Una comisión elegida en el mismo claustro extraordinario de la UGR elaboró ayer un nuevo texto contra las medidas estatales que fue aclamado por todos los presentes
Las aguas han vuelto a su cauce. Las tensiones que esta semana se han vivido en el seno de la Universidad de Granada y que la han convertido en el centro de la atención local e, incluso, nacional, están archivadas en el capítulo de episodios a olvidar. Si este mes de septiembre se unían profesores, estudiantes y personal de administración y servicios en una asamblea contra los recortes, ayer su sumó también el equipo rectoral en una declaración contra las imposiciones estatales.
El claustro de la Universidad de Granada aprobó ayer sin necesidad de votación siquiera, por aclamación, una declaración institucional en la que muestra su disconformidad con las medidas recogidas en el Real Decreto del 20 de abril y en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de 2012-2014, al considerar que están ocasionando «pérdidas en la calidad y en los resultados de las actividades docente e investigadora» y «dificultando el acceso en igualdad de oportunidades a la educación superior».
En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, con uno de los claustros más concurridos que se recuerdan en la Universidad de Granada dada la expectación que había creado esta convocatoria extraordinaria -y más después de los disturbios de la inauguración oficial del curso académico del pasado día 1- se produjo un intenso debate que tanto el equipo rector como representantes del profesorado han coincidido en calificar como «respetuoso, serio, amplio y pluralista».
Fruto del mismo se ha elaborado una declaración en la que se indica que con motivo de la coyuntura económica, la nueva normativa introduce medidas estructurales «que no han sido estudiadas ni negociadas en las distintas instancias de negociación, incluidas las sindicales».
«El incremento de los precios públicos de la segunda y sucesivas matrículas está impidiendo la continuidad en los estudios universitarios de aquellas personas con menores rentas y poder adquisitivo. Además, el aumento de las exigencias en los requisitos de las becas estatales también supondrá una limitación importante para los estudiantes con menos recursos», añade el documento sobre las medidas que afectan a los alumnos, que finalmente verán regulado su derecho al paro académico, como propusieron tratar en uno de los puntos de este claustro.
Respecto a los cambios en la dedicación docente del personal docente e investigador, desde la UGR advierten de que en caso de aplicarse rigurosamente las prescripciones de la actual normativa vigente, se afectaría al rendimiento, calidad y desempeño de sus tareas universitarias.
Asimismo, «las reducciones de las subvenciones a la investigación, así como las fuertes restricciones de las ofertas de empleo público», tanto de personal como de servicios, «condicionan muy negativamente el adecuado desempeño de las funciones que tiene la universidad asignadas», según indica la declaración institucional.
