El secretario general para la Administración Pública de la Junta de Andalucía, Manuel Alcaide, ha afirmado hoy que no hay «ninguna vía abierta» hacia la privatización de los servicios públicos en la comunidad autónoma.
En un congreso internacional sobre acción social y condiciones de trabajo en las administraciones públicas inaugurado hoy en Granada, Alcaide ha recalcado que el decreto ley 5/2010 de reestructuración del sector público está articulado contemplando un «máximo respeto a los derechos de los funcionarios y el personal laboral».
Por su parte, la directora General de Función Pública del Ministerio de Presidencia, Cristina Pérez Prats, se ha referido a los nuevos «criterios de planificación» que el Gobierno ha diseñado ante «necesidades cambiantes de una sociedad cambiante y en profunda transformación», además de para superar la crisis económica.
En estos parámetros, Pérez Prats ha destacado el papel de la prevención laboral pues ésta es «un signo de desarrollo social», así como del diálogo con sindicatos que el Gobierno reanudará «cuando sea posible».
En el acto de inauguración del congreso, presidido por el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, también han participado representantes de los sindicatos de la función pública.
El presidente nacional del CSI-CSIF, Domingo Fernández Veiguela, ha alertado de las «agresiones» que están sufriendo a su juicio los trabajadores de la administración pública y ha asegurado que existen medidas de «muy poco coste presupuestario» que se pueden tomar para mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía.
Para la secretaria de Política Social de Comisiones Obreras, Rosana Costa Navarro, «las administraciones públicas no gozan del suficiente reconocimiento», teniendo en cuenta su función social y también su papel «dinamizador de la economía».
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT en Andalucía, José Manuel Guerrero, ha recordado que su sindicato y CCOO tienen más del 75% de la representatividad en la función pública andaluza, y ha defendido el papel de ambos para tratar de frenar las «medidas de recortes sociales» en el sector público.