– La burocracia atenaza a la ciencia
Los científicos españoles denuncian la falta de apoyo administrativo y técnico a la investigación.

Dirigir un proyecto de investigación es un calvario. Con estas palabras, este mes 525 científicos españoles lanzaron un grito de alarma acerca de la burocracia hipertrófica y de la falta de personal de apoyo que les obligan a dedicar más tiempo a los trámites que a pensar. Hablando con algunos de ellos se descubre que los mejores científicos de España están absorbidos en tareas de gestores, técnicos y, a veces, de secretaría. Celebran que la inversión pública en I+D esté creciendo, pero alertan de que sin arreglar esas deficiencias, el esfuerzo podría resultar estéril. El temor es que las mediocres condiciones de trabajo hagan difícil obtener resultados, y fácil perder capitales privados y jóvenes talentos.

Reservar habitaciones de hoteles. Ir a Correos. Dedicar más del 50% del tiempo laborable a trámites burocráticos. Así es, aunque parezca increíble, el día a día de muchos investigadores científicos españoles. Incluso los más prestigiosos. Los problemas de la ciencia en España no proceden sólo de la histórica escasez de fondos para investigación. También es una cuestión de grave insuficiencia de personal de apoyo -administrativo y técnico- y de una burocracia hipertrófica que impide a los investigadores poder concentrarse en su trabajo. Dirigir un proyecto de investigación se ha convertido en un calvario, denunciaron este mes 525 científicos españoles en un texto publicado en EL PAÍS.

Recogimos las firmas en dos días, cuenta Juan Manuel García, director del Laboratorio de Estudios Cristalográficos del CSIC-Universidad de Granada y primer firmante del texto. Fue una reacción espontánea ante un problema común. Ahora nos planteamos enviarlo al presidente del Gobierno y al Rey. En los últimos años los presupuestos para I+D han crecido, pero no hay avances en la creación de condiciones de trabajo eficientes. Eso dificulta la obtención de buenos resultados, critica García.

Yo dirijo un proyecto de siete millones de euros de presupuesto y tengo que contratar a 17 personas, prosigue el científico. Para empezar, no sé ni dónde meterlas. Luego, no puedo contratar a los mejores. Si la persona más adecuada para cierta tarea es un doctor japonés, puedo olvidarme, porque el trámite para la homologación de su título es un calvario y se solucionará demasiado tarde. Si necesito material para el laboratorio, a lo mejor me toca esperar meses, porque todo está centralizado, y va lento. Yo me dedico prácticamente a tiempo completo a tareas administrativas. Y cuando invité hace poco a una serie de prestigiosos científicos extranjeros para dar clases aquí durante unos días, tuve que ocuparme yo del tema hotel.

El problema de fondo es que la Administración trata a la ciencia como cualquier otro servicio. Con los mismos mecanismos con los que se relaciona con una empresa que hará una autopista, observa José Luis Huertas, director del Instituto de Microelectrónica de Sevilla. Hay demasiada rigidez. Así, por ejemplo, yo no puedo contratar a nadie que no haya indicado al principio del proyecto. Pero, si lo que se necesita para hacer una autopista es previsible, no es así con la investigación. Y si desarrollando un proyecto encuentro una pista que exige personal especializado que no se había previsto, tendré un gran problema. Tenemos mucha carga burocrática, pero ninguna autonomía o flexibilidad.

El Instituto de Microelectrónica de Sevilla cuenta con 35 doctores. Pero sólo con siete técnicos. Los científicos denuncian que la ratio de técnicos por investigador en España es hasta cuatro veces inferior a la de los países más avanzados, lo que obliga a los investigadores a perder tiempo en tareas que podrían desempeñar otros.

