El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez está contento. Los que le han visto o hablado con él en los últimos días coinciden en el optimismo que refleja Mafo (acrónimo de su nombre) porque considera que era absolutamente necesario contar con una Ley de Cajas como la que acaba de aprobar el Gobierno. El objetivo es cambiar la estructura de estas entidades para que sean más fuertes, tengan más capital, cierren las oficinas sobrantes y vuelvan a ofrecer créditos. A cambio de recibir este capital (su salvación, gracias al dinero de los contribuyentes), el Banco de España las ha traído a su redil ya que la mayoría, previsiblemente, traspasarán su negocio a un banco. «Con la separación de la gestión de la obra social por un lado y figura del banco por otro, el supervisor controlará estas instituciones de una manera más directa, sin las injerencias políticas que ahora existen», apunta Jordi Fabregat, profesor de la escuela de negocios Esade.
No es ningún secreto que el Banco de España ha visto con desesperación cómo se alargaban y complicaban hasta el surrealismo algunas operaciones -o fusiones que acabaron en carísimas intervenciones- como las de Caja Castilla La Mancha (CCM), Cajasur, Caja España con Caja Duero y, el viernes pasado, el lamentable espectáculo de Caja Mediterráneo (CAM), que disparó las alarmas en el sector. La nueva Ley de Cajas, que supone el mayor cambio para el sector en los casi dos siglos de historia, tiene un aspecto voluntario, privatizar la entidad si así lo decide, y otro obligatorio: la salida de todos los políticos de las asambleas y los consejos, un tercio de los cargos actuales.
Los Gobiernos autónomos y las Diputaciones han tenido una relación incómoda con el Banco de España, por lo que el nuevo texto ofrece un margen de tres años para la salida de los cargos políticos electos y los altos cargos de todas las Administraciones públicas en un máximo de tres años. En su lugar acudirán aquellos que nombren los Parlamentos y plenos municipales y de las Diputaciones, pero no podrán superar el 40% del derecho de voto en los consejos y asambleas generales. Es decir, se quedan en minoría. Además, tendrán que reducir su número: el BOE establece que las asambleas tendrán entre 60 y 180 miembros y los consejos entre 13 y 17 puestos. Según algunos cálculos, podrían sobrar más de 350 asambleístas, sobre todo de Caja Madrid, Bancaja, Cajastur y Unicaja, y más de 60 miembros de los consejos de administración.
Las comunidades autónomas podrían retocar estos límites, pero no se cree que los amplíen con el ambiente que existe en el sector. El Gobierno ha seguido las peticiones de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que llevaba años pidiendo librarse de la carga política. Otra fórmula para quitar poder a las comunidades autónomas ha sido acabar con derecho de veto discrecional a las fusiones. Hasta ahora, una caja pedía la autorización y el Gobierno regional la rechazaba o aprobaba sin dar más explicaciones. A partir de ahora tendrán que estipular las condiciones objetivas y, si la fusión las cumple, no se podrá vetar.
Además de menos políticos, los ejecutivos de las cajas deberán ser más profesionales. El Gobierno y el Banco de España han establecido que el director general «deberá poseer los conocimientos y experiencia específicos para el ejercicio de sus funciones». Es decir, «que haya desempeñado, durante un plazo no inferior a cinco años, funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de, al menos, análoga dimensión», dice la ley. «En ocasiones, los políticos colocaban a ejecutivos de baja cualificación para que sean más fáciles de controlar y no se distinguía bien dónde empezaba la caja y dónde acaba la Consejería de Economía», apunta un algo cargo del sector que pide el anonimato. Luis Garicano, profesor de la London School of Economics, considera crucial la mayor profesionalización del sector. «En un estudio realizado por este centro se demostró que la escasa cualificación de los directivos estaba relacionada con los peores resultados de las cajas. Deberían fichar a algunos buenos ex ejecutivos prejubilados de bancos», apunta. En definitiva, se trata de desactivar esa amalgama pegajosa de intereses en la que se han convertido algunas cajas por los políticos, los directivos, e incluso medios de comunicación.
Pero hay más, mucho más. El real decreto ha abierto la puerta a la privatización total de estas entidades. Retirar a los políticos tiene el objetivo de atraer capital e inversores privados que se sentarán en los consejos. La reforma permitirá que las cajas emitan cuotas participativas (similares a las acciones), con o sin derechos políticos. También podrán traspasar su negocio financiero a un banco y, posteriormente, colocarlo en Bolsa y vender sus acciones. En ambos casos no podrán superar el 50% del patrimonio de su patrimonio. Si pasan esta frontera, las cajas dejarán de serlo y se convertirán en fundaciones que solo administrarán la obra social y la cartera de participaciones industriales. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, ve positiva esta mayor disciplina de mercado en las cajas. «Hasta ahora es cierto que realizaban emisiones de activos y estaban sometidas a rating, pero cotizar en Bolsa supone una valoración continua de la gestión por parte del mercado, es otra fase diferente».
