Recetas amargas contra un paro desbocado
José Enrique Medina es, muy a su pesar, una de las pocas personas a las que la crisis ha traído más trabajo. A este juez de lo Social de Málaga se le acumulan las demandas por despido improcedente. «El incremento ha sido espectacular», constata el magistrado, que hace «un esfuerzo horrible» para ajustarse a los 60 días hábiles que le da la ley para dictar sentencia tras admitir el escrito. En 2007, los 12 juzgados sociales de la capital malagueña recibieron 1.981 demandas por despido. El año pasado, fueron 3.058. De mantenerse este ritmo, 2009 se cerrará con más de 3.600…
La actividad frenética de los juzgados sociales es un reflejo más del deterioro económico de Andalucía, más acusado aún que el del resto de España. La última Encuesta de Población Activa (EPA) señala que 850.000 andaluces, el 21% de la población en edad de trabajar, están parados; y las previsiones más pesimistas apuntan que se superará el millón a final de este año. Desde 2006, el número de desempleados se ha duplicado. Además, la diferencia entre el paro autonómico y el nacional ha crecido de cuatro puntos porcentuales a ocho.
Joaquín Aurioles, profesor de la Universidad de Málaga y especialista en economía regional, habla de la «dificultad endémica de Andalucía para crear y mantener el empleo». Pero ¿cuáles son las causas? «Los pilares sobre los que se levanta la economía son menos estables que los de otros sitios. Una economía basada en sectores tan a corto plazo, como la construcción, se convierte en volátil y muy sujeta a los altibajos de la coyuntura».
Aurioles afirma que los sectores que concentran la actividad en Andalucía -agricultura, construcción y servicios, sobre todo vinculados al turismo- han creado un empleo con baja productividad. «La reforma laboral de los últimos 12 años ha cambiado muchas cosas pero no ha influido sobre lo fundamental: hacer que la fuerza laboral aumente su productividad. El empleo es barato -los costes salariales han crecido muchísimo menos que la economía- y básicamente prescindible», afirma.
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Francisco Ferraro, apunta que detrás de la baja productividad se esconde la «baja cualificación» de los trabajadores andaluces en comparación con la media española. «No hay ninguna universidad andaluza entre las mejores del mundo, y las encuestas internacionales muestran que los resultados de la formación primaria y secundaria no son los mejores. No tenemos los peores resultados del mundo, pero no estamos entre los mejores y eso se nota», afirma Ferraro.
Ambos expertos critican los resultados de las llamadas políticas activas de empleo -los programas de orientación y formación para mejorar las posibilidades de trabajo de los desempleados-. «La cantidad de cursos y recursos empleados no ha conseguido aumentar la productividad, que ha caído en los últimos 10 años», afirma Aurioles. «La intuición me dice que ha habido gran cantidad de intereses en torno a los recursos que mueven estas políticas, y que estos intereses no han ido buscando necesariamente siempre la mayor eficiencia». En 2009, la Junta invertirá 675 millones de euros en estas políticas.
El catedrático de la Universidad de Granada y asesor de la Reserva Federal estadounidense, Santiago Carbó, ve el vaso medio lleno: «No todo se ha hecho mal en estos años: se ha dado trabajo a los que había, a la mujer y a miles de inmigrantes, aunque se han primado actividades con beneficios fáciles e inmediatos, como la construcción». Respecto al «capital humano», afirma: «Andalucía tiene universidades del mismo nivel que España, ha crecido el número de licenciados y doctorados, el acercamiento es importante. Pero hay que modernizar la formación y dar a los estudiantes más capacidad emprendedora. No podemos ser todos funcionarios y asalariados».
Entre 2005 y 2008, Andalucía tiene 27.900 empleados públicos más. Las administraciones dan trabajo al 21,6 por ciento de la población activa, tres puntos por encima de la media nacional y siete puntos más que Cataluña. «Si hay más empleados públicos se podría pensar que tenemos mejores servicios públicos, lo que es discutible, y este mayor gasto público reduce las posibilidades de inversión», afirma Ferraro. «Pedir esfuerzos al sector privado para mantener a un sector público agigantado no es una situación que se pueda mantener mucho tiempo», remacha Joaquín Aurioles.
«Esto es una muestra de la debilidad del mercado de trabajo. La falta de formación no incentiva que la gente monte empresas, y busque el empleo público, más cómodo y estable, pero menos rentable», opina Francisco Villalba, consejero delegado de Analistas Económicos, departamento de estudios del Grupo Unicaja. «Hay que mejorar la eficiencia de los servicios públicos y ajustar el gasto de las administraciones. El sector público, con su peso excesivo, tiene el margen más alto de maniobra», considera Villalba.
Al hablar de las posibles soluciones a la crisis, los cuatro economistas invocan las palabras mágicas: «reformas estructurales». ¿Pero cuáles? Carbó apunta dos: dotar de competencia a mercados casi monopolísticos como la energía o las telecomunicaciones -«el teléfono y la banda ancha son más caros que en el resto de Europa»-, y «reformar el mercado de trabajo». Esto pasa, según Carbó, no por abaratar el despido, sino por «simplificar las figuras contractuales para que respeten los derechos del trabajador y sean atractivas para las empresas».
«Andalucía y España tendrán que abandonar el modelo del ladrillo de una vez por todas y potenciar otras actividades con mayor proyección exterior. La economía que surja de la crisis será muy diferente de la de hace año y medio», pronostica Aurioles.
«Estas reformas son costosas políticamente, si no hay un gobierno con decisión y una oposición que colabore, son imposibles, y además, los resultados no se perciben al día siguiente, esto no es cortar una cinta. De momento, en Andalucía la gran apuesta sigue siendo el plan de Vivienda», se lamenta el catedrático Ferraro.
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