Estoy de acuerdo con ellos en que existe este problema, comenta Miguel Ángel Quintanilla, secretario de Estado de Universidades e Investigación. Sin embargo, no comparto la valoración implícita en su discurso. En los últimos tres años la inversión del Estado en I+D se ha duplicado. El número de investigadores ha crecido un 55%. Pero no se puede hacer todo a la vez. Así, frente a este gran impulso, el número de técnicos ha crecido sólo un 20%. Es verdad que hay un desajuste, pero es porque hay más dinero, más proyectos y más investigadores.

España necesita incorporar a muchos jóvenes investigadores. Tenemos que recuperar una deficiencia histórica, reducir la distancia que nos separa de otros países, observa Carlos Martínez, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El esfuerzo de estos años está siendo excepcional. Es cierto que hay problemas, pero se está trabajando para solventarlos. No es momento de llorar, prosigue.

Las estadísticas disponibles reflejan sólo parte del esfuerzo del actual Gobierno, ya que el último dato cerrado es el de 2005 (fruto del presupuesto de 2004). Ese año, en España el I+D representaba el 1,13% del PIB. El anterior, el 1,07%. La dinámica es positiva y los expertos calculan que en 2006 podría alcanzarse el 1,25%.

Sin embargo, el ritmo es insuficiente para alcanzar el objetivo del 2% establecido para 2010, según señala el INE, y la distancia es abismal no sólo con países punteros, que dedican más del 3% de su PIB a I+D, sino también con la UE-25, que alcanzaba el 1,81% en 2003, último dato disponible.

En todo caso, el esfuerzo realizado podría resultar estéril, temen los científicos, si no se corrigen los problemas que denuncian. Porque con ellos es difícil lograr resultados, y fácil que capitales privados y jóvenes talentos se vayan a otros países. Si yo fuese un empresario con capital para I+D, no lo metería en España, dice García.

Somos conscientes del problema y estamos poniendo remedio. Creamos el año pasado la oficina Eurociencia, que ayuda en la gestión de los trámites relacionados a fondos UE. Estamos elaborando un programa para la formación de personal especializado en la gestión de proyectos de investigación. Y, a través de la ley de reforma universitaria y de la de agencias flexibilizaremos el sistema y dejaremos más margen de actuación a los científicos, dice Quintanilla.
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– Un nuevo pacto nacional.

La contribución de la Unión Europea (UE) a la gobernanza global se está convirtiendo en uno de sus más importantes desafíos en los últimos tiempos, con la incorporación de la condicionalidad política y económica y de la adaptación al acervo comunitario para ser miembro (Copenhague, 1993). En este sentido, la condicionalidad política intenta fomentar la democracia sustantiva en los países que quieran formar parte de la UE, así como en los terceros Estados con los que se relaciona. Su papel quiere ser el de construir una paz en el mundo que revierta en una paz en casa. Esto le plantea una revisión diaria de sus posiciones para poder ser coherente. Sin embargo, el no aplicar criterios objetivos con Turquía rompe estos intentos. Así lo evidencia el haber aceptado recientemente a países que iniciaron su democratización más tarde, provocando una reacción nacionalista en Turquía.

Turquía ha sido parte de Occidente durante la guerra fría, con una democracia formal estable y con el Ejército como su paradójico valedor. En 1959 pidió -con el entusiasmo de la institución militar- la asociación a las Comunidades Europeas junto a Grecia. Esto se explica porque el Ejército ha sido el motor modernizador del país desde el final del Imperio Otomano. Esta modernización fue más allá de la capacitación científica y tecnológica y llegó al pensamiento político. El Ejército, legitimado por su papel en la construcción de la República y guardián del legado de Mustafá Kemal Atatürk, ha tenido un prestigio indiscutible durante toda la República, sólo disminuido en el golpe de 1980 por la brutal represión que le siguió.

