«Lo siento, no tengo para pagar la pensión al niño»
Comienza a sentirse el ruido de un gran problema. Las palabras se repiten como eco. «No puedo pagar la pensión a mis hijos». El juzgado de familia número 5 de Málaga puede ser un termómetro de lo que sucede a nivel nacional [y en países como EEUU, Inglaterra o Italia]. El progresivo aumento de padres separados que piden-suplican que los acuerdos de divorcio, antaño inmodificables, cambien. El motivo: la crisis. ¿Qué se solicita? La reducción o renegociación de la pensión alimenticia [su nombre en jerga jurídica: modificación de las medidas adoptadas en sentencia].
Preside la sala un hombre de pelo entrecano, con una calvicie incipiente, sonrisa fácil. El juez José Luis Utrera, un auténtico especialista en el tema, describe la situación de su despacho: «Han aumentado un 30% estas solicitudes comparando el primer trimestre de 2008 y el de 2009». Lo piden ricos y pobres. En este nuevo fenómeno no hay distinción de clases. «Hay hombres que quieren que se le reduzca la pensión de 150 euros a 60», dice el juez. Hay otros que solicitan dejar de pagar los 15.000 euros -los ceros son correctos- y pagar 5.000. Unos tienen éxito. Otros no.
Carlos Manuel pasea por Valencia. Se detiene frente a un parque infantil. Hurga en sus bolsillos y no tiene dinero para comprar tabaco. Gana 1.500 euros al mes y tiene que pagar 1.000 en base a su acuerdo de divorcio. En otros tiempos, que ya le suenan tan lejanos que es como si no hubieran existido, tenía una próspera empresa. Ganaba 4.000 euros al mes. Viajaba, compraba ropa a medida, cazaba. Así su ex mujer consiguió un acuerdo justo para ambas partes.
El 25% de sus ingresos para sus hijos. «Yo lo firmé. No me parecía mal. Pero tienen que entender que ya no puedo». Su negocio fue de los primeros en quebrar. Se vio en la ruina. Hasta hace unas semanas en el paro, su nueva pareja era quien le mantenía. Lo poco que él recibía era para pagar los gastos de sus dos hijos.
«Pasaba vergüenza». Decidió luchar judicialmente aunque sabe que puede perder. Lleva invertidos 4.000 euros en el proceso. «No sé ni cómo voy a hacer la minuta». Le parecería justo pagar la mitad de su pensión actual. «Ahora mismo uno de mis hijos ya vive conmigo», cuenta con los ojos enrojecidos por una mezcla de furia y tristeza. Espera tener éxito, pero sabe que puede perder. Abandona el parque. Regresa a su trabajo. Arrastra los pies.
En los juzgados de Sevilla, a diario, hay una decena de solicitudes de divorciados o separados para aplazar el pago de sus pensiones alimenticias a sus hijos. Lo mismo sucede en Madrid, Barcelona, Valencia…
Caso judicial. Expediente 1. Un hombre se presenta en un juzgado de Madrid y presenta su demanda. Sabe que va a ser despedido de una empresa de electrónica que cerrará 10 tiendas. Ronda los 50 y está convencido de que no conseguirá trabajo. Espera que le asignen un abogado de oficio porque apenas puede vivir ahora con lo que gana: 1.200 euros y da 300 a sus hijos. Sabe que el proceso es largo. Tarda actualmente un año en promedio [aunque se prevé que aumente el plazo por la saturación del Poder Judicial].
¿PAGAR O NO PAGAR?.- No son casos aislados. Legalitas, un servicio de asesoría legal barato para las familias, ha visto aumentar las consultas sobre este tema un 40%. Asunción Santos, directora del departamento de Derecho Civil, asegura que «siempre recomendamos que se llegue a un acuerdo antes de llegar al juzgado y no verse inmerso en un proceso judicial. Los trámites contenciosos son mucho más caros para ambas partes».
Dejar de pagar no es una opción, aunque muchos se ven obligados [todos los casos citados, habían sido muy puntuales en los pagos pero su situación es insostenible]. Según el Código Penal [articulo 227.1], los padres se enfrentan a penas de prisión de 3 meses a 1 año o multas de seis a 24 meses. Pronto los jueces se enfrentarán a una duda existencial: dejar que los padres paguen menos o mandarles a la cárcel.
«Hay que ser prudentes. Pero se deben considerar todos los factores. Regularmente lo que los jueces evaluamos es si la situación es transitoria», afirma el juez Utrera, autor del libro Guía Básica para un Buen Divorcio [Ediciones B, a la venta en un mes], fruto de su larga experiencia en el tema. En un país en el que la cifra de parados supera los cuatro millones y subiendo, los baremos han cambiado.
