GRANADA
154 pueblos se quedan paralizados por no adaptarse a tiempo a la nueva ley de suelo
El 20 de enero acabó el plazo de cuatro años para ajustar los planes urbanísticos a la normativa andaluza y sólo 14 municipios lo han hecho Hasta que no cumplan el trámite, los ayuntamientos no podrán aprobar ningún plan nuevo, modificar nada, ni recalificar terrenos
QUICO CHIRINO/GRANADA
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El pasado 20 de enero se cumplió la moratoria concedida para adaptarse a la nueva Ley de Suelo de Andalucía; una norma que, en realidad, no es tan nueva, ya que entró en vigor a principio de 2003.
Pero pocos son los municipios que han llegado a tiempo: sólo 14 ayuntamientos de la provincia de Granada han ajustado sus planeamientos urbanísticos a la nueva legislación. En la Consejería de Obras Públicas hay constancia de que otros diez pueblos han aprobado sus pegous y es cuestión de tiempo que tengan todas las bendiciones. Otros 25 están en fase de aprobación inicial y 119 municipios se encuentran en el avance, una de las primeras etapas. En total, hay 154 municipios que todavía no se han adaptado al cien por cien a la nueva normativa.
El plazo ha concluido. A partir de ahora, los pueblos que no tengan su PGOU modernizado no podrán tramitar ningún plan nuevo, ni ninguna modificación de sus proyectos sin superar antes el trámite de ajustarse a la Ley de Suelo de Andalucía (LOUA).
Esto no significa que no se pueda construir nada de nada. Por ejemplo, en esta situación se encuentra la capital, que aún no ha renovado su planeamiento. Podrá ejecutar lo quede por hacer de su PGOU en vigor, el del año 2000. Poca cosa: en septiembre, la Gerencia de Urbanismo tramitó el estudio de detalle de los últimos terrenos que quedaban por urbanizar en la zona Norte, la teórica área de expansión de la ciudad. Lo que no puede hacer el Ayuntamiento mientras no se amolde a la Ley de Suelo es impulsar ningún proyecto nuevo, introducir modificaciones en los planes, ni alterar el uso de un solar. La Junta no va a autorizar ni recalificaciones de suelo ni el cambio de uso de los que se ya se encuentren calificados.
La argucia
Nada de esto se puede hacer desde el 20 de enero. Tampoco llevar a cabo proyectos que no estén ajustados a la ley si no se encontraban en marcha. Por eso muchos ayuntamientos han corrido en la recta final para salvar las restricciones extra que impone la nueva normativa: la más famosa, la obligación de dedicar el 30% del suelo a viviendas protegidas.
Pero también hay que seguir a rajatabla las directrices que ha marcado el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que limita el crecimiento de los municipios en la próxima década, tanto en superficie urbanizable como en población. De esta forma se persigue evitar el nacimiento de pueblos paralelos en los núcleos urbanos tradicionales; algo que ha ocurrido alrededor de las grandes ciudades, donde se han construido urbanizaciones faraónicas sin dotarlas de servicios.
El 10% de la población
Sólo 14 municipios granadinos se encuentran con los deberes hechos. Entre ellos, Motril, Alhendín, Cájar y, recientemente, Válor y Albolote; aunque algunos de ellos tienen observaciones. Apenas representan el 10% de la población total de Granada y el 4% de la superficie de la provincia.
En las primeras fases se encuentran municipios importantes. La propia capital, Loja, Ogíjares, Almuñécar, Santa Fe, Atarfe, Baza o Salobreña.
En la capital, el concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, presentó en el verano de 2005 el avance de un plan que preveía 15.223 vivienda y algunas iniciativas importantes, como sacar la fábrica de Cervezas Alhambra del centro de la ciudad.
Hace pocas semanas, el gobierno municipal presentó una nueva alternativa con el objetivo de romper reticencias en la Junta para que el proyecto salga adelante. Este plan recoge espacio para que la Universidad pueda construir un nuevo Campus, con un millón de metros cuadrados situados entre el Campus de la Salud y el estadio de Los Cármenes, e incluso al otro lado de la circunvalación.
Se trata de terrenos que en este momento son, en su mayoría, de propiedad privada y tendrían que ser comprados o expropiados. También se contempla ampliar los espacios para el Parque Tecnológico de la Salud junto a su emplazamiento actual.
Este nuevo PGOU, adaptado a la Ley de Suelo, no contempla expresamente ningún nuevo ferial, que el gobierno municipal no tiene prisa por moverlo de Almanjáyar mientras no haya consenso.
El polémico
De entre los pegous pendientes, el que presenta mayores controversias es el de Almuñécar. Días antes de cumplirse la moratoria, el pleno sexitano aprobó provisionalmente el documento, con el voto favorable de Coalición Andaluza -el partido de Juan Carlos Benavides- y del PP.
Hace unos días, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Almuñécar presentó un contencioso administrativo contra el acuerdo del pleno del 16 de enero al entender que se vulneraron los derechos fundamentales de los concejales de su grupo, que no contaron -según denuncian- con la información del expediente.
quicochirino@ideal.es
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