Un sistema pionero permite a alumnos con discapacidad visual seguir las clases como el resto de sus compañeros

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Investigadores del departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada han desarrollado un sistema pionero que permite a los alumnos con discapacidad visual seguir las clases donde el profesor utiliza imágenes y gestos para complementar la explicación.

La nueva herramienta didáctica consiste en que un profesional audiodescriba las imágenes mediante recursos orales y táctiles. «En concreto, hemos aplicado el sistema en clases de Anatomía, donde los dibujos e indicaciones del docente sobre su propio cuerpo resultaban inaccesibles para los discapacitados visuales», reconoce la investigadora María Quereda Herrera.

Para superar estas dificultades, los expertos explicaban las imágenes, además de señalar las partes que mencionaba el profesor sobre el propio cuerpo del discapacitado o sobre un esqueleto. Esta metodología ofrece múltiples ventajas, porque la traducción es simultánea, es decir, se desarrolla al mismo tiempo que la explicación. Además, posibilita la interacción entre el alumno y el profesor. Estos avances igualan las posibilidades de los discapacitados con el resto de sus compañeros, ya que reciben el mensaje al mismo tiempo que se emite y pueden preguntar sus dudas.

APUNTES Y MUSEOS

El siguiente paso de la investigación consistirá en la creación de material audiodescrito con los contenidos de las clases, para que los alumnos con discapacidad visual puedan consultarlos comos si se tratara de apuntes, al igual que sus compañeros.

Las características del sistema permitirán aplicarlo en otras situaciones. Por ejemplo, podría facilitar la accesibilidad a los contenidos de los museos. «Las audioguías pueden incluir esta forma de audiodescripción y así posibilitar que los discapacitados visuales comprendan las exposiciones», propone la investigadora principal del proyecto, Catalina Jiménez Hurtado.
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Una asociación pide a Garzón que abra la fosa de Lorca y señala otra ubicación

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La familia del maestro enterrado con el poeta solicita al juez que ordene excavar en el lugar señalado hace 30 años por Ian Gibson y en otro 430 metros más al sureste.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tendrá que decidir si abre la fosa en la que supuestamente se encuentra enterrado Federico García Lorca. Nieves García, la nieta del maestro de Pulianas (Granada) Dióscoro Galindo, fusilado y enterrado junto al poeta, y la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, solicitaron ayer al juez que admita el proyecto de exhumación de Galindo y de uno de los dos banderilleros sepultados en el mismo lugar, Francisco Galadí, y ordene el levantamiento de los cadáveres. Los denunciantes presentaron, además, un informe que da una ubicación alternativa de la fosa en la que se les enterró tras su asesinato por los sublevados.

Las solicitudes de Nieves García y la asociación granadina se suman a las de otros nueve colectivos que solicitaron al juez Garzón desde 2006 que ordenara la reapertura de las fosas de desaparecidos desde el golpe de estado franquista, durante la Guerra Civil y en la dictadura que la siguió. El juez no ha admitido a trámite por el momento las denuncias pero, antes de tomar esa decisión, ha solicitado a la Conferencia Episcopal, al Gobierno, varios ayuntamientos y la universidad de Granada que le faciliten todos los datos sobre las víctimas para decidir si abre una causa por genocidio.

La petición de abrir la tumba de Lorca choca con la oposición de la familia del poeta que, en los últimos años, se ha negado a reabrir el enterramiento clandestino, a pesar de que las asociaciones de represaliados y algunos familiares lo han solicitado. «Exhumar los cadáveres de las personas identificadas ya, enterradas luego en fosas comunes y de las que se conocen las circunstancias de su muerte, podría llegar a falsear la historia», escribieron en una carta Vicenta, Concepción y Manuel Fernández-Montesinos, y Gloria, Isabel y Laura García-Lorca, sobrinos del dramaturgo cuando se suscitó por primera vez la cuestión en 2003.

La asociación y la nieta de Galindo pusieron además en duda, después de tres décadas de consenso, el lugar donde presuntamente se encuentra la fosa común en la que fueron enterrados. El presidente del colectivo, Francisco González Arroyo, facilitó a Garzón una ubicación alternativa a la descubierta por Ian Gibson en 1971, tras años de investigaciones. El hispanista sitúa la fosa junto al camino que une Alfacar y Víznar, al lado de un olivo cercano a la Fuente de Aynadamar, el lugar donde todos coinciden que fueron acribillados. En homenaje al poeta y a sus compañeros de suplicio, allí se construyó el parque Federico García Lorca, en el que un monolito recuerda el lugar exacto donde se perpetraron los asesinatos.

González Arroyo, en nombre de su asociación, y la nieta de Dióscoro Galindo solicitaron ayer al juez que permita las excavaciones pero no sólo en el lugar señalado por Gibson, sino también unos 430 metros al sureste de ese punto, en un paraje del mismo municipio de Alfacar llamado El Caracolar. El presidente de la asociación aportó en el juzgado un informe en el que se explica esa segunda hipótesis sobre el lugar de la fosa. El documento se basa en el testimonio de Valentín Huete García, cocinero que vivió en el recinto del viejo caserón de Las Colonias -reconvertido durante la Guerra Civil en centro de tortura de los sublevados-, donde Lorca, Galadí, Galindo y el también banderillero Juan Arcollas pasaron sus últimas horas. Huete, según González Arroyo, vivía allí desde antes del golpe de Estado franquista, lo que lo convirtió «en observador obligatorio de todos los asesinatos cometidos por las fuerzas sublevadas al mando del capitán José María Nestares».

