GESTIÓN
Medio ambiente, el gran olvidado de las partidas presupuestarias
La Universidad española no logra aprobar la asignatura medioambiental. La falta de inversión y la escasa sensibilización se traducen, entre otras cosas, en una mala gestión de los residuos tóxicos generados en laboratorios, aulas y cafeterías
«La eliminación y reciclaje de un tubo fluorescente cuesta lo mismo que la compra de uno nuevo por su alto contenido en mercurio, residuo muy tóxico y peligroso que no se puede eliminar aquí, sino que se envía a Gran Bretaña. Así, al final, lo que te gastas en un tubo es el doble del precio de venta». El ejemplo lo cuenta Javier Benayas, vicerrector de Campus y Calidad Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid.
Con él trata de explicar uno de los motivos por los que a las universidades españolas les está costando tanto su ambientalización: la falta de financiación. «Cuesta mucho dinero implantar sistemas de gestión ambiental, por lo que muchas universidades se muestran reticentes a invertir en algo que desconocen», añade Benayas, «pero no sólo se trata de dinero sino que tiene que haber personas sensibilizadas». Y todavía no las hay, al contrario que en las universidades estadounidenses, pioneras en trasladar políticas de desarrollo sostenible a sus centros.
Lo comenzaron a hacer en los 60. Los países del norte de Europa junto con Gran Bretaña recogieron el testigo una década más tarde. Sin embargo, las universidades españolas andan rezagadas, siendo las diferencias entre centros muy notables. Las más activas son las de Girona, Barcelona, las Politécnicas de Cataluña y Valencia y las Autónomas de Madrid y Barcelona, que empezaron a plantear alternativas a finales de los 90. Poco a poco, se han ido incorporando las de Granada, Valladolid, Vigo, Alcalá, Córdoba y Las Palmas.
No obstante, son muchas todavía las que ni siquiera se han planteado qué hacer con los residuos tóxicos que generan sus laboratorios, construir edificios con materiales no contaminantes, utilizar papel reciclado o contratar empresas que trabajen con criterios ambientales en los servicios, por ejemplo, de limpieza o en las cafeterías.
Adoptando estas medidas –gestionadas, en muchas ocasiones, por las llamadas aulas verdes, gabinetes de prevención o servicios de protección ambiental–, la reducción de costes sería una realidad a largo plazo. «Cuesta dinero invertir en políticas de medio ambiente –la Autónoma madrileña destina 26.00 euros anuales sólo a la gestión de recursos peligrosos– pero, con el tiempo, supone un ahorro», explica Benayas. Lo ejemplifica volviendo a los tubos fluorescentes: «Se podrían cambiar por lámparas de larga duración, más ecológicas y baratas a la larga».
Sobre la resistencia a invertir habla Mario Rubiralta, presidente de la Comisión de Seguridad y Salud de las universidades españolas: «Siempre ha sido un tabú hablar de esto en la Universidad. Además, las más altas instancias lo han tomado como algo secundario y de poca importancia. Será porque si se levanta, se verán necesidades importantes en inversión que no se desean priorizar».
Rubiralta también echa la culpa del retroceso que lleva España a la Administración: «Nos hemos entrevistado varias veces con responsables de los Ministerios de Educación y Ciencia y no se ha avanzado».
En universidades como la de Valencia incluso se han paralizado proyectos por falta de financiación, como señala el docente Francisco Palov: «Se ha hecho un esfuerzo en la recogida de residuos, y facultades como Biología o Filología han medioambientalizado sus actividades, pero no se consiguió dinero para la certificación».
Consciente de tantas necesidades, la Conferencia de Rectores Españoles (CRUE) ha creado el Grupo de trabajo para la calidad ambiental y el desarrollo sostenible. Sus responsables celebrarán este mes las primeras jornadas abiertas, destinadas a la formación de técnicos en medio ambiente.
Junto a la sensibilización, es el punto de partida. «Tuvimos hace poco unas jornadas de calidad ambiental y la mayoría de los alumnos desconocía la existencia de contenedores separados para residuos, recogida de pilas, cartuchos… Incluso el Personal de Administración y Servicios ignoraba que hubiese una política ambiental», señala Diego Pablo Ruiz, científico de la Universidad de Granada.
Lo mismo piensa Rafael Gil, vicerrector de la Universidad de Valencia: «Se han colocado contenedores para el reciclaje selectivo, almacenaje de pilas… y la respuesta es minoritaria, convirtiéndose al final en un problema de ubicación de estos soportes». Es la opinión generalizada: la comunidad universitaria no está concienciada.
Docentes como Clara Barroso, experta en Educación Ambiental (Universidad de La Laguna), cree que estas medidas son insuficientes: «Sería deseable que nos permitieran hacer algo más que recoger pilas, papel o toners de impresoras». Especifica: «Me refiero a los residuos tóxicos de las cafeterías o Bellas Artes, que trabajan con ácidos. Son elementos químicos que, en muchísimos casos, van a parar al fregadero por carecer de contenedores y empresas que se encarguen de llevárselos y, lo más difícil, tratarlos adecuadamente».
