Convendría un comité de sabios que propusiera una estrategia de futuro para este país, para el diseño del Estado, para un nuevo modelo educativo, productivo. Pero ningún político la aceptaría. Es la conclusión general de un plantel de expertos consultados por este diario. El eminente catedrático de economía Juan Ramón Cuadrado en los cursos de verano de la Universidad de Málaga, en Ronda, dijo que hace falta algo más que ocuparse de los problemas a corto o medio plazo. Hay también que diseñar una estrategia de futuro. El profesor añadió que temía que no haya nadie en esa tarea. Joaquín Aurioles, discípulo suyo, lo traduce: ahora hay que bajar el sueldo a los funcionarios, despedir trabajadores públicos, cerrar organismos y departamentos sin función específica, para resolver el colapso financiero inmediato. Pero eso no resuelve el origen del problema, que es el descenso de los ingresos por el hundimiento de la economía. «Ante eso, todo recorte acaba siendo insuficiente».

Aurioles marca tres plazos: 1. La consejera de Hacienda para salir del apuro tiene que tirar de la cadena, recortar. 2. Hay que ver cómo se sale del atolladero. 3. Hay que diseñar el futuro. Lo llama «terminar el día, terminar la temporada y mirar al horizonte». El presidente de la Junta ha anunciado esta misma semana que habrá que hacer nuevos recortes antes de que termine el año en la administración autonómica. Eso significa que las cuentas para limitar el déficit al 1,5% no salen. Sobre este nuevo sacrificio no hay pistas. Sólo que se ha hecho una consulta a las consejerías para que miren dónde sobra algo. Los ojos se vuelven hacia lo que se ha dado en llamar la administración paralela de la Junta. Empresas públicas, fundaciones, consorcios, que suman unos 20.000 trabajadores. Pero ahí se incluyen el Infoca y hospitales como el de la Costa del Sol o Andújar, que nadie pensaría en eliminar. Junto a eso están la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), la RTVA, la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), la empresa púbica Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), la Empresa de Gestión Medioambiental Egmasa… Un técnico que conoce el entramado considera que se podrían ahorrar unos 400 millones al año con una poda feroz de parte de este aparato administrativo regional, que afectaría a 10.000 personas.

Pero Andalucía tiene por emitir deuda contabilizada en los presupuestos de este año y autorizada por el Gobierno por más de 1.500 millones. Y tiene vencimientos en este semestre de 1.600 millones de deuda a largo y otros 800 de obligaciones a corto plazo. Grosso modo, estamos hablando de 4.000 millones de euros. Y el año próximo el Gobierno ha reducido la capacidad de endeudamiento de la Junta en 2.700 millones. No sólo Andalucía, la mayor parte de las autonomías no cumplen con el déficit. El sistema de financiación no es transparente y genera recelos.

Hay una histeria colectiva. Para serenar este tiempo de locura, José Antonio Griñán reclama a Mariano Rajoy que convoque una conferencia de presidentes autonómicos, que promueva un pacto de Estado, que a su vez afronte la reforma de las administraciones públicas. José Asenjo, ex vicesecretario general del PSOE de Andalucía señala que debería crearse en el Congreso una comisión ad hoc para la reforma del Estado, «para diseñar el futuro de España dentro de la Unión Europea». Asenjo recuerda que en plena Dictadura se encargó a los mejores economistas del país un Plan de Estabilización a finales de los 50, que se puso en marcha con éxito. Y en el inicio de la democracia se hizo algo similar para acabar con la hiperinflación, en los Pactos de la Moncloa. «Ahora, que tenemos un margen de maniobra mucho menor, por las exigencias de la Unión Europea, es más necesario que nunca un consenso político y pedir consejo a los mejores técnicos».

El ex ministro Manuel Pimentel cree que eso hace falta, «pero no se va a hacer». No ve en las personas al mando, ni en las estructuras del PP y el PSOE, ni en la dinámica de relación entre los dos partidos nada que invite a pensar que pueden entrar en una época de consenso: «El PP fue mezquino con el PSOE en la oposición y ahora le devuelven la moneda». Aurioles piensa que no se encarga un estudio así porque nadie estaría dispuesto a afrontar la impopularidad de cumplirlo.

Asenjo apunta otro problema añadido de cara al diseño del futuro: las tensiones soberanistas crecientes, que se van a multiplicar desde el País Vasco y Cataluña. Algo que irrita particularmente a Pimentel: «Como español, me niego a aceptar el pacto fiscal que quiere Cataluña, y también me niego a aceptar los fueros vascos. No veo por qué tenemos que pagar más impuestos en Andalucía que en Cataluña, el País Vasco o Madrid. Hay que cambiar la arquitectura institucional y modificar si hace falta la Constitución».