El testimonio de Huete, según el informe, coincide con los de otros vecinos de Víznar (Granada), localidad vecina a Alfacar, y con la del «acequiero de Aynadamar» que, según el informe entregado ayer al juez, señaló a González Arroyo «la piedra bajo la cual afirma que están los restos de los cuatro asesinados el 18 de agosto de 1936», el mismo lugar que señaló el cocinero.

Ian Gibson, sin embargo, sitúa la fosa cerca de medio kilómetro al norte. Hasta allí lo llevó Manuel Castilla, que, en 1966, relató al hispanista cómo fue obligado a enterrar los cuerpos tras el asesinato cuando sólo tenía 18 años, y le dijo el lugar donde cavó la fosa «paso más paso menos». El hispanista confirmó su teoría hace unos años, cuando se publicaron los trabajos del investigador español nacionalizado estadounidense Agustín Penón, fallecido en 1976. El enterrador de Lorca también condujo a Penón hasta aquel lugar.

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Universidad de Granada, rival de las locales en la Copa de Andalucía

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Alhaurín y Unideba serán los otros dos equipos en esta competición regional de voleibol

El equipo senior femenino del Club Voleibol Chiclana disputa desde hoy y hasta mañana la Copa de Andalucía de la especialidad, que se celebrará en la localidad cordobesa de Montalbán. El rival en semifinales de las pupilas de Cristóbal Caballero será Universidad de Granada y el partido está previsto que dé comienzo a las ocho de la tarde. Los otros dos conjuntos en liza son Unibeba de Málaga y Restaurante El Toro de Alhaurín El Grande, que se enfrentarán en la primera de las dos semifinales.

El entrenador chiclanero confía en que sus jugadoras sean capaces de imponerse al conjunto universitario y poder llegar mañana a la final del campeonato, a partir de las doce de la mañana. Partido este que será retransmitido por Canal Sur 2 Andalucía. El choque por el tercer y cuarto puesto está previsto que se desarrolle a las nueve y media de la mañana.
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La paz de los sepulcros

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El problema es que la postura de negarse a desenterrar cierto pasado no resulta, en realidad, en absoluto neutral; implica impedirle a mucha gente que cierre su luto

DESDE que el juez Garzón tomó la iniciativa de pedir documentos sobre desaparecidos y fosas comunes en la Guerra Civil y la posguerra, se han sucedido algunas reacciones que van de la frivolidad al cinismo, cuando no a la más lisa crueldad. Más aun considerando que la investigación está en su fase preliminar, y que el objeto de la misma es determinar si el juez es competente o no para afrontar la denuncia presentada por 13 asociaciones por crímenes contra la humanidad atribuidos al régimen franquista. Serán los expertos quienes deban resolver los debates sobre la jurisdicción universal de los crímenes, su prescripción o no, su permanencia por paradero desconocido, o sobre la cláusula Martens del II Convenio de la Haya. Sería irresponsable ponerse a pontificar en términos legales sin ser peritos en la materia. Lo que sí podemos hacer es un análisis social y ético de ciertas reacciones, así como de sus argumentos.

Estas semanas se han oído voces que, en desacuerdo con la iniciativa del juez Garzón, han aludido irónicamente a la Guerra de Independencia y los asesinatos de principios del siglo XIX, insinuando que entonces también deberían investigarse. Olvidan o silencian estos objetores que no sólo hablamos de algo mucho más reciente, sino de decenas de miles de personas que hoy quisieran saber dónde yacen sus padres o abuelos, para enterrarlos en paz. De gente todavía viva que fue privada de sus parientes directos e incluso de sus restos. Eso, cuando sucede en otros países, lo llamamos desaparecidos. Aplaudimos que nuestra justicia se implique en los casos de Chile, Argentina, China o Tíbet. Pero aquí no. Aquí parece que somos demasiado europeos, ricos y amnésicos como para tener desaparecidos. Hablar de las guerras carlistas o de Fernando VII implica no saber diferenciar entre ciudadanos actuales que crecieron viendo sus familias mutiladas, con tremendos efectos íntimos en el presente, y unos remotísimos parentescos con víctimas de otras épocas que, en el mejor de los casos, serían tátara-tatarabuelos a quienes jamás se habrán visto en retratos. Porque entonces ni siquiera existían las fotos. Ni, huelga decirlo, el concepto internacional del genocidio. Ni la figura de los crímenes de lesa humanidad. ¿Son suficientes diferencias? ¿O seguimos jugando a preguntarle al juez Garzón por qué no investiga las agresiones entre neandertales?

Otra de las objeciones más frecuentes es la de invocar los crímenes de guerra, siempre tan lamentables como inevitables. Esta objeción resulta especialmente preocupante. Algunos hablan como si la Guerra Civil hubiera ocurrido un buen día de pronto y sin antecedentes legales. Una cosa es admitir que, en efecto, hay atrocidades que ocurren por la trágica suspensión de los derechos elementales durante cualquier guerra. Y otra cosa es omitir que, antes de la Guerra Civil y sus devastadores efectos en ambos bandos, tuvo lugar un golpe de Estado a un gobierno democrático, votado mayoritariamente por la ciudadanía española. Golpe militar que violó lo que hoy todos los partidos, incluidos los conservadores, denominan solemnemente el \’Estado de Derecho\’.

