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La Fiscalía de Medio Ambiente de Granada ha interpuesto denuncia contra un profesor de la Universidad de Granada (UGR), de iniciales J.O.T., por realizar numerosas pintadas, algunas de contenido vejatorio para la mujer, en el barrio del Albaicín, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, imputándole un delito contra el patrimonio histórico.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Granada ha interpuesto denuncia contra un profesor de la Universidad de Granada (UGR), de iniciales J.O.T., por realizar numerosas pintadas, algunas de contenido vejatorio para la mujer, en el barrio del Albaicín, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, imputándole un delito contra el patrimonio histórico.
La resolución del Ministerio Público se produce después de que la Asociación de Vecinos del Bajo Albaicín denunciara el pasado mes de septiembre que una misma persona estaba pintando muros y puertas del barrio de madrugada con leyendas como ‘Fumar mata’, que se hacían «cada vez más presentes a lo largo de casi todas las calles», generando «una fuerte degradación y contaminación visual» del Albaicín, tal y como consta en el escrito presentado entonces a la Fiscalía, consultado por Europa Press.
Además, los letreros se iban haciendo «cada vez más obscenos», por lo que el malestar entre los vecinos fue en aumento. Así, ante la iniciativa de algunos de blanquear o limpiar las pintadas de los muros del barrio, el autor de los mismos se dedicó a sumar a sus graffitis una especie de diálogos del tipo ‘Fumar mata y cabrea’ o ‘A mí quién me borra’. Por ello, la Asociación decidió denunciar el caso ante la Policía Nacional y Local, pero, ante la falta de la adopción de medidas, llevó el asunto a la Fiscalía.
El autor de las pintadas ha sido identificado por los propios vecinos, que han sido testigos a lo largo de los últimos meses de cómo el profesor ahora denunciado, vecino del Albaicín, alias ‘Narceo Antino’, hace sus pintadas alrededor de las 6 de la madrugada, acompañado de un perro grande.
Tras la denuncia del fiscal, la Asociación de Vecinos indicó en un comunicado que confía en que esta resolución favorezca la eliminación de las pintadas en un barrio Patrimonio Mundial, «que provocan tanta degradación en el entorno visual de un barrio de estas características, y que junto a otras medidas (urbanísticas, antiespeculativas, inversoras, patrimoniales, mantenimiento, limpieza, policiales y de vigilancia,…) por parte de las administraciones local y autonómica permita mantener el adecuado nivel de conservación del barrio más emblemático de Granada, para que pueda seguir siendo un barrio habitado y visitado para disfrute de los granadinos y de cuantas personas lo visitan».
La Fiscalía de Medio Ambiente de Granada ha presentado una denuncia contra J.O.T., profesor de la Universidad de Granada (UGR) al que se acusa de un delito contra el Patrimonio Histórico por realizar regularmente pintadas por todo el barrio del Albaicín, donde reside y que es Patrimonio Mundial declarado por la Unesco.
La resolución llega tras varios meses de investigaciones, después de la asociación de vecinos del Bajo Albaicín presentase una denuncia en la que se incluía un CD con más de 200 fotos de pintadas en diferentes fachadas de todo el barrio y realizadas por los propios vecinos.
Los mismos explicaban que el profesor, al que todos reconocían como el autor de las pintadas, se ocultaba bajo el alias ‘Narceo Antino’, y realizaba los grafitos de madrugada, con la excusa de pasear a su perro, siendo sorprendido en alguna ocasión. Algunos apuntaban, además, a que escribía los mensajes nada menos que con pincel, cargando colgada del brazo con una lata de pintura.
Señalaban como estos mensajes, que empezaron con mensajes tipo ‘Fumar mata’ -el más extendido-, han ido haciéndose a lo largo del último año «cada vez más presentes» y «más obscenos», con contenidos «vejatorio para las mujeres». Cuando algunos vecinos se dedicaron a blanquear las paredes o pintar encima de los mensajes, el ‘grafitero’ respondió sobre las mismas superficies con mensajes insultantes.