Las reformas constitucionales aparecen como una enorme dificultad a los profanos, pero no así a los expertos. Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, sostiene que «cuando se quiere se puede hacer una reforma constitucional en horas 24». El recurrente debate sobre el mantenimiento o no de las diputaciones, que el Tribunal Constitucional no dejó eliminar en Cataluña, se resolvería en tres semanas, porque el Título octavo no necesita un referéndum para su modificación, sino tres quintas partes de las cámaras; salvo que 35 diputados o 35 senadores lo pidiesen. Sorprendentemente, más difícil es la reforma del Estatuto de Autonomía andaluz, porque el referéndum es obligado.
Esto dificulta eliminar organismos e instituciones incluidas en el Estatuto, como el Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual, el Comité Económico y Social y la propia RTVA.

Otro prestigioso constitucionalista, Luis García Ruiz, cree que estamos en un periodo de «fin de régimen», que puede durar años, como pasó con la Restauración. «El Estado surgido de la Transición democrática está caducado y necesita una reforma, que tenga reflejo en la Constitución». El profesor apunta que en España se han hecho dos cambios constitucionales en 30 años, mientras en Alemania ha habido más de 40, en Francia 27 y en Italia 26. García Ruiz defiende la existencia de las diputaciones, como reflejo del Estado moderno y constitucional que sustituyó a los reinos del Antiguo Régimen. Y a las comunidades autónomas las considera más cercanas Ancien Régime. «Si se hubiese cumplido el artículo 4.4 del primer Estatuto y hubieran sido la administración periférica de la Junta habrían limitado la soberbia de la comunidad autónoma», opina.

Tanto García Ruiz como Ruiz Robledo recuerdan que el informe García de Enterría previo al Estado autonómico, recomendaba gobiernos regionales cortos, parlamentos con periodos de sesiones limitados y diputados con una dedicación parcial, y las diputaciones como administración periférica. Todo esto se ha desbordado, con grandes solapamientos. Aurioles no duda en señalar como el origen de muchos de los males del país, el excesivo tamaño del sector público. «Para tareas efímeras hemos cargado a las administraciones públicas de centenares, miles de funcionarios con un estatus permanente». Con la caída de ingresos ahora no nos podemos permitir mantener esa estructura.

El Estado ingresa 370.000 millones y gasta 440.000. Hay que reducir estructura en donde se ha generado de más. Y no sólo poner el foco en las comunidades autónomas. Aurioles pone ejemplos: Desde Nerja a Estepona hay 25 gerencias de urbanismo con 4.000 personas que ahora no tienen trabajo. Se crearon con el auge de la construcción de los 2000 y ahora tienen muy poco o ningún trabajo. La Empresa Pública del suelo de Andalucía tiene 800 trabajadores, no entiendo por qué tenemos que tener un Consejo Audiovisual de Andalucía con tan alto coste. Ni por qué debemos tener una comunidad autónoma en Madrid, con la potencia que tiene la capital…

Como Robledo y García Ruiz, Aurioles preferiría las diputaciones a las delegaciones de la Junta. Pero considera que una de las dos sobra. También eliminaría los ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes. Sobre el diseño del futuro, el empresario Eustasio Cobreros añade que hay cosas planificables y otras que no. «La estructura del Estado y el sistema educativo son planificables, el sistema productivo, no». Para el presidente del Instituto Internacional San Telmo, estamos en un fin de ciclo de la economía mundial. Hay muchos productos que no se venden, porque no interesan. Y en este momento hay gente en Andalucía, en España, en el mundo, inventando, produciendo nuevos productos y servicios que serán el eje de la salida de la crisis. En educación, Cobreros subraya la importancia que tiene para la economía de un país tener una enseñanza de Formación Profesional potente y ligada a las empresas. Ruiz Robledo propugna un sistema de itinerarios, como el que Alemania tiene a partir de los diez años, en tres tramos con pasarelas para cambiar de uno a otro: los que van a ir a la universidad, los que harán una formación profesional de alto grado y los que se prepararán para obreros especializados. La pondría a partir de los 12 años.

