El vertido de Aznalcóllar en 1998 fue, por volumen, el segundo de los 59 grandes accidentes ecológicos de la minería en todo el mundo, y el mayor de Europa. Si se añade el hecho de que se produjera en un lugar tan valioso y sensible como el entorno de Doñana, merecería figurar en la lista de los principales siniestros medioambientales de la historia, al menos de los que no han ocasionado víctimas humanas. Y quizá sea esta última circunstancia la que termine haciendo olvidar el pasado; 17 años después del desastre, ahora se planea la reapertura de la mina a cargo de un nuevo operador.
Pero es el propio suelo de Aznalcóllar el que aún no ha borrado el desastre por completo. Un nuevo estudio elaborado por investigadores de las Universidades de Granada y Almería revela que aún existe una pequeña proporción de suelos afectados por altos niveles de acidez y de metales pesados como arsénico, plomo, cobre y cinc. Según los científicos, estos focos pueden extender la polución a su entorno, como lo demuestra el hecho de que un 20% de los suelos analizados, sobre todo los que estaban más limpios en un muestreo anterior de 2004, aumentaron su nivel de contaminación en 2013 debido a la dispersión de los metales.
La pesadilla de Doñana comenzó el 25 de abril de 1998, cuando la presa de la balsa de decantación de la mina, gestionada por la empresa sueca Boliden AB, se rompió liberando 4,5 millones de metros cúbicos de agua ácida y lodos tóxicos. El vertido afectó a una superficie de más de 4.600 hectáreas en la cuenca del río Guadiamar y de su tributario, el Agrio, los últimos grandes aportes de agua que recibe el Guadalquivir por su margen derecha antes de su desembocadura en las marismas de Doñana.
De inmediato se puso en marcha una de las mayores operaciones de remediación de suelos jamás emprendidas en Europa, con el concurso de maquinaria pesada que se encargó de retirar lodo y suelo después del accidente y de nuevo al año siguiente. «Fue una labor muy complicada», valora el edafólogo de la Universidad de Granada Francisco José Martín Peinado, primer autor del estudio. Para este investigador, el balance de aquella operación es positivo: «Las medidas fueron muy efectivas y más del 90% de los suelos están recuperados», resume.
Según los científicos, estos focos pueden extender la polución a su entorno
Martín Peinado y sus colaboradores han vigilado la evolución de los suelos contaminados desde diez días después de la rotura de la balsa. El nuevo muestreo que ahora se publica, realizado en 2013, revela que la limpieza no culminó en una restauración completa. «En muchos casos había más de un metro lodo sobre el suelo, que entró en fase acuosa e impregnó el suelo en profundidad», explica el edafólogo, que atribuye la contaminación residual a un efecto secundario del procedimiento utilizado. «Creemos que el peso de la maquinaria mezcló parte del residuo con el suelo a mayor profundidad».
El científico admite que «no se podía hacer una labor fina», pero piensa que el resultado habría mejorado de haberse primado la eficacia sobre la rapidez. «En este tipo de polución en un ecosistema mediterráneo, la eliminación completa de los lodos es más importante que la velocidad de ejecución», escriben los investigadores en su estudio, que se publicará en mayo en la revista Science of the Total Environment. «Por criterios científicos, habría sido más eficiente hacer una limpieza sobre material bastante más seco de lo que estaba», añade Martín Peinado.
Detalle de una zona de suelo contaminado sin vegetación en el corredor verde del río Guadiamar. / F.J. MARTÍN PEINADO.
El resultado es que aún existe lo que el investigador califica como «puntos negros», un 7% del total de los suelos de la zona alta del corredor verde del Guadiamar, la más próxima a la mina, que mantiene altos niveles de acidez y de metales pesados. «Son unas cuantas decenas de hectáreas que son focos potenciales de contaminación, y se les hace poco caso». Las zonas contaminadas son fácilmente reconocibles, incluso en las imágenes de Google Earth: parches desprovistos de vegetación «donde, 16 años después, ni una mala hierba es capaz de instalarse».
