La Plataforma contra la Tergiversación del Franquismo, constituida en Granada e integrada por ciudadanos, «ultima» la denuncia que presentará en los próximos días contra los responsables de la Real Academia de la Historia en la redacción de las biografías «claramente tendenciosas» integradas en el Diccionario Biográfico Español por un posible delito de genocidio y por la vulneración de la Ley de Memoria Histórica.

   Según su portavoz, Emilio García Wiedemann, profesor en la Universidad de Granada (UGR), las entradas incluidas en el diccionario, especialmente las referidas a Francisco Franco, son «absolutamente ominosas», teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que califican el régimen como «autoritario» pero no dictatorial, unas afirmaciones que «no pueden invocar la libertad de expresión o de cátedra».

   Por ello, ciudadanos que han mostrado su rechazo al diccionario a través de las redes sociales se han agrupado para promover una denuncia y ya se han reunido con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, que les ha mostrado su intención de admitirla a trámite y remitirla a la Fiscalía General del Estado. A la causa está previsto, según el profesor de la UGR, que se personen víctimas de la represión en Almendralejo (Badajoz), que en el diccionario se califica como «normalización de la vida ciudadana».

   Además, al margen de las acciones legales, la plataforma exige, puesto que se ha vulnerado el contrato que se firmó con la institución en 1999, que la Academia devuelva «inmediatamente» los 6,4 millones de euros que ha obtenido como subvención pública para la redacción de la obra, y, «dado que se encuentran en tela de juicio muchas de sus entradas», que el diccionario sea retirado de manera «cautelar» mientras se depuran las responsabilidades jurídicas si las hubiera. Sumado a esto, ha solicitado que las biografías «tendenciosas» se cotejen con los Archivos de Salamanca y Alcalá.

   La plataforma cree que tiene «la cobertura legal suficiente» y entiende que tanto el director de la institución, Gonzalo Anes, y el responsable científico y técnico de la obra, Jaime Olmedo, como los historiadores encargados de la biografías puestas en cuestión, Luis Suárez –encargado de la de Franco o de la de Escrivá de Balaguer–, o José Martín Brocos –de la de Carlos Asensio Cabanillas–, son presuntos culpables, junto con otros posibles autores y los editores de la publicación, del delito de genocidio tipificado en el Código Penal en su artículo 607, que establece que pueden ser penados por «la difusión de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen» los delitos de genocidio, «o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos», que incluye condenas de uno a dos años.

   Asimismo, la plataforma cree que a la Real Academia de la Historia puede también imputársele el delito recogido en el artículo 510 del Código Penal, relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, y que se le puede aplicar el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que señala que las Administraciones públicas podrán retirar las subvenciones o ayudas concedidas a las instituciones que exalten la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura.

   Según García Wiedemann, de no obtener una respuesta satisfactoria de las instancias judiciales españolas, la plataforma está dispuesta a llevar el asunto al Tribunal de Estrasburgo, puesto que los autores del diccionario han llevado a cabo con sus trabajos una «glorificación de crímenes contra la humanidad».

   Asimismo, la plataforma ha pedido a la Casa Real que se pronuncie al respecto, teniendo en cuenta además que la Reina es académica honoraria de la Real Academia de la Historia, y considera su silencio «verdaderamente significativo», como también el del Partido Popular. 

   La presidenta de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Maribel Brenes, ha pedido al resto de asociaciones de España que se sumen a la causa contra la academia.

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