ANÁLISIS: INICIATIVA Maderas Nobles
Invertir en árboles es rentable
La firma gestiona lotes de nogales en la Sierra de Segura
GINÉS DONAIRE – Jaén
EL PAÍS – 24-10-2005
Clientes en todo el mundo
Invertir en árboles parece que es una apuesta rentable, y no sólo desde el punto de vista medioambiental, también económico. Así lo entiende Maderas Nobles de la Sierra de Segura, una empresa de silvicultura sostenible de especies frondosas para la obtención de maderas de alta calidad y la regeneración medioambiental, que ofrece además a la sociedad un producto alternativo de ahorro ético, ecológico y de alta rentabilidad.

La firma, que tiene su razón de ser en los montes de la comarca jiennense limítrofe con Albacete, vende lotes de nogales y asume sus cuidados, en su propia plantación, durante los 20 años del ciclo productivo, al final del cual se encarga también de la tala, desarraigo y gestión de la venta de la madera a favor del titular. Además de un importante beneficio económico para los clientes, las plantaciones sostenibles generan nueva masa arbórea, oxígeno, suelo acolchado y fértil, empleo rural.., y contribuyen a reducir el impacto de la industria maderera en bosques y selvas vírgenes en peligro en otras partes del mundo, asegura Francisco José Aguilar Carrasco, consejero de esta empresa en Andalucía.

La empresa, que se queda con un 10% del beneficio obtenido tras la reventa del lote de árboles, permite que sus clientes puedan venderles los árboles antes de la finalización del ciclo. Para Aguilar Carrasco, la rentabilidad de estas inversiones alcanza entre un 12% y un 23% anual acumulado, todo ello, subraya, debido a que la madera de calidad ha sido la materia prima más estable y de alta revalorización de los últimos 30 años y, por desgracia para el planeta, por el camino que vamos de deforestación y demanda de madera como materia prima, las previsiones para este tipo de plantaciones son óptimas.

La primera plantación de la empresa se encuentra en la comarca de la Sierra de Segura, que se extiende desde la parte nororiental de Jaén a la provincia de Albacete. Los nogales dispuestos para ser plantados en la misma y sus cuidados se venden en lotes de 10 ejemplares al precio de 3.149 euros (impuestos incluidos). Con ese desembolso, el cliente paga la propiedad y los cuidados de sus árboles en la propia plantación de Maderas Nobles Sierra de Segura durante los 20 años del ciclo productivo, al final del cual la empresa se encarga también de la venta de la madera al cliente.

Maderas Nobles Sierras de Segura está presente en la exposición La diversidad de la vida, que puede contemplarse hasta el próximo mes de marzo en el Parque de las Ciencias de Granada. La empresa de silvicultura sostenible jiennense es una de las cinco firmas modelo elegidas para el capítulo Cinco ejemplos locales. Hacer las paces con el planeta, de la exposición. Los otros cuatro proyectos se localizan en Riet Vell, las islas Galápagos, Costa Rica y Dehradun.

Los orígenes de la empresa se remontan al año 1991, cuando un grupo de personas sensibilizadas con los problemas medioambientales se propusieron crear una empresa (como otras que ya existían en países como EE UU, por ejemplo) que, entre otros productos naturales de creciente demanda, generase materia prima con la que surtir al mercado de la madera de alta calidad y, al mismo tiempo reforestara el monte con arbolado autóctono de la Sierra de Segura. En 1997, el proyecto fue aprobado por un importante grupo inversor extranjero, tras el aval otorgado por técnicos silvicultores de la universidad inglesa de Oxford. Sin embargo, el inicio de la actividad se pospuso al año 2000. Este tipo de iniciativas empresariales de gestión forestal sostenible van a proliferar en los próximos años y décadas, ya que cada vez más gente es consciente de la necesidad de devolver a la naturaleza el respeto perdido y de crecer junto con ella, indica José Luis Segura, un portavoz de la empresa.

La facturación prácticamente se ha ido duplicando cada año. En 2004 fue de alrededor de cuatro millones de euros. De la facturación, Maderas Nobles de la Sierra de Segura invierte el 2,5% en I+D, aunque espera alcanzar el 5%. Según se especifica en el contrato que se firma con los clientes, se destina el 0,7% del importe de los contratos (de los ingresos) a proyectos medioambientales, un porcentaje que se quiere elevar hasta el 1%. Maderas Nobles prevé invertir próximamente unos 600.000 euros en una nueva sede central y 2,5 millones de euros en tierras y árboles durante los próximos cuatro años.

