La Universidad de Granada recibe cerca de dos millones de euros para 256 contratos de investigadores en formación

El Ministerio de Educación transferirá a la Universidad de Granada (UGR) un anticipo de 1,8 millones de euros para pagar al personal investigador en formación, un dinero con el que se abonarán las ayudas para becas y contratos de 256 investigadores en el marco del programa de formación del profesorado universitario.

En total, la Secretaría General de Universidades del Ministerio ha acordado repartir cerca de 21,3 millones de euros entre varias universidades y fundaciones españolas y también para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Según se destalla en una orden, recogida por Europa Press, estas transferencias son anticipos a cuenta para que esas instituciones realicen los pagos a los becarios o contratados a lo largo de 2011 dentro de este programa de formación de profesorado universitario.

En esas ayudas se incluyen tanto los sueldos mensuales, como las pagas extraordinarias –en los casos que corresponda– y las cuotas de la Seguridad Social de los cinco primeros meses del año.

De los más de 21 millones de euros repartidos, la mayor cuantía se la lleva la Universidad Complutense de Madrid, que recibirá 2,1 millones de euros para sufragar los costes de 299 contratos.

A continuación se sitúa la Universidad de Granada, con 1,8 millones de euros para 256 contratos; y ya en tercer lugar figura el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que se transfieren 1,7 millones de euros, aunque en su caso concentra el mayor número de contratos acogidos a estas ayudas (392).

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La UGR recibe cerca de dos millones de euros para 256 contratos de investigadores en formación

El Ministerio de Educación transferirá a la Universidad de Granada (UGR) un anticipo de 1,8 millones de euros para pagar al personal investigador en formación, un dinero con el que se abonarán las ayudas para becas y contratos de 256 investigadores en el marco del programa de formación del profesorado universitario.

En total, la Secretaría General de Universidades del Ministerio ha acordado repartir cerca de 21,3 millones de euros entre varias universidades y fundaciones españolas y también para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Según se destalla en una orden, recogida por Europa Press, estas transferencias son anticipos a cuenta para que esas instituciones realicen los pagos a los becarios o contratados a lo largo de 2011 dentro de este programa de formación de profesorado universitario.

En esas ayudas se incluyen tanto los sueldos mensuales, como las pagas extraordinarias –en los casos que corresponda– y las cuotas de la Seguridad Social de los cinco primeros meses del año.

De los más de 21 millones de euros repartidos, la mayor cuantía se la lleva la Universidad Complutense de Madrid, que recibirá 2,1 millones de euros para sufragar los costes de 299 contratos.

A continuación se sitúa la Universidad de Granada, con 1,8 millones de euros para 256 contratos; y ya en tercer lugar figura el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que se transfieren 1,7 millones de euros, aunque en su caso concentra el mayor número de contratos acogidos a estas ayudas (392).

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La Universidad de Granada recibe cerca de dos millones de euros para 256 contratos de investigadores en formación

El Ministerio de Educación transferirá a la Universidad de Granada (UGR) un anticipo de 1,8 millones de euros para pagar al personal investigador en formación, un dinero con el que se abonarán las ayudas para becas y contratos de 256 investigadores en el marco del programa de formación del profesorado universitario. En total, la Secretaría General de Universidades del Ministerio ha acordado repartir cerca de 21,3 millones de euros entre varias universidades y fundaciones españolas y también para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Según se destalla en una orden, recogida por Europa Press, estas transferencias son anticipos a cuenta para que esas instituciones realicen los pagos a los becarios o contratados a lo largo de 2011 dentro de este programa de formación de profesorado universitario. En esas ayudas se incluyen tanto los sueldos mensuales, como las pagas extraordinarias –en los casos que corresponda– y las cuotas de la Seguridad Social de los cinco primeros meses del año. De los más de 21 millones de euros repartidos, la mayor cuantía se la lleva la Universidad Complutense de Madrid, que recibirá 2,1 millones de euros para sufragar los costes de 299 contratos. A continuación se sitúa la Universidad de Granada, con 1,8 millones de euros para 256 contratos; y ya en tercer lugar figura el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que se transfieren 1,7 millones de euros, aunque en su caso concentra el mayor número de contratos acogidos a estas ayudas (392).