La asociación de vecinos llevó primero el caso ante la Policía Nacional y la Local, pero ante la dificultad para demostrar la autoría -la ley exige pillar a los grafiteros prácticamente con las manos en la masa- y la «falta de actuaciones», lo llevaron ante Fiscalía, que ahora, tras meses de indagaciones, ha decidido denunciar.
Tras la denuncia del fiscal, la Asociación de Vecinos indicó en un comunicado que confía en que esta resolución favorezca la eliminación de las pintadas en un barrio Patrimonio Mundial, «que provocan tanta degradación en el entorno visual de un barrio de estas características, y que junto a otras medidas (urbanísticas, antiespeculativas, inversoras, patrimoniales, mantenimiento, limpieza, policiales y de vigilancia,…) por parte de las administraciones local y autonómica permita mantener el adecuado nivel de conservación del barrio más emblemático de Granada».
El Centro de Estudios Andaluces edita el volumen Andalucía y la repatriación de los soldados en la guerra del 98, una obra que cubre el vacío historiográfico sobre los verdaderos protagonistas de
Mucho ha sido lo que se ha escrito y publicado sobre el desastre de Cuba, el regeneracionismo y el espíritu del 98, sobre todo a raíz de la celebración del centenario de este episodio celebrado en 1998. Sin embargo, poco, o muy poco, es lo que se conocía hasta ahora acerca del duro destino de los soldados repatriados a España. Un hueco historiográfico que ha sido cubierto por el Centro de Estudios Andaluces con la publicación del volumen Andalucía y la repatriación de los soldados de la guerra del 98, coordinado por el investigador cordobés Patricio Hidalgo Nuchera, profesor de Historia de América en
Entre 1895 y 1898, España realizó uno de los mayores esfuerzos bélicos de cuantos había afrontado hasta el momento una potencia colonial: para defender sus últimas posesiones de ultramar envió a Cuba -y a Filipinas- alrededor de 220.000 soldados. Más de la mitad murió, aunque sólo un pequeño porcentaje de los fallecidos -unos 10.000- cayó frente al enemigo o a consecuencia de las heridas. La mayoría -en torno a 100.000- perdió la vida a causa de enfermedades como la fiebre amarilla, el paludismo, la disentería y la tuberculosis. Muchos murieron durante el viaje de repatriación, realizado en condiciones lamentables, o poco después de pisar tierra española. Toda una catástrofe demográfica y social, si se tiene en cuenta que la media de edad de los soldados que marcharon a ultramar para cumplir allí el servicio militar obligatorio era de 21 años y que todos ellos eran de extracción humilde.
Y es que en
De la euforia a la tristeza
Los soldados que regresaron a casa tras la pérdida de Cuba y Filipinas frente a EE.UU. formaban parte de un ejército de derrotados: estaban enfermos, agotados y eran muy pobres, ya que ni siquiera se le había pagado su soldada. La conmoción que sufrió la población al verlos regresar fue enorme: se pasó bruscamente de la exaltación patriótica y las fanfarrias y fastos celebrados durante las despedidas de los quintos rumbo a Cuba, a una enorme tristeza al ver las condiciones miserables en que retornaban.
La población civil andaluza fue muy sensible a esta dramática situación. Así lo demuestran los cinco ensayos reunidos en este volumen que refieren el modo de actuar de otros tantos municipios andaluces: Córdoba, Granada, Cádiz, el Puerto de Santa María y Baeza. La movilización de su población y las denuncias realizadas por la prensa local obligaron al Gobierno a poner en marcha una serie de medidas mínimas para atenuar su sufrimiento, y a los ayuntamientos a ejecutar medidas complementarias para mitigar su dolor. El estudio de fuentes hemerográficas y de las actas municipales ha permitido a los autores de esta obra –Carmen Borrego Pla, de
Córdoba o el impulso de
La ciudad de Córdoba protagonizó hasta tres suscripciones ciudadanas para reunir fondos y sufragar así los gastos de la guerra, primero, y de la repatriación, después. La opinión pública cordobesa –articulada en la prensa local- comenzó pronto a elevar su voz ante el triste espectáculo de los soldados enfermos que llegaban a las estaciones de tren de la provincia.
