La Fiscalía Superior de Andalucía ha remitido a la Fiscalía General del Estado las diligencias de investigación penal, a raíz de la denuncia interpuesta por un grupo de ciudadanos de Granada contra los autores de diferentes entradas del Diccionario Biográfico Español. Los denunciantes acusaron a la Real Academia de la Historia por vulnerar su obligación de ofrecer una «versión ecuánime» en las biografías publicadas. En el decreto, al que ha tenido acceso Granada Hoy, el fiscal superior andaluz, Jesús Calderón, afirma que estos hechos «exceden completamente de su ámbito de actuación por cuanto afectan a todo el Estado y, más concretamente y en segundo lugar, por su falta evidente de competencia territorial». Además considera el traslado a la Fiscalía General del Estado por la «evidente transcendencia de esta denuncia presentada».

En el escrito, el grupo de ciudadanos encabezado por el profesor de la Universidad de Granada Emilio García Wiedeman -y suscrita por más de 800 ciudadanos-, se demandó la devolución de la subvención de 5,8 millones de euros a través del Ministerio de Cultura para la elaboración del diccionario, la declaración de los denunciados y el secuestro de la publicación.

García Wiedeman aseguró ayer a este diario estar satisfecho con la rápida decisión del fiscal superior y confió en que la Fiscalía General obre con la misma diligencia. Además, el profesor recordó estar dispuesto a llegar a instancias internacionales para impedir cualquier intento de rehabilitación de regímenes que amparen el genocidio. «Si tenemos que llegar a Estrasburgo llegaremos, pero sería vergonzoso para la justicia española. Muchas personas en todo el mundo tienen ya la información de primera mano», explicó.

La Academia defiende el Diccionario Biográfico Español como un proyecto lexicográfico extraordinariamente ambicioso -se inició en el año 1999-, que alcanzará un total de 40.000 biografías y hasta cincuenta tomos de los que han sido editados hasta la fecha más de veinte. La propia Academia afirmó disponer de «colaboradores calificados, de los medios materiales necesarios y de la técnica adecuada para el éxito de un proyecto que significará un notabilísimo avance para la «sociedad del conocimiento». El Diccionario Biográfico Español aún no se encuentra disponible en librerías por falta de distribución, aunque se habrían remitido los ejemplares correspondientes a la Biblioteca Nacional.

Por su parte, los denunciantes consideran que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de difusión de informaciones injuriosas por motivos racistas o referentes a la ideología, así como de difusión de ideas o doctrinas que justifiquen genocidio o la rehabilitación de regímenes que lo amparen. Los denunciantes dicen actuar contra una «burda manipulación» histórica y los autores denunciados se comprometen a «revisar y mejorar, según proceda, las entradas del Diccionario Biográfico Español».

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La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica ya ha manifestado su intención de colocar la placa en homenaje a los fusilados tras el alzamiento militar de 1936 en la tapia del cementerio de San José en cuanto el muro sea declarado -posiblemente antes de fin de año- Lugar de Memoria Histórica de Andalucía. Esta declaración otorgaría al enclave la protección que tanto familiares como asociaciones reclaman para el lugar e impediría que el Ayuntamiento de Granada quitara la placa, como ha ocurrido en los últimos cuatro años. La última vez hace apenas una semana.
Está previsto que el nivel de protección del muro del camposanto se haga efectivo antes de 2012, por lo que la Asociación ya baraja el 28 de febrero -Día de Andalucía- como fecha idónea y especialmente simbólica para «reponer» la placa en el muro en el que se calcula que fueron fusiladas unas cuatro mil personas, según recordó ayer a este diario el portavoz de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Francisco Vigueras, que manifestó su satisfacción con la normativa aprobada por la Junta. «Por fin respiraremos tranquilos», aseguró.
Entre los planes de este colectivo figura la reposición «enseguida» de la placa que homenajea a los fusilados y, además, como proyecto de futuro «hacer un memorial con todos los nombres de los fusilados». Hasta la fecha, según los datos manejados por Vigueras, hay documentados 3.978 nombres. «Sería de justicia para que se recuerde este episodio», argumenta Vigueras, quien destacó, además, que el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado martes elimina la «amenaza» que, según el portavoz de la Asociación, se cernía sobre el muro del camposanto «porque el Ayuntamiento tenía un proyecto de ampliación del cementerio que implicaba derribar esa tapia».
Desde el Consistorio de la capital también ha habido respuesta a la aprobación del decreto. El alcalde en funciones, Fernando Egea, pidió «rigor». «Me parece adecuado que los lugares de singularidad histórica se reconozcan, pero es importante que haya una documentación que lo avale», explicó Egea ayer. En este sentido, el regidor en funciones insistió en que «la colocación de una placa debe ponerse donde realmente sucedieron esos hechos, por eso sería bueno que la documentación histórica fuera rigurosa».
Por último, Egea afirmó que «el Ayuntamiento no tendrá problema de atender y estudiar esa demanda. Durante los próximos meses veremos cómo se va a llevar a cabo la iniciativa», en relación con los trámites que aún tienen que cumplimentarse.
Sus declaraciones fueron inmediatamente contestadas por la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, que no ahorró críticas a Egea, a quien calificó como «ignorante e indocumentado». La Asociación entiende que con sus declaraciones pone en duda lo ocurrido después del alzamiento militar del 36 y cuestiona el trabajo de investigación realizado por el laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la ciudad, dirigido por José Ignacio Barrera Maturana y perteneciente a la Universidad de Granada, quien «ha hecho un estudio minucioso sobre los grafitos e impactos de bala que aún se pueden apreciar en dicha tapia», del que se concluye que «están asociados a los fusilamientos».
El inicio del procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía -que en Granada podría otorgarse a la tapia del cementerio de San José, al Barranco del Carrizal en Órgiva y al paraje entre Víznar y Alfacar donde se cree enterrado entre otros a Federico García Lorca- es competencia del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, dependiente de Gobernación y Justicia. Un grupo de expertos estudiará las propuestas y emitirá un informe vinculante. La Comisión Interdepartamental para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo también debe pronunciarse.
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