Entre los sindicatos y los partidos de izquierda las críticas han sido enormes: Comisiones Obreras (CC OO), sindicato mayoritario, admite que las cajas necesitan recapitalizarse, pero no por esta vía. Pide un límite para el poder de las cuotas participativas, que las cajas solo puedan ser fundaciones en caso de extinción y que el texto legal se discuta como proyecto de ley. Además, critica la estrategia: «Si el Gobierno hubiera inyectado capital antes a las cajas no se habría cortado tanto el crédito, no se hubieran cerrado tantas pymes, no hubiera crecido tanto el paro, no habría tanta morosidad y las entidades no estarían tan mal. Pero Zapatero no quiso reconocer la situación y el gobernador ha esperado a que se debiliten las cajas para entrar a privatizarlas», apunta José María Martínez, secretario general de Comfia-CC OO. Alejandro Lucero, consejero delegado de Multigestión Iberia e intermediario de fondos de capital riesgo, coincide en que se ha abordado erróneamente la reforma desde el punto de vista de los plazos. Lucero cree que primero debía haberse aprobado la ley y luego hacer las fusiones. «Esto hubiera evitado ataques especulativos de los mercados y se hubiera paliado la incertidumbre que pesa sobre nuestro sistema».
José Miguel Villa, de UGT critica que la reforma de la Ley de Cajas busca «bancarizar» a estas entidades y que se ha elaborado sin consultar a todos los agentes del sector. «En unos años no podrá reconocerse al sector de las cajas porque será muy parecido, si no igual, que al de la banca», señala. UGT rechaza la nueva norma, porque supone «romper el modelo social que determinaba la actividad de las cajas» que pasará por mayor exclusión financiera, abandono de las zonas rurales y menor competencia para los ciudadanos. Ante estas críticas, el Banco de España recuerda que estos cambios se han hecho con el apoyo de la CECA y de los dos grandes partidos, PSOE y PP.
La gran pregunta es si estaba justificado un vuelco. «La reestructuración del sector ha costado, por el momento, unos 12.000 millones a los contribuyentes. Creo que son 12.000 poderosas razones para transformar el sector que ha demostrado su incapacidad para aguantar una crisis como esta», dice un consultor que trabaja para proyectos de cajas. «No creo que la obra social justifique el coste que supone reestructurar las cajas», apunta con intención un analista. Desde las cajas responden que los 12.000 millones se devolverán con altos intereses, el 7,75%, aunque para ello en el mercado no se duda de que tendrán que salir a Bolsa todas las que han pedido las ayudas.
El problema se originó a inicios de 2000, cuando una parte de las cajas se lanzaron a un crecimiento desmedido de la burbuja inmobiliaria, abriendo oficinas en las promociones inmobiliarias que pronto perdieron su rentabilidad (véase cuadro). Mientras tanto, los bancos contuvieron su red de sucursales y su plantilla. Los políticos veían este crecimiento con optimismo porque ansiaban tener grandes cajas que se impusieran en las futuras fusiones regionales. Algunos ejecutivos, con miras de corto plazo, no pensaron en la sobrevaloración de estos inmuebles. Pero el mercado se dio la vuelta y entre 2007 y 2009 han tenido que comprar inmuebles por 39.000 millones para frenar la morosidad. Su cuota de mercado superó a la de los bancos, «pero a un precio muy alto. Ahora les sobran un tercio de las oficinas y la plantilla. Mientras no hagan esta reconversión no podrán dar créditos. Además, les faltan equipos directivos», apunta Luis de Guindos, director del Centro PwC/IE.
Y ahora el problema es que las cajas no tendrán el viento de cola, como ocurrió en 1993. Como apunta Tano Santos, director de cátedra de la Universidad de Columbia, «el ciclo anterior tenía como fuente una expansión sin precedentes del flujo de crédito que no va a volver, ni es deseable que lo haga, ni a corto ni a medio plazo. Es difícil ver cómo se puede producir la recapitalización privada de las cajas problemáticas». Lo que se ha demostrado es que las cajas y la política ha sido una combinación mortal.