La solidaridad de multiplicó, pero fue la recién creada Cruz Roja de Córdoba la que se puso al frente de la asistencia del ejército repatriado, repartiendo alimentos, pagando los transportes de vuelta a casa, organizando un albergue para los enfermos en la propia estación cordobesa y nutriendo su botiquín de medicinas.
Mención aparte merece el seguimiento que realizó la prensa local cordobesa de la “última humillación” sufrida por los soldados, en palabras del profesor Patricio Hidalgo Nuchera. A su regreso, los soldados se vieron obligados a mendigar durante meses, ya que el Estado no había liquidado sus haberes pendientes. Finalmente, el Gobierno ofreció dos alternativas de pago a los excombatientes de Cuba: aceptar cinco pesetas por mes de servicio hasta un máximo de 32 meses, o esperar a la liquidación definitiva. Es decir, aceptar una limosna rápida o esperar sine die a que les pagasen. La solución para el pago de los soldados de Filipinas fue todavía más injusta: se les pagó en pesos filipinos, o lo que es lo mismo, en una moneda devaluada y distinta a la de su país. Las protestas de los afectados, de las que dio buena cuenta la prensa local de Córdoba, forzaron al Gobierno a dar marcha atrás en esta medida, autorizando el canje de pesos filipinos por plata española.
Cádiz, puerto de entrada de millares de enfermos
Cuando llegaron noticias de la confrontación con EEUU, la primera reacción de la población gaditana y de las villas marítimas de
Como detallan en este volumen los profesores Carmen Borrego Pla y José Luis Millán Chivite, Cádiz fue uno de los puertos principales al que arribaron los barcos cargados de soldados repatriados y, por tanto, uno de los primeros lugares de España en conocer de primera mano la magnitud humana del desastre. Ante la lentitud de la burocracia, los indignados habitantes de Cádiz y de otros municipios de la bahía como el Puerto de Santa María comenzaron su peculiar respuesta a la catástrofe: recaudaron dinero y reunieron víveres y medicinas. Día tras día, las autoridades gaditanas recogieron los testimonios y registraron la llegada de estos soldados en un cuaderno que hoy se conserva en la biblioteca del Casino Gaditano. Esta fuente refleja la información recabada en los hospitales-sanatorio de urgencia (como el Cuartel de San Fernando) que se habilitaron para atender a los miles de soldados que arribaron al puerto entre noviembre de 1898 y abril de 1900: el tratamiento médico que se les dio, las últimas prestaciones que otorgadas en caso de fallecimiento y el equipamiento básico mínimo que se les entregaba para regresar a sus casas.
La quiebra colonial, agravada por la carestía de la vida y la subida de impuestos, para hacer frente a los costes de la guerra y la derrota, golpeó con fuerza a Cádiz. La paralización del puerto, el desempleo obrero, las quiebras de particulares y del consistorio condujeron al ocaso a la ciudad. Aunque algunos, como los empresarios viticultores y azucareros del Puerto de Santa María consiguieron salir de la crisis reinventándose a sí mismos y potenciando la innovación agroindustrial.
Granada merece el aplauso
El ayuntamiento granadino actuó cuanto pudo en auxilio de los soldados repatriados del 98. Tal y como señala el profesor de
Baeza: “no eran cien soldados sino cien cadáveres”
“Lo que nosotros vimos no fueron cien soldados, sino cien cadáveres en el más lastimoso estado”. Con estas palabras retrataba El Diario Católico la llegada a Jaén de un centenar de soldados repatriados de Cuba el 29 de septiembre de 1898. Ante este desolador panorama, la localidad de Baeza reaccionó con prontitud. “Para el Ayuntamiento de Baeza la cuestión de los repatriados fue primordial. Ni las instituciones ni la población baezana los abandonó a su suerte”, destaca en este libro el investigador Ignacio Montoro Fernández. Los baezanos protagonizaron protestas y recaudaron fondos para ayudar a los soldados. Asimismo, el consistorio se apresuró a acondicionar el Cuartel del Carmen para albergarlos, aunque al final el capitán general de Sevilla desestimó la posibilidad de albergar repatriados por “estar lejos de la vía férrea”.
