Garzón recibe una lista de 143.353 desaparecidos entre 1936 y 1955

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Según ha asegurado Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo las cifras que se han presentado son «orientativas» y se aumentarán en un futuro porque en la actualidad «hay miles de casos que están siendo investigados».

La Universidad de Granada remitirá hoy al juez Baltasar Garzón un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional y una lista con 6.376 desaparecidos entre 1936 y 1955.

En una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid, la secretaria de la plataforma, Paqui Maqueda, confió en que las denuncias presentadas en los años 2006 y 2007 sean tramitadas y que se sepa «la verdad, saber lo que pasó, que haya justicia y que se repare con los medios humanos y técnicos en nombre de las víctimas».

Asimismo, Maqueda denunció que España «carece del mecanismo administrativo y judicial para encontrar a las víctimas» y que esta labor «no se puede delegar a particulares y familiares».

La plataforma asegura que lo que está denunciando «son crímenes contra la humanidad, por el contexto en que se cometieron que, por su carácter internacional, continuado e imprescriptible, deben ser investigados y perseguidos hasta esclarecer el paradero y la suerte de las víctimas de desapariciones forzadas».

Las cifras que se han presentado hoy a Garzón son «orientativas» y se aumentarán en un futuro porque en la actualidad «hay miles de casos que están siendo investigados».

Por comunidades, las cifras de desaparecidos son 14.660 en Castilla y León, 3.424 en la Comunidad de Madrid, 42.131 en Andalucía, 6.000 en Asturias, 29.034 en la Comunidad Valenciana, 1.000 en Murcia, 8.851 en Castilla la Mancha, 9.538 en Aragón, 7.000 en Galicia y 2.535 en Cantabria.

Además, también hay documentados 1.900 desaparecidos en el País Vasco, 3.920 en Navarra, 2.070 en La Rioja, 2.211 en Canarias, 768 en Ceuta y Melilla, 1.486 en Baleares, 3.338 en Cataluña y 9.486 en Extremadura.

La plataforma recalcó que los 143.353 desaparecidos no son simplemente números, sino personas con familia que tenían sueños, ilusiones e ideas.

También subrayaron que pueden darse casos en los que los nombres estén duplicados porque la persona desaparecida puede ser de una región y haber fallecido en otra. Por ello, están preocupados por que «puede ser un bumerán contra nosotros» y que se les acuse «engordar la cifra».

Por otro lado, Maqueda transmitió la súplica de familiares para que las instituciones públicas creen una oficina de información a las víctimas para que se pueda dar información del listado de desaparecidos Los familiares y víctimas de la represión franquista esperan que con estas denuncias presentadas haya una «declaración oficial que restablezca la dignidad», además de una «disculpa pública» por lo sucedido para «poder pasar página y mirar al futuro».

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Garzón recibe 130.000 nombres de desaparecidos

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– Siete asociaciones de familiares han presentado denuncias en el Juzgado de Garzón, y le han entregado los nombres en diversos formatos
– «Les estamos haciendo justicia», destaca el presidente de la asociación granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica
– Los denunciantes han presentado además otros informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recibido hoy un listado con los nombres de 130.137 desaparecidos en la Guerra Civil y en la dictadura franquista aportados por siete asociaciones de familiares que han presentado denuncias en su Juzgado por estos hechos.

Representantes de estas asociaciones se reunieron con el magistrado para trasladarle los listados que han ido recabando de registros de defunción y de las propias familias de los desaparecidos y se lo entregaron en distintos formatos, tomos en papel y bases de datos informáticos.

El presidente de la asociación granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael Gil Bracero, que destacado: «Muchos de nuestros abuelos murieron deseando un día como el de hoy. Les estamos haciendo justicia histórica».

Hoy vencía el plazo de quince días dado a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo que han presentado denuncias en su Juzgado para que facilitaran los nombres. La intención de Garzón es poder determinar, «con la mayor rapidez posible», si es competente para investigar estos hechos.

Los denunciantes han presentado además otros informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas. Han aportado datos ofrecidos por asociaciones que no han presentado denuncias en el Juzgado Central de Instrucción número 5 pero que se han mostrado dispuestas a colaborar en la elaboración de las listas de desaparecidos. En total las asociaciones personadas en la causa, que aún no ha sido admitida a trámite, son 22.