Fue precisamente la violación de ese derecho lo que provocó que en Granada, como en otras ciudades, el acalde democrático de turno, Manuel Fernández Montesinos, fuese detenido y fusilado. Igual suerte corrió un alcalde granadino anterior, José Palanco Romero, hoy olvidado. E igual suerte corrieron miles de personas anónimas que acabaron en una fosa común igual que Lorca. En ese momento no había una simple guerra: había una legalidad vigente contra la que un bando militar estaba atentando. No ser capaz de distinguir conceptualmente entre una guerra clásica y una serie de secuestros, derrocamientos y fusilamientos cuyo objetivo es interrumpir una legislatura democrática resulta grave para un país europeo que presume de modernidad democrática. No se trata de dividir a los muertos en buenos y malos. Una vez consumado el conflicto bélico hubo, por supuesto, dolor y víctimas inocentes en ambos bandos. Pero el bando vencedor fue uno solo.

Tampoco pude comprender la primera reacción del señor rector de la Universidad de Granada. En un extraño alarde de mala voluntad, tanto él como el acalde advirtieron públicamente de antemano que no encontrarían mucha información, como si ellos mismos se hubieran pasado años rebuscando esos papeles. El señor rector se extrañó, además, de que a otros rectores no se les pidiera lo mismo. Que es como decir: es cierto que aquí secuestraron a profesores, pero, oiga, en Salamanca fueron más, ¿por qué me pregunta a mí? Con esa lógica, ningún crimen merecería una documentación, porque siempre habrá otros más numerosos. ¿No están las universidades y sus cátedras de Historia para conocer y entender lo mejor posible el pasado? ¿O es que este pasado es demasiado nuestro como para querer investigarlo?

Sé que es tentador declararse neutral: a nadie le gusta recordar tragedias. El problema es que la postura de negarse a desenterrar cierto pasado no resulta, en realidad, en absoluto neutral; y, quiérase o no, es una toma de partido activa, pues implica impedirle a mucha gente que cierre su luto. Para cerrar las tumbas (y todos queremos cerrar de una vez las de hace setenta años), primero esas tumbas necesitan existir. La célebre paz de los sepulcros requiere al menos eso: un sepulcro, un lugar, unas actas. Mal descansan los vivos cuando hay muertos despiertos por falta de hospedaje.
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Gibson encabeza la petición a Garzón para que exhume a los enterrados con García Lorca

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El historiador y experto en la vida del poeta lamenta, de la mano de las familias de Galindo y Galadí, que el cuerpo del escritor continúe «tirado en la cuneta como un perro»

Los familiares del que fuera maestro de Pulianas (Granada) Dióscoro Galindo y del banderillero Francisco Galadí, supuestamente enterrados en la misma fosa común que el poeta Federico García Lorca, presentaron ayer en la Audiencia Nacional una demanda para poder recuperar los restos de sus antepasados. Frente al silencio de los herederos de Lorca, «que ha primado siempre», los Galindo y los Galadí, arropados por el historiador Ian Gibson y varios miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, confían ahora en una «salida legal» que les sea favorable y permita la exhumación.

La nieta del maestro republicano, Nieves Galindo, defendió que la solicitud presentada ante el juez Baltasar Garzón es la «última salida» tras muchos años reclamando la exhumación. En todo ese tiempo, «ha ganado» la oposición de la familia del escritor a buscar la fosa pero ahora «tendrá que ser al revés», mantuvo Galindo. «Desde hoy dejará de primar el silencio de familia de Lorca», añadió Nieves Galindo, que tiene todas su «esperanza puesta en esta iniciativa de Garzón» porque es su «ltima salida».

Gibson

El hispanista Ian Gibson no entiende la negativa de la familia de García Lorca a buscar la fosa, a saber al menos, si el poeta está enterrado en el paraje entre las localidades de Alfacar y Víznar por lo que saludó la posibilidad de que setenta años después exista la «oportunidad» de buscar el cuerpo del «poeta más grande que tiene este país y el desaparecido más célebre de la Guerra Civil» que, según afirmó «yace tirado en una cuneta como un perro».

«Si la familia no quiere sacarlo de allí, me parece muy bien, yo no tengo derecho a entrar ahí pero sí creo que tengo derecho a saber si está», indicó Gibson, que también hizo referencia a los «bulos que circulan por Granada», como el de que los familiares desenterraron el cuerpo dos días después del fusilamiento y lo trasladaron a la propiedad familiar de la Huerta de San Vicente, «inventado -a su juicio- por algún sabelotodo».

Para el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, Francisco González, los García Lorca «pueden opinar sobre la recuperación de los restos de Federico si las instituciones se lo consienten» pero rechaza que se opongan a que los familiares de los otros enterrados junto a él recuperen los cuerpos de sus antepasados.

Localización exacta

Por su parte, el vicepresidente de la asociación granadina y alcalde de Pulianas, Rafael Gil, presentó un reportaje técnico entregado en la Audiencia junto a la demanda en el que se localiza la fosa y explicó que la localización exacta de la misma y la posterior exhumación se podría realizar «sin ningún escándalo ni circo», con los medios arqueológicos de los que dispone la Universidad de Granada.