Antes se creía que la pérdida de un empleo era una situación que se podía remediar rápidamente. Hoy no es así. Se nota hasta en los escritos que se presentan. «Nunca he visto una palabra [crisis] más repetida en todos los textos. Nunca». Deja en claro un hecho fundamental: «Lo que no podemos es permitir que los padres paguen menos de 150-180 euros, que es lo mínimo que en España se permite por hijo».
Este país es uno de los que mejor acepta el divorcio. Según un estudio presentado esta semana por el departamento de Sociología de la Universidad de Granada, el 79% de los españoles está a favor. Sólo lo supera Brasil. Eso, y la ley del Divorcio Exprés, ha hecho que el número de separaciones aumente de 80.849 en 2004 a 121.814 el año pasado [73.834 consensuados y 47.980 no consensuados].
El número de menores hijos de padres separados -según datos del Instituto de Política Familiar- son más de 700.000 [en los últimos 10 años]. Y es el grupo de riesgo de este nuevo fenómeno. «La crisis obliga a un cambio de mentalidad en los jueces. Somos sensibles a la nueva realidad social. Pero cuidado, los hijos son lo primero. Son más importantes que pagar la letra de un coche o una hipoteca. Eso no hay que olvidarlo nunca y muchos lo hacen», argumenta con firmeza el juez.
LENTITUD PROCESAL.- Luis Zarraluqui, presidente del despacho que lleva su apellido, el más grande de Europa en temas de familia, con sede en las más importantes ciudades, describe el trance: «La saturación es muy alta y las necesidades de los padres son inmediatas. Hay personas cuya pensión es mucho más alta que sus ingresos actualmente. Los procesos son tan lentos que muchos cuando comienzan tienen al demandado en la bonanza y terminan en catástrofe económica».
Expediente 2. Un empresario de autocaravanas ve cómo su negocio cae. Se derrumba. Sus ingresos mensuales eran de 6.000 euros al mes. Acordó una pensión de 1.500. Hoy, cuando la ruina parece inminente, no puede pagar. Ha puesto a la venta todo lo que tiene.
Es una situación insostenible para muchos. «Son gente que está en concursos de acreedores. En la bancarrota. Una justicia lenta no es justicia», declara el abogado.
Menos del 10% de las mujeres demandan el cambio, porque en la mayoría de los casos ellas tienen la custodia. Son ellos quienes pagan las pensiones casi siempre. «Pero no nos equivoquemos. Hay mujeres pidiéndolo también. Son ejecutivas, artistas, directivas… Son pocas pero ellas también existen».
Expediente 3. Un albañil cuarentón dice que se subió al andamio a los 17 años. No se había bajado de allí desde hace 25 años. Ahora lo han empujado al suelo y ha caído sin amortiguar. Irresponsablemente, no ahorró. Ganaba 2.000 euros al mes. Ahora, con chapucillas varias, no llega a los 500 y no tiene ninguna prestación por desempleo. Paga 450 euros por sus tres hijos. Vive en casa de su madre con sólo 50 euros al mes.
No es barato enfrentarse a un proceso de esta envergadura. Un abogado no especializado le facturará al menos 2.000 euros. La minuta de un estudio como el Cuatrecases no bajará de 10.000 euros. Placido Molina, quien lleva sus acuerdos de divorcio, describe a sus clientes como profesionales o empresarios que ganan de 3.000 euros para arriba. Estos han sido los primeros en renegociar sus acuerdos de divorcio. «Ellos han sufrido la debacle de la banca, el fin de la era dorada de la construcción. Han visto cómo su nivel de vida caía a niveles que no conocían. No escatiman esfuerzos por llegar a un mejor acuerdo».
LOS RICOS.- Expediente 4. Un ejecutivo de una empresa de consulting [consultoría] ganaba 10.000 euros al mes más 3.000 de bonus. Sus acuerdos con las empresas se rompieron. Los bonus se desvanecieron. Vive al límite de sus gastos. Abona una pensión de 2.500 euros. Ahora pide que se reduzca a 1.500. Dice no poder asumir una cantidad mayor.
«Estos casos en España no son tan raros. Son gente que ganó mucho dinero y gastó mucho. No son sólo las pensiones, son colegios de 750 euros al mes. Hipotecas de viviendas en el barrio de Salamanca. Sufren a su manera», declara Molina. Tienen que cambiar a sus hijos de la escuela, en algunos casos en plena adolescencia. Limitan los viajes de esquí. Los restaurantes con un par de estrellas Michelín los ven en las revistas… Así sufren los ricos.
«Se pueden alcanzar modificaciones estratosféricas. Por ejemplo, un empresario pactó como acuerdo de divorcio un pago de 15.000 al mes. Él ganaba 60.000 entonces y lo hizo con alegría. Su empresa cayó en picado y pasó a ganar 20.000. Con lo que le quedaba no le alcanzaba ni para pagar los gastos del piso. Ahora su pensión es de 5.000».