El profesor López Barneo, científico de fama mundial, con un amplio currículo en el extranjero es de la misma opinión: «No lo haría más tarde de los 10 o 12 años. Hay que acabar con el paradigma de la igualdad de oportunidades. De nada sirve que el hijo de un obrero llegue a médico, ingeniero o arquitecto si se encuentran por decenas de miles sin trabajo, porque no hay empleo para todos». López Barneo está de acuerdo en que aquí en España, en Andalucía, nadie piensa en el futuro, pero lo considera un problema mundial. Acaba de estar 15 días en Estados Unidos y allí pasa lo mismo: «Se habla de lo de siempre». Entre sus ideas para la universidad española, Barneo señala la necesidad de hacer una escala mayor de profesores, para que pueda haber carreras y promociones . Y recomienda que los profesores no deberían ser funcionarios, sino tener contratos laborales indefinidos.

Además de buscar dinero para tapar los agujeros de las urgencias y quitar estructura excesiva o reducir el tamaño de lo que hay, falta un debate profundo sobre en qué dirección vamos. Y necesitamos pautas sobre inmigración, formación y empleo para la juventud, modelo de administración territorial más allá de las coyunturas, medio ambiente y ordenación del territorio, energía, industria…. El campo es muy amplio y está muy vacío. Y en Andalucía necesitamos tener un modelo administrativo más maduro que el que tenemos y una sociedad civil más fuerte. Hay que definir los límites del sector público.
El profesor Ramón Vargas Machuca aporta otra idea: «Antes estaba preocupado por la calidad de la democracia y ahora por la viabilidad de España como proyecto político soberano». Para él, la crisis, la globalización, la deuda cogen a España en un mal momento, con un modelo de Estado del bienestar tardío y una estructura institucional compuesta. No tenemos un Estado centralista ni federal y hemos ido recargando las autonomías por un proceso de emulación: si lo pide mi vecino, yo también, si lo tiene mi vecino yo también». García Ruiz considera el café para todos «un error mayúsculo».

Sin embargo, culpar sólo a las autonomías del déficit nacional es un planteamiento traicionero. Hay que reformar el conjunto de las administraciones públicas. Lo que incluye el exceso de gasto de las autonomías, que el anterior Gobierno aumentó en 13.000 millones en 2009. Hay un gasto irracional. Y la Administración está para servir a los ciudadanos y no al revés, dice Cobreros. La conclusión es que hay que traducir esto en lo que Asenjo llama un proyecto colectivo. Bien podría ser el diseño del futuro. Porque el país necesita un poco de optimismo.

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Convendría un comité de sabios que propusiera una estrategia de futuro para este país, para el diseño del Estado, para un nuevo modelo educativo, productivo. Pero ningún político la aceptaría. Es la conclusión general de un plantel de expertos consultados por este diario. El eminente catedrático de economía Juan Ramón Cuadrado en los cursos de verano de la Universidad de Málaga, en Ronda, dijo que hace falta algo más que ocuparse de los problemas a corto o medio plazo. Hay también que diseñar una estrategia de futuro. El profesor añadió que temía que no haya nadie en esa tarea. Joaquín Aurioles, discípulo suyo, lo traduce: ahora hay que bajar el sueldo a los funcionarios, despedir trabajadores públicos, cerrar organismos y departamentos sin función específica, para resolver el colapso financiero inmediato. Pero eso no resuelve el origen del problema, que es el descenso de los ingresos por el hundimiento de la economía. «Ante eso, todo recorte acaba siendo insuficiente».

Aurioles marca tres plazos: 1. La consejera de Hacienda para salir del apuro tiene que tirar de la cadena, recortar. 2. Hay que ver cómo se sale del atolladero. 3. Hay que diseñar el futuro. Lo llama «terminar el día, terminar la temporada y mirar al horizonte». El presidente de la Junta ha anunciado esta misma semana que habrá que hacer nuevos recortes antes de que termine el año en la administración autonómica. Eso significa que las cuentas para limitar el déficit al 1,5% no salen. Sobre este nuevo sacrificio no hay pistas. Sólo que se ha hecho una consulta a las consejerías para que miren dónde sobra algo. Los ojos se vuelven hacia lo que se ha dado en llamar la administración paralela de la Junta. Empresas públicas, fundaciones, consorcios, que suman unos 20.000 trabajadores. Pero ahí se incluyen el Infoca y hospitales como el de la Costa del Sol o Andújar, que nadie pensaría en eliminar. Junto a eso están la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), la RTVA, la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), la empresa púbica Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), la Empresa de Gestión Medioambiental Egmasa… Un técnico que conoce el entramado considera que se podrían ahorrar unos 400 millones al año con una poda feroz de parte de este aparato administrativo regional, que afectaría a 10.000 personas.

