma, la calidad democrática de la Institución y sin perjuicio de los sectores con menos representación.
c) Que el Rector de la Universidad de Granada se comprometa a garantizar el principio de autonomía universitaria en la UGR.
d) Que el Rector de la Universidad de Granada se comprometa a apoyar públicamente a los estudiantes que están siendo identificados, multados y, en ocasiones, juzgados por ejercer su derecho a defender los principios básicos de la Universidad Pública.
3. Debate y, en su caso, aprobación de la siguiente declaración institucional presentada en el Registro General de la Universidad, en fecha 11 de julio de 2012, por D. Enrique Raya Lozano y suscrita por 54 representantes claustrales:
«Como persona vinculada profesionalmente a la educación superior, en estos momentos en que el ahorro se ha convertido en la norma política por excelencia, expreso mi desacuerdo con las medidas que se quieren aplicar en la Universidad a partir del Real Decreto-ley 14/2012 (RD-L), de 20 de abril, y su correlato en la Actualización del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014, porque:
1. Con la excusa de la coyuntura, se introducen medidas estructurales que no han sido estudiadas ni negociadas previamente en las instancias exigibles, como el Consejo de Universidades y la Mesa de Negociación Estudiantil.
2. La subida de las tasas en enseñanzas de Grado y Máster nos hará retroceder a una universidad clasista.
3. La congelación de la oferta de empleo público afecta al Personal Docente e Investigador (PDI) funcionario interino y al laboral contratado no permanente, esto es, a la plantilla del futuro inmediato.
4. Con la letra del RD-L, la dedicación docente se incrementaría en un 33% para todo PDI funcionario que no tenga el último sexenio «vivo», medida que constituye una carga inasumible en el horizonte de los actuales planes de estudio y supondría su destierro prácticamente definitivo del campo de la investigación, con la consiguiente pérdida de calidad en su docencia.
5. La propuesta de la Junta de Andalucía de aplicar dicha modificación también al PDI laboral extiende los efectos nocivos de la misma, con especial énfasis en los más jóvenes, ya que les hace más difícil el desarrollar su actividad investigadora.
6. La modificación de los Planes de Ordenación Docente en tales términos significará la expulsión o no renovación de contratados, el grueso de los que debieran formar la plantilla a corto plazo.
Por todo ello, en defensa de la calidad de la enseñanza, de la investigación, de la transmisión de conocimiento a la sociedad desde la Universidad pública y de mis derechos como empleado público, PIDO que no se apliquen estas nuevas normas ni en mi Departamento, ni en mi Centro, ni en mi Universidad de Granada.
LOS RECORTES EN EDUCACIÓN NOS ROBAN EL FUTURO».
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