Después de varias décadas criticando la insuficiente formación pedagógica y didáctica de los profesores de secundaria, por fin se ha sustituido el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), cursillo de apenas unos meses, por un máster de un año, para gozo de los que han luchado por él. Sin embargo, la puesta en marcha está teniendo serias dificultades.

Profesores y alumnos se quejan de que el máster ha empezado tarde (en noviembre), de falta de apoyo de muchas universidades, de descoordinación o de peleas internas entre facultades que dificultan su puesta en marcha, relatan los profesores Amparo Vilches, desde la Universidad de Valencia, José Fernández, desde la de Granada, o Vicente Mellado, de la de Extremadura. Están convencidos de la necesidad de este tipo de cursos y confían en que todas estas contrariedades mejoren en los próximos años, sobre todo la que representa probablemente el problema más grave de todos: las prácticas.

Cada comunidad autónoma desarrolla sus propias pautas para elegir los institutos y los profesores que tutelarán a partir de las próximas semanas el trabajo en las aulas de los alumnos del máster. Hay diferencias en el periodo de puesta en marcha, en el reconocimiento y en las materias. El Ministerio de Educación argumenta que ha marcado las directrices, pero que no puede controlar el desarrollo de cada región.

En primer lugar, los plazos. Hay comunidades que tienen el trabajo hecho desde hace meses, con la normativa regional aprobada y en marcha. Otras no. Es el caso de Extremadura, que acaba de publicar la orden, o de Madrid, que aún no ha aprobado cómo reconocerá el trabajo de los profesores, aunque ya ha dicho que prevé la concesión de créditos para concursos de traslado. Asturias o Valencia incluyen incentivos económicos para los tutores y los institutos. En Ceuta y Melilla (cuya regulación corresponde al Ministerio de Educación, que aún no la tiene cerrada) los centros de prácticas tendrán prioridad para futuras actividades de formación o proyectos de investigación y los profesores obtendrán un diploma universitario.

«Se ha perdido una ocasión histórica para hacer un máster del profesorado en condiciones», critica José Antonio Martínez, presidente de Fedadi (Federación de Asociaciones de Directores). Martínez exige al ministerio que «centralice y supervise el trabajo de las comunidades» para evitar diferencias importantes. «No es de recibo que un futuro profesor de Asturias se forme de manera diferente que uno de Andalucía, cuando al final pueden trabajar en cualquier comunidad». Para el presidente de Fedadi, las comunidades que no incluyen incentivos profesionales o económicos «atentan contra la dignidad del profesorado».

José María Salguero, profesor de prácticas de un instituto madrileño, se lamenta de que la puesta en marcha del máster quede en manos «del voluntarismo de los tutores». Pide que el tiempo que emplean en preparar a futuros colegas «sea reconocido dentro de nuestros horarios de trabajo». También en Madrid, el secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras, Paco García, reclama que se preste más atención a los perfiles profesionales «porque no es lo mismo formar a un profesor que imparta clases en secundaria obligatoria que a uno que desarrolle su carrera en FP».

En Andalucía, desde donde también denuncian «el caos» en la puesta en marcha del máster, ponen el acento en otro aspecto de la preparación. «Si hay que formar a un profesor de Matemáticas, no necesitamos docentes de esa materia como tutores, sino especialistas en pedagogía y orientación que les enseñen a enseñar», señala Patricio Pérez, de la Federación de Enseñanza de CC OO en Andalucía. Francisco Javier Perales, catedrático de la Universidad de Granada, añade que la puesta en marcha de las prácticas llega tarde. «Deberán comenzar en pocas semanas, pero aún no se han organizado, ni tampoco de qué manera los alumnos deberán realizar un trabajo fin de máster, elaborarlo y defenderlo ante un tribunal a partir de mediados de mayo».