La empresa cuenta actualmente con 17 empleados fijos (equipo de campo, administración, comunicación…) y un buen número de comerciales repartidos en delegaciones propias y agencias colaboradoras por casi toda España. En Andalucía, además de Jaén, tienen delegaciones en Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga.

Clientes en todo el mundo

La cartera de clientes de la empresa es de unos 3.500. El 95% de ellos son particulares, aunque cada vez hay más empresas interesadas. Hay clientes en París, Marsella, Londres, Beirut, Nueva York, Los Ángeles o Buenos Aires. Hasta la fecha, las ventas realizadas en el extranjero alcanzan un 2% del total, un porcentaje que se pretende elevar al 10%.

Dentro de muy poco tiempo encontraremos compañías que, entre sus valores añadidos, venderán el hecho de haber aceptado su responsabilidad social destinando parte de sus beneficios a la plantación de árboles, como compensación a sus consumos energéticos y de materiales, a lo que se denomina huella ecológica, y como forma de seguir obteniendo y generando riqueza para sí mismas y para toda la sociedad, manifiesta José Luis Segura.

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LA POLÍTICA PENITENCIARIA

Penas más duras y pocas alternativas
Cinco expertos analizan el hecho de que España tenga la tercera tasa más alta de presos de la UE
J. A. R. – Madrid
EL PAÍS – España – 24-10-2005

Cárcel de Soto del Real (Madrid). (RICARDO GUTIÉRREZ)
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Gallizo: Las reformas han alargado la estancia en las cárceles, que se sobreocupanLorenzo Morillas: El efecto de los cambios de 2003 aún no ha llegado a las prisionesLas cárceles no tienen reservado el derecho de admisión. Todo cliente enviado por los jueces halla acomodo, por el tiempo que sea. El ritmo de aumento de la población penitenciaria (un 3,2% en lo que va de año), sin cárceles nuevas aún, ha llevado a Mercedes Gallizo, directora de Instituciones Penitenciarias, a plantear una reflexión: Ha llegado el momento de que la sociedad supere la idea de que las prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas que llegan a vulnerar las normas penales. ¿Cómo es posible que España tenga la tercera mayor tasa de población reclusa, 144 presos por 100.000 habitantes, muchos más que Francia o Italia? El Reino Unido, donde el total de presos crece en 250 personas por semana, se pregunta lo mismo. Ambos países construyeron 13 cárceles cada uno entre 1996 y 2003, con 18.500 nuevas plazas en el caso británico y 10.027, en el español. Y ya están llenas.

Cinco expertos opinan sobre el caso español y sus soluciones: Mercedes Gallizo; la jurista y portavoz del PP en la Comisión de Interior, Alicia Sánchez Camacho; el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada Lorenzo Morillas, miembro de una de las comisiones que participó en la reforma del Código Penal de 2003; el magistrado Arturo Beltrán, presidente de la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, máxima instancia judicial penitenciaria en la comunidad; e Iñaki Rivera Beiras, director del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, de la Universidad de Barcelona.

Todos, salvo Sánchez Camacho, coinciden en que la causa fundamental del imparable aumento de reclusos está en el endurecimiento de las penas del Código Penal de 1995, reforzado aún más en 2003; las dificultades en el acceso al tercer grado y a la libertad condicional; la introducción de nuevos delitos de peligro abstracto; un cierto abuso de la prisión preventiva y la mayor presencia de delincuentes llegados de otros países. En plata: más presos, por más tiempo y sin poder redimir pena.

Los neoconservadores de Estados Unidos han exportado a Europa, y por supuesto a España, una política de populismo punitivo, de tolerancia cero, que se traduce en políticas de barrido de los delincuentes de las calles y de endurecimiento de las penas, asegura Rivera. El panorama es preocupante, y lo único que se les ocurre a los Gobiernos es construir más cárceles. El problema no es sólo que cada vez haya más presos, sino que no tienen posibilidades de redención, y se crea una tensión máxima. Y no es cuestión de PP o PSOE. Ambos votaron las reformas, añade.

