La última resolución del Ministerio de Educación sobre las becas Erasmus, publicada ayer mismo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deja en evidencia el compromiso del titular de este departamento, José Ignacio Wert, de garantizar este curso la asignación económica a todos los estudiantes acogidos a este programa de movilidad, incluidos los que no disfrutan de una beca de carácter general. La determinación, obvia las bonificaciones por parte del Gobierno central a unos 1.400 alumnos de la Universidad de Granada, que no fueron becarios del Ministerio el pasado curso.

La disposición publicada ayer elude cualquier mención a los alumnos que no disfrutaran el curso pasado de una beca generalista. De hecho, es explícita en este sentido, al fijar la concesión de una ayuda de 233 euros por becario y mes a los estudiantes españoles seleccionados en este programa europeo «que a su vez hayan sido beneficiarios de una beca de las denominadas de carácter general concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el curso 2012/2013».

Esta cifra supone un incremento de 48 euros sobre la situación previa, cuando se beneficiaban de una primera aportación de 100 euros con carácter general y de otros 85 euros por tratarse de estudiantes con beca generalista. La globalidad de las ayudas programadas supera los 14,3 millones de euros.

La publicación de ayer genera dudas de cómo se gestionarán las ayudas de los que no fueron becarios el pasado año. La primera idea del Ministerio era dejar sin prestaciones a esos estudiantes -1.400 en Granada- pero el aluvión de protestas obligó a Wert a rectificar y se anunció una posible ampliación de la partida prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2014 hasta alcanzar los 19 millones. Para ello, el Partido Popular presentó una enmienda a las cuentas estatales que fue rechazada en el Senado, al parecer, cuando se detectó «un error técnico». En el seno del Ministerio se cree posible revertir esta situación en el debate plenario próximo.

Sea como fuere este paso agita nuevamente a 1.400 estudiantes ya desplazados en el extranjero que contaban con percibir 100 euros por parte de la Administración central. Muestra de ello es que ayer comenzaron a dar a conocer a través de las redes sociales su preocupación al conocer el contenido de la resolución del BOE.

El texto, que tiene efecto sólo sobre aquellos erasmusque contasen con beca generalista el curso pasado, fija que las ayudas serán aportadas directamente a las universidades e instituciones de enseñanza superior como entidades colaboradoras. De igual modo, se limita la financiación a ocho meses la acción de movilidad para estudios y a tres meses en la acción de movilidad para prácticas.

Según el anexo de la disposición figuran dos instituciones granadinas como receptoras de un total de 1,3 millones euros, los cuales permitirán colaborar con 233 euros mensuales en la formación Erasmus de 731 alumnos granadinos. Se trata del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada, con cinco beneficiarios (y consignación de 9.320 euros) y la Universidad de Granada (1,3 millones de euros). En todos estos casos se trata de becas de movilidad de estudios, sin que se cuente ninguno por prácticas.

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El pasado 27 de febrero, la Universidad de Granada (UGR) rubricó un acuerdo con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla para que la institución académica granadina fuera la responsable de realizar pruebas de ADN a aquellos menores inmigrantes que, de manera irregular, llegaban hasta la ciudad melillense acompañados por adultos que decían ser sus padres. Aquel convenio fue posible gracias al programa DNA Pro-Kids impulsado por el catedrático de Medicina Legal de la UGR José Antonio Lorente. En la presentación del acuerdo, hace diez meses, la consejera de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma, María Antonia Garbín, reconoció que ya se había detectado un caso en el que el menor y el adulto no tenían ninguna relación familiar.

Las sospechas de que aquel caso correspondiera a una práctica más común de lo esperado -y deseable- se han confirmado durante los meses de trabajo conjunto entre Lorente y los responsables de Bienestar Social de Melilla. Según explica el profesor de la UGR, en el tiempo que lleva vigente el convenio -que se firmó en febrero pero que en realidad ha estado en práctica desde 2012- en «aproximadamente un 30%» de los casos analizados (una treintena) se ha determinado que la filiación entre el menor y el adulto que decía ser su familiar era falsa.

En cuanto a la situación que se ha detectado en Melilla, Lorente reconoce que el porcentaje de filiaciones fraudulentas «no me sorprende» ya que, según los estudios llevados a cabo sobre el tráfico de menores, entre el 30 y el 40% de los niños no están identificados.

En cuanto al motivo por el que las autoridades de la Ciudad Autónoma pusieron en manos de la UGR contrastar los datos de ADN de menores y adultos, el acuerdo se debe, según Lorente, a una cuestión económica, ya que estos análisis no suponen ningún coste para Melilla.

Sobre los motivos por los que se produce este tráfico de menores, que llegan a España a través de Melilla, Lorente reconoce que es un «tema complejo» aunque posiblemente los niños que llegan acompañados se destinen a «adopciones irregulares».

En cuanto a la situación que se da en el resto de España, Lorente señala que se ha realizado algún análisis de ADN «de forma puntual», concretamente en colaboración con la Cruz Roja de La Coruña, sin que, de momento, este tipo de pruebas se realicen ni en Granada ni en Motril -a cuyo puerto llegan las pateras interceptadas por la Guardia Civil-. En estos casos, el único análisis médico que se realiza a los menores son las conocidas pruebas oseométricas, que determinan si, realmente, tienen menos de 18 años.

«En Melilla éste es un problema acuciante», destaca el impulsor del DNA-Prokids, al que se han acogido desde su puesta en marcha en el año 2009 18 instituciones de trece países, todas ellas implicadas en erradicar el tráfico de menores. Destaca México, con cinco estados -Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán y Chiapas- además de la Procuraduría General de la República dentro del programa. En la base de datos cuentan con más de 9.000 muestras, que han permitido la identificación de más de 700 niños, según los datos ofrecidos en este periódico por Lorente el pasado mes de mayo.

