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Hay normas que no han cumplido ni de lejos el objetivo para el que fueron creadas. Su éxito depende del acuerdo de la gente
¿Dejarán de matar los hombres a las mujeres? ¿Dejarán de beber los jóvenes en la calle? ¿Dejarán de morir trabajadores en el tajo? Eso es lo que perseguían los promotores de la Ley contra la Violencia de Género, las leyes Antibotellón y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El problema es que ninguna de estas leyes ha conseguido, ni de lejos, su objetivo. Su publicación en el BOE no fue suficiente.
¿Por qué unas leyes cumplen su cometido y otras no? El catedrático emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de Granada, José Cazorla, apunta que “la mayoría de las veces [no funcionan] porque no eran útiles y en otras porque había una tradición contraria”. O dicho de otra manera: los problemas que afrontaban eran enormes. Se trata de cambiar formas de actuar.
Un ejemplo es la Ley Integral contra la Violencia de Género, de la que el Gobierno ha admitido que no ha dado los resultados esperados. La vicepresidenta De la Vega pidió, recientemente, “la implicación de todos los ciudadanos para acabar con esta triste y vergonzosa” lacra. De ellos depende.
¿Ha acabado la ley de matrimonios homosexuales con la discriminación de gays y lesbianas? Tampoco. Hay quien la ha calificado de norma pedagógica. Se aplica, pero necesita, para superar el examen final, romper aún con la inercia. Al igual que la asignatura Educación para la Ciudadanía, cuya implantación se ha topado con fuertes resistencias.
Normas que se puedan aplicar
A los gobiernos les sale caro aplicar las normas que promulgan si no conectan con su electorado. Ya lo sentenció Napoleón Bonaparte: “No dictes una ley que no te veas capaz de cumplir”. El ejemplo de las leyes antibotellón es claro. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), dictó la suya cuando presidía la comunidad y la hizo cumplir: envió a la Policía a acabar con el epicentro del ruido en el Dos de Mayo.
Sin embargo, en Andalucía, el Gobierno socialista dictó una ley que pasaba el asunto a los ayuntamientos, abriéndoles la posibilidad de crear botellódromos. Su aplicación está siendo dispar –cada consistorio ha tomado sus propias decisiones– y polémica. Cazorla arremete contra esta regulación: “Que la policía te detenga por beber un vaso de vino en la calle pone en entredicho la utilidad de la policía”.
El éxito de las normas dependerá de “la utilidad real que la gente le atribuya”, remacha Cazorla. Este es uno de los caballos de batalla de la lucha contra el urbanismo salvaje. La Fiscalía ha llegado a acusar a la Administración de no aplicar con rigor las normas en materia de derribos. Y la censura de determinadas actividades no está tan clara, pues alcaldes imputados repiten victoria en las elecciones. El filósofo griego Aristóteles lo expresó así: “Hay leyes fundadas en las costumbres que son mucho más poderosas que las leyes escritas”. Los ciudadanos tienen la palabra.
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