Solicitud a otras instituciones
Garzón había solicitado sólo un día antes, el 1 de septiembre, a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

La solicitud del magistrado respondía así a las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.

El juez solicitaba a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial que proporcionara información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento». Además, pedía a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

Pedía también al centro Nacional de la Memoria Histórica -dependiente del Ministerio de Cultura- que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Solicitaba además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica

En su providencia, el magistrado requería a la Conferencia Episcopal que comunicara «a todas y cada una» de las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.

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Garzón recibe 130.000 nombres de desaparecidos

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– Siete asociaciones de familiares han presentado denuncias en el Juzgado de Garzón, y le han entregado los nombres en diversos formatos
– «Les estamos haciendo justicia», destaca el presidente de la asociación granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica
– Los denunciantes han presentado además otros informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recibido hoy un listado con los nombres de 130.137 desaparecidos en la Guerra Civil y en la dictadura franquista aportados por siete asociaciones de familiares que han presentado denuncias en su Juzgado por estos hechos.

Representantes de estas asociaciones se reunieron con el magistrado para trasladarle los listados que han ido recabando de registros de defunción y de las propias familias de los desaparecidos y se lo entregaron en distintos formatos, tomos en papel y bases de datos informáticos.

El presidente de la asociación granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael Gil Bracero, que destacado: «Muchos de nuestros abuelos murieron deseando un día como el de hoy. Les estamos haciendo justicia histórica».

Hoy vencía el plazo de quince días dado a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo que han presentado denuncias en su Juzgado para que facilitaran los nombres. La intención de Garzón es poder determinar, «con la mayor rapidez posible», si es competente para investigar estos hechos.
Los denunciantes han presentado además otros informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas. Han aportado datos ofrecidos por asociaciones que no han presentado denuncias en el Juzgado Central de Instrucción número 5 pero que se han mostrado dispuestas a colaborar en la elaboración de las listas de desaparecidos. En total las asociaciones personadas en la causa, que aún no ha sido admitida a trámite, son 22.

Solicitud a otras instituciones
Garzón había solicitado sólo un día antes, el 1 de septiembre, a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

La solicitud del magistrado respondía así a las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.

El juez solicitaba a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial que proporcionara información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento». Además, pedía a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

Pedía también al centro Nacional de la Memoria Histórica -dependiente del Ministerio de Cultura- que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Solicitaba además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica

En su providencia, el magistrado requería a la Conferencia Episcopal que comunicara «a todas y cada una» de las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.

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Garzón recibe 130.000 nombres de desaparecidos

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Siete asociaciones de familiares han presentado denuncias en el Juzgado de Garzón, y le han entregado los nombres en diversos formatos
«Les estamos haciendo justicia», destaca el presidente de la asociación granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica
Los denunciantes han presentado además otros informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recibido hoy un listado con los nombres de 130.137 desaparecidos en la Guerra Civil y en la dictadura franquista aportados por siete asociaciones de familiares que han presentado denuncias en su Juzgado por estos hechos.

Representantes de estas asociaciones se reunieron con el magistrado para trasladarle los listados que han ido recabando de registros de defunción y de las propias familias de los desaparecidos y se lo entregaron en distintos formatos, tomos en papel y bases de datos informáticos.

El presidente de la asociación granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael Gil Bracero, que destacado: «Muchos de nuestros abuelos murieron deseando un día como el de hoy. Les estamos haciendo justicia histórica».

Hoy vencía el plazo de quince días dado a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo que han presentado denuncias en su Juzgado para que facilitaran los nombres. La intención de Garzón es poder determinar, «con la mayor rapidez posible», si es competente para investigar estos hechos.
Los denunciantes han presentado además otros informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas. Han aportado datos ofrecidos por asociaciones que no han presentado denuncias en el Juzgado Central de Instrucción número 5 pero que se han mostrado dispuestas a colaborar en la elaboración de las listas de desaparecidos. En total las asociaciones personadas en la causa, que aún no ha sido admitida a trámite, son 22.

Solicitud a otras instituciones
Garzón había solicitado sólo un día antes, el 1 de septiembre, a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

La solicitud del magistrado respondía así a las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.

