Una experta propuesta por el PP asegura que abortar a partir de la semana 22 es infanticidio
La presidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, Natalia López Moratalla, manifestó hoy que «cuando una mujer aborta antes de la semana 22 de gestación se debe hablar de interrupción voluntaria del embarazo y cuando lo hace a partir de esa fecha, de infanticidio, ya que desde ese momento el feto es viable fuera del útero materno».
En declaraciones a Europa Press antes de comparecer en la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la ley del aborto, López Moratalla, propuesta por el PP, destacó que la interrupción del embarazo «es siempre un drama para la mujer» y añadió todas las que abortan, tanto voluntaria como involuntariamente, sufren «en mayor o menor medida» algún tipo de trastorno psicológico.
Según dijo, el riesgo de alteraciones aumenta entre un 4,3 y un 16,6 por ciento en las mujeres que abortan de forma no natural, pudiendo sufrir «fobias, ataques de pánico, ansiedad y depresión». Además, destacó la correlación entre el aborto y el suicidio y el abuso el alcohol y las drogas, por lo que pidió que se informe claramente a las mujeres de las posibles consecuencias físicas y psicológicas de abortar.
López, que también es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Navarra, hizo hincapié la llamativa «desaparición masiva de niños nacidos con Síndrome de Down» y dijo que «la eliminación de embriones no conformes a una determinada regla de normalidad les niega su derecho a vivir como son».
Por su parte, la catedrática de microbiología de la Universidad de Granada y miembro de la Real Academia de Medicina, Carmen Maroto Vela (propuesta por el PP), defendió que el embrión es un ser vivo porque biológicamente la mujer y el niño son dos entidades distintas. «El feto está con la mujer pero no es la mujer», indicó.
APUESTA POR LA ADOPCIÓN
Así, pidió que la nueva ley contemple la posibilidad de que las mujeres, en vez de abortar, puedan dar a su hijo en adopción, «ahora que hay tantas parejas yendo a otros países a adoptar un niño». Además, consideró que es «una incoherencia que una mujer que aborta tenga todas las garantías y todos los derechos, y que una mujer que alumbra a un feto vivo y lo deja en la basura se la persiga».
También calificó de «contradicción que las mujeres aborten a fetos con malformaciones compatibles con la vida cuando hace tan sólo unos días se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y todo el mundo el mundo defendía sus derechos».
López, al igual que la directora general de la Asociación Salud y Familia (propuesta por el PSOE), abogó por «minimizar la práctica de abortos en clínicas privadas». «Estos centros pueden tener todas las garantías sanitarias, no lo pongo en duda, pero me dan mayor garantía los hospitales públicos». aseveró.
Así, la directora general de esta asociación, Elvira Méndez, dijo que los centros públicos deben tener «un mayor protagonismo en los servicios sanitarios públicos de los abortos, «porque mejorará en la calidad asistencial y la calidad de la contracepción y generalizará el conocimiento en la utilización `*on de métodos reversibles de larga duración».
LA NUEVA LEY NO INFLUIRÁ EN EL NUMERO DE ABORTOS
Según explicó Méndez, «las leyes y las regulaciones no tienen un impacto significativo el aumento o disminución del volumen de embarazos», aunque las normativas «sí hacer mucho por mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de las interrupciones de embarazos».
A su juicio, en los países en los que existen leyes restrictivas, como España y Sudamérica, «lo único que se consigue es desplazar los abortos a la clandestinidad, lo que pone en peligro la vida, la salud y la dignidad de las mujeres».
«Si queremos disminuir el número de embarazos no planeados los poderes públicos deben hacer una fortísima inversión en mejorar la salud contraceptiva y reproductiva para que las mujeres puedan realizar elecciones en abundancia», enfatizó Méndez.
USAR CONTRACEPTIVOS MÁS MODERNOS
Ante el aumento de abortos en España, propuso priorizar las políticas de prevención y educación sobre todo entre las adolescentes e inmigrantes y facilitar el de acceso a los contraceptivos más modernos, «de probada efectividad», como son el dispositivo intrauterino y el implante hormonal, que no están en la cartera de servicios de la sanidad pública española
A su vez, el ginecólogo en el Complejo Hospitalario Cristal-Piñor de Orense, José Luis Doval, que compareció a solicitud del BNG, criticó que la mayoría de las mujeres tengan que recurrir «al subterfugio del riegos psíquico para abortar cuando en realidad lo hacen por causas sociales que no están contempladas en la ley».
Además, afirmó que la tasa de abortos en España es menor que la de los países de su entorno, aunque alertó de que el 42 por ciento de las interrupciones que se practican en este país en 2007 son a mujeres inmigrantes.
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