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La Universidad de Granada recibe cerca de dos millones de euros para 256 contratos de investigadores en formación

El Ministerio de Educación transferirá a la Universidad de Granada (UGR) un anticipo de 1,8 millones de euros para pagar al personal investigador en formación, un dinero con el que se abonarán las ayudas para becas y contratos de 256 investigadores en el marco del programa de formación del profesorado universitario.

En total, la Secretaría General de Universidades del Ministerio ha acordado repartir cerca de 21,3 millones de euros entre varias universidades y fundaciones españolas y también para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Según se destalla en una orden estas transferencias son anticipos a cuenta para que esas instituciones realicen los pagos a los becarios o contratados a lo largo de 2011 dentro de este programa de formación de profesorado universitario.

En esas ayudas se incluyen tanto los sueldos mensuales, como las pagas extraordinarias -en los casos que corresponda- y las cuotas de la Seguridad Social de los cinco primeros meses del año.

De los más de 21 millones de euros repartidos, la mayor cuantía se la lleva la Universidad Complutense de Madrid, que recibirá 2,1 millones de euros para sufragar los costes de 299 contratos.

A continuación se sitúa la Universidad de Granada, con 1,8 millones de euros para 256 contratos; y ya en tercer lugar figura el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que se transfieren 1,7 millones de euros, aunque en su caso concentra el mayor número de contratos acogidos a estas ayudas (392).

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La UGR recibe cerca de dos millones de euros para becas de investigación

El Ministerio de Educación transferirá a la Universidad de Granada (UGR) un anticipo de 1,8 millones de euros para pagar al personal investigador en formación, un dinero con el que se abonarán las ayudas para becas y contratos de 256 investigadores en el marco del programa de formación del profesorado universitario.

En total, la Secretaría General de Universidades del Ministerio ha acordado repartir cerca de 21,3 millones de euros entre varias universidades y fundaciones españolas y también para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Según se destalla en una orden, recogida por Europa Press, estas transferencias son anticipos a cuenta para que esas instituciones realicen los pagos a los becarios o contratados a lo largo de 2011 dentro de este programa de formación de profesorado universitario.

En esas ayudas se incluyen tanto los sueldos mensuales, como las pagas extraordinarias –en los casos que corresponda– y las cuotas de la Seguridad Social de los cinco primeros meses del año.

De los más de 21 millones de euros repartidos, la mayor cuantía se la lleva la Universidad Complutense de Madrid, que recibirá 2,1 millones de euros para sufragar los costes de 299 contratos.

A continuación se sitúa la Universidad de Granada, con 1,8 millones de euros para 256 contratos; y ya en tercer lugar figura el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que se transfieren 1,7 millones de euros, aunque en su caso concentra el mayor número de contratos acogidos a estas ayudas (392).

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La Universidad de Granada recibe cerca de dos millones de euros para 256 contratos de investigadores en formación

El Ministerio de Educación transferirá a la Universidad de Granada (UGR) un anticipo de 1,8 millones de euros para pagar al personal investigador en formación, un dinero con el que se abonarán las ayudas para becas y contratos de 256 investigadores en el marco del programa de formación del profesorado universitario.

En total, la Secretaría General de Universidades del Ministerio ha acordado repartir cerca de 21,3 millones de euros entre varias universidades y fundaciones españolas y también para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Según se destalla en una orden, recogida por Europa Press, estas transferencias son anticipos a cuenta para que esas instituciones realicen los pagos a los becarios o contratados a lo largo de 2011 dentro de este programa de formación de profesorado universitario.

En esas ayudas se incluyen tanto los sueldos mensuales, como las pagas extraordinarias –en los casos que corresponda– y las cuotas de la Seguridad Social de los cinco primeros meses del año.

De los más de 21 millones de euros repartidos, la mayor cuantía se la lleva la Universidad Complutense de Madrid, que recibirá 2,1 millones de euros para sufragar los costes de 299 contratos.

A continuación se sitúa la Universidad de Granada, con 1,8 millones de euros para 256 contratos; y ya en tercer lugar figura el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que se transfieren 1,7 millones de euros, aunque en su caso concentra el mayor número de contratos acogidos a estas ayudas (392).

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Rifirrafe en la Universidad de Granada por la convocatoria de plazas de ascenso de profesores

La convocatoria de plazas promocionales para el profesorado contratado en la Universidad de Granada (UGR) ha generado un rifirrafe en la institución. El sindicato CCOO se ha quejado de que «la comisión de ordenación académica echó para atrás la propuesta de dotar 15 plazas de promoción presentada por el Vicerrector», al que acusa además de no defender suficientemente la propuesta que él mismo presentaba.