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La resolución publicada ayer ha levantado las alarmas entre el colectivo de los erasmus de la Universidad de Granada, cerca de 2.000 jóvenes que, en la mayoría de los casos, ya se encuentra en su universidad de destino. Una de las estudiantes que arremete contra la nueva orden publicada en el BOE -que únicamente recoge las ayudas a los que hubieran sido becarios el pasado curso y ‘olvida’ a los que no fueron perceptores de ayudas del Ministerio- es María Ocaña, que, en primer lugar, critica que la orden se publicada en «día festivo, como siempre para levantar menos alboroto». Para esta estudiante, la publicación supone que las becas de movilidad sean «solamente otorgadas a aquellos que recibieron una beca de carácter general el año pasado». En este sentido, «creo que hablo en nombre de todos mis compañeros cuando digo que me parece indignante que, tras callarnos a todos la boca con una supuesta ‘rectificación’, nos la vuelvan a colar a hurtadillas y dejándonos, tal como habían previsto al inicio del curso, sin un céntimo», indica María, estudiante de Traducción e Interpretación de la UGR. Desde Rouen (Francia), asegura que «solo queremos que se sepa de nuevo lo que están haciendo. Es una vergüenza y ahora sí que perjudica a muchos alumnos, que han desembolsado una gran cantidad de dinero en su país de destino». «No nos callamos entonces ni nos vamos a callar ahora», concluye la estudiante.

En las redes sociales son mayoría los que entienden que el BOE implica la supresión de los fondos para los no becarios. Las ayudas que percibirán estos alumnos dependen de una ampliación presupuestaria.

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La Fundación Descubre ha puesto en marcha, junto con la Universidad de Granada (UGR), un proyecto que, con el nombre de Generaciones de plata, pretende recuperar la memoria de los científicos que sufrieron el exilio, la represión y la muerte durante la Guerra Civil y la posguerra en Andalucía, y para ello ha creado una página web que dará paso a la organización de exposiciones y la edición de una publicación.

La web (http://generacionesdeplata.fundaciondescubre.es) recoge, tras una investigación bibliográfica exhaustiva, las vidas de científicos como Emilio Herrera -Granada, 1879 – Ginebra 1967-, considerado uno de los padres de la aeronáutica en España. En total, en la web hay disponibles un total de 85 biografías (seis de ellas de mujeres científicas), a las que en breve se unirán unas 20 más que están actualmente en revisión, según indicó la directora de la Fundación, Teresa Cruz.

El proyecto, que ha contado además con la colaboración de Todoslosnombres.org, ha superado ya su primera fase, de identificación de las víctimas mediante una investigación bibliográfica, si bien se está encontrando como principal obstáculo la falta de información sobre los represaliados o exiliados. Por ello, la web está abierta a la aportación de la ciudadanía, para que remita información de sus familiares u otros datos e imágenes de los científicos ya recogidos, que serán verificados por el equipo científico que ha desarrollado la iniciativa.

La web tiene un carácter divulgativo para dar a conocer a todas aquellas personas destacadas por su aportación a la ciencia y que murieron o sufrieron el exilio, o los nombres de los que, precisamente por la irrupción de la Guerra, nunca pudieron llevar a cabo sus proyectos. Entre ellos, además de físicos, químicos o matemáticos, también se encuentran dentistas, ingenieros, veterinarios, arquitectos o matronas, cuyos datos han sido recopilados fundamentalmente de los archivos militares, los colegios profesionales o las universidades, según indicó la vicedecana de la Facultad de Ciencias, Ana Isabel García López.

Generaciones de plata cuenta con un presupuesto que asciende a los 30.000 euros, de los que la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales aporta 13.900, y la Universidad de Granada y la Fundación Descubre el resto.

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En alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, tienen previsto firmar un convenio en los próximos días para la formación, información e intercambio de experiencias relacionadas con la convivencia intercultural y la atención social a la población romá procedente del este europeo.

La UGR, a través de su Departamento de Antropología Social, tiene una larga tradición y experiencia en el campo de los estudios romaníes, y participa en el Proyecto de Investigación e Intervención del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea , que tiene por objetivo investigar las experiencias, motivaciones y aspiraciones de las poblaciones romaníes rumanas que han emigrado a los países de Europa occidental y las reacciones frente este fenómeno por parte de la población local, los medios de comunicación, las autoridades públicas y profesionales educativos, sanitarios y de la intervención social.

La presencia en Granada de personas procedentes de otros países representa una oportunidad y un reto para poner en valor los rasgos sociales y culturales de sus lugares de procedencia y desarrollar una convivencia intercultura, según el concejal de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades, Fernando Egea.

Dentro del acuerdo se prevé, entre otros puntos, dar cursos de formación para los profesionales del Ayuntamiento. Ésta y el resto de propuestas no suponen ningún gasto para las arcas municipales ya que «los profesionales del Área de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades contribuirán con su experiencia en la realización de dichas acciones».

El convenio entrará en vigor en los próximos días y finalizaría el 31 de diciembre de 2015, pudiéndose renovar por periodos anuales mediante voluntad expresa de ambas partes, indica Egea.

Desde el Ayuntamiento, el área de Servicios Sociales trabajará en promover hábitos adecuados de conducta, como «apoyo a la organización doméstica», «educación en hábitos de higiene» o luchar contra el absentismo escolar. También se ayudará en temas relacionados con vivienda o documentación.

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