El investigador ha seleccionado cinco bibliotecas municipales y cinco provinciales. El estudio dará a conocer los deseos de los usuarios respecto a la lectura en los distintos soportes que hoy se realiza, papel y digital.
La Biblioteca Municipal de Arroyo de la Miel ha sido seleccionada, junto a cinco bibliotecas municipales y cinco provinciales, para llevar a cabo un proyecto de investigación sobre la lectura en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, convocados por la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales y gestionadas a través del Pacto Andaluz por el Libro de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El proyecto, “Estudio de las expectativas y deseos sobre la lectura en papel y otros soportes digitales en los usuarios de las bibliotecas públicas andaluzas”, pretende realizar un estudio de prospectiva para conocer los deseos de los usuarios de las bibliotecas públicas andaluzas respecto a la lectura en los distintos soportes que hoy se realiza, papel y digital.
Javier López Gijón, de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, principal investigador, ha seleccionado diez bibliotecas andaluzas en las que se hará un estudio de usuarios a través de encuestas. Las bibliotecas son cinco provinciales (Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla) y cinco municipales, de grandes núcleos de población (Benalmádena, Dos Hermanas, Algeciras, San Fernando y El Ejido).
“Para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Benalmádena, el hecho de que una de nuestras bibliotecas forme parte de un proyecto de investigación a nivel andaluz es un motivo de orgullo”, manifestó el concejal, José Nieto. “En primer lugar, felicito tanto a la directora del centro como a los técnicos pues ellos son los verdaderos artífices de que nuestro centro esté tan bien considerado, gracias al trabajo que realizan día tras día”, añadió el edil.
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En los últimos años, la ciencia ha identificado varias mutaciones genéticas relacionadas con la obesidad. Estas pequeñas alteraciones escritas en el ADN inciden directamente en nuestras posibilidades de engordar, nos hacen más propensos al sobrepeso. Sin embargo, no tienen ‘la última palabra’ sobre nuestro organismo. Tal como acaba de poner de manifiesto una investigación con participación española, el ejercicio puede ‘desactivar’ su poder.
Este trabajo, que se publica en las páginas de la revista ‘Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine’, evaluó a 752 adolescentes de 10 países europeos que portaban una alteración en el gen FTO, uno de los relacionados con la obesidad. Concretamente, estos jóvenes presentaban una variante conocida como rs9939609, que se ha asociado con un aumento significativo del peso y la grasa corporal en diferentes poblaciones.
Además de medir su talla, peso y circunferencia abdominal, entre otras variables, los autores de esta investigación analizaron la cantidad de ejercicio que los participantes realizaban al día a través de un acelerómetro, un aparato capaz de registrar la cantidad e intensidad de los movimientos.
«Las recomendaciones generales de actividad física para los niños y adolescentes dicen que éstos deberían hacer al menos 60 minutos de actividad física todos los días de la semana […] Queríamos saber si seguir las recomendaciones podía atenuar el efecto de la mutación genética», comentan los investigadores en su trabajo.
Los resultados de su análisis confirmaron esta hipótesis. Según sus datos, en aquellos adolescentes que realizaban más de una hora diaria de ejercicio –de moderado a intenso-, «la presencia del genotipo de riesgo no se asociaba con un mayor índice de masa corporal, porcentaje de grasa o circunferencia abdominal». Por el contrario, para los jóvenes más sedentarios, la existencia de la alteración genética sí resultaba determinante.