«Lo que no puede ser es que la voluntad del asesino deje a muchos asesinados en las cunetas o en las fosas comunes cuando hay familiares que libremente quieran recuperarlos», añadió Gil.

Para Galindo y para Gibson «las heridas» que en forma de asesinatos causó la Guerra Civil y la represión franquista «siguen abiertas». Rechazaron así la postura que defiende «la derecha» de que la Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica y las peticiones para las exhumaciones únicamente sirven para abrir viejas heridas.

«Sin agravios»

«No vamos a abrir nada que no esté abierto, lo que hay que hacer es cerrarlas y eso sería encontrar los restos de la persona desaparecida, rescatar los restos de nuestros seres queridos sin que se haga en contra de nadie y sin ningún tipo de agravio», explicó la nieta del maestro asesinado el 18 de agosto de 1936 junto a García Lorca, Galadí y el también banderillero Francisco Arcollas -del que no se conocen descendientes-.
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La paz de los sepulcros

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DESDE que el juez Garzón tomó la iniciativa de pedir documentos sobre desaparecidos y fosas comunes en la Guerra Civil y la posguerra, se han sucedido algunas reacciones que van de la frivolidad al cinismo, cuando no a la más lisa crueldad. Más aun considerando que la investigación está en su fase preliminar, y que el objeto de la misma es determinar si el juez es competente o no para afrontar la denuncia presentada por 13 asociaciones por crímenes contra la humanidad atribuidos al régimen franquista. Serán los expertos quienes deban resolver los debates sobre la jurisdicción universal de los crímenes, su prescripción o no, su permanencia por paradero desconocido, o sobre la cláusula Martens del II Convenio de La Haya. Sería irresponsable ponerse a pontificar en términos legales sin ser peritos en la materia. Lo que sí podemos hacer es un análisis social y ético de ciertas reacciones, así como de sus argumentos.

Estas semanas se han oído voces que, en desacuerdo con la iniciativa del juez Garzón, han aludido irónicamente a la Guerra de Independencia y los asesinatos de principios del siglo XIX, insinuando que entonces también deberían investigarse. Olvidan o silencian estos objetores que no sólo hablamos de algo mucho más reciente, sino de decenas de miles de personas que hoy quisieran saber dónde yacen sus padres o abuelos, para enterrarlos en paz. De gente todavía viva que fue privada de sus parientes directos e incluso de sus restos. Eso, cuando sucede en otros países, lo llamamos desaparecidos. Aplaudimos que nuestra justicia se implique en los casos de Chile, Argentina, China o Tíbet. Pero aquí no. Aquí parece que somos demasiado europeos, ricos y amnésicos como para tener desaparecidos. Hablar de las guerras carlistas o de Fernando VII implica no saber diferenciar entre ciudadanos actuales que crecieron viendo sus familias mutiladas, con tremendos efectos íntimos en el presente, y unos remotísimos parentescos con víctimas de otras épocas que, en el mejor de los casos, serían tátara-tatarabuelos a quienes jamás se habrán visto en retratos. Porque entonces ni siquiera existían las fotos. Ni, huelga decirlo, el concepto internacional del genocidio. Ni la figura de los crímenes de lesa humanidad. ¿Son suficientes diferencias? ¿O seguimos jugando a preguntarle al juez Garzón por qué no investiga las agresiones entre neandertales?

Otra de las objeciones más frecuentes es la de invocar los crímenes de guerra, siempre tan lamentables como inevitables. Esta objeción resulta especialmente preocupante. Algunos hablan como si la Guerra Civil hubiera ocurrido un buen día de pronto y sin antecedentes legales. Una cosa es admitir que, en efecto, hay atrocidades que ocurren por la trágica suspensión de los derechos elementales durante cualquier guerra. Y otra cosa es omitir que, antes de la Guerra Civil y sus devastadores efectos en ambos bandos, tuvo lugar un golpe de Estado a un gobierno democrático, votado mayoritariamente por la ciudadanía española. Golpe militar que violó lo que hoy todos los partidos, incluidos los conservadores, denominan solemnemente el \’estado de Derecho\’.

Fue precisamente la violación de ese derecho lo que provocó que en Granada, como en otras ciudades, el acalde democrático de turno, Manuel Fernández Montesinos, fuese detenido y fusilado. Igual suerte corrió un alcalde granadino anterior, José Palanco Romero, hoy olvidado. E igual suerte corrieron miles de personas anónimas que acabaron en una fosa común igual que Lorca. En ese momento no había una simple guerra: había una legalidad vigente contra la que un bando militar estaba atentando. No ser capaz de distinguir conceptualmente entre una guerra clásica y una serie de secuestros, derrocamientos y fusilamientos cuyo objetivo es interrumpir una legislatura democrática, resulta grave para un país europeo que presume de modernidad democrática. No se trata de dividir a los muertos en buenos y malos. Una vez consumado el conflicto bélico hubo, por supuesto, dolor y víctimas inocentes en ambos bandos. Pero el bando vencedor fue uno solo. Quienes se oponen a la investigación invocan la fatalidad de las guerras, pero no quieren hacerse cargo de quién ganó esa guerra y cómo gestionó la memoria nacional.

