La civilista Ana María López Frías y el experto en Derecho Internacional Público, Juan Antonio Carrillo Salcedo, recogieron sus galardones en un acto celebrado en la Casa de ABC al que acudieron representantes del sector inmobiliario
AMALIA F. LÉRIDA / SEVILLA
Día 23/07/2010 – 23.17h
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J. M. SERRANO / ROCÍO RUZ / FELIPE GUZMÁN
Álvaro Ybarra, José Antonio Gómez Periñán, Juan Antonio Carrillo Salcedo, Ana María López Frías y Antonio Pulido.
La Casa de ABC de Sevilla fue escenario el pasado jueves de la entrega del tradicional Premio Santiago Gutiérrez Anaya sobre Propiedad Inmobiliaria que ha alcanzado ya su novena edición, y del galardón a la Trayectoria Jurídica instituido hace dos años como homenaje a juristas de prestigio que han dejado su impronta en la sociedad a lo largo de su quehacer profesional.
Agentes del sector de la edificación, de la abogacía, la judicatura, la Universidad, profesionales que tienen arte y parte en el cada vez más enmarañado mundo inmobiliario se congregaron un año más en esta cita ineludible, organizada por ABC y el Instituto de Estudios Cajasol, y que cuenta con el patrocinio de Safinco, el Colegio de Registradores de España, el Colegio Notarial de Andalucía, el Colegio de Abogados de Sevilla y la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía.
Germinó para honrar a la figura de Santiago Gutiérrez Anaya, gran experto en Derecho Inmobiliario, tristemente desaparecido, y servir de acicate a los estudiosos para el análisis de una disciplina inmersa en no pocos cambios legislativos que afecta a toda la ciudadanía.
No en vano, los trabajos presentados a concurso son valorados por su originalidad y carácter práctico. Por eso todos los ganadores de este premio se han caracterizado por su aportación a la hora de dilucidar aspectos normativos que, o no están claros o precisan ser renovados para dar una mayor respuesta a la demanda.
De no poco interés es la temática de la ganadora de este año, Ana María López Frías, una profesora de Derecho Civil de la Universidad de Granada que ha desmenuzado el «Embargo de inmuebles, transmisión del dominio y publicidad registral: supuestos y consecuencias», un tema de rabiosa actualidad que nunca, hasta ahora, se había abordado en ediciones anteriores.
La entrega de premios se desarrolló en un acto presidido por el viceconsejero de Gobernación y Justicia, José Antonio Gómez Periñán, y moderado por el director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra, que agradeció la asistencia a los allí presentes y abrió el turno de intervenciones haciendo una breve descripción de estos premios, su filosofía y los méritos de la ganadora.
Añadió que el jurado —compuesto por Damián Álvarez, presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla y del mismo jurado; el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Guillermo Jiménez Sánchez; José León, catedrático de Derecho Civil de la Hispalense; el registrador de la propiedad, Juan José Pretel; el notario, Pedro Romero Candau; Eusebio Pérez Torres, abogado del Estado jefe en Andalucía; el catedrático de Derecho Civil Ángel López y Alberto Donaire, abogado experto en Derecho Inmobiliario— ha concedido una mención honorífica a Jesús Flores Rodríguez por el trabajo «El derecho a alterar los elementos comunes del inmueble como facultad implícita en la finalidad comercial de los locales de negocio».
Seguidamente el viceconsejero entregó a Ana María López una placa conmemorativa del premio, que tiene una dotación económica de 6.000 euros y, tras recogerla, emocionada tomó la palabra.
Centró su intervención en la explicación de su obra y lo que ha querido transmitir.