Barroso añade que faltan «medios y dinero para mejorar las infraestructuras». «Es más barato hacer las cosas como siempre y no como se debería y la mayoría querría», dice.
Antonio Sastre, decano de Ciencias Ambientales (Alcalá), apostilla: «No sirve de nada concienciar a los alumnos, si luego el rectorado, el que tiene competencias, no pone medios y voluntad. Además, en España no hay ni tradición ni exigencias para tratar el tema». Sastre piensa que, en el fondo, las medidas adoptadas en las universidades no son otra cosa que «una cuestión de imagen, muy bonitas en la teoría pero que no se llevan a la práctica».
LOS UNIVERSITARIOS Y SU ENTORNO
Los universitarios más preocupados por el medio ambiente son los que cursan carreras como Químicas, Biología, Psicología o Física. Los que menos, los de Económicas o Derecho. Los datos forman parte del informe Actitudes hacia el medio ambiente y conducta ecológica responsable. Según otro estudio, El medio ambiente y la opinión pública, el 99% de los universitarios españoles admite no tirar papeles al suelo, el 96% tiene una actitud respetuosa durante sus salidas al campo y el 91% intenta economizar agua cada vez que abre el grifo. Los porcentajes caen cuando se trata de reciclar papel (56%), pagar más por un producto menos contaminante (31%) o consumir alimentos biológicos (2%). En cuanto a los sacrificios que están dispuestos a hacer en favor del desarrollo sostenible, el 40% asegura que encender menos la calefacción y el 64% pagar más impuestos.
AUSENCIA DE NORMATIVAS ESTRICTAS
No existe ninguna ley que obligue a las universidades a establecer sistemas de gestión medioambiental del tipo ISO 14000 o EMAS, los dos mayoritarios. «Se trata de mecanismos de carácter voluntario», como dice Ángel Manuel Moreno, titular de Derecho Administrativo de la Carlos III. Sí existe, en cambio, una legislación que obliga a tratar adecuadamente los residuos. Otra cosa es que los centros la cumplan. Francisco Palov, docente de la Universidad de Valencia, alerta de la necesidad de reducir las emisiones dañinas si entra en vigor el Protocolo de Kioto, «algo que no sólo no estamos cumpliendo, sino al revés, las aumentamos». Añade: «Es urgente que la Administración y las universidades hagan sostenibles sus actividades, para lo que necesitan un impulso».
UNA ARQUITECTURA NADA SOSTENIBLE
La construcción de nuevos edificios mediante el uso de energías no contaminantes e infraestructuras sostenibles es una quimera en la mayoría de los campus. Lo confirma Juan Miguel Otxotorena, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra: «El proceso que redunda en la obtención de resultados perceptibles en este terreno es degraciadamente mucho más lento que el del progreso de la sensibilización general». Señala dos tipos de mecanismos para lograrlo: los pasivos –fijan la atención en las condiciones bioclimáticas de cada lugar, de modo que el diseño del edificio sea capaz de dar una respuesta adecuada a sus efectos– y los activos –aquí entrarían las energías no contaminantes–.
SIETE TONELADAS DE RESIDUOS AL DÍA
La Universidad Jaume I de Castellón genera al año 8.000 kilos de residuos tóxicos y peligrosos; la de Vigo cerca de 9.000, el doble que hace cinco años. En las primeras recogidas selectivas que se hicieron en la Autónoma de Barcelona se demostró que cada día se emitían siete toneladas de residuos. El porcentaje de cada material es: 32% de papel, 28% de materia orgánica, 10% de problemáticos, 7% de vidrio, 5% de plásticos, 4% de metales, 3% de mixtos, 1 % de textiles, 1% de minerales, 1% de voluminosos (muebles y máquinas) y 5% de otros. Normalmente son empresas ajenas a las universidades las que se encargan de gestionar y eliminar los residuos. En otros casos, como confirman los propios investigadores y alumnos, el fregadero es el único destino.
BICIS ECOLÓGICAS Y MAPAS ACÚSTICOS
Las Universidades de Girona y Politécnica de Cataluña figuran entre las primeras que desarrollaron medidas para luchar contra la contaminación en las aulas. Iniciativas como compartir coche para llegar a los campus, bicicletas ecológicas para recorrerlos, ahorro de agua, campañas para utilizar el papel por las dos caras, reciclarlo y comprarlo con bajo contenido en cloro o una bolsa de voluntariado ambiental para estudiantes son algunas de las adoptadas. El Gabinete de Prevención y Calidad Ambiental de la de Granada, por su parte, está trabajando en la creación de un mapa acústico que permita medir los ruidos procedentes del exterior (vehículos, cortacésped, personas, máquinas…) para comparar los criterios de calidad sonora válidos para los espacios docentes.
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