Pero Andalucía tiene por emitir deuda contabilizada en los presupuestos de este año y autorizada por el Gobierno por más de 1.500 millones. Y tiene vencimientos en este semestre de 1.600 millones de deuda a largo y otros 800 de obligaciones a corto plazo. Grosso modo, estamos hablando de 4.000 millones de euros. Y el año próximo el Gobierno ha reducido la capacidad de endeudamiento de la Junta en 2.700 millones. No sólo Andalucía, la mayor parte de las autonomías no cumplen con el déficit. El sistema de financiación no es transparente y genera recelos.

Hay una histeria colectiva. Para serenar este tiempo de locura, José Antonio Griñán reclama a Mariano Rajoy que convoque una conferencia de presidentes autonómicos, que promueva un pacto de Estado, que a su vez afronte la reforma de las administraciones públicas. José Asenjo, ex vicesecretario general del PSOE de Andalucía señala que debería crearse en el Congreso una comisión ad hoc para la reforma del Estado, «para diseñar el futuro de España dentro de la Unión Europea». Asenjo recuerda que en plena Dictadura se encargó a los mejores economistas del país un Plan de Estabilización a finales de los 50, que se puso en marcha con éxito. Y en el inicio de la democracia se hizo algo similar para acabar con la hiperinflación, en los Pactos de la Moncloa. «Ahora, que tenemos un margen de maniobra mucho menor, por las exigencias de la Unión Europea, es más necesario que nunca un consenso político y pedir consejo a los mejores técnicos».

El ex ministro Manuel Pimentel cree que eso hace falta, «pero no se va a hacer». No ve en las personas al mando, ni en las estructuras del PP y el PSOE, ni en la dinámica de relación entre los dos partidos nada que invite a pensar que pueden entrar en una época de consenso: «El PP fue mezquino con el PSOE en la oposición y ahora le devuelven la moneda». Aurioles piensa que no se encarga un estudio así porque nadie estaría dispuesto a afrontar la impopularidad de cumplirlo.

Asenjo apunta otro problema añadido de cara al diseño del futuro: las tensiones soberanistas crecientes, que se van a multiplicar desde el País Vasco y Cataluña. Algo que irrita particularmente a Pimentel: «Como español, me niego a aceptar el pacto fiscal que quiere Cataluña, y también me niego a aceptar los fueros vascos. No veo por qué tenemos que pagar más impuestos en Andalucía que en Cataluña, el País Vasco o Madrid. Hay que cambiar la arquitectura institucional y modificar si hace falta la Constitución».

Las reformas constitucionales aparecen como una enorme dificultad a los profanos, pero no así a los expertos. Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, sostiene que «cuando se quiere se puede hacer una reforma constitucional en horas 24». El recurrente debate sobre el mantenimiento o no de las diputaciones, que el Tribunal Constitucional no dejó eliminar en Cataluña, se resolvería en tres semanas, porque el Título octavo no necesita un referéndum para su modificación, sino tres quintas partes de las cámaras; salvo que 35 diputados o 35 senadores lo pidiesen. Sorprendentemente, más difícil es la reforma del Estatuto de Autonomía andaluz, porque el referéndum es obligado.
Esto dificulta eliminar organismos e instituciones incluidas en el Estatuto, como el Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual, el Comité Económico y Social y la propia RTVA.

Otro prestigioso constitucionalista, Luis García Ruiz, cree que estamos en un periodo de «fin de régimen», que puede durar años, como pasó con la Restauración. «El Estado surgido de la Transición democrática está caducado y necesita una reforma, que tenga reflejo en la Constitución». El profesor apunta que en España se han hecho dos cambios constitucionales en 30 años, mientras en Alemania ha habido más de 40, en Francia 27 y en Italia 26. García Ruiz defiende la existencia de las diputaciones, como reflejo del Estado moderno y constitucional que sustituyó a los reinos del Antiguo Régimen. Y a las comunidades autónomas las considera más cercanas Ancien Régime. «Si se hubiese cumplido el artículo 4.4 del primer Estatuto y hubieran sido la administración periférica de la Junta habrían limitado la soberbia de la comunidad autónoma», opina.

Tanto García Ruiz como Ruiz Robledo recuerdan que el informe García de Enterría previo al Estado autonómico, recomendaba gobiernos regionales cortos, parlamentos con periodos de sesiones limitados y diputados con una dedicación parcial, y las diputaciones como administración periférica. Todo esto se ha desbordado, con grandes solapamientos. Aurioles no duda en señalar como el origen de muchos de los males del país, el excesivo tamaño del sector público. «Para tareas efímeras hemos cargado a las administraciones públicas de centenares, miles de funcionarios con un estatus permanente». Con la caída de ingresos ahora no nos podemos permitir mantener esa estructura.

