La Editorial de la Universidad de Granada acaba de publicar el libro ‘Las mujeres en la historia: itinerarios por la provincia de Granada’, en el que cinco especialistas recuperan la memoria femenina en siete épocas distintas y otras tantas comarcas diferentes. Para las editoras del volumen, la profesora de Historia Moderna de la UGR Margarita Birriel y la catedrática de enseñanza secundaria Socorro Robles, el objetivo era llenar un vacío en la historiografía, que apenas se ha ocupado del estudio de las granadinas.
El texto, de carácter divulgativo y dirigido a todo tipo de públicos, está dividido en siete itinerarios en los que se presta especial atención a la presencia de las mujeres en determinadas épocas. En concreto, esos escenarios son: las sociedades prehistóricas del Altiplano; la época hispanorromana en la Costa; Al Andalus en la Alpujarra; la ‘frontera’ de finales del siglo XV en el Poniente; moriscas en el Valle de Lecrín; castellanización a partir del siglo XVI en Guadix y el Marquesado; y la Vega de Granada a comienzos del siglo XX.
«No es que las mujeres no estuvieran, es que la historiografía las ha invisibilizado -subrayó Margarita Birriel-. La historia es un producto cultural y responde a ciertas concepciones sobre qué es la sociedad, la masculinidad y la feminidad, qué es lo importante y qué no». Hace poco más de un siglo, el relato historiográfico se ocupaba exclusivamente del poder: los protagonistas eran reyes, papas, ministros, héroes… y, excepcionalmente, reinas.
A principios del siglo XX, apostilló Socorro Robles, se realizó un esfuerzo para elaborar «una historia total, es decir, de todas las personas». Pero incluso cuando la clase obrera adquirió un protagonismo histórico, las mujeres no estaban allí. «Nunca se ha considerado trabajo el que se realiza en la casa, cuando es un proceso idéntico al de fuera, en tanto que produce un bien o un servicio», recordó Birriel. Fue a partir de los años setenta cuando la historiografía feminista comenzó a hacerse nuevas preguntas e introducir nuevas categorías de análisis.
Así, por ejemplo, Margarita Sánchez, arqueóloga y directora general de Bienes Culturales de la Junta, resalta en el primer capítulo del libro que, en las sociedades primitivas del Altiplano de Granada, la caza era una actividad marginal: el 90% de la dieta era vegetal y se obtenía mediante la recolección en la naturaleza, a la que se dedicaban hombres, mujeres y niños por igual, y el resto era producto del carroñeo, para lo cual era necesario fabricar útiles de piedra