Tampoco pude comprender la primera reacción del señor rector de la Universidad de Granada. En un extraño alarde de mala voluntad, tanto él como el acalde advirtieron públicamente de antemano que no encontrarían mucha información, como si ellos mismos se hubieran pasado años rebuscando esos papeles. El señor rector se extrañó, además, de que a otros rectores no se les pidiera lo mismo. Que es como decir: es cierto que aquí secuestraron a profesores, pero, oiga, en Salamanca fueron más, ¿por qué me pregunta a mí? Con esa lógica, ningún crimen merecería una documentación, porque siempre habrá otros más numerosos. ¿No están las universidades y sus cátedras de Historia para conocer y entender lo mejor posible el pasado? ¿O es que este pasado es demasiado nuestro como para querer investigarlo?

Sé que es tentador declararse neutral: a nadie le gusta recordar tragedias. El problema es que la postura de negarse a desenterrar cierto pasado no resulta, en realidad, en absoluto neutral; y, quiérase o no, es una toma de partido activa, pues implica impedirle a mucha gente que cierre su luto. Para cerrar las tumbas (y todos queremos cerrar de una vez las de hace setenta años), primero esas tumbas necesitan existir. La célebre paz de los sepulcros requiere al menos eso: un sepulcro, un lugar, unas actas. Mal descansan los vivos cuando hay muertos despiertos por falta de hospedaje.
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El Supremo avala de nuevo que las expropiaciones para construir el PTS fueron ilegales

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No admite a trámite, por segunda vez, un recurso del Ayuntamiento, que queda abocado a pagar una fortuna El Consistorio debe compensar a los damnificados

El Tribunal Supremo ha vuelto avalar la ilegalidad de las expropiaciones de determinados solares sobre los que hoy se levanta el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS).

En realidad, el Supremo ni siquiera ha entrado en el fondo de la cuestión. Se ha limitado a no admitir a trámite un recurso del Ayuntamiento de Granada que defendía la legalidad del proceso, lo que supone que la sentencia original, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pasa a ser firme -es decir, intocable- a partir de ese instante.

Es la segunda vez que ocurre. Ya el pasado mes de abril, IDEAL desveló la existencia de un caso prácticamente idéntico. Los responsables de la Gerencia de Urbanismo reconocieron entonces que era muy probable que llegaran más resoluciones de parecido tenor. Así ha sido.

La consecuencia práctica es que el Ayuntamiento queda abocado a desembolsar una fortuna para compensar a los perjudicados. Es imposible calcular la cantidad exacta, pero en ningún caso sería inferior a 18 o veinte millones de euros, lo que dejaría las arcas municipales en un estado más que crítico. Y eso ocurriría en pleno derrumbre de la economía.

Y 600 euros

Cabría otra solución, pero nadie la contempla por disparatada: devolver los terrenos a sus dueños primitivos, lo que supondría desmantelar el PTS. No es una exageración. Las primeras expropiaciones que invalidó el Supremo afectaban, según informó en su día la Gerencia de Urbanismo, afectarían al nuevo Hospital Clínico, a espacios libres, parcelas para empresas y zonas universitarias. También estaba implicada una parcela residencial de 4.862 metros cuadrados, entre los Laboratorios Rovi y las cocheras de la Rober. Por lo demás, el Ayuntamiento debe abonar 600 euros por las costas derivadas del recurso planteado ante el Supremo.

El germen de este embrollo está en un acuerdo del pleno municipal de Granada que se produjo el 27 de febrero de 1998, cuando la ciudad estaba gobernada con mayoría absoluta por Gabriel Díaz Berbel (PP). El Ayuntamiento aprobó ese día la relación de terrenos que debían expropiarse para ubicar el PTS y el sistema de tasación.El Consistorio negoció con algunos propietarios y alcanzó pactos sin tener que recurrir a medidas de fuerza. Pero otros impugnaron el procedimiento seguido y el TSJA acabó por darles la razón. El Supremo ha bendecido ahora, y por segunda vez, dicha resolución. Otro \’marrón\’ para el Ayuntamiento.
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El Supremo rechaza otro recurso municipal por la expropiación de solares del PTS

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Los entes locales «ya no pueden alegar contra este tipo de decisiones», según Nieto.

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el segundo de los recursos presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia que declaraba ilegal la expropiación de varios solares del Campus de la Salud. Según explicó la edil de Urbanismo, Isabel Nieto, la invalidez de este recurso atiende a un motivo de procedimiento, ya que «las entidades locales -por ley- ya no pueden llegar al TS por un recurso de casación». El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló el acuerdo adoptadopor el Ayuntamiento en 1998, gobernado por el PP, para expropiar los terrenos destinados a la construcción delparque. En respuesta al recurso de varios de los antiguos propietarios, el órgano judicial dictó el 12 demarzo del pasado año varias sentencias que dieron un varapalo al Ayuntamiento, tanto por la forma en que tramitó el expediente como por el uso final de los terrenos. Siendo alcalde Gabriel Díaz Berbel, el Ayuntamiento aprobó la delimitación de los terrenos a expropiar, la relación de propietarios y la aplicación del procedimiento de tasación conjunta para expropiar. El TSJA dejó después aquel acuerdo de pleno «sin efecto».
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Quieren desenterrar a Lorca

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l A nieta de un maestro supuestamente enterrado en la misma fosa común que Federico García Lorca, Nieves Galindo, auguró ayer, antes de presentar ante el juez Baltasar Garzón la petición de exhumación del cuerpo de su abuelo, que «desde hoy -por ayer- dejará de primar el silencio de familia de Lorca».