Desde entonces, las relaciones entre civiles y militares se han mantenido en un frágil equilibrio (en 1997 Erbakan, islamista, fue forzado a dimitir). Una nueva crisis se ha producido con nombramiento del general Yasar Büyükant como jefe del Estado Mayor en agosto de 2006. Pese a la oposición del AKP, el presidente de la República, Ahmet Necdet Sezer, dirigió una carta al primer ministro Erdogan y al general Özkök conminando a su nombramiento. Su antecesor, el general Hilmi Özkök, con relativas buenas relaciones con el Gobierno del AKP y problemas con el Estado Mayor por su supuesta devoción religiosa, ayudó a retirar a los militares de la vida política y a realizar las reformas en el todopoderoso Consejo de Seguridad Nacional (CSN, Milli Güvenlik Kurulu), nacido de la Constitución de 1961.

Ya la primera declaración de Büyükant fue que la protección de los principios fundamentales de la República no es asunto de la política interior sino un deber de las Fuerzas Armadas. Y en las últimas semanas, los militares turcos han acaparado el protagonismo al recordar a los políticos que ellos siguen siendo los guardianes de la República creada por Atatürk. La razón: la posibilidad de un presidente de la República de un partido islámico moderado y europeísta, el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), que se autodenomina islamodemócrata. También la sociedad civil se ha dejado oír clamando: Ni sharia, ni golpe de Estado en defensa de la modernidad en Turquía.

El papel de los actores políticos en Turquía cambia y sus posiciones están variando. El dilema actual está entre el proceso occidentalizador que persigue la uniformidad mundial (véase Occidentalización, fin de la Guerra Fría y relaciones internacionales, de F. J. Peñas Esteban) y la posibilidad de una modernidad plural.

La votación para la elección de Abdulá Gül, del AKP, como presidente de la República fue boicoteada, el 27 de abril, por la oposición laica, liderada por el CHP (Partido Republicano del Pueblo), que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que ha sido estimado y que la ha dejado sin validez en el Parlamento. Esta decisión adelanta irremediablemente las elecciones, con una posible nueva victoria del AKP debida a la dura ley electoral que limita la presencia en el Parlamento a los partidos que hayan logrado un 10% de los votos a nivel nacional. La trampa para expulsar a los partidos minoritarios del sistema ahora puede ahogar a los que dominaron ese mismo sistema desde el laicismo.

Las propuestas de reforma constitucional del primer ministro Erdogan podrían ser el empujón final para la democratización de Turquía, pero, lamentablemente, se ha fracturado la sociedad y la izquierda laica no tiene verdaderas respuestas que ofrecer. Sin embargo, el recelo de parte de la sociedad y de las élites kemalistas (militares y civiles) a una islamización desde el poder disminuiría si Turquía tuviera garantizado un calendario para su ingreso en la Unión Europea. Una Turquía en el camino hacia la UE no tendría miedo ni a un golpe de Estado militar ni a la islamización.

La Unión Europea ha provocado en Turquía cambios constitucionales que, aparentemente, han apartado a los militares del poder. Esta nueva estructura de oportunidades abrió la arena política a la religión y los nacionalismos y a una participación más activa de la sociedad civil que desconfía de los partidos políticos corruptos y tendentes al enfrentamiento. Esta sociedad civil ha sido ignorada fuera de Turquía. El pacto fundacional de la República entre las élites militares y políticas, el pacto kemalista (republicanismo, populismo, secularismo, revolución/reforma, nacionalismo y estatismo) ha sido hasta ahora el paradigma de la modernización. Pero las reformas de los últimos años han amenazado al pacto kemalista introduciendo temas que habían sido marginados en la construcción de la identidad nacional turca y de un Estado nación homogéneo que obviaba otras fracturas políticas y sociales. Esto ha llevado a la necesidad de revisar el pacto con la inclusión de nuevos actores y nuevos problemas.

La sociedad civil turca reclama más democracia y que la Unión Europea respalde el nuevo pacto y se implique en su desarrollo. Por citar a Atatürk, Paz en casa, paz en el mundo (Yurtta Suhl, Cihanda Suhl).

Antonio Ávalos es investigador del Grupo de Estudios Historia y Teoría de las Relaciones Internacionales y del Taller de Estudios Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Marién Durán es miembro del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada.

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