La consecución de un gran pacto nacional entre las fuerzas políticas para conseguir una reducción del gasto público a través de una reforma de la Administración del Estado es una de las medidas «urgentes» que deben llevarse a cabo para afrontar la crisis en 2010, cuando se prevé que el régimen de pensiones de la Seguridad Social entre en déficit.
Ésta es una de las conclusiones que se desprenden del Boletín de Coyuntura Económica de 2009 elaborado por Caja Rural de Granada y presentado hoy en rueda de prensa por el presidente de la entidad, Antonio León Serrano, que se ha mostrado convencido de que el pasado año será recordado como «uno de los más negros de la economía, pudiendo ser comparado únicamente con la gran depresión de 1929».
Para Serrano, el año 2009 ha estado marcado por un empobrecimiento generalizado del país, con un fuerte endeudamiento familiar, de las empresas y del sector público que supera el 270 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Así, y de acuerdo a este informe, la caída de la actividad económica del 3,6 por ciento registrada en 2009 «se agravará en 2010» si no se acometen las reformas estructurales necesarias.
Asimismo, el presidente de la entidad lamentó que el volumen de la deuda pública llegara a representar el 53,2 por ciento del PIB en 2009 a la vez que la Administración Pública siguió ganando peso, con un gasto de personal de 231 millones de euros, abogando por acometer una reforma «urgente» de la misma como «ya reclaman muchas voces».
PARO Y DÉFICIT PÚBLICO
En este mismo sentido, el coordinador de este boletín de coyuntura económica y catedrático de la Universidad de Granada, Miguel González, quiso recordar que el paro, principal efecto de la crisis, «ya no es un problema sino un drama real» que está siendo soportado con un incremento del déficit público.
En este contexto, destacó la necesidad de que los poderes públicos se planteen «hasta cuándo» las arcas del Estado podrán «soportar» un incremento del paro acompañado por un nuevo descenso de la actividad y abogó por un gran pacto político de reducción del gasto público que, para ser eficiente, deberá ser coordinador por el Gobierno central.
El objetivo sería reducir el déficit público en tres o cuatro puntos en los próximos cuatro años, de modo que se dé seguridad a los inversores externos y se evite, entre otros asuntos, que el sistema de pensiones públicas pase de un superávit de tres puntos a 2007 a una situación de déficit en el presente 2010.
«ESPAÑA NO ES GRECIA»
Preguntado por la posibilidad de que España pueda sufrir una situación económica como la de Grecia, el catedrático de la UGR quiso aclarar que ambos países parten de una situación distinta, en tanto que la deuda pública de los griegos es superior a la española (53 por ciento del PIB).
A su juicio, lo importante para evitar este tipo de situaciones es solucionar todas las incógnitas que puedan tener los potenciales inversores extranjeros y nacionales sobre la evolución económica del país y por ello volvió a considerar «oportuno» que se alcance un gran pacto nacional que despeje estas y otra hipótesis a corto, medio y largo plazo.
