El sector bancario español es, en estos días, un hervidero de acuerdos, desacuerdos, encuentros y desencuentros, de estrategias y planes contingentes ante la necesidad de su saneamiento y reestructuración. Resulta paradójico que, casi 20 meses después de que muchos países acometieran el saneamiento y la recapitalización de sus entidades financieras, en España se esté aún en una fase temprana de este proceso. Se ha argumentado que este retraso se debe a que la crisis llegó más tarde (lo cual no es óbice para actuar con celeridad) y que ha tenido menor impacto en el sector bancario (lo que está por ver). Tal vez en agosto de 2007, por ejemplo, y decididamente en octubre de 2008, debieron de saltar algunas alarmas en materia de solvencia al hacer recapitulación de la enorme magnitud del crédito concedido a promotores, constructores y suelo en los años precedentes. Lo que sí está claro es que la economía política de la reestructuración bancaria en España es compleja y, aunque la necesidad de acometerla es urgente, quedan aún muchos interrogantes o retos a los que bancos, cajas y cooperativas deben hacer frente, entre los cuales pueden destacarse, sin afán de exclusividad ni orden de prioridad, 10:
No es descartable que la morosidad aumente más en los bancos que en las cajas
Resulta paradójico que en España se esté aún en una fase temprana del saneamiento del sector
La guerra de depósitos entre las entidades puede tener consecuencias desestabilizadoras
Las cajas de ahorro precisan cambios, sobre todo en la obtención de recursos propios
1La elevada concentración del riesgo en la financiación al mercado inmobiliario (construcción, promoción inmobiliaria y compra de vivienda), que a finales de 2009 alcanzó los 1,11 billones de euros (el 105% del PIB). La financiación a este sector ha pasado de representar el 38,8% del total del crédito al sector privado a mediados de la década de los noventa al 60,3% en 2009. Como botón de muestra, la tasa de crecimiento de los créditos a promotores llegó a un máximo del 50,6% en 2006. La elevada concentración del crédito en el ladrillo ha obligado a muchas entidades de depósito a refinanciar a promotores y constructores en una suerte de apuesta por una reactivación del mercado inmobiliario en España (similar al gambling for resurrection en la terminología anglosajona). Esto ha conllevado el riesgo adicional de la adecuada gestión de los activos adjudicados y adquiridos en dación de pago, cuyo valor es incierto, en particular el del suelo.
2Un segundo interrogante, ligado al primero, es el inquietante aumento de la morosidad y el deterioro de activos, que alcanzó el 5,39% el pasado mes de febrero y que en crédito a construcción y promoción inmobiliaria alcanza casi el 10%. Esto obliga a las entidades a dotar cuantiosas provisiones, de tal forma que en 2009 se ha tenido que destinar casi el 70% del margen de explotación a pérdidas por deterioro de activos. Además, y con objeto de aliviar los efectos negativos sobre la cuenta de resultados, tanto el Gobierno como el Banco de España han optado por aprobar ciertos cambios. Es el caso de la relajación de la normativa de provisiones adoptada por el Banco de España en julio de 2009 (por la que, para determinados inmuebles, sólo hay que provisionar la parte del préstamo que supere el 70% del valor del inmueble, y no el cien por cien del préstamo, como ocurría antes) y el mantenimiento hasta el 31 de diciembre de 2011 de la regla transitoria de valoración del suelo urbanizable, de acuerdo con las determinaciones previstas en el texto refundido de la Ley del Suelo (aprobada en el Consejo de Ministros del 9 de abril de 2010). Con este último cambio se prorroga de tres a seis años el carácter de terreno urbanizable, aunque no se haya edificado. Esta prórroga es un alivio para el sector, pero puede retrasar el ajuste y aumentar las dudas foráneas sobre la transparencia y la solvencia del sector bancario español. Asimismo, en los próximos meses cabe esperar que la morosidad siga aumentado, y no es descartable que comience a hacerlo de forma más acelerada en los bancos que en las cajas de ahorro. Hasta ahora, la morosidad se ha derivado fundamentalmente del crédito inmobiliario, pero en los próximos meses tomarán el relevo los créditos personales y comerciales, en los que existen escasas o nulas garantías colaterales y a los que los bancos han destinado una mayor proporción de crédito que las cajas.
3 El modelo de negocio bancario está abocado al cambio. El ladrillo no puede ni debe suponer el impulso necesario que la financiación bancaria precisará en los próximos años. La debilidad macroeconómica y la situación de los balances y las cuentas de resultados de los intermediarios financieros no lo van a poner fácil. El sector debe caminar hacia un nuevo modelo, con mayor know-how en financiación de actividades con capacidad de diversificación productiva y tecnológica. ¿Hasta qué punto estamos preparados para impulsar este tipo de financiación en sectores industriales y de servicios con importantes componentes de innovación? Son riesgos menos conocidos por nuestras entidades financieras y es preciso dedicarles recursos, algo complicado en la actual coyuntura, que hace más difícil la transición hacia ese nuevo modelo de negocio bancario.