Al final, sólo se aprobaron cinco plazas, cuatro de promoción y una de estabilización, según la versión del sindicato. En cambio, en el informe del vicerrectorado se dio luz verde a que éste «comunique la convocatoria extraordinaria de otras 10 plazas de profesor contratado doctor».

Y en esas diez plazas se ha manifestado el desencuentro. Desde la comisión, el profesor Juan López defiende que «es precisamente para evitar discriminación por lo que la comisión aprobó las plazas y acordó abrir un procedimiento público y abierto. Y cuando se oculta una realidad para descaradamente intentar informar de otra, se está manipulando», dice refiriéndose a CCOO. Más información en el artículo de la edición impresa de IDEAL firmado por Andrea G. Parra.

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La Universidad recibe 1,8 millones de euros para contratos de investigación

El Ministerio de Educación transferirá a la Universidad de Granada (UGR) un anticipo de 1,8 millones de euros para pagar al personal investigador en formación, un dinero con el que se abonarán las ayudas para becas y contratos de 256 investigadores en el marco del programa de formación del profesorado universitario.

En total, la Secretaría General de Universidades del Ministerio ha acordado repartir cerca de 21,3 millones de euros entre varias universidades y fundaciones españolas, así como también para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Según se detalla en una orden, estas transferencias son anticipos a cuenta para que esas instituciones puedan realizar los pagos correspondientes a los becarios o contratados a lo largo de este año dentro de este programa de formación de profesorado universitario.

En esas ayudas se incluyen tanto los sueldos mensuales, como las pagas extraordinarias -en los casos que corresponda- y las cuotas de la Seguridad Social de los cinco primeros meses del año.

De los más de 21 millones de euros repartidos, la mayor cuantía se la lleva la Universidad Complutense de Madrid, que recibirá 2,1 millones de euros para sufragar los costes de 299 contratos.

A continuación se sitúa la Universidad granadina, con los ya citados 1,8 millones de euros para los 256 contratos; y ya en tercer lugar figura el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que el Gobierno Central transferirá unos 1,7 millones de euros, si bien en su caso concentra el mayor número de contratos acogidos a este tipo de ayudas, concretamente un total de 392.

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La gestión de los residuos sanitarios necesita una normativa única

Un estudio de la Universidad de Granada (UGR) advierte sobre la necesidad de unificar los planes de gestión de los residuos sanitarios existentes en las diferentes comunidades autónomas para mejorar su reciclaje y eliminación. En la actualidad no existe una normativa específica a nivel estatal, tan solo una ley marco que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) prevé reformar.

“Realizamos una comparativa de los planes y normativas de gestión de residuos sanitarios vigentes en las comunidades autónomas en 2008 para ver si existían diferencias. Observamos distinciones que inciden incluso en la clasificación de los desechos, lo que hace difícil obtener un dato global de cuáles son, por ejemplo, los distintos tipos de residuos que se generan en el ámbito sanitario”, explica a SINC Montserrat Zamorano, investigadora de la UGR y coautora del estudio.

En España, ante la ausencia de una legislación específica de los residuos sanitarios, su gestión está regulada por la Ley 10/98 de residuos, así como por normativas específicas en función de su caracterización, como es el caso de los residuos peligrosos y radiactivos, entre otros.

“No obstante, trece de las comunidades autónomas estudiadas aprobaron normativas o planes para regular la gestión de este tipo de residuos, con la finalidad de garantizar la salud y protección del medio ambiente, algunas de ellas anteriores a la aprobación de la Ley 10/98”, apunta Zamorano.

El estudio analiza las diferencias y aspectos comunes en cuanto a definición y clasificación de los residuos, así como los principios básicos establecidos para las distintas fases de su gestión. “A la hora de gestionar los propios residuos, en aquellas comunidades en las que no exista una norma de referencia podemos tener el problema, si no existe acuerdo, de que centros sanitarios de una misma provincia gestionen los residuos de forma distinta”, destaca la experta.

Si no se clasifican correctamente, tampoco se reciclan

Los científicos encontraron diferencias en la definición del término ‘residuo sanitario’, en la clasificación de este tipo de desechos, así como en los criterios establecidos para la presentación, recogida, almacenamiento y tratamiento de las categorías establecidas. “Además, en la fecha del estudio se observó que parte de las normas, anteriores a la aprobación de la Ley 10/98, no se habían adaptado a los principios básicos de gestión establecidos en la misma”.