Morillas analiza la situación en una línea similar. Se ha producido un expansionismo del Derecho Penal, es decir, que hay más delitos y más penas. Hay un expansionismo racional para una sociedad de riesgo, como es el que afecta, por ejemplo, a los delitos de Internet o del tráfico; y otro irracional, que intenta paliar los fallos de la sociedad. Esto, en épocas de sensación de inseguridad ciudadana, se traslada al Derecho Penal. Uno de los problemas que ve Morillas es que la reforma del Código Penal de 2003 (que consagró el cumplimiento íntegro de las penas y dificultó el tercer grado y la libertad condicional) aún no ha surtido efecto en las cárceles. La reforma de 1995 tardó dos años en apreciarse, y la de 2003 se empezará a ver ahora, con una mayor presión sobre el sistema.

Beltrán coincide en que la culpa es, fundamentalmente, del endurecimiento de las penas, y del cambio que se ha operado en España de una sociedad preindustrial a una tecnológica, algo que no se sabe aún bien cómo se ha encajado. Explica que el crecimiento de la población y de la delincuencia foránea (no de la inmigración, que es gente que viene a trabajar, no a delinquir, matiza) ha contribuido a la situación actual. Con las normas más duras se crea un ambiente de inseguridad, y para los jueces es más fácil justificar una prisión preventiva que la libertad.

Los análisis son parcialmente coincidentes con el de Gallizo. Es evidente que las reformas de la legislatura pasada alargan el tiempo de estancia en las prisiones, que se sobreocupan, argumenta. La reflexión que debemos trasladar es que el abuso de las penas en régimen cerrado desvirtúa el sistema. El plantear medidas para flexibilizar el sistema acarrea riesgos, pero no hacer nada también es un riesgo, porque puede haber más conflictos en las cárceles y menos posibilidad de tratamiento, continúa.

La directora de Prisiones añade que las medidas de endurecimiento de las penas no vinieron acompañadas por parte del Gobierno del PP de un plan de construcción de centros, porque pensaban que la población reclusa no crecería.

La diputada del PP Sánchez Camacho reniega de este planteamiento. Si hay más gente en la cárcel es porque se delinque más, sentencia. El endurecimiento del Código Penal fue debido a una demanda social, pero en los últimos dos años, el actual Ejecutivo no ha hecho nada. Y tampoco se están adoptando medidas sociales para impedir que crezca la delincuencia. A su juicio, el alargamiento de las condenas fue muy bien recibido por la sociedad y redujo la reincidencia.

Así las cosas, ¿qué se puede hacer? En la UE hay un debate sobre la flexibilización del sistema que aún no ha llegado a España, en el que se tiende a una apuesta fuerte por las penas alternativas, las libertades condicionales, la semilibertad, el cumplimiento de penas en centros de deshabituación por parte de los toxicómanos, las medidas telemáticas y los trabajos en beneficio de la comunidad, asegura Gallizo. Lo primero que debemos hacer es administrar lo que tenemos y multiplicar las actividades en la cárcel, como el trabajo productivo, porque mucha gente en los patios y sin hacer nada genera problemas. Todo ello combinado con medidas sociales que atajen las causas del delito.

La reflexión de Gallizo es muy interesante, añade Beltrán. Pero las medidas no son fáciles y no dan votos. Morillas agrega que lo vital es frenar la entrada en prisión. El 70% de los presos está en la cárcel por delitos de narcotráfico y contra el patrimonio, muchas veces asociados. Si un delincuente drogadicto se deshabitúa, posiblemente no volverá a delinquir, porque la causa del delito desaparece.

La coincidencia total es que para los delitos graves, para las condenas de larga duración, no hay alternativa. Quizás habría que reservar la cárcel para los delitos más graves, dicen casi con las mismas palabras Gallizo y Beltrán. Sólo con cumplir la ley, para que se permitiera el acceso a la libertad condicional de quienes han cumplido las dos terceras partes de la pena, se liberarían miles de celdas, asegura Rivera. Claro que hay que tomar medidas para prevenir y evitar el delito, afirma Sánchez Camacho. A las penas de prisión se pueden buscar alternativas, como el control telemático, pero eso no resuelve el problema porque afecta a poca gente, concluye.