El Ministerio de Educación, que ha diseñado las directrices que ahora cada comunidad interpreta a su manera, justifica que no puede regular retribuciones. «Las competencias llegan hasta donde llegan», justifica un portavoz del ministerio. En otoño, con el primer máster ya terminado, Educación analizará los resultados del curso en un congreso en Castilla-La Mancha.

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El Ministerio de Medio Ambiente ha bloqueado la emisión de un documental para TVE que encargó Cristina Narbona en 2006 sobre la destrucción del litoral y que fue financiado con 1.292.874 euros de dinero público. El Gobierno exige retirar dos minutos de vídeo en el que se superponen imágenes del Telediario sobre la corrupción urbanística como uno de los males del litoral. El responsable de la serie, el catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada, se niega a retirar ese fragmento: «Desgraciadamente, la corrupción es parte de nuestra historia. Esto es una censura como la de las fotos de la Diputación de Valencia».

La serie Las riberas del mar océano es de todo menos neutra, especialmente, el capítulo 12, dedicado a la legislación. Bajo imágenes aéreas realmente espectaculares un locutor narra: «La costa concentra una parte sustancial de los delitos contra el medio ambiente y el urbanismo, de viviendas ilegales y de sentencias de demolición. Tras ella se esconde la complicidad social con la corrupción urbanística, que se manifiesta por la connivencia de algunos funcionarios, cargos públicos, profesionales y empresas de suministro. Todos ellos han consentido las actividades ilícitas y las prácticas corruptas. ¿Por qué hay tantos desmanes, abusos y corrupciones?».

Más adelante añade: «Gran parte del litoral español está en manos privadas, urbanizado, alterado profundamente o destruido. En muchos casos no existen las servidumbres de paso, protección y acceso al mar». Sobre El Algarrobico (Almería), se pregunta si se insiste de nuevo «en el desarrollo económico a toda costa».

En el documental hablan juristas como Tomás de la Quadra, el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher -que define el deterioro ambiental como «un suicidio colectivo, algo brutalmente lamentable»- o Fernando Palao, el redactor de la Ley de Costas de 1988. Éste, que fue secretario de Estado en Fomento hasta hace un año, pide «una aplicación más estricta» de la norma y ha calificado en público de «pintoresca» la actuación del actual equipo de Costas con los chiringuitos.

La serie cita casos concretos de abusos como la urbanización en el Prat de Cabanes y plantea desmontar los poblados en primera línea en Chilches y Moncófar (todos en Castellón). El vídeo los sitúa dentro del dominio público y se pregunta si no sería más lógico trasladarlos en vez de regenerar las playas artificialmente.

«La serie no tenía absolutamente ninguna directriz política. No sólo eso, sino que me dieron libertad total para alcanzar unos objetivos que estaban bien definidos. Ni TVE ni yo somos una agencia de publicidad», explicó ayer por teléfono Losada, que lideró la serie junto al periodista Julio de Benito, ya fallecido. Losada añade que por respeto a De Benito no puede cambiar el documental que cerraron. La serie ha sido rodada durante más de dos años con personal de TVE.

El convenio entre el ministerio y la Universidad de Granada establece 10 objetivos del documental. El primero de ellos: «Transmitir que el litoral es de todos los ciudadanos y que todos tenemos el derecho y el deber de usarlo y protegerlo, de respetar y hacer respetar su ordenación, organización y control».

Los responsables del ministerio vieron la serie hace meses y plantearon seis objeciones técnicas. Según Losada, él las aceptó salvo la de retirar dos minutos en los que, con imágenes del Telediario, se suceden casos de corrupción: Telde, Andratx, Marbella… Losada justifica su resistencia: «Esas imágenes son fundamentales. Es parte de la historia de este país y no lo digo yo, sino los periódicos todos los días. Lamentablemente, es una parte de nuestra historia y si la ocultamos estamos condenados a repetirla».