Para el investigador, estos focos de contaminación no ponen en peligro el ecosistema de Doñana, ya que en su gran mayoría se sitúan a más de 40 kilómetros aguas arriba de las áreas protegidas. El papel depurador del suelo y la dilución natural del río Guadiamar impiden que los contaminantes lleguen al entorno de las marismas en concentraciones alarmantes, como demuestran los análisis realizados en el parque nacional y el parque natural adyacente. Sin embargo, para Martín Peinado existe un riesgo potencial para la población, ya que los suelos contaminados se encuentran en un corredor de recreo abierto al público y sin vallado ni señalización. «La gente va allí a correr, a hacer ciclismo o a observar aves, y hay riesgo de que alguna familia decida sentarse a tomar el bocadillo justo en esas zonas que están claras sin vegetación», advierte.
Según Martín Peinado, la solución debería centrarse ahora en la aplicación de medidas más finas, como las técnicas de biorremediación. Estos métodos se basan en la capacidad de los seres vivos, sobre todo los microorganismos, de degradar o retirar del medio los productos contaminantes. Un ejemplo fue el programa experimental desarrollado por el CSIC tras el vertido de crudo del buque Prestige en las costas de Galicia en 2002. La biorremediación aprovecha la capacidad de los microorganismos ya presentes en el suelo, aunque también pueden añadirse artificialmente. En el caso de Aznalcóllar, sería sencillo, señala el edafólogo: «El suelo responde bien en cuanto se le ayuda un poco». Esta ayuda consistiría en mezclar el suelo para oxidar el material en superficie y añadir nutrientes que activen las poblaciones microbianas existentes para fijar los metales. La técnica ya ha logrado, en el laboratorio, transformar el suelo estéril de los puntos negros en un sustrato donde crecen las lechugas.
¿Llegarán a aplicarse estas medidas en las calvas de Aznalcóllar? Los investigadores aún deberán reunir sus resultados en un nuevo estudio científico que esperan publicar en los próximos meses. Después presentarán una propuesta completa de actuación a la autoridad competente, en este caso la Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El coste, dice Martín Peinado, no debería ser un obstáculo: «Es mínimo en relación al beneficio que se puede conseguir».
Aunque todo estuviera en regla, aquella balsa era un monstruo»
Otra cuestión es que la reapertura de la mina no conduzca a la repetición de errores del pasado. Y el más grave fue, a juicio de Martín Peinado, la excesiva acumulación de residuos en un solo lugar. «Aunque todo estuviera en regla, aquella balsa era un monstruo, que además fue recreciendo con respecto al diseño original». En opinión del investigador, esto creaba situaciones imprevisibles que, sin embargo, ya habían dado motivos para la alarma antes del accidente. «Algunos científicos de Sevilla ya habían detectado filtraciones de metales pesados en el Guadiamar en ciertas épocas del año».
Con todo, el autor del estudio no se opone a la reapertura de la mina. «Puede activar la economía y generar empleo en la zona, pero debe hacerse con todas las garantías de respeto al medio ambiente». Por el momento, la reciente adjudicación de la explotación a la sociedad Minorbis-Grupo México ya ha cosechado críticas; entre otras, las de grupos ecologistas, por el hecho de que el socio mexicano es el responsable de la mina Buenavista del Cobre, que en agosto de 2014 vertió 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en el río Sonora. Martín Peinado insiste en que será esencial extremar el control y el seguimiento tanto del proceso extractivo como de la acumulación de residuos. «Este es el último eslabón de la cadena que a veces se olvida, hasta que ocurre un desastre». «Nosotros vamos a seguir allí y vamos a seguir investigando, pero los científicos solo podemos aplicar una cierta presión; esperamos que se nos oiga», concluye.
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