El Estado ingresa 370.000 millones y gasta 440.000. Hay que reducir estructura en donde se ha generado de más. Y no sólo poner el foco en las comunidades autónomas. Aurioles pone ejemplos: Desde Nerja a Estepona hay 25 gerencias de urbanismo con 4.000 personas que ahora no tienen trabajo. Se crearon con el auge de la construcción de los 2000 y ahora tienen muy poco o ningún trabajo. La Empresa Pública del suelo de Andalucía tiene 800 trabajadores, no entiendo por qué tenemos que tener un Consejo Audiovisual de Andalucía con tan alto coste. Ni por qué debemos tener una comunidad autónoma en Madrid, con la potencia que tiene la capital…

Como Robledo y García Ruiz, Aurioles preferiría las diputaciones a las delegaciones de la Junta. Pero considera que una de las dos sobra. También eliminaría los ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes. Sobre el diseño del futuro, el empresario Eustasio Cobreros añade que hay cosas planificables y otras que no. «La estructura del Estado y el sistema educativo son planificables, el sistema productivo, no». Para el presidente del Instituto Internacional San Telmo, estamos en un fin de ciclo de la economía mundial. Hay muchos productos que no se venden, porque no interesan. Y en este momento hay gente en Andalucía, en España, en el mundo, inventando, produciendo nuevos productos y servicios que serán el eje de la salida de la crisis. En educación, Cobreros subraya la importancia que tiene para la economía de un país tener una enseñanza de Formación Profesional potente y ligada a las empresas. Ruiz Robledo propugna un sistema de itinerarios, como el que Alemania tiene a partir de los diez años, en tres tramos con pasarelas para cambiar de uno a otro: los que van a ir a la universidad, los que harán una formación profesional de alto grado y los que se prepararán para obreros especializados. La pondría a partir de los 12 años.

El profesor López Barneo, científico de fama mundial, con un amplio currículo en el extranjero es de la misma opinión: «No lo haría más tarde de los 10 o 12 años. Hay que acabar con el paradigma de la igualdad de oportunidades. De nada sirve que el hijo de un obrero llegue a médico, ingeniero o arquitecto si se encuentran por decenas de miles sin trabajo, porque no hay empleo para todos». López Barneo está de acuerdo en que aquí en España, en Andalucía, nadie piensa en el futuro, pero lo considera un problema mundial. Acaba de estar 15 días en Estados Unidos y allí pasa lo mismo: «Se habla de lo de siempre». Entre sus ideas para la universidad española, Barneo señala la necesidad de hacer una escala mayor de profesores, para que pueda haber carreras y promociones . Y recomienda que los profesores no deberían ser funcionarios, sino tener contratos laborales indefinidos.

Además de buscar dinero para tapar los agujeros de las urgencias y quitar estructura excesiva o reducir el tamaño de lo que hay, falta un debate profundo sobre en qué dirección vamos. Y necesitamos pautas sobre inmigración, formación y empleo para la juventud, modelo de administración territorial más allá de las coyunturas, medio ambiente y ordenación del territorio, energía, industria…. El campo es muy amplio y está muy vacío. Y en Andalucía necesitamos tener un modelo administrativo más maduro que el que tenemos y una sociedad civil más fuerte. Hay que definir los límites del sector público.
El profesor Ramón Vargas Machuca aporta otra idea: «Antes estaba preocupado por la calidad de la democracia y ahora por la viabilidad de España como proyecto político soberano». Para él, la crisis, la globalización, la deuda cogen a España en un mal momento, con un modelo de Estado del bienestar tardío y una estructura institucional compuesta. No tenemos un Estado centralista ni federal y hemos ido recargando las autonomías por un proceso de emulación: si lo pide mi vecino, yo también, si lo tiene mi vecino yo también». García Ruiz considera el café para todos «un error mayúsculo».

Sin embargo, culpar sólo a las autonomías del déficit nacional es un planteamiento traicionero. Hay que reformar el conjunto de las administraciones públicas. Lo que incluye el exceso de gasto de las autonomías, que el anterior Gobierno aumentó en 13.000 millones en 2009. Hay un gasto irracional. Y la Administración está para servir a los ciudadanos y no al revés, dice Cobreros. La conclusión es que hay que traducir esto en lo que Asenjo llama un proyecto colectivo. Bien podría ser el diseño del futuro. Porque el país necesita un poco de optimismo.

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