El juez solicitaba a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial que proporcionara información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento». Además, pedía a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

Pedía también al centro Nacional de la Memoria Histórica -dependiente del Ministerio de Cultura- que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Solicitaba además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica

En su providencia, el magistrado requería a la Conferencia Episcopal que comunicara «a todas y cada una» de las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.
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Spanish And US Scientists Develop A New Technique That Allows Certain Objects To Be Invisible To The Human Eye

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* They have used a simulated layer system with the Transmission Line Matrix (TLM) Modelling method, which is able to hide, in certain frequencies, the objects placed in an electromagnetic simulator. Such studies are the germ to achieve invisibility to radars or even to the human eye.
* This research work has been carried out by scientists of the University of Granada in collaboration with researchers of the Massachusetts Institute of Technology (USA), and has been recently published in two papers in the prestigious journal Optics Express.

A research group of the Departments of Applied Physics and Electromagnetism of the University of Granada (Spain), directed by Professors Jorge Andrés Portí, Alfonso Salinas and Juan Antonio Morente, have taken a step forward with regard to one of mankind\’s biggest dreams and challenges, often tackled by fiction writers and film makers: invisibility. Scientists of the UGR have managed, by means of a numerical technique known as Transmission Line Matrix (TLM) Modelling method, to hide an object or make it invisible in a certain frequency, inside an electromagnetic simulator. Such studies are the germ to achieve invisibility to radars and even to the human eye.

This relevant scientific work has been carried out in collaboration with researchers of the Massachusetts Institute of Technology, and has been recently published in two papers in the prestigious journal Optics Express, the journal with a higher impact index of the Optics group in the Journal Citation Reports. This research work is part of the doctoral thesis carried out by Cedric Blanchard, another researcher of the UGR who is finishing off his education in the United States.

According to the scientists of the University of Granada, the growing interest for electromagnetic invisibility has been partly driven, in the last years, by the existence of powerful computer resources that allow to carry out specific numerical studies of such phenomenon, avoiding the use of commercial software unadjusted to the new research works.

A new technique

This research work has developed a new condensed TLM node to model meta-materials and has managed to make invisible certain objects in conditions difficultly reachable when using commercial software.

The researchers have proposed a TLM simulation of hiding structures, composed of alternating isotropic layers, imitating an anisotropic frame. They had previously implemented a new technique to simulate meta-materials with the TLM method.

«This new prospect -the authors of the project say- leaves the usual TLM process virtually untouched; specifically, the delivery matrix is exactly the same used in classic environments, which provides a lot of flexibility when it comes to program». This way, this research has proved that it is possible to improve the effectiveness of hiding if the electromagnetic parameters of the frame are judiciously chosen.
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Identificati geni collegati alla cecità prodotta dall’edema corneale

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Gli scienziati dell’Università di Granada (Spagna) hanno identificato alcuni geni collegati alla cecità prodotti dall’edema corneale originato a sua volta da un’alterazione della barriera cellulare dell’endotelio corneale. Quando la barriera cellulare è illesa, la cornea rimane deidratata e trasparente. L\’edema è un aumento del liquido interstiziale localizzato nei tessuti all\’esterno dei vasi sanguigni e delle cellule.

I ricercatori spagnoli hanno dimostrato che l’alterazione del meccanismo che regola il volume delle cellule endoteliali e il loro contenuto in ioni è la causa per cui la barriera endoteliale cessa di essere efficace nel controllo della trasparenza corneale. Il lavoro ha stabilito in via sperimentale il volume e la concentrazione di ioni nelle cellule quando esse costituiscono la barriera endoteliale e quando esse arrestano questa formazione.

Se, a causa di traumi, operazioni di cataratta, invecchiamento, ecc., le cellule della barriera endoteliale si rompono, le cellule disperse aumentano il loro volume e il contenuto in ioni, potassio e clorina. L’obiettivo di tali cambiamenti è di riparare la barriera endoteliale, prevenendo l’edema corneale e, quindi, la perdita di trasparenza che porta alla cecità. La ricerca condotta all’Università di Granada ha determinato proprio i geni coinvolti nel controllo di tale processo.
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Los denuciantes presentan hoy a Garzón un listado con más de 100.000 desaparecidos

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* Son ocho entidades y se dedican a trabajar por la Memoria Histórica.
* Piden a la Audiencia investigar torturas, desapariciones y exilios.
* El juez dio 15 días para entregar la lista provisional que espera hoy.

Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica que solicitaron al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el inicio de una investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil presentarán hoy, a requerimiento del magistrado, un listado con los nombres de más de 100.000 personas, informaron a Europa Press los denunciantes.

La información recabada en los últimos días por estas agrupaciones responde a una petición realizada por el juez , que concedió el pasado 2 de septiembre un plazo de 15 días a las partes para aportar «una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación».

Los denunciantes presentarán además otros informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas. Aportarán también datos ofrecidos por asociaciones que no han presentado denuncias en el Juzgado Central de Instrucción número 5 pero que se han mostrado dispuestas a colaborar en la elaboración de las listas de desaparecidos.

Denuncia de ocho asociaciones

El juez pidió en una providencia dictada el pasado día 2, celeridad en la aportación de pruebas «con el fin de resolver sobre la competencia con la mayor rapidez» y «obtener los datos necesarios para dictar el correspondiente auto».

Garzón había solicitado sólo un día antes, el 1 de septiembre, a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada , Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español.

A todas las parroquias de España

El juez solicitaba a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial que proporcionara información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».

Además, pedía a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

En su providencia, el magistrado requería a la Conferencia Episcopal que comunicara «a todas y cada una» de las parroquias de España –un total de 22.827– que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.
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Garzón recibe hoy una lista de desaparecidos entre 1936 y 1955

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La Universidad de Granada remitirá hoy al juez Baltasar Garzón un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional y una lista con 6.376 desaparecidos entre 1936 y 1955. Se trata de un informe «cien por cien de síntesis política» que tiene como objetivo conocer el pulso político de la capital durante esa época elaborado por algunos historiadores de la Asociación que pertenecen a la Universidad de Granada como Rafael Gil o María Isabel Brenes, autora del mapa global de las fosas comunes que existían en la provincia de Granada.

Este documento «ayudará a entender» las circunstancias en las que se fusiló a las víctimas documentadas, que fueron asesinadas en Granada capital, aunque procedían de diferentes puntos de la provincia. Así, de los 6.376 desaparecidos de la provincia entre 1936 y 1959 que se cuantifican en la lista hay 655 personas cuya identidad se desconoce.

Se trata de un informe documental recopilado por un grupo de seis investigadores a requerimiento del rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, que reconoció en declaraciones a los periodistas, que la información de la que dispone la institución es «poca», y referida a fusilados durante la Guerra Civil pero más extensa en cuanto a los «depurados» al finalizar la contienda.

Del mismo modo, González Arroyo aseguró que la información ha sido recopilada con datos del Registro Civil, actas judiciales, publicaciones e investigaciones de campo, con lo que se ha elaborado un documento inicial «suficientemente contrastado».
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Garzón recibe hoy una lista de desaparecidos entre 1936 y 1955

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También le va a ser entregado un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional

La Universidad de Granada remitirá hoy al juez Baltasar Garzón un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional y una lista con 6.376 desaparecidos entre 1936 y 1955.

Se trata de un informe «cien por cien de síntesis política» que tiene como objetivo conocer el pulso político de la capital durante esa época elaborado por algunos historiadores de la Asociación que pertenecen a la Universidad de Granada como Rafael Gil o María Isabel Brenes, autora del mapa global de las fosas comunes que existían en la provincia de Granada.

Este documento «ayudará a entender» las circunstancias en las que se fusiló a las víctimas documentadas, que fueron asesinadas en Granada capital, aunque procedían de diferentes puntos de la provincia. Así, de los 6.376 desaparecidos de la provincia entre 1936 y 1959 que se cuantifican en la lista hay 655 personas cuya identidad se desconoce.

Se trata de un informe documental recopilado por un grupo de seis investigadores a requerimiento del rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, que reconoció en declaraciones a los periodistas, que la información de la que dispone la institución es «poca», y referida a fusilados durante la Guerra Civil pero más extensa en cuanto a los «depurados» al finalizar la contienda.