En sus conclusiones, los investigadores subrayan que sus hallazgos tienen implicaciones fundamentales para la salud pública ya que indican que «cumplir con las recomendaciones de actividad física puede contrarrestar una predisposición genética al sobrepeso y la obesidad en adolescentes».
«Existe la creencia popular de que no se puede hacer nada contra lo que predetermina la genética. Nuestros datos demuestran que esto no es así y que modificando el estilo de vida se puede atenuar e incluso hacer desaparecer los efectos negativos de un gen«, comenta Jonatan Ruiz, investigador de la Universidad de Granada y principal firmante del trabajo, que ha diseñado también como miembro de la Unidad de Nutrición Preventiva del Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia), donde disfruta de una beca post-doctoral.
«Estos resultados transmiten un mensaje de optimismo. Nos muestran que, aunque estemos predestinados al sobrepeso, podemos combatirlo con medidas sencillas como la actividad física», apunta Luis Moreno, profesor de la facultad de ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, quien destaca la sólida metodología empleada en la elaboración del trabajo.
Tanto Moreno como Ruiz coinciden en señalar que «para un joven es muy fácil cumplir con las recomendaciones. Basta con jugar al fútbol, al baloncesto o realizar determinadas actividades extraescolares». Sin embargo, Ruiz lamenta que «gran parte de los adolescentes analizados en nuestra investigación no practicaban suficiente ejercicio», añade.
Según explica, el siguiente paso en la investigación será realizar estudios de intervención para comprobar si llevar a cabo un programa de ejercicio en niños con la citada mutación genética tiene efectos beneficiosos sobre el riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad.
Además, según explica Moreno, también tratarán de averiguar qué otros factores podrían, de forma combinada, atenuar aún más la predisposición al sobrepeso marcada en los genes.
Un estudio universitario propone un sistema que garantizaría la estabilidad de los gobiernos y una mayor proporcionalidad
«Aquí lo tenéis». Cayo Lara sacó una copia del informe de su carpeta con escepticismo, incrédulo aunque algo esperanzado. Se la entregó a José Blanco y Leire Pajín. La escena no es vieja. Es del 22 de abril, y ocurrió en Ferraz la sede federal de los socialistas, en el primer tête à tête de las ejecutivas de IU y PSOE desde 2008, cuando Lara se alzó con el liderazgo de la federación. Aquel informe albergaba el sueño eterno de IU: una propuesta de cambio de la ley electoral de 1985.
El texto, de 2009, lo firma el Grupo de Investigación en Métodos Electorales (GIME) de la Universidad de Granada, que dirige el catedrático y matemático Victoriano Ramírez. En la cubierta del documento, de 33 páginas, figura escrito, en letras grandes, el prospecto: Un sistema electoral ecuánime para el Congreso de los Diputados. Conforme a las recomendaciones del Consejo de Estado. No requiere cambiar la Constitución.
A IU-ICV le podría costar cada escaño seis veces menos que ahora con un nuevo modelo
Toda una declaración de intenciones, para «vencer resistencias y evitar excusas», como subraya Ramírez a Público. El PSOE, que ya conocía el texto, prometió estudiarlo de nuevo. «No da por cerrada» la revisión del sistema electoral, según interpretó IU. Los socialistas ligaron toda reforma al «consenso» con el PP.
La propuesta del GIME conjuga «una mayor proporcionalidad sin sacrificar la estabilidad». Parte de los «graves desequilibrios» que existen entre los votos conseguidos y los escaños asignados a cada partido. Dos ejemplos: en las generales de 2008, IU-ICV obtuvo 969.946 papeletas y dos escaños. Es decir, cada diputado le costó 484.973 votos. A UPyD el acta de Rosa Díez le valió 306.079 votos. En cambio, PSOE y PP lograron cada uno de sus parlamentarios por 66.801 y 66.740 sufragios. El precio para el PNV fue menor: 51.021 votos. El Consejo de Estado, en su informe de 2009, ya constató que la «desventaja sufrida por los partidos de ámbito nacional menos votados puede resultar en algunos casos excesiva». Y aconsejó buscar una solución.