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Los expertos del PSOE ven puntos de dudoso encaje constitucional en el Estatuto catalán
Los juristas rechazan el modelo de financiación pero avalan verbalmente el término nación
JOSEP GARRIGA – Barcelona
EL PAÍS – España – 24-10-2005
El informe encargado por el PSOE a cuatro catedráticos de Derecho Constitucional, que hoy aprobará la ejecutiva federal del partido, considera de dudosa constitucionalidad varios puntos de la propuesta de reforma del Estatuto catalán, sobre todo en materia de financiación y de modificación de leyes orgánicas y traspaso a la Generalitat de competencias reservadas al Estado. En cambio, los expertos creen -y así se lo transmitieron verbalmente el viernes a la dirección socialista- ajustado a la Ley Fundamental que Cataluña se defina como nación, pues el término no implica atribuir soberanía.

El documento ha sido redactado por cuatro catedráticos de Derecho Constitucional: Javier García, de la Universidad de Valladolid; Alejandro Sáiz, de la Universidad del País Vasco; Francisco Balaguer, de la Universidad de Granada y Manuel Medina, de la Universidad de Sevilla.

Éstas son las principales conclusiones del informe respecto a los puntos conflictivos del Estatuto.

– Financiación. Los expertos consideran de difícil encaje constitucional este título, porque el Estatuto no es la fuente de derecho constitucional preordenada para reorganizar las relaciones financieras entre el Estado y las autonomías. Los juristas entienden que la reforma estatutaria, más allá de enumerar principios generales, agota la materia al detallar los mecanismos del nuevo modelo de financiación.

– Competencias. El informe ha evitado analizar el despliegue competencial, en materias y submaterias, que detalla el proyecto de Estatuto por si se aprecian invasiones de las competencias reservadas al Estado que recoge la Constitución.

En cambio, los juristas sí han examinado la división que propone la reforma entre competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas. Los expertos han propuesto una redacción alternativa menos detallista, porque entienden que la reforma catalana, de rebote, también delimita las competencias estatales. El informe aconseja que esta redacción sea igual en todas las reformas estatutarias para evitar posibles asimetrías competenciales entre comunidades autónomas.

– Reforma de leyes orgánicas y 150.2. El nuevo Estatuto propone en su actual redactado la reforma de nueve leyes estatales, cuatro de ellas orgánicas, y el traspaso a la Generalitat de 10 competencias reservadas al Estado, entre ellas la gestión de puertos y aeropuertos. El informe de los juristas insiste en la posible inconstitucionalidad de estos aspectos, pues el Estatuto no puede imponer mandatos al legislador estatal, ya que las reformas legislativas o el traspaso o delegación de competencias compete exclusivamente al Gobierno central.

Los juristas matizan que, en el caso de las reformas legislativas, el redactado del Estatuto puede no tener un carácter imperativo, pues las competencias que recoge no entrarán en vigor hasta la futura modificación de la ley estatal. No obstante, entienden que ello también acarrea problemas, pues devalúa la condición normativa del Estatuto, ya que algunos artículos no tendrían efecto si la futura ley orgánica ya reformada no incorporara lo establecido en el Estatuto.

El informe, por tanto, propone tramitar en el Congreso la reforma de estas leyes orgánicas en paralelo al Estatuto mediante proposiciones de ley surgidas del Parlamento catalán.

– Nación. El dictamen no contiene un pronunciamiento por escrito sobre el conflictivo término nación para definir a Cataluña, pues la dirección del PSOE pidió que las opiniones sobre este asunto se expresaran verbalmente. Los juristas entienden que esta definición es constitucional, pues no implica atribuir soberanía.

– Derechos históricos. El Estatuto, en su artículo 5, señala que el autogobierno catalán también se fundamenta en los derechos históricos, a través de los cuales la Generalitat adquiere una posición singular en Derecho Civil, lengua, educación, cultura y el sistema institucional en que se organiza. El informe considera constitucional este artículo, pero recomienda suprimir la competencia en educación.

– Lengua catalana. El informe no aprecia ninguna vulneración constitucional, ni siquiera cuando se establece el derecho y deber de conocer el catalán. Los juristas tan sólo aprecian dudas respecto al requisito de saber catalán para magistrados, jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia, pues ello corresponde determinarlo a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

– Carta de derechos y deberes. Lejos de apreciar posibles problemas legales, los expertos valoran la inclusión en el proyecto de una carta de derechos y deberes de los ciudadanos limitada a las competencias de la Generalitat.

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