Así lo aseguró Galindo en declaraciones a los periodistas en la Audiencia Nacional, a la que ha acudió junto a dos representantes de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica y el hispanista Ian Gibson, para formalizar la solicitud de exhumación de los restos de su abuelo Dióscoro Galindo y del fontanero Francisco Galadí, a lo que se opone la familia del poeta.

«Tengo toda mi esperanza puesta en esta iniciativa de Garzón porque es mi última salida», aseguró Nieves Galindo al referirse a la decisión del magistrado de pedir información para elaborar un censo de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Aunque Galindo señaló que respecto a dicha iniciativa la familia de Lorca «no ha dicho nada», los herederos del poeta se han pronunciado en ocasiones anteriores en contra de que se abra la fosa, ubicada entre las localidades granadinas de Víznar y Alfacar, basándose en que se «desvirtuaría la historia».

Por su parte, el presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Francisco González, opinó que los restos del poeta deberían ser «patrimonio de la Humanidad», por lo que, argumentó, «cualquiera puede reivindicarlos».

Junto a la petición de exhumación, la asociación presentó ante Garzón un dossier con las coordenadas del lugar en que supuestamente están enterrados los cuerpos de Lorca, Dióscoro Galindo, Francisco Galadí y el banderillero anarquista Joaquín Arcollas, quien murió sin descendencia.

El vicepresidente de la asociación y alcalde de a localidad granadina de Pulianas, Rafael Gil Bracero, destacó que «no hace falta hacer excavaciones», sino que se puede utilizar un radar para localizar los cadáveres, de manera que se evitarían «escándalos».

Además, añadió que las labores de identificación no deteriorarían los cuerpos, puesto que el cráneo de Lorca podría cotejarse con las fotografías que se disponen de él, a Galindo le faltaba una pierna y los restos de Galdí se podrían contrastar con el ADN de su nieto, identificando los restos de Arcollas por exclusión.

«Lo que no puede ser es que la voluntad del asesino deje en las cunetas los cuerpos de los fusilados durante la guerra», observó Gil Bracero, quien insistió en que lo que pretende es que «cualquier familia pueda dar una sepultura digna a sus antepasados».

piden «una sepultura digna» Por su parte, Ian Gibson dijo que «la obsesión de toda su vida» es conocer dónde están «realmente» los restos del que ha considerado el poeta más importante de España, desde que hace cuarenta años un enterrador le mostró dónde descansa Lorca desde 1936.

Gibson añadió que lo que está haciendo Garzón es «un paso de gigante» para las víctimas de «una atrocidad que acabó con muchas vidas».

«La reconciliación es lo único que puede servir para que este país avance», aseguró Gibson, tras considerar que las heridas que algunos consideran que se están abriendo con esta iniciativa sólo se cerrarán si se desarrolla la investigación a la que Garzón ha abierto la puerta.

El próximo lunes, la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica entregará a la Universidad de Granada una lista con la documentación de cerca de cinco mil fusilados en la provincia.
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Nuevos 5 cursos a celebrar en la Casa de la Cultura

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El Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, ofrece una serie de cursos para la segunda quincena del mes de septiembre en su sede de verano.

Este año, las actividades darán comienzo el día 15 con un curso de gran interés por la actualidad que suscita el tema, pues analizará «El derecho a la vivienda en el marco de la legalidad urbanística». Le seguirán otros sobre la protección de menores, la contaminación industrial, colorimetría y filosofía.
«Los temas a tratar en estos cursos están de máxima actualidad en estos momentos. Son cursos dirigidos a estudiantes en periodo de formación y a profesionales que pretenden un perfeccionamiento o reciclaje se sus conocimientos» declara Dolores Rull, concejala de Cultura sexitana, quien anima a los interesados a formalizar su matrícula y disfrutar de unos días en Almuñécar.
Como novedad cabe destacar que del 24 al 26 de septiembre se celebrará un seminario internacional sobre estudios de colorimetría e imagen (Workshop on colorimetry and color Imaging) en el que participarán expertos de centros de investigación de Finlandia, Francia, España y Reino Unido.
El seminario, dirigido por el Prof. Francisco J. Romero Mora (Dpto. de Óptica. Universidad de Granada) dedicará una atención especial al desarrollo de los dispositivos multimedia para el control del color en imágenes (de monitores, scanners, cámaras digitales o impresoras). «Estudiaremos las diferencias y tolerancias de color, modelos de apariencia de color, evaluación colorimétrica de imágenes en color, adquisición, procesado y reproducción de color» señala Romero.
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Guadix, ciudad universitaria

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Recién terminados los cursos del Centro Mediterráneo es hora de hacer balance de lo hecho. Y de lo que queda…

Puede parecer extraño, pero ni uno sólo de los muchos alumnos y alumnas de los tres cursos universitarios que acaban de cursarse en Guadix les ha puesto un “pero”. Con el fin de que tengan una visión más completa de lo que ha pasado nos hemos dirigido en primer término a Jesús Arias, director del Centro Mediterráneo de la universidad de Granada, para pedirle una valoración de los cursos, en cuya clausura, en el Mira de Amescua, participó el viernes 25 junto a Marina Sánchez y el alcalde de Guadix, Santiago Pérez.