Del mismo modo, González Arroyo aseguró que la información ha sido recopilada con datos del Registro Civil, actas judiciales, publicaciones e investigaciones de campo, con lo que se ha elaborado un documento inicial «suficientemente contrastado».

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Las asociaciones denunciantes presentarán este lunes a Garzón un listado con más de 100.000 desaparecidos en la Guerra Civil

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Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica que solicitaron al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el inicio de una investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil presentarán hoy, a requerimiento del magistrado, un listado con los nombre de más de 100.000 personas, según los denunciantes.

La información recabada en los últimos días por estas agrupaciones responde a una petición realizada por el juez, que concedió el pasado 2 de septiembre un plazo de 15 días a las partes para aportar «una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación».

Los denunciantes presentarán además otros informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas. Aportarán también datos ofrecidos por asociaciones que no han presentado denuncias en el Juzgado Central de Instrucción número 5 pero que se han mostrado dispuestas a colaborar en la elaboración de las listas de desaparecidos.

El juez pidió en una providencia dictada el pasado día 2, celeridad en la aportación de pruebas «con el fin de resolver sobre la competencia con la mayor rapidez» y «obtener los datos necesarios para dictar el correspondiente auto».

Garzón había solicitado sólo un día antes, el 1 de septiembre, a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.

El juez solicitaba a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial que proporcionara información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento». Además, pedía a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

Pedía también al centro Nacional de la Memoria Histórica –dependiente del Ministerio de Cultura– que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Solicitaba además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica

En su providencia, el magistrado requería a la Conferencia Episcopal que comunicara «a todas y cada una» de las parroquias de España –un total de 22.827– que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.

LA FISCALIA PIDIO EL ARCHIVO

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.

«Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal», argumentaba en su escrito el Ministerio Fiscal.

De igual modo, el Ministerio Público sostenía que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por el órgano de la jurisdicción que corresponda, es decir, los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.
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La travesía legal hacia la exhumación de García Lorca

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La Universidad de Granada ya ha planificado la recuperación del cuerpo del poeta

Todo está preparado. La exhumación de los restos de Federico García Lorca está a la espera de una orden judicial. La identificación de los restos del poeta fusilado pondrá fin a los misterios, bulos y rumores que se ciernen sobre sus últimas horas. Y también a la larga lucha de dos familias -los Galindo y Galadí- por dar una sepultura digna a sus abuelos, asesinados con Federico y el banderillero Joaquín Arcollas Cabezas hace ya 72 años.

La decisión de los herederos de Lorca de no oponerse a la excavación constituye un impulso para que el controvertido proceso llegue a buen puerto. A la espera de que esto ocurra, la Universidad de Granada y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) -impulsora de la iniciativa junto a las familias Galindo y Galadí, así como el investigador Ian Gibson y el periodista Francisco Vigueras- ya tiene perfilado un minucioso plan.

Un equipo compuesto por arqueólogos, antropólogos, geofísicos y genetistas acometerían el proceso que, en palabras del científico Miguel Botella, sería «largo». La delimitación de la fosa con un georradar -destinado a detectar los movimientos de tierra- sería abordado por el Instituto de Geofísica. Después llegaría la propia excavación y la limpieza de los huesos. Pero antes de llevarlos al laboratorio, los científicos estudiarán los restos para recoger datos. Aunque normalmente con el estudio antropológico se puede identificar un cuerpo con certeza, a veces se recurre al análisis de ADN para la confirmación. La operación correría a cargo de Botella, que coordina el Instituto de Antropología Física. Este proceso, que duraría un par de meses, llegaría a su fin en el momento en que los restos sean entregados a los herederos.

Nieves Galindo, la nieta del maestro de Puliana, pretende dar sepultura a su abuelo en esta localidad. Los Lorca ya han dejado claro su intención de no mover los restos de Federico del barranco de Alfacar, donde hoy existe un parque con el nombre del poeta.

Aunque la identificación de cada desaparecido costaría de media unos 6.000 euros, la recuperación de los cuerpos de Galindo y Galadí sería mucho más costosa. El presupuesto supera los 30.000 euros, ya que habría que poner en marcha «una gran estructura de privacidad» para mantener el derecho a la intimidad, según explica el presidente de la ARMH, Francisco González.