El método biproporcional’
Socialistas y PP se niegan a cambiar el marco si no cuaja un «amplio consenso»
Ramírez y su equipo diseñaron la arquitectura de un nuevo marco electoral, apoyado en el llamado sistema biproporcional, y lo hicieron encajar en los límites de la Constitución.
Para empezar, se rebajan de dos a uno el número de diputados fijos por provincia. En total, habrá 50 parlamentarios inamovibles, más uno por Ceuta y otro por Melilla. Los 298 restantes hasta completar un Congreso de 350 escaños se adjudican según los habitantes por circunscripción.
Llegan las elecciones y arranca el escrutinio. Con la ley vigente, se asignan las actas por partidos en cada provincia según la fórmula D’Hondt. El reparto se hace una sola vez.
Con el método del GIME, se otorgan los escaños en tres fases, usando en las tres el método D’Hondt. En la primera, se asignan 300 actas según los votos obtenidos en cada circunscripción.
En un segundo estadio, se distribuyen 320 diputados (los 300 iniciales más otros 20) entre los votos recabados por cada formación en el conjunto del país. Así, partidos como IU o UPyD, que tienen sus votos muy dispersos por toda España, y no concentrados en una provincia como sí les ocurre a los nacionalistas ganarían representación. En la tercera fase, se adjudican 350 escaños (los 320 asignados y los 30 últimos). ¿Cómo? Se elevan al cuadrado los votos totales de cada fuerza. De este modo, se prima a los partidos mayoritarios y se asegura la gobernabilidad, evitando un Congreso fragmentado.
¿Y por qué biproporcional? Se debe a que falta una segunda tanda de reparto, también proporcional. Una vez se sabe cuántos diputados tiene cada partido, resta adscribirlos a las provincias. Si el PSOE, por ejemplo, logra 171 actas, hay que ver cuántas salen por Madrid, Soria o Murcia. Lo que se hace es dividir los 171 escaños entre las circunscripciones, utilizando para ello otra fórmula matemática, la de Sainte-Laguë, más justa.
Si se lleva el mecanismo a los comicios de 2008, el PSOE habría tenido 171 diputados y el PP, 141. IU-ICV obtendría 12 escaños. Cada uno le costaría 80.829 votos, seis veces menos que ahora. Así, se quedaría muy cerca del valor medio, ya que sentar a un diputado en las elecciones de 2008 requirió unos 70.500 votos.
Suiza, el país pionero
El sistema biproporcional no es sólo teoría. Creado hace 21 años, se aplica ya en los cantones suizos de Zúrich, Aargau y Schaffhausen. En España, lo ha diseccionado el GIME de Granada, formado en su mayoría por matemáticos electorales. El grupo ha hecho pruebas con un Congreso de 400 diputados, ha modulado las variables y trasplantado el sistema a todas las elecciones desde 1977. Las victorias de UCD, PSOE y PP no cambiarían. Sólo en 1996 se habría achicado la distancia entre las dos grandes fuerzas y los socialistas habrían podido arrebatar la Moncloa a José María Aznar. Con socios, claro. Porque lo que sí logra este método es ampliar el abanico de alianzas. «Los nacionalistas pierden poder, no representación. Y se recorta la prima del segundo partido en votos. Más justicia cuesta», aclara Ramírez.
El profesor trasladó en otoño el informe a PSOE, PP, IU y UPyD. Ahora el documento vuelve a estar en Ferraz. «Le daremos una vuelta. También el sistema actual nos perjudica, pero si no hay consenso con el PP, nada», explica una dirigente socialista. De entrada, el PSOE tendría que estar dispuesto a reabrir el melón de la reforma de la ley en la subcomisión del Congreso. «Ya cerramos este tema en marzo avisa un diputado del PP. No tendría sentido volver a ello. Reformar la ley precisa amplios consensos, y la propuesta de Ramírez tiene defectos e introduciría inestabilidad».