Una portavoz del ministerio admitió ayer en un correo electrónico que, además de las objeciones técnicas, el departamento que dirige Elena Espinosa «solicitó que se eliminaran dos minutos de un capítulo de 45 en el que se afirmaba que el problema del litoral era la corrupción urbanística». Y justificó: «En opinión del ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la situación del litoral español responde a una mala planificación urbanística y a un exceso de edificabilidad, con independencia de que la corrupción sea, lamentablemente, una realidad en zonas de la costa».

Losada detalla cómo fue esa reunión, el pasado 24 de febrero en el ministerio: «Dijeron que el secretario general del Mar [Juan Carlos Martín Fragueiro] dio la orden de que con esas imágenes el capítulo 12 no se emitiría. La serie son 13 capítulos engarzados y como guionista no consiento que se cercene y no autorizo que se emita si no es la serie completa».

Medio Ambiente considera que «no ha vetado ni censurado ningún capítulo» de esta producción y argumenta que «una serie de carácter divulgativo y didáctico, avalada por el mismo, no puede contener ningún tipo de error o inexactitud ni dar pie a interpretaciones tendenciosas». «El ministerio y TVE», concluye, «están a la espera de que puedan realizarse estos cambios para que se pueda emitir una serie que considera de un gran interés».

Miguel Ángel Losada admite que la serie «muestra cosas flagrantes contra la Ley de Costas y contra la Constitución». «Las imágenes desde el aire son, muchas de ellas, muy dolorosas porque muestran un deterioro de una franja única e irrepetible convertida en una franja para cimentar edificios».

En el caso subyacen las diferencias entre la gestión del actual equipo y el de Narbona, mucho más beligerante en público contra los abusos urbanísticos en el litoral. Hay varios ejemplos del cambio, que fuentes del sector justifican por la crisis económica, la presión de países europeos contra las expropiaciones y por el miedo a perder votos. En diciembre de 2008, el ministerio envió al Congreso una reforma legal que suavizaba la Ley de Costas para permitir vender las casas construidas legalmente en la playa antes de 1988. La reforma sigue encallada en la Cámara. La Estrategia de Sostenibilidad del Litoral de la pasada legislatura, que contemplaba derribos masivos para recuperar el dominio público, sigue en un cajón. El subdelegado del Gobierno en Almería revocó la decisión del Consejo de Ministros de expropiar El Algarrobico, algo que Greenpeace ha llevado a los tribunales, ya que considera que un subdelegado no tiene competencias para corregir una decisión del Consejo de Ministros.
EL CAPÍTULO MÁS POLÉMICO

-A MEDIAS. La serie Las riberas del mar océano nace del convenio firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente, que aportaba 1.292.874 euros, y TVE el 12 de diciembre de 2006. Cada capítulo abre con los logotipos del ministerio y de TVE.

-LA CORRUPCIÓN. Incluye dos minutos de imágenes del Telediario sobre escándalos urbanísticos: Marbella, Andratx, Gondomar, Telde… El Gobierno exige eliminarlas; no considera que la corrupción sea la causa del desorden en el litoral.

– EXCESOS. El documental muestra imágenes aéreas de La Manga del Mar Menor y se pregunta por qué debe el Estado financiar la defensa frente a los temporales y señala casos como Marina D’Or o El Algarrobico.

– DERRIBOS. El equipo filmó derribos en el litoral en los dos años que duró el trabajo. La serie plantea que poblados situados en primera línea de costa -Chilches y Moncófar, en Castellón, por ejemplo- sean trasladados al interior.

-EL GUIONISTA. Miguel Ángel Losada, catedrático de Costas en Granada, ha sido el responsable del guión y aparece en el documental. Se niega a eliminar las referencias a la corrupción: «Desgraciadamente, es parte de nuestra historia».

-EQUIPO ANTERIOR. Los agradecimientos comienzan por la anterior cúpula del ministerio en Costas: la ministra Cristina Narbona; el secretario general, Antonio Serrano, y el director, José Fernández. No figura el actual equipo

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