El Centro Mediterráneo, nos dijo el profesor, se siente contento y orgulloso, porque en esta novena edición hemos realizado en Guadix un esfuerzo importante junto al Ayuntamiento y la Universidad de Granada que ha tenido su recompensa. Los tres cursos que se han organizado han tenido un gran éxito, hasta el punto que uno de ellos, el de lenguaje de signos, ha habido que desdoblarlo en tres aulas distintas dada la gran aceptación que ha tenido. Y los otros dos cursos, sobre alimentación y a propósito del tercer centenario de Ruiz del Peral, con más de cincuenta alumnos, también han superado la media que tenemos en el Centro Mediterráneo. Además, junto a las encuestas que hemos repartido, he tenido la ocasión de preguntar directamente a muchos de los alumnos de todos los cursos y todos han coincidido en considerar contenidos, actividades complementarias, disponibilidad de los profesores y organización muy bien. La valoración del Centro Mediterráneo, la valoración de la universidad de Granada, es, por tanto, muy positiva y nos abre expectativas de cara al futuro para poder seguir teniendo al menos el mismo nivel de colaboración con el Ayuntamiento y, si es posible, ampliarlo a un mayor número de cursos.

¿Con qué objetivos se planteó el curso?. ¿Se han visto satisfechos? -preguntamos a Emilio Martínez, director del curso «Dieta y actividad física como pilares de la salud»
Nuestro objetivo era continuar el curso que se dio el año pasado también aquí en Guadix y profundizar, dar un paso más, en lo que es la relación entre la alimentación y la nutrición. Se ha analizado la relación entre alimentación y salud, cómo el ejercicio físico complementa una alimentación saludable para evitar la aparición de muchas enfermedades que se llaman crónicas, y también hemos tocado diferentes grupos de edad. De hecho, un día se ha dedicado a las personas mayores, a cuál sería para ellas una dieta equilibrada y cómo hay que enfocar la alimentación en este grupo de edad. Porque estamos en una época en que la esperanza de vida es mucho mayor y las personas mayores constituyen un grupo importante que hay que atender. Los alumnos han estado muy interesados y en términos generales creo que se han cumplido los objetivos con los que se planteó el curso. Algunos alumnos, quizá debido a su formación, han tenido que esforzarse algo más para seguir el curso. Pero, como en los otros cursos, lo que les hemos ofrecido han sido unas pautas generales y que conozcan de primera mano y por medio de especialistas, la relación entre la alimentación y la salud, y, sobre todo, saber que alimentarse bien es una inversión importante en la vida para padecer menos enfermedades.

¿En qué ha sido nuevo este curso? volvemos a preguntar a Emilio Martínez.
El año pasado se centró todo en cómo abordar el problema de la obesidad desde distintos puntos de vista y, sobre todo, haciendo hincapié en las intervenciones que a todos los niveles, se hacen para evitar la obesidad infantil. Este año nos hemos fijado en otras enfermedades emergentes, como el grupo de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o la hipertensión, que coexisten con la obesidad y tienen también un papel importante en la morbilidad, es decir, en las causas de enfermedad y de muerte en el mundo en el que nos movemos.
¿Ha sido nuevo su curso respecto al del año pasado? -preguntamos a Adelaida Moya, directora del curso «Curso de nivel inicial y nivel medio para la comunicación en lengua de signos española»
No. Ha sido igual que en los dos años anteriores. Durante los tres años venimos viendo, eso sí, una progresiva mayor afluencia de alumnos. Nos sentimos muy satisfechos porque el contacto con ellos es increíble, y también es muy notable el nivel que llegan a alcanzar en tan poco tiempo teniendo en cuenta que muchos de los alumnos empiezan desde cero. Uno de los objetivos que nos planteamos fue la eliminación de las barreras de comunicación. Teniendo en cuenta las pocas horas del curso es sólo un primer paso, pero que puede servir de base para profundizaciones posteriores. Por ejemplo, en la Agrupación de Personas Sordas se ofrecen cursos de diferentes niveles. Y la Federación ofrece la posibilidad de alcanzar el grado de intérprete.
¿Satisfecho con el desarrollo de su curso? -preguntamos a Antonio Juan Calvo, director de «Torcuato Ruiz del Peral y la escultura española del siglo XVIII»
El curso sobre Torcuato Ruiz del Peral ha sido muy fructífero. Se he hecho una revisión historiográfica de su obra, ha habido nuevas atribuciones, depuración de algunas obras dudosas y posibilidades de atribución de otras… Y junto a este trabajo, que ha sido muy importante para poner al día la obra del imaginero, se ha hecho también una valoración crítica de cuál era el ambiente de la época en varios ámbitos y lugares, con lo que se ha enriquecido el panorama de la visión del artista y la posibilidad de ver el devenir de la escultura. En este sentido pensamos que el valor del curso ha sido despertar y poner al día el interés por Torcuato Ruiz del Peral. Y esperamos que a partir de este curso se generen trabajos e iniciativas que vengan a completar lo que se ha venido haciendo y que en cierto modo devuelvan a Torcuato Ruiz del Peral al panorama dentro de los estudios sobre el arte español.