4 El acceso a la financiación mayorista es un cuarto reto, complicado teniendo en cuenta el estancamiento de los mercados interbancarios, así como los de bonos. En esta situación, las entidades están realizando un esfuerzo por captar depósitos, si bien la guerra del pasivo actual, aun siendo una tendencia competitiva casi natural, puede tener consecuencias desestabilizadoras, con una política de precios muy agresiva por parte de algunas entidades. A ello hay que añadir, además, la progresiva retirada de las medidas de apoyo a la liquidez del Banco Central Europeo. Finalmente, la gestión de la liquidez va a seguir siendo un problema si se tienen en cuenta los importantes vencimientos de deuda previstos para los próximos meses, junto a la finalización en junio de este año del aval del Estado a las emisiones de deuda bancaria.
5 Las fuertes presiones sobre los márgenes de las entidades bancarias son motivo de preocupación, y no parece que vayan a ceder. Las previsiones para 2010 no son nada halagüeñas por varios motivos: las reducidas e incluso negativas tasas de crecimiento de la actividad en un contexto de tasa de crecimiento negativa del PIB (del -0,4%, según el Banco de España), la desaparición del efecto positivo sobre los márgenes de la caída de tipos que tuvo lugar en 2009, la intensa competencia en la captación de depósitos y la necesidad de seguir dotando provisiones para hacer frente al esperado aumento de la morosidad.
6 El rating sigue siendo crucial y la evolución reciente no ha sido muy favorable. La crisis de la deuda en Europa ha concedido un mayor papel, si cabe, a las agencias de calificación, que condicionan de forma significativa las decisiones de inversión en los mercados financieros de todo el mundo. Teniendo en cuenta la situación de España, resulta un ejercicio ilustrativo recordar algunos de los criterios que las agencias de rating consideran para adoptar sus calificaciones, como son la resistencia económica del país o la solidez financiera del Estado. La determinación de la calidad de la deuda soberana es fundamental, además, para el rating de cualquier institución financiera. De ahí que el Gobierno se apresure a despejar las dudas que puedan surgir sobre la calidad de la deuda soberana española, más aún cuando el acceso a los fondos del FROB por parte de las entidades de depósito requiere del mantenimiento de un rating elevado. Y sobre todo, tras la rebaja de esta semana por parte de S&P del rating de la deuda española, influenciada por la bajada de la calificación de las deudas griega y portuguesa.
7 Hay un exceso de capacidad instalada en el sector y, aunque el ajuste ya ha comenzado (desde septiembre de 2008 se han cerrado 1.700 oficinas), queda mucho por hacer. Durante muchos años, la extensa red de oficinas bancarias en España ha procurado un elevado nivel de servicio y cercanía al cliente, pero la dimensión de esta red es ya desproporcionada para la demanda y la actividad vigentes, máxime teniendo en cuenta que la oficina es el principal factor generador de costes.
8 El crédito no crece, ni parece que vaya a hacerlo en breve. La vía para lograrlo en cuantía suficiente es a través de las entidades financieras, por lo que cualquier financiación atípica (por ejemplo, del ICO) solamente puede ser un complemento. En un contexto como el actual, el aumento de la financiación crediticia en España no puede conducirse ni impulsarse de forma artificial, algo que llevaría a una mayor morosidad. Por el lado de la oferta, tan sólo la reestructuración y el saneamiento del sector pueden propiciar las condiciones adecuadas para la expansión del crédito. Por el lado de la demanda, a las débiles expectativas de crecimiento se une un exceso de capital con reducida intensidad de uso que disminuirá la inversión en los próximos años y, por tanto, el potencial de demanda de créditos, lo que redundará en la mencionada reducción de la red de oficinas. En cualquier caso, la economía española -muy dependiente de la financiación bancaria- difícilmente puede acometer una recuperación sin crédito (creditless recovery).
9 Se está debatiendo una regulación de solvencia que probablemente será muy exigente en el nuevo marco de Basilea III y que se pretende poner en marcha a finales de 2012. En todo caso, las iniciativas del Banco Internacional de Pagos (BIS) van destinadas a incrementar la cantidad y calidad (menos instrumentos híbridos y más core capital) de capital, ampliar los riesgos cubiertos, penalizar el endeudamiento (introduciendo una ratio de apalancamiento), reducir la prociclicidad y promover la creación de buffers de capital. Estos cambios afectan potencialmente más a las cajas de ahorro, por su propia naturaleza de entidades fundacionales sin capital por acciones. Gana terreno, por tanto, el papel de las cuotas participativas, ya que, en el marco actual, parece la única fuente con la que las cajas pueden aumentar su core capital.