Estas «estructuras de seguridad y privacidad complejas y costosas» hacen que la asociación no puedan afrontar el proceso, más aún teniendo en cuenta que se excavaría en dos localizaciones: el parque Federico García Lorca de Alfacar y en el paraje de olivos que hay 430 metros al sureste de este punto, antes del Caracolar.

La pregunta que se plantea entonces es quién hará frente al coste, una cuestión que la Ley de Memoria Histórica no aclara. La norma, que tiene un año de vida, no contempla la dotación de medios para el desarrollo de las actuaciones. En palabras del letrado Rafael López Guarnido, «no marca un camino de actuación claro».

En Andalucía, según precisa Botella, aún no está estipulado quién va a subvencionarlo. Podría ser la Junta o los ayuntamientos, así como entidades privadas. Y es que -y en esto coinciden los expertos en la materia- la ley «tiene voluntad pero se queda a medio camino», dejando el campo abierto para que sean otras instituciones quienes lo hagan.
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La travesía legal hacia la exhumación de García Lorca

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La Universidad de Granada ya ha planificado la recuperación del cuerpo del poeta

Todo está preparado. La exhumación de los restos de Federico García Lorca está a la espera de una orden judicial. La identificación de los restos del poeta fusilado pondrá fin a los misterios, bulos y rumores que se ciernen sobre sus últimas horas. Y también a la larga lucha de dos familias -los Galindo y Galadí- por dar una sepultura digna a sus abuelos, asesinados con Federico y el banderillero Joaquín Arcollas Cabezas hace ya 72 años.

La decisión de los herederos de Lorca de no oponerse a la excavación constituye un impulso para que el controvertido proceso llegue a buen puerto. A la espera de que esto ocurra, la Universidad de Granada y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) -impulsora de la iniciativa junto a las familias Galindo y Galadí, así como el investigador Ian Gibson y el periodista Francisco Vigueras- ya tiene perfilado un minucioso plan.

Un equipo compuesto por arqueólogos, antropólogos, geofísicos y genetistas acometerían el proceso que, en palabras del científico Miguel Botella, sería «largo». La delimitación de la fosa con un georradar -destinado a detectar los movimientos de tierra- sería abordado por el Instituto de Geofísica. Después llegaría la propia excavación y la limpieza de los huesos. Pero antes de llevarlos al laboratorio, los científicos estudiarán los restos para recoger datos. Aunque normalmente con el estudio antropológico se puede identificar un cuerpo con certeza, a veces se recurre al análisis de ADN para la confirmación. La operación correría a cargo de Botella, que coordina el Instituto de Antropología Física. Este proceso, que duraría un par de meses, llegaría a su fin en el momento en que los restos sean entregados a los herederos.

Nieves Galindo, la nieta del maestro de Puliana, pretende dar sepultura a su abuelo en esta localidad. Los Lorca ya han dejado claro su intención de no mover los restos de Federico del barranco de Alfacar, donde hoy existe un parque con el nombre del poeta.

Aunque la identificación de cada desaparecido costaría de media unos 6.000 euros, la recuperación de los cuerpos de Galindo y Galadí sería mucho más costosa. El presupuesto supera los 30.000 euros, ya que habría que poner en marcha «una gran estructura de privacidad» para mantener el derecho a la intimidad, según explica el presidente de la ARMH, Francisco González.

Estas «estructuras de seguridad y privacidad complejas y costosas» hacen que la asociación no puedan afrontar el proceso, más aún teniendo en cuenta que se excavaría en dos localizaciones: el parque Federico García Lorca de Alfacar y en el paraje de olivos que hay 430 metros al sureste de este punto, antes del Caracolar.

La pregunta que se plantea entonces es quién hará frente al coste, una cuestión que la Ley de Memoria Histórica no aclara. La norma, que tiene un año de vida, no contempla la dotación de medios para el desarrollo de las actuaciones. En palabras del letrado Rafael López Guarnido, «no marca un camino de actuación claro».

En Andalucía, según precisa Botella, aún no está estipulado quién va a subvencionarlo. Podría ser la Junta o los ayuntamientos, así como entidades privadas. Y es que -y en esto coinciden los expertos en la materia- la ley «tiene voluntad pero se queda a medio camino», dejando el campo abierto para que sean otras instituciones quienes lo hagan.
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