– Varios juristas discrepan sobre los argumentos de la sentencia.
La mayoría de los expertos consultados considera desacertado el fallo.

La sentencia que reconoce la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía fue ayer la comidilla de jueces y fiscales. Varios expertos en Derecho Constitucional consultados por este periódico coinciden en que los magistrados que la firman han hecho un uso incorrecto de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la objeción de conciencia, aunque alguno la defiende.

Aplica una doctrina de 1982 que está desfasada, al haber sido superada por otra más reciente de 1987, que la misma sentencia menciona pero no quiere aplicar, donde el Tribunal Constitucional no reconoce a la objeción de conciencia como un verdadero derecho fundamental, exigible ante los tribunales de justicia, explica Gerardo Ruiz Rico, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén.

Este no es el único pero que encuentra Ruiz Rico a la sentencia. A su juicio, el fallo parece desconocer que del artículo 30 de la Constitución no deriva un derecho a la objeción de conciencia en cualquier ámbito, por ejemplo el educativo, sino únicamente en lo que se refiere a la obligación de realizar el servicio militar.

Este catedrático considera que los jueces han hecho una interpretación absolutista y radical de la libertad religiosa e ideológica. Además, añade este jurista, la sentencia desconoce también el sentido y finalidad de un mandato que la Constitución encomienda a los poderes públicos, que es garantizar una educación acorde con los valores y derechos fundamentales. La autonomía moral de los padres no es absoluta, sino que estaría sujeta a la divulgación de aquellos principios constitucionales que fundamentan nuestra democracia, advierte Ruiz Rico.

Emilia Girón, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, también considera la sentencia desacertada, una opinión que comparte Agustín Ruiz Robledo, de la Universidad de Granada. Los jueces han malinterpretado la jurisprudencia. La Constitución sólo establece la objeción al servicio militar obligatorio. Estos jueces han asumido un papel de legisladores que no les corresponde. Argumentan que aunque la ley obliga a la Junta de Andalucía a impartir la asignatura, la Junta tendría que haber reconocido el derecho a la objeción, explica el jurista. Pero la Junta no podía admitir las objeciones a esta asignatura porque hubiera incumplido su propio decreto, que a su vez se limita a cumplir la ley.

Ruiz Rico subraya que habría sido más defendible que los jueces dijeran que la ley de Educación debería haber reconocido algún mecanismo para los padres que no quieran que sus hijos asistan a esta asignatura. Pero al admitir la objeción de conciencia los magistrados han creado un derecho que no existe, apunta este jurista.

Girón, por su parte, considera que si bien el Constitucional ha declarado expresamente que el derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa recogido en el artículo 16 de la Constitución incluye en su ámbito a la objeción de conciencia, ello no supone que las creencias religiosas o ideológicas puedan ser alegadas para eximir del cumplimiento de las leyes. No obstante, Girón entiende que existe un vacío legal que puede explicar la polémica sentencia. Los jueces sostienen que hay un cierto grado de indefinición de los contenidos de Educación para la Ciudadanía, por lo que, según Girón, sería aconsejable revisar el temario de la materia para garantizar que quede salvaguardada la neutralidad ideológica de la enseñanza en los centros escolares públicos.

Manuel Terol, del departamento de Constitucional de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, es de los pocos que defiende la sentencia. A su juicio, resulta sumamente innovadora. Extiende el derecho a la objeción de conciencia a un terreno en el que no existía. Para mí esto siempre es un éxito y así es como evoluciona la jurisprudencia. Los ciudadanos nos acostamos ayer con un derecho más, afirma Terol, quien califica el fallo como una conquista jurídica.
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– ¿Ciudadanos o clientes?
(Susana Corzo Fernández es profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Granada).

Ahora que estamos en campaña electoral, nuevamente los electores se convierten en objeto de deseo para todos los partidos políticos, y la captura de clientes se convierte en una preocupación que llega a ser obsesión, cuando los sondeos de opinión ofrecen una estimación de empate técnico en las elecciones generales.

En estas situaciones, y sabiendo que los gobiernos surgen de la mayoría parlamentaria, arañar votos para conseguir escaños dudosos, se convierte en la estrategia principal de los partidos políticos, porque de no alcanzarse, desperdiciarán un importante número de votos ociosos en las urnas. En determinados casos, hemos comprobado que mayorías de votos no siempre se han correspondido con mayoría de escaños, de manera que para evitar tal situación, los partidos eligen como fuente de extracción secundaria, -las fuentes primarias son militantes y simpatizantes-, a los indecisos y al voto no ideológico. Por ello, no sólo es una meta mantener y recuperar votos, sino el captar los posibles, de entre grupos clientelares, que sólo buscan en la representación política ofertas concretas, propiciando en algunos casos una subasta de ¿hay quien de más?

En Andalucía, al coincidir comicios generales y autonómicos, se produce una compleja situación, al tener que combinar datos de empate técnico, en las elecciones generales, y datos de mayorías holgadas, en las autonómicas. Se han de compatibilizar dos situaciones muy diferentes entre sí, porque por un lado, hay que buscar clientes que proporcionen el mayor apoyo a los líderes nacionales, y por otro, tratar de mantener a los votantes de siempre en torno a los candidatos autonómicos. Así, los partidos políticos se encuentran supeditados a buscar clientes, como sea, para incrementar los resultados en el ámbito nacional, y además, obligados a mantener el grado de satisfacción de los clientes antiguos, para no perderlos. Algo difícil de compaginar cuando de un mismo partido, en un ámbito, recibimos un discurso con unas ofertas concretas, y esas mismas se le vuelven en contra, en el otro ámbito, porque les supone una perdida de clientes.