“Tampoco está extendida la práctica basada en la minimización, reutilización, reciclaje y valorización, frente a la incineración y eliminación en vertedero; y en consecuencia, debido al uso abusivo de material de un solo uso, la tasa de generación de este tipo de residuos se ha incrementando sustancialmente”, apunta la investigadora.

Según los expertos, las diferencias observadas, así como las prácticas que se llevan a cabo, podrían tener implicaciones tanto medioambientales como económicas en la gestión de estos residuos. “Esta situación podría evitarse con la aprobación de unos criterios generales de gestión a nivel nacional”, concluye la experta.

Residuos Sanitarios

Los residuos sanitarios proceden de actividades desarrolladas en centros para el tratamiento, diagnostico o inmunización de humanos o animales, así como en aquellos en los que se producen compuestos a partir de organismos vivos y sus productos. Su generación se realiza en actividades médicas o de investigación en hospitales, clínicas y laboratorios farmacéuticos.

Aunque una parte de estos residuos pueden considerarse asimilables a los urbanos, otra es potencialmente peligrosa debido, fundamentalmente, a la presencia de sustancias químicas y agentes patógenos.

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La UGR recibe casi dos millones para becas y contratos de formación

El Ministerio de Educación transferirá a la Universidad de Granada (UGR) un anticipo de 1,8 millones de euros para pagar al personal investigador en formación, un dinero con el que se abonarán las ayudas para becas y contratos de 256 investigadores en el marco del programa de formación del profesorado universitario.

   En total, la Secretaría General de Universidades del Ministerio ha acordado repartir cerca de 21,3 millones de euros entre varias universidades y fundaciones españolas y también para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

   Según se destalla en una orden, estas transferencias son anticipos a cuenta para que esas instituciones realicen los pagos a los becarios o contratados a lo largo de 2011 dentro de este programa de formación de profesorado universitario.

   En esas ayudas se incluyen tanto los sueldos mensuales, como las pagas extraordinarias –en los casos que corresponda– y las cuotas de la Seguridad Social de los cinco primeros meses del año.

   De los más de 21 millones de euros repartidos, la mayor cuantía se la lleva la Universidad Complutense de Madrid, que recibirá 2,1 millones de euros para sufragar los costes de 299 contratos.

   A continuación se sitúa la Universidad de Granada, con 1,8 millones de euros para 256 contratos; y ya en tercer lugar figura el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que se transfieren 1,7 millones de euros, aunque en su caso concentra el mayor número de contratos acogidos a estas ayudas (392).

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LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SANITARIOS NECESITA UNA NORMATIVA ÚNICA, SEGÚN UN ESTUDIO DE LA UGR

Un estudio de la Universidad de Granada (UGR) advierte sobre la necesidad de unificar los planes de gestión de los residuos sanitarios existentes en las diferentes comunidades autónomas para mejorar su reciclaje y eliminación. En la actualidad no existe una normativa específica a nivel estatal, tan solo una ley marco que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) prevé reformar.

«Realizamos una comparativa de los planes y normativas de gestión de residuos sanitarios vigentes en las comunidades autónomas en 2008 para ver si existían diferencias. Observamos distinciones que inciden incluso en la clasificación de los desechos, lo que hace difícil obtener un dato global de cuáles son, por ejemplo, los distintos tipos de residuos que se generan en el ámbito sanitario», explica Montserrat Zamorano, investigadora de la UGR y coautora del estudio.

En España, ante la ausencia de una legislación específica de los residuos sanitarios, su gestión está regulada por la Ley 10/98 de residuos, así como por normativas específicas en función de su caracterización, como es el caso de los residuos peligrosos y radiactivos, entre otros.

«No obstante, trece de las comunidades autónomas estudiadas aprobaron normativas o planes para regular la gestión de este tipo de residuos, con la finalidad de garantizar la salud y protección del medio ambiente, algunas de ellas anteriores a la aprobación de la Ley 10/98», apunta Zamorano.

El estudio analiza las diferencias y aspectos comunes en cuanto a definición y clasificación de los residuos, así como los principios básicos establecidos para las distintas fases de su gestión. «A la hora de gestionar los propios residuos, en aquellas comunidades en las que no exista una norma de referencia podemos tener el problema, si no existe acuerdo, de que centros sanitarios de una misma provincia gestionen los residuos de forma distinta», destaca la experta.

