josé carlos rosales
Misa federal
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MIENTRAS el viernes pasado se debatía y aprobaba en el Parlamento de Cataluña la inclusión en su nuevo Estatuto de Autonomía del carácter laico de la enseñanza pública en aquella zona de España, la Universidad de Granada inauguraba el presente curso académico con una misa solemne en la Iglesia Católica de los Santos Justo y Pastor. Con la presencia del rector y de otras autoridades académicas, esta misa fue el primer acto oficial de una institución del Estado español (como lo es la Universidad de Granada) que, según la Constitución Española aún vigente, tendría que ser aconfesional. Contradicciones políticas de un país que todavía no tiene bien asumido el alcance de sus propias leyes pero que se dispone a establecer nuevos marcos jurídicos más centrados en la retórica declarativa que en la administración de una realidad desbordante.
La vida pública española está llena de símbolos religiosos y servidumbres eclesiásticas que no contribuyen a una sensata (y necesaria) separación entre la Iglesia Católica y el Estado. Se podrían gastar horas en discutir los matices que distinguen aconfesionalidad y laicismo. Podríamos enzarzarnos en debatir interminablemente los límites del Estado o de la Iglesia Católica. Pero no llegaríamos a ningún sitio porque, desde hace algún tiempo, casi todos los debates políticos españoles nacen viciados, crecen alimentados de recelos o equívocos y mueren bajo la descalificación rutinaria más estúpida. Alguien ha dicho (más bien lo han dicho casi todos los políticos) que las leyes aprobadas por una mayoría notable (del Parlamento nacional o de los parlamentos autonómicos) son indiscutibles y nadie las puede modificar. La disensión se ha vuelto sospechosa. Y el sentido común se está convirtiendo en el menos común de los sentidos. Será que el sentido común se está volviendo federal: en Cataluña es uno y en Granada otro. Me temo que la provechosa idea de una España plural acabe siendo su peor caricatura: desequilibrios, rivalidad, sordera.
Dentro de pocas semanas los obispos católicos saldrán a la calle para protestar por las tímidas reformas educativas del Gobierno de Zapatero. La religión (o las religiones), con todos sus sucedáneos, han regresado a la escena política en un momento en el que cada vez hay menos espacios comunes que nos integren a todos por igual. Aumentan los profesores de cualquier religión (incluida la musulmana) y disminuyen los protocolos y efemérides cívicas. Y, en medio de todo este guirigay, casi todos los partidos políticos de Cataluña han decidido barrer para adentro. O para afuera, según se mire. Porque, si estuvieran pensando en el interés general, llevarían sus propuestas laicas al Congreso de los Diputados y trabajarían para fortalecer la democracia. Así podríamos evitar tantas ceremonias religiosas católicas en nombre de un Estado aconfesional: boda del príncipe heredero, funerales en honor de militares muertos en acto de servicio o aperturas de curso con misa incorporada. Parece que lo único que interesa ahora es la financiación ventajosa, la identidad excluyente.
Por cierto, ¿las universidades catalanas también inauguran el curso con una misa católica?