La única fórmula eficaz para evitar tal contradicción consistiría en que, en todos los ámbitos se mirara hacia el ciudadano como tal y no se le buscara como cliente.

El cliente es aquella persona que utiliza los servicios de otra. Si bien al introducirlo en el ámbito de la política y de lo público, adquiere unas connotaciones importantes que pueden propiciar aspectos positivos, pero también negativos, si no existe previsión de las consecuencias que puede conllevar el darle prioridad al cliente relegando al ciudadano a un segundo puesto.

La clientela electoral puede ser positiva cuando el elector, al recibir directamente soluciones a sus problemas, entiende que el Estado le responde de forma eficaz. Pero cuando se abusa de estas relaciones de clientela electoral, existe el riesgo de segregar, dividir, separar a la sociedad en grupos, que sólo estén preocupados por la satisfacción de sus intereses, llegando a provocar un posible debilitamiento de la solidaridad entre ellos, y un excesivo individualismo reivindicativo, que nada tiene que ver con la acción colectiva. Sirva como ejemplo la lucha por el agua que está suponiendo ciertos enfrentamientos entre comunidades autónomas. Un bien público, no puede ser tratado con la lógica del mercado, de la misma manera que el beneficiado de ese bien público es un ciudadano con unos derechos protegidos por el Estado de Derecho, y no un cliente que compra una botella de agua mineral.

Una sociedad segregada en grupos clientelares es una sociedad débil, porque cada cual busca obtener soluciones a sus problemas, como clientes, despreocupándose de los problemas de todos, como ciudadanos.

Hace algunos años ya, cuando la Nueva Gestión Pública irrumpió en el debate científico, introduciendo el concepto de cliente, generó unas expectativas que el tiempo ha frustrado. La posibilidad de aplicar las prácticas de la empresa privada al ámbito de lo público, parecía ser la vía más eficaz y eficiente para solventar los problemas que el modelo tradicional de Administración Pública no había podido superar. Tanto es así que al ciudadano se le quiso ascender a la categoría de cliente, como si se tratase de un estadio superior al anterior.

Hoy, muchos de aquellos especialistas se replantean su posición, decepcionados ante los resultados, y reivindican volver a repensar el valor de lo público, para poder recuperar y reforzar el concepto de ciudadanía, y anteponerlo así al de cliente. Si en la administración se está cuestionando el valor del cliente, ¿cómo tratar de extender su significado al ámbito electoral?

En los programas electorales a largo plazo, no es suficiente ofrecer productos para captar clientes, sino que es imprescindible ofrecer medidas concretas para todos los ciudadanos que aborden la mejora en la calidad y prestación de los servicios públicos, si es que queremos mantener el Estado de bienestar y garantizar la igualdad.

La igualdad de oportunidades se crea entre todos, no por grupos, y es desde esta igualdad, desde donde se fortalece el sentimiento de ciudadanía, se construye una sociedad civil fuerte, justa, participativa, y no susceptible de ser manipulada.

Cuando el andaluz ejerce el derecho al voto, como ciudadano, debe diferenciar tres momentos: el primero, si quiere o no participar; el segundo, a quién votará si decide participar; y el tercero, por qué votará a un partido político y no a otro.

En el primer y segundo momento se trata de motivación, de un acto de libertad; en el último, de racionalizar el acto y tratar de comprender cuales son las razones por las que vota a un determinado partido. Y en este último momento, como ciudadano, debe de estar convencido de que a aquellos a quienes va a elegir son los que le garantizan la construcción de la sociedad que él desea. No aquellos que más ofrecen y se pierden en la abundancia, envueltos en un electoralismo fácil, sino quienes expliciten con claridad, precisión y coherencia, qué es lo que van a hacer, una vez lleguen al gobierno. Si van a fortalecer el Estado de Bienestar o van a venderlo, cómo se va a mejorar la calidad en la atención a los ciudadanos, en todos los ámbitos, pero sobre todo, si los ciudadanos van a dejar de serlo para convertirse en clientes, y en tal caso, ¿tiene un cliente que pagar impuestos?, ¿tiene un cliente que dejar de fumar en los centros públicos?, ¿tiene un cliente que limitar el consumo de alcohol para poder conducir sin constituirse en un peligro para todos?, ¿tiene un cliente que pagar una multa? Porque un ciudadano si.

Un electorado que desee fortalecer al ciudadano y por ende a la sociedad, debe de elegir de entre aquellos que les ayudan a crecer como tales, con derechos y obligaciones, a todos, sin tener que dividir, enfrentar, excluir o marginar. Un partido político que contribuya al fortalecimiento del ciudadano tiene que tratarle como tal y preocuparse por él, mucho antes de que lleguen unas elecciones. Y por supuesto, no venderle nada, sino garantizarle una saludable democracia durante los cuatro años de legislatura, tanto si alcanza el gobierno como si ocupa la oposición.

Estamos en elecciones, si, pero esto pasa pronto, los polideportivos, las plazas de toros, los chistes, las críticas rancias, los debates monótonos y manidos, todo esto tiene fecha de caducidad. Las necesidades de los electores seguirán estando ahí, y en su eficaz protección y atención, en el día a día, es donde los políticos tendrían que captar ciudadanos durante los casi cuatro años de legislatura.
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