Si no se clasifican correctamente, tampoco se reciclan

Los científicos encontraron diferencias en la definición del término «residuo sanitario» en la clasificación de este tipo de desechos, así como en los criterios establecidos para la presentación, recogida, almacenamiento y tratamiento de las categorías establecidas. «Además, en la fecha del estudio se observó que parte de las normas, anteriores a la aprobación de la Ley 10/98, no se habían adaptado a los principios básicos de gestión establecidos en la misma».

«Tampoco está extendida la práctica basada en la minimización, reutilización, reciclaje y valorización, frente a la incineración y eliminación en vertedero; y en consecuencia, debido al uso abusivo de material de un solo uso, la tasa de generación de este tipo de residuos se ha incrementando sustancialmente», apunta la investigadora.

Según los expertos, las diferencias observadas, así como las prácticas que se llevan a cabo, podrían tener implicaciones tanto medioambientales como económicas en la gestión de estos residuos. «Esta situación podría evitarse con la aprobación de unos criterios generales de gestión a nivel nacional», concluye la experta.

Residuos sanitarios

Los residuos sanitarios proceden de actividades desarrolladas en centros para el tratamiento, diagnostico o inmunización de humanos o animales, así como en aquellos en los que se producen compuestos a partir de organismos vivos y sus productos. Su generación se realiza en actividades médicas o de investigación en hospitales, clínicas y laboratorios farmacéuticos.

Aunque una parte de estos residuos pueden considerarse asimilables a los urbanos, otra es potencialmente peligrosa debido, fundamentalmente, a la presencia de sustancias químicas y agentes patógenos.

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Call For Better Clinical Waste Management In Spain

Spanish experts are stressing the need to co-ordinate clinical waste management regulations in the different autonomous communities in the country to improve recycling and waste disposal.

A study carried out by the University of Granada (UGR) points out there is currently no specific state-wide regulation, just a framework law that the Spanish Ministry of the Environment and Rural and Marine Affairs (MARM) is planning to reform.

Clinical waste is generated from activities carried out in centres for the treatment, diagnosis or immunisation of humans or animals, as well as in centres where compounds are produced from live organisms and their products. It is generated from medical activities or from research in hospitals, clinics and pharmaceutical laboratories.

Although a part of this waste could be considered similar to urban waste, much of it is potentially hazardous, fundamentally, given the presence of chemical substances and pathogens.

�We carried out a comparison of the clinical waste management regulations and plans in place in the autonomous communities in 2008 to see if there were any differences. We observed distinctions that even affected the classification of waste, making it difficult to obtain global data on, for example, what different types of waste are generated in the clinical sector�, explains Montserrat Zamorano, UGR researcher and co-author of the study, to SINC.

In Spain there is no specific legislation relating to clinical waste, hence its management is regulated by Law 10/98 on waste, as well as by specific regulations based on its classification, as is the case for hazardous and radioactive waste, among other types.

�Thirteen of the autonomous communities studied, however, have approved regulations or plans to regulate the management of this type of waste, some prior to the approval of Law 10/98, with the aim of guaranteeing environmental health and protection�, highlights Zamorano.

The study analyses the differences and similarities between the ways in which waste is defined and classified, as well as the basic principles established for the distinct stages of its management. �When it comes to managing waste, problems may arise in communities where no reference standard exists, whereby health centres within the same province manage their waste differently if there is no agreement in place�, points out the expert.

Scientists found differences in the definition of the term ‘clinical waste’, in the classification of this type of waste, as well as in criteria prescribed for the presentation, collection, storage and treatment of the established categories. �Furthermore, at the time of the study, it was observed that some of the standards prior to the approval of Law 10/98 had not been adapted to the basic principles of management established therein.

�Neither is the practice of reduction, reuse, recycling and appraisal, as opposed to incineration and dumping, widespread; and consequently, owing to the excessive use of single-use material, the rate of generation of this type of waste has increased significantly�, indicates the researcher.

According to the experts the differences observed, as well as the practices in place, could have implications both environmentally and economically in the management of this waste. �This situation could be avoided with the approval of some general management criteria on a national level�, concludes the expert.

The conclusions could be relevant to many other countries too.

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