El progresivo deterioro en los niveles de pago de las transferencias comprometidas por parte de la Junta de Andalucía, ha motivado que desde el año 2011 las universidades andaluzas hayamos venido reclamando un plan de tesorería estable para garantizar el servicio público formativo y de investigación que prestamos.
En la liquidación de ese ejercicio, las transferencias realizadas por la Junta sólo alcanzaron el 60% de las previstas. Este ha sido el origen de un problema que no se ha visto corregido en el año 2012, y que incluso se ha visto aumentado, como consecuencia de las dificultades de liquidez del conjunto de las administraciones.
El problema que se plantea no es pues de índole presupuestario. Las universidades andaluzas han gestionado correctamente las dotaciones incluidas en los Presupuestos de la Junta de Andalucía, aprobados en nuestro parlamento. Para este año, por ejemplo, los presupuestos preveían un incremento de un 2.5% en las dotaciones. En el mes de mayo la Junta nos transmitió la necesidad de establecer, como consecuencia de las medidas de ajuste del Gobierno de España, una senda de ahorro que alcanzaba para el sistema los 130 M€ para este año, que se está cumpliendo.
Estos retrasos han provocado una situación de tesorería insostenible, que se traduce en impago a proveedores, problemas en los abonos de becas Erasmus, investigación, infraestructuras y equipamientos y en otros aspectos esenciales para nuestro funcionamiento, poniendo en riesgo la eficacia de cualquier estrategia de ahorro y austeridad que se implemente.
En la reunión mantenida en el día de hoy por los rectores con la Consejera de Hacienda y Administración Pública y el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la Junta de Andalucía ha traslado la imposibilidad de proponer un plan de tesorería para las universidades mientras no estén resueltos los problema de liquidez de la propia administración autonómica.
Sin embargo, para abordar la situación, que los miembros del gobierno reconocen urgente, se reunirán de forma inmediata técnicos de alto nivel de todas las partes para determinar las obligaciones más apremiantes que atender para garantizar el funcionamiento ordinario de las instituciones universitarias a corto plazo.
Los rectores andaluces demandan que se garantice la continuidad de las actividades docentes e investigadores, que son la esencia de las universidades, en condiciones de normalidad y calidad, y confían en que el compromiso expresado por el Presidente Griñán en materia de educación pública se materialice en breve, en el caso de las universidades, en planes concretos y dotación de recursos.
