– La burocracia atenaza a la ciencia
Los científicos españoles denuncian la falta de apoyo administrativo y técnico a la investigación.

Dirigir un proyecto de investigación es un calvario. Con estas palabras, este mes 525 científicos españoles lanzaron un grito de alarma acerca de la burocracia hipertrófica y de la falta de personal de apoyo que les obligan a dedicar más tiempo a los trámites que a pensar. Hablando con algunos de ellos se descubre que los mejores científicos de España están absorbidos en tareas de gestores, técnicos y, a veces, de secretaría. Celebran que la inversión pública en I+D esté creciendo, pero alertan de que sin arreglar esas deficiencias, el esfuerzo podría resultar estéril. El temor es que las mediocres condiciones de trabajo hagan difícil obtener resultados, y fácil perder capitales privados y jóvenes talentos.

Reservar habitaciones de hoteles. Ir a Correos. Dedicar más del 50% del tiempo laborable a trámites burocráticos. Así es, aunque parezca increíble, el día a día de muchos investigadores científicos españoles. Incluso los más prestigiosos. Los problemas de la ciencia en España no proceden sólo de la histórica escasez de fondos para investigación. También es una cuestión de grave insuficiencia de personal de apoyo -administrativo y técnico- y de una burocracia hipertrófica que impide a los investigadores poder concentrarse en su trabajo. Dirigir un proyecto de investigación se ha convertido en un calvario, denunciaron este mes 525 científicos españoles en un texto publicado en EL PAÍS.

Recogimos las firmas en dos días, cuenta Juan Manuel García, director del Laboratorio de Estudios Cristalográficos del CSIC-Universidad de Granada y primer firmante del texto. Fue una reacción espontánea ante un problema común. Ahora nos planteamos enviarlo al presidente del Gobierno y al Rey. En los últimos años los presupuestos para I+D han crecido, pero no hay avances en la creación de condiciones de trabajo eficientes. Eso dificulta la obtención de buenos resultados, critica García.

Yo dirijo un proyecto de siete millones de euros de presupuesto y tengo que contratar a 17 personas, prosigue el científico. Para empezar, no sé ni dónde meterlas. Luego, no puedo contratar a los mejores. Si la persona más adecuada para cierta tarea es un doctor japonés, puedo olvidarme, porque el trámite para la homologación de su título es un calvario y se solucionará demasiado tarde. Si necesito material para el laboratorio, a lo mejor me toca esperar meses, porque todo está centralizado, y va lento. Yo me dedico prácticamente a tiempo completo a tareas administrativas. Y cuando invité hace poco a una serie de prestigiosos científicos extranjeros para dar clases aquí durante unos días, tuve que ocuparme yo del tema hotel.

El problema de fondo es que la Administración trata a la ciencia como cualquier otro servicio. Con los mismos mecanismos con los que se relaciona con una empresa que hará una autopista, observa José Luis Huertas, director del Instituto de Microelectrónica de Sevilla. Hay demasiada rigidez. Así, por ejemplo, yo no puedo contratar a nadie que no haya indicado al principio del proyecto. Pero, si lo que se necesita para hacer una autopista es previsible, no es así con la investigación. Y si desarrollando un proyecto encuentro una pista que exige personal especializado que no se había previsto, tendré un gran problema. Tenemos mucha carga burocrática, pero ninguna autonomía o flexibilidad.

El Instituto de Microelectrónica de Sevilla cuenta con 35 doctores. Pero sólo con siete técnicos. Los científicos denuncian que la ratio de técnicos por investigador en España es hasta cuatro veces inferior a la de los países más avanzados, lo que obliga a los investigadores a perder tiempo en tareas que podrían desempeñar otros.

Estoy de acuerdo con ellos en que existe este problema, comenta Miguel Ángel Quintanilla, secretario de Estado de Universidades e Investigación. Sin embargo, no comparto la valoración implícita en su discurso. En los últimos tres años la inversión del Estado en I+D se ha duplicado. El número de investigadores ha crecido un 55%. Pero no se puede hacer todo a la vez. Así, frente a este gran impulso, el número de técnicos ha crecido sólo un 20%. Es verdad que hay un desajuste, pero es porque hay más dinero, más proyectos y más investigadores.

España necesita incorporar a muchos jóvenes investigadores. Tenemos que recuperar una deficiencia histórica, reducir la distancia que nos separa de otros países, observa Carlos Martínez, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El esfuerzo de estos años está siendo excepcional. Es cierto que hay problemas, pero se está trabajando para solventarlos. No es momento de llorar, prosigue.

Las estadísticas disponibles reflejan sólo parte del esfuerzo del actual Gobierno, ya que el último dato cerrado es el de 2005 (fruto del presupuesto de 2004). Ese año, en España el I+D representaba el 1,13% del PIB. El anterior, el 1,07%. La dinámica es positiva y los expertos calculan que en 2006 podría alcanzarse el 1,25%.

Sin embargo, el ritmo es insuficiente para alcanzar el objetivo del 2% establecido para 2010, según señala el INE, y la distancia es abismal no sólo con países punteros, que dedican más del 3% de su PIB a I+D, sino también con la UE-25, que alcanzaba el 1,81% en 2003, último dato disponible.

En todo caso, el esfuerzo realizado podría resultar estéril, temen los científicos, si no se corrigen los problemas que denuncian. Porque con ellos es difícil lograr resultados, y fácil que capitales privados y jóvenes talentos se vayan a otros países. Si yo fuese un empresario con capital para I+D, no lo metería en España, dice García.

