La Fiscalía ha mantenido este viernes la petición de cinco años de cárcel para un administrativo y su mujer en el momento de los hechos, acusados de modificar supuestamente expedientes y calificaciones de la Universidad de Granada, de lo que ambos se han declarado inocentes y se han culpado mutuamente.

Durante la vista, el fiscal ha considerado probado que Manuel T.R., empleado como administrativo en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada, aprovechándose de su cargo utilizó las claves personales para modificar las calificaciones de su expediente académico y convirtió en sobresalientes las notas de su pareja, Evalia H.M., también acusada como coautora de los hechos.

Fiscalía y la acusación particular han solicitado cinco años de cárcel por un delito continuado de falsedad documental por la modificación continuada del expediente académico de los acusados desde el año 2008.

Los dos procesados, ya divorciados, se han acusado mutuamente de los hechos y han negado conocer las modificaciones en los dos expedientes, comprobadas durante el juicio.

Manuel T.R. se ha desdicho de su declaración inicial, en la que explicó que su entonces mujer no conocía las modificaciones realizadas en sus notas ni la convalidación de créditos hecha para la matrícula de la acusada, en la que se utilizaron documentos falsos para justificar unos estudios que no cursó.

«En ese momento yo quería protegerla y por eso mentí, porque quería que todo lo ocurrido se arreglara en la Facultad, sin tener que llegar a un juicio», ha subrayado el acusado.

La acusada ha explicado por su parte que no conocía que estuviera matriculada en la Facultad de Filosofía de ninguna asignatura y que acudía a clases y tutorías obligada por su exmarido, al que denunció por supuestos malos tratos, y al que ha culpado hoy de todas las modificaciones académicas.

Profesores y personal de la Universidad de Granada han recalcado que la acusada estaba matriculada de varias asignaturas de Historia, a cuyas clases no acudió ni se presentó a los exámenes, pero que descubrieron modificaciones informáticas en su expediente por las que aparecían calificaciones de sobresaliente.

Durante el juicio ha testificado un perito de la Policía Nacional que comprobó que todos los cambios en los expedientes de los dos acusados se hicieron desde el terminal, y con el nombre de usuario y la contraseña del acusado.

La defensa de Manuel T.R. ha pedido su libre absolución argumentando con el testimonio de peritos que sufre depresión y una personalidad «manipulable», y ha responsabilizado a su exmujer de los hechos al considerar que tenía acceso a su puesto de trabajo y conocía las claves y contraseñas del acusado.

La Fiscalía ha mantenido que Manuel T.R. «con el conocimiento y acuerdo de ella y con la intención de obtener ilícito beneficio» realizó quince modificaciones en las matrículas de su mujer, lo que ocasionó un perjuicio económico a la Universidad 793 euros.

Las acusaciones pública y particular han solicitado para ambos cinco años de prisión, una multa de 3.090 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público en cualquier administración durante cuatro años y medio.

El juicio, que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Granada, ha quedado visto para sentencia.

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La Fiscalía ha mantenido este viernes la petición de cinco años de cárcel para un administrativo y su mujer en el momento de los hechos, acusados de modificar supuestamente expedientes y calificaciones de la Universidad de Granada, de lo que ambos se han declarado inocentes y se han culpado mutuamente.

Durante la vista, el fiscal ha considerado probado que Manuel T.R., empleado como administrativo en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada, aprovechándose de su cargo utilizó las claves personales para modificar las calificaciones de su expediente académico y convirtió en sobresalientes las notas de su pareja, Evalia H.M., también acusada como coautora de los hechos.

Fiscalía y la acusación particular han solicitado cinco años de cárcel por un delito continuado de falsedad documental por la modificación continuada del expediente académico de los acusados desde el año 2008.

Los dos procesados, ya divorciados, se han acusado mutuamente de los hechos y han negado conocer las modificaciones en los dos expedientes, comprobadas durante el juicio.

Manuel T.R. se ha desdicho de su declaración inicial, en la que explicó que su entonces mujer no conocía las modificaciones realizadas en sus notas ni la convalidación de créditos hecha para la matrícula de la acusada, en la que se utilizaron documentos falsos para justificar unos estudios que no cursó.

«En ese momento yo quería protegerla y por eso mentí, porque quería que todo lo ocurrido se arreglara en la Facultad, sin tener que llegar a un juicio», ha subrayado el acusado.

La acusada ha explicado por su parte que no conocía que estuviera matriculada en la Facultad de Filosofía de ninguna asignatura y que acudía a clases y tutorías obligada por su exmarido, al que denunció por supuestos malos tratos, y al que ha culpado hoy de todas las modificaciones académicas.

Profesores y personal de la Universidad de Granada han recalcado que la acusada estaba matriculada de varias asignaturas de Historia, a cuyas clases no acudió ni se presentó a los exámenes, pero que descubrieron modificaciones informáticas en su expediente por las que aparecían calificaciones de sobresaliente.

Durante el juicio ha testificado un perito de la Policía Nacional que comprobó que todos los cambios en los expedientes de los dos acusados se hicieron desde el terminal, y con el nombre de usuario y la contraseña del acusado.

La defensa de Manuel T.R. ha pedido su libre absolución argumentando con el testimonio de peritos que sufre depresión y una personalidad «manipulable», y ha responsabilizado a su exmujer de los hechos al considerar que tenía acceso a su puesto de trabajo y conocía las claves y contraseñas del acusado.

La Fiscalía ha mantenido que Manuel T.R. «con el conocimiento y acuerdo de ella y con la intención de obtener ilícito beneficio» realizó quince modificaciones en las matrículas de su mujer, lo que ocasionó un perjuicio económico a la Universidad 793 euros.

Las acusaciones pública y particular han solicitado para ambos cinco años de prisión, una multa de 3.090 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público en cualquier administración durante cuatro años y medio.

El juicio, que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Granada, ha quedado visto para sentencia.

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