«Lo intentaré explicar de forma muy simplificada», dijo, y siguió: «Con cierta frecuencia se decreta el embargo de una finca que el deudor ha vendido a otra persona, bien antes o bien después de ordenarse esa medida. Se plantea entonces la pregunta de si debe prevalecer el derecho del adjudicatario en el procedimiento de ejecución o bien el de quien compró ese inmueble, embargado por deudas que no son suyas. La respuesta a esta cuestión no es única para todos los casos ni es sencilla; requiere tener en cuenta numerosas circunstancias, como el momento en que se ha producido tanto el embargo como la transmisión voluntaria y la adjudicación, e igualmente si tales actos han accedido al Registro de la Propiedad, y en qué fecha. Combinando estas variables y su secuencia cronológica, surgen diversas situaciones, todas ellas presentes en la práctica registral, notarial o judicial; situaciones que he intentado ordenar y diferenciar en mi trabajo, con el deseo de que resulte un estudio útil al profesional del Derecho y no constituya una elaboración meramente teórica. En definitiva, el objetivo último ha sido contribuir, aunque en una pequeña medida, a suministrar criterios que aporten claridad y certeza en este ámbito; claridad y certeza que, como todos sabemos, son tan necesarias para la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario».
El presidente de Cajasol, Antonio Pulido, cogió el testigo de la palabra a la ganadora de esta edición para hacer una semblanza del ganador del II Premio a la Trayectoria Jurídica, Juan Antonio Carrillo Salcedo, que sucede en el honor a Manuel Olivencia. Destacó además, que el principal capital con el que cuentan nuestras organizaciones y empresas es el humano y que por eso «desde el Instituto de Estudios Cajasol, hemos de ofrecer opciones a nuestros jóvenes y a nuestros ejecutivos, para que el talento crezca de manera exponencial. No podemos quedarnos atrás. No, y menos aun en estos momentos en los que ningún esfuerzo ni ningún talento deben ser desaprovechados».
Luego, el viceconsejero de Gobernación y Justicia entregó a Carrillo Salcedo una obra de la pintora María Bejarano y, seguidamente, el catedrático de Derecho Internacional Público, tomó la palabra.
Hizo un recorrido por su vida profesional y concluyó que «la construcción de condiciones de paz es en mi opinión la función que el Derecho lleva a cabo en la vida internacional, la razón de ser del Derecho Internacional. Profundizar en ella y tratar de transmitirla en mis explicaciones de clase ha sido la tarea que he intentado llevar a cabo a lo largo de mi trayectoria personal de jurista».
Clausuró el acto el vicenconsejero de Gobernación y Justicia, José Antonio Gómez Periñán, con un discurso en el que resaltó la implicación imprescindible de los agentes judiciales en la transformación de la Oficina Judicial. A su juicio, el trabajo y la experiencia de profesionales como los premiados han contribuido a mejorar la Administración de Justicia en Andalucía haciéndola más flexible y cercana a la ciudadanía.
Se mostró convencido de que en la actualidad los distintos actores judiciales son conscientes del papel que han de jugar para que el sistema dé un salto cualitativo con la nueva Oficina Judicial.
Ello implica, según dijo, un cambio en la organización de los juzgados, con la constitución de servicios centralizados que se encargan de la tramitación administrativa. Se pretende «optimizar los medios personales y materiales» existentes, por lo que «va a suponer un antes y un después en este servicio», aseveró el viceconsejero.
Avanzó que, con el fin de mejorar la respuesta al ciudadano el próximo septiembre comenzará un segundo Plan de Tardes con el que se pretende seguir reduciendo el nivel de asuntos pendientes existentes en la comunidad autónoma, concretamente en los juzgados de Primera Instancia y Mixtos, así como en los servicios comunes de Notificaciones y Embargos. Una medida que abarca 213 juzgados y 33 servicios comunes, un 52% más que en 2009.
Por último, Gómez Periñán no ocultó su convencimiento de que todas estas medidas «serían en vano» sin la participación activa de todos los agentes que intervienen en la Administración de Justicia.
J. M. SERRANO / ROCÍO RUZ / FELIPE GUZMÁN
Juan Antonio Carrillo Salcedo en un momento de su intervención
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La civilista Ana María López Frías
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Ana Moniz Sánchez, Pedro Izquierdo, José Antonio Gómez Periñán, Carmen Tovar, Francisco del Río, Carmen Belinchón
J. M. SERRANO / ROCÍO RUZ / FELIPE GUZMÁN
Álvaro Ybarra, Antonio Pulido, José Antonio Gómez Periñán, Carmen Tovar y Rafael Bravo
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