10 Por todo lo anterior, y aunque se ha mencionado colateralmente en algunos de los interrogantes anteriores, aparece con identidad propia la necesidad de acelerar el proceso de reestructuración y recapitalización y de acompañarlo, como parece que se está debatiendo, de otras reformas. El mismo texto que regula el FROB (RDL 9/2009) considera la viabilidad como el principal logro demostrable y exigible a las instituciones financieras, en las que la diligencia de los administradores es fundamental. Es necesario, más aún cuando en ello tercie dinero del erario público, establecer responsabilidades, aplicar disciplina a los gestores que no hayan sido diligentes y establecer mecanismos de acción temprana para que este tipo de problemas de gestión y de supervisión no vuelvan a producirse. La evidencia y la urgencia de reestructuración parecen abocar a las instituciones con mayores problemas de solvencia a la vía de las fusiones puras. En medio de este conjunto de proyectos y rumores de integración -bien mediante fusiones puras o mediante Sistemas Institucionales de Protección (SIP)- se plantea, además, la reforma de la regulación relativa a las cajas de ahorro, que precisan cambios, sobre todo en materia de obtención de recursos propios. La alternativa mencionada de las cuotas participativas es la vía natural de esta mejora, incluso con derechos políticos, lo que les conferiría aún mayor atractivo para su salida al mercado. Puede ser interesante observar la experiencia de otros países, como Noruega, en los que se dio la opción de incorporar los derechos políticos, lo que ha dotado de flexibilidad a un número importante de cajas sin desnaturalizarlas. Cualquier otra reforma destinada a reforzar la profesionalización, a reducir las interferencias políticas y a evitar los actuales conflictos derivados de la regulación compartida entre Estado y comunidades autónomas sería una buena noticia que ninguna caja bien gestionada rehuiría.
A estos 10 interrogantes y retos -que pueden leerse con mayor extensión en el número 215 de Cuadernos de información económica de Funcas- podrían añadirse otros, como la oportunidad del ciclo político y sus efectos en la velocidad del proceso de reestructuración. La economía política de las reestructuraciones está condicionada por intereses creados y presiones de diversa índole que en determinadas fases del ciclo político estrechan especialmente el cerco sobre la acción pública. Es preciso, además, contar con más y mejor información y herramientas de diagnóstico. No se puede abogar únicamente por valores de mercado, pero la excesiva dependencia de los valores contables puede generar desconfianza en los mercados sobre la exposición al riesgo y la solvencia de las entidades españolas. Si la transparencia informativa hubiera sido mayor, es posible que los analistas (incluyendo los académicos) hubieran alertado mucho antes de los problemas del sector. Es posible poner a disposición más datos sobre composición de balances y riesgos incurridos sin que ello vulnere políticas de confidencialidad ni suponga alteración competitiva alguna. Esta disponibilidad tan limitada contrasta con la existente en otros países, como es el caso de EE UU con los call reports que exige el FDIC (el equivalente al Fondo de Garantía de Depósitos en España) y que se ponen a libre disposición pública en Internet. Entre la precaución y la transparencia, seguro que existe un camino intermedio.
La precisión sobre la valoración es importante también en el reconocimiento de la pérdida esperada en el sector. Mientras que este reconocimiento se hizo expreso en buena medida en otoño del 2008 por la mayor parte de los países que inyectaron capital a sus sistemas financieros, en España existen aún todo tipo de cábalas y estimaciones sobre la principal fuente de nuestros problemas, la exposición al sector inmobiliario y sus consecuencias. Si las cantidades necesarias para resolver el problema de solvencia fueran aquellas que ya se han solicitado de forma más o menos explícita al FROB o las que parece sugerir el FMI en su último informe, el problema no parecería ser muy importante. Pero, frente a esas estimaciones, existe un amplio rango de variación, a juzgar por las cifras aportadas en otros informes. Por tanto, es importante despejar incertidumbres y conocer si la pérdida esperada del sector, bajo determinadas hipótesis, se acerca, iguala o supera al potencial previsto en el FROB de 99.000 millones de euros.
La estrategia actual de proponer reformas con un coste fiscal cero o sin un reconocimiento y una resolución explícita de la pérdida por el deterioro de activos parece, cada vez más, insuficiente. El propio marco del FROB podría arbitrar estas soluciones, pero debería contar con más flexibilidad. Este cambio hipotético en el enfoque de las ayudas a la solvencia y el saneamiento no tendría por qué ser más gravoso que la más que probable prórroga de la aplicación del FROB. Sin embargo, algunos países occidentales fueron más allá y asumieron la necesidad de «soluciones menos convencionales» -criticadas por algunas voces autorizadas, como el premio Nobel Joseph Stiglitz-, pero sólo el tiempo dirá si los posibles costes sobre el contribuyente en el corto plazo no hubieran sido mayores sin estas acciones. Lo que sí es cierto es que con las iniciativas que un número importante de países tomaron en otoño de 2008 se ha conseguido eliminar gran parte de la incertidumbre que se cernía sobre sus sectores bancarios. En España, los próximos meses dirán, necesariamente, mucho al respecto. –
Santiago Carbó Valverde es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada. Joaquín Maudos Villarroya es investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y profesor titular de la Universidad de Valencia.
Descargar