Expediente 5. Salida consensuada. Un gestor del mundo de las telecomunicaciones, 45 años. Su sociedad se ha hundido. Dejó de recibir ingresos que oscilaban entre 40.000 y 45.000 euros al mes a sobrevivir sólo con su nómina. Abona 5.000 euros al mes, lo mismo que cobra. Es paradójico tener una nómina respetable y vivir de las rentas y en casa de los padres. Él pretende dar 1.500 euros. Su ex comprende la situación y llega a un acuerdo: 2.000 euros.
El juez Utrera repasa sus archivos, 65 expedientes que acaban de entrar. Hay documentos, papeles que certifican el paro, sellos y más sellos. Y la misma palabra, repetida.
ITALIA: DIVORCIADO INDIGENTE
Se les distingue fácilmente porque suelen llevar un traje oscuro arrugado, una camisa mal planchada y con el cuello gastado, una corbata deslucida y un ajado maletín en la mano. Proliferan en los comedores de las instituciones de caridad y en los centros de beneficencia italianos. Son los padres separados, una nueva categoría de pobres que la crisis económica está sacando a la luz con descarnada evidencia. Ahí está por ejemplo Mario F, un padre separado de 39 años cuyo caso el periódico La República revelaba recientemente como paradigma de esta nueva clase de nuevos pobres: gana 2.500 euros al mes pero, después de pagar la hipoteca del que fuera el domicilio conyugal y la pensión de alimentos de sus dos hijos, le quedan 1.100 euros para él. Sólo en hacer frente al alquiler del modestísimo piso de dos habitaciones en el que vive en un barrio a las afueras de Milán se le van 800 euros. Conclusión: le quedan 400 euros mensuales para comer, vestir, pagar las facturas, transporte…
Por no hablar de Marcello Sanpaolesi, un directivo informático separado que se ha pasado tres años durmiendo en su coche porque no le llegaba el dinero para pasar la pensión a su ex mujer e hijos y pagarse un alquiler. Otros en su misma situación duermen en la sala de espera del aeropuerto de Linate, en Milán. Y hay quien vive en un garaje. «En el 50% de los casos la ruptura del núcleo familiar produce situaciones de indigencia, sobre todo cuando se debe mantener a hijos menores de edad», explica Gian Ettore Gassani, el presidente de la Asociación de Abogados Matrimonialistas Italianos. Ellos sólo tienen una salida: la renegociación de sus pensiones. De ser ciertas sus estimaciones, y dado que en Milán los separados ascienden a 100.000, sólo en esa ciudad habría 50.000 nuevos pobres. Caritas calcula que, sólo en esa ciudad, el 70% de los nuevos pobres son padres separados. / (Roma).
EEUU: ¿PADRES A LA CÁRCEL?
Se trata de hombres que siempre han pagado religiosamente la pensión de sus hijos; pero que, al perder su trabajo, se encuentran al borde de la bancarrota, y piden una reducción de la carga. Los casos se dan especialmente en aquellas áreas más golpeadas por la crisis y el fin de la burbuja inmobiliaria, como Nueva York, Las Vegas o Miami. En Milwaukee, por ejemplo, la cantidad de progenitores con la custodia de sus hijos que han reclamado a las autoridades que intervengan, al no haber recibido los pagos que tocan, ha ascendido un 20% aproximadamente desde el pasado otoño. Los jueces se están encontrando con verdaderos dilemas. Muchos padres pueden acabar en la cárcel injustamente. «Y algunas madres dependen absolutamente del dinero que les envían. Es un efecto dominó. Quien tiene la custodia necesita el dinero para alimentar y vestir a sus hijos», explica C. A. Watts, director de la fiscalía de la división de asuntos familiares del condado de Clark County, en Las Vegas.
Puesto que uno de los sectores más afectados por la crisis es el financiero, las peticiones de renegociación afectan a todas las clases sociales. Por ejemplo, el juez Matthew Troy, de Nueva York, explicaba a The New York Times el caso de un ex ejecutivo de Lehman Brothers que vio cómo de golpe no sólo perdía su trabajo, sino siete millones de dólares más en stock options. La mayoría de jueces están optando por reducir de forma temporal las pensiones en los casos en que se ha demostrado una caída sustancial en los ingresos, de forma que sea imposible hacer frente al pago de éstas. Como ejemplo, el juez Troy ha decretado que un hombre que perdió un trabajo bien remunerado en una fábrica como obrero especializado, y que ahora tiene un sueldo a tiempo parcial que sólo le da nueve dólares la hora, pase a pagar 50 al mes, en lugar de los 315 dólares acordados tras el divorcio. /(Washington).
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