Para David Ortega, miembro de la dirección de UPyD, «los dos grandes partidos están jugando muy sucio con la democracia para seguir sometidos al chantaje de CiU y PNV y mantener el statu quo». En IU, su secretario de Organización, Miguel Reneses, sostiene que es una cuestión de «calidad democrática». Además, con una ley más proporcional, IU «pesaría más y haría más difícil que el PP llegara al poder». «Los dos grandes están cómodos con el sistema aduce Ramírez. No lo cambiarán si no hay presión mediática o una crisis electoral». Y eso, hoy, es una posibilidad remota.
El intercambio de información entre las autoridades y las entidades bancarias es fundamental para detectar las operaciones de financiación del terrorismo de Al Qaeda. Porque si la información financiera por si sola puede ser insuficiente para detectar cómo se financian la banda terrorista y sus grupos afines, cuando se combina con otra información en poder de los servicios de inteligencia sí puede ayudar para que los bancos vean un indicador de una posible actividad sospechosa.
Así se desprende de un trabajo de investigación elaborado por Juan Miguel del Cid Gómez, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.
Su trabajo apunta que Al Qaeda ha utilizado desde su fundación distintos mecanismos para obtener fondos de facilitadores financieros, organizaciones caritativas y empresas. En la actualidad las células, ramas o grupos asociados a Al Qaeda están obligados a actuar de modo autónomo y autofinanciar en gran medida sus actividades a través del tráfico de drogas y otros delitos comunes.
Todos estos grupos “han tenido que recurrir al hawala (‘transferir’, en árabe) y a los correos de efectivo para mover el dinero al margen del sistema financiero formal”. Pero además, existen otros mecanismos que pueden ser utilizados por los grupos terroristas para desplazar sus fondos sin ser detectados. “Tal es el caso del comercio internacional que por su volumen y complejidad en los medios de pago es especialmente vulnerable –destaca el profesor Del Cid Gómez-. La aparición de nuevos métodos de pagos propiciados por el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones también supone un riesgo para las autoridades ya que pueden ser utilizados por los terroristas para desplazar el dinero con total anonimato”.
Financiación no interrumpida
Las medidas establecidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, basadas en la congelación de activos no han conseguido interrumpir la financiación de Al Qaeda, advierte el investigador. Por otro lado, la aplicación de la debida diligencia con el cliente tampoco ha mostrado gran eficacia en la detección de operaciones terroristas ya que los informes sobre transacciones sospechosas que generan las instituciones financieras en todo el mundo tienen escaso valor a la hora de congelar los fondos de la organización terrorista.
En su trabajo, el experto aporta numerosos datos relevantes sobre la financiación de banda, las necesidades financieras de Al Qaeda antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001 eran de unos 30 millones de dólares anuales, según un informe de la CIA. Algunas estimaciones apuntan cuál fue el coste económico de la organización de este atentado: entre 400 y 500 mil dólares.
Del Cid advierte que, sin embargo, los grupos terroristas necesitan sufragar tanto el coste directo asociado con la comisión de un atentado como los costes de estructura relativos al mantenimiento de la organización y propagación de su ideología.
Además de la compra de armas, vehículos, materiales explosivos y detonadores que vayan a ser utilizados en el ataque, los grupos terroristas tienen que atender otras necesidades como los gastos de subsistencia de los terroristas y de sus familiares; las comunicaciones entre sí y con la red matriz de la que reciben instrucciones; la formación de sus miembros; el coste de los viajes de los miembros para preparar un atentado; la propaganda de la causa a través de distintos medios de comunicación y las actividades caritativas, que constituyen un vehículo de legitimación social para las organizaciones que promueven sus objetivos a través del terrorismo.
Referencia: Juan Miguel del Cid Gómez. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Teléfono: 958 249413.
Correo electrónico: jmdelcid@ugr.es
Web: http://www.ugr.es/~jmdelcid