Somos conscientes del problema y estamos poniendo remedio. Creamos el año pasado la oficina Eurociencia, que ayuda en la gestión de los trámites relacionados a fondos UE. Estamos elaborando un programa para la formación de personal especializado en la gestión de proyectos de investigación. Y, a través de la ley de reforma universitaria y de la de agencias flexibilizaremos el sistema y dejaremos más margen de actuación a los científicos, dice Quintanilla.
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– Solucionar primero lo básico.
Jesús Álvarez Rangel – Universidad de Granada.

Leo en su periódico que un 10% de los funcionarios podrá realizar la mitad de la jornada desde casa (09/05/07), y me alegra enormemente que nuestra Administración se modernice, pero me gustaría que no perdiera el horizonte. Me explico: soy universitario y hace nueve meses que empezó el curso académico. Tengo constancia de que a muchos de mis compañeros becados se les ha ingresado lo que les corresponde hace apenas dos meses. En mi caso, interpuesta una reclamación aceptada y atendida que ponía en evidencia un error de la Administración que me la denegaba, aún no ha llegado.

Esto supone que tengamos que seguir dependiendo de nuestros padres para pagar el piso, la comida, los libros hasta no se sabe cuándo. Me gustaría saber qué ocurriría si los funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia tuvieran que esperar siete meses para recibir su salario. Probablemente, preferirían que la Administración solucionase primero lo básico y luego hablara de trabajar desde casa.

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– Entre el sillón y el banquillo.
El 5,2% de los alcaldes andaluces que aspira a la reelección está imputado en causas judiciales.

A las elecciones del próximo domingo concurren, al menos, 40 alcaldes que pese a estar imputados en asuntos judiciales aspiran a la reelección. Cuatro decenas de regidores que representan el 5,2% de los 770 que gobiernan en Andalucía. Los hay acusados por usar más de la cuenta el teléfono móvil oficial para llamadas personales (el de Puebla del Río, Sevilla), por comprar entradas para los toros con dinero del Ayuntamiento (Huércal Overa, Almería) y por acoso moral a una compañera (Chipiona, Cádiz). Pero en la mayoría de los casos, las imputaciones corresponden a acusaciones por malversación de caudales públicos y, sobre todo, por delitos urbanísticos (27 de los 40 alcaldes).

¿Es la corrupción urbanística la gran lacra de la política municipal? Para Fernando Jiménez Sánchez, autor del estudio Incidencia de la corrupción en la democracia, incluido en el Informe sobre la democracia en España que acaba de publicar la Fundación Alternativas, la corrupción política es un subproducto de un problema mucho más grave: la especulación inmobiliaria y la apuesta por el crecimiento urbanístico como principal instrumento para financiar a los ayuntamientos.

Jiménez Sánchez, profesor titular del departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia, cree que en la mayoría de los casos los alcaldes que acaban siendo corruptos no llegaron al cargo con esa intención. Simplemente, les fue difícil resistirse a la tentación. El Ayuntamiento es la administración más cercana a los ciudadanos y eso siempre les pone en la necesidad de tener que cumplir con las demandas de sus vecinos. Eso les lleva a buscar la forma de ingresar dinero y al final, caen.

Al analizar la lista de alcaldes imputados se aprecia que la mayoría de ellos gobiernan en municipios pequeños, donde los controles son menores. No obstante, Jiménez Sánchez advierte de que los controles en los Ayuntamientos españoles no son muy eficaces. Entre otras cosas, porque se recurre excesivamente al control jurídico. Y la vía del contencioso administrativo tiene muchos problemas de eficiencia y si no funciona bien se crea un clima de impunidad que es un caldo de cultivo para la corrupción.

Los programas electorales regionales de PSOE, PP, IU y PA contemplan medidas para mejorar la transparencia en la gestión urbanística. PSOE y PP proponen elevar al pleno todos los convenios urbanísticos (ahora los aprueba sólo el equipo de gobierno) y publicarlos en Internet. Además, los cuatro apuestan por hacer público el patrimonio de todos los altos cargos al principio y al final de cada mandato. IU incluso aboga por no utilizar el urbanismo para financiar a los Ayuntamientos.

Para Susana Corzo, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Granada, no hay, sin embargo, una voluntad política real de acabar con la corrupción. Hay más interés en destapar corruptelas de políticos, para dañar al adversario durante la campaña electoral, que una voluntad responsable de acabar con la corrupción, advierte. En su opinión, los políticos confunden la labor judicial de perseguir a los corruptos con la función política de empezar a erradicar, de raíz, la corrupción.

Las propuestas electorales de los partidos para acabar con esta situación son, según Corzo, improvisadas e ineficaces. Tampoco gustan al profesor Jiménez Sánchez, quien considera que la mayoría son de cara a la galería y que la lucha contra la corrupción debería abarcar desde la educación (el respeto hacia lo público) a más medidas de control técnico.

Además, según el profesor de Ciencia Política y de la Administración, habría que empezar por clarificar las competencias de los Ayuntamientos, mejorar la estructura de los ingresos municipales y que las comunidades autónomas asuman la responsabilidad que tienen en política urbanística. La nueva ley andaluza de Suelo va en esa dirección. A ver si se aplica bien, señala Jiménez Sánchez.

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