¿Cuál es su obra predilecta?
Responder eso de un artista que tiene obras muy importantes es problemático. Como obras clave yo señalaría el San José con el niño de la iglesia de San José de Granada, la Virgen dolorosa (Humildad) que estaba en el convento de San Francisco y que después se trasladó al museo de la Catedral, el San Antonio de Padua, que también se encuentra en el museo de la Catedral y es una obra excelente…Podíamos citar alguna obra más… El pequeño nazareno, por ejemplo, en la Colegiata de Santa María de Huéscar, una muestra del trabajo minucioso y primoroso… Y muchas otras que a partir del curso han pasado a considerarse en el catálogo de obras de Ruiz del Peral, que se ha visto aumentado de una manera extraordinaria.

¿Más vale haberse acordado tarde de él que nunca?
Yo pienso que nunca es tarde para reivindicar la obra de un artista, y creo que es muy oportuno, a raíz del tercer centenario de su nacimiento, que nos hayamos acordado de él de una manera más específica. La experiencia me dice que casi siempre estos centenarios redundan en iniciativas que siempre son muy favorables al conocimiento científico, a la depuración de la obra, al estudio de la personalidad y el entorno del artista, y pueden que estos sean los mejores logros.

¿Va a publicar el curso?
Estamos haciendo las gestiones. Pero todavía hay que estudiarlo, ver la editorial, contar con los autores, que son personas muy ocupadas… Pero la idea está ahí. Pensamos que lo que queda es lo que se publica.

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Lingüistas reunidos en Granada corroboran la fortaleza de la lengua española

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Señalan que la superación de dos falsos mitos ha contribuido a esa fuerza: la idea de que existieran una buena y una mala norma de español y el temor a la fragmentación de nuestra lengua en múltiples idiomas.

Expertos en lengua española de universidades y centros de investigación de nuestro país participan en Granada en el curso “Universidad y diversidad del español”, organizado por el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada.

Los especialistas abordan en profundidad algunas de las cuestiones que afectan al conocimiento del español hablado en todos los países hispánicos y al futuro de la lengua común.

En cuanto a las razones de la fortaleza del español, destacan algunos elementos que vienen a sumarse a los ya conocidos, que aluden a su extensión geográfica y de número de hablantes o a su potencial socioeconómico. El Prof. Gonzalo Águila Escobar (UGR), por ejemplo, apunta al acierto que ha supuesto que la Real Academia de la Lengua Española abandonara posiciones sostenidas hasta la década de los 80, cuando aún se pensaba que era posible controlar el idioma o se creía que habría una forma correcta y otra incorrecta de hablar el español. “La RAE decidió no vivir de espaldas a los hablantes -apunta-.

Actualmente lo que hace es recomendar, en ningún modo se trata ya de imponer, y más importante aún, colabora en términos de igualdad con las Academia homólogas de los estados hispanoparlantes y con los medios de comunicación, como sucede con EFE, por ejemplo”.

Los tiempos han cambiado, señala la Dra. Pilar García Mouton (Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC) “hoy se reconocen las investigaciones sobre el español en su ‘estado natural’, contra una idea de norma, y la realidad lingüística es siempre dialectal. Lo que necesitamos es conocer esa realidad a través de estudios rigurosos que no busquen tanto arcaísmos y cosas extrañas en el habla de las gentes, como la lengua real de uso común”.

Águila Escobar y García Mouton destacan la utilidad que están teniendo los atlas lingüísticos, que muestran bien la evolución de la lengua en un marco general (el español) y en zonas cada vez más reducidas, en donde la lingüística y la etnografía permiten interpretar la lengua en el espacio, así como la historia del idioma hablado por la población de zonas muy diversas, su evolución, la influencia de las migraciones, la tendencia a la nivelación, etc.

García Mouton utiliza el concepto “nivelación”, que define bien lo que estaría sucediendo, a juicio de los lingüistas, con la lengua española: la influencia creciente de los medios y vías de comunicación (periódicos y medios audiovisuales, pero también carreteras o aeropuertos) acaban con el aislamiento tienden a nivelar tanto la fonética, como el vocabulario o el uso de la gramática. “El habla de cada región demuestra la existencia de multitud de variedades del español. La nivelación se produce a causa de la existencia de medios que hacen que se vayan perdiendo algunas peculiaridades”.

Ahora bien, si la tendencia es hacia la nivelación, no hay que olvidar que perviven multitud de dialectos, “la realidad es dialectal” –dice Mouton-, dentro de las dos grandes normas en que podría dividirse el mundo de la lengua española: la “conservadora”, en el centro y norte de Península Ibérica, y la “atlántica” (también llamada “sevillana”) en el resto de España y en América.

Rompen los lingüistas, en este sentido, no sólo con la falsa idea de que existan un buen y un mal español, del norte y del sur, sino con el origen mismo de esta división; no es cierto que el español que se habla en Andalucía o Canarias, y que pasó a América, derivara de la norma conservadora (centro y norte de España: “El sistema medieval castellano evolucionó de dos maneras diferentes, los sonidos -s y -z en el norte y -s en el sur (el seseo). Si bien a América emigraron gentes de toda España, el sistema fonético tendió a una nivelación, y en América se niveló de acuerdo con la norma del sur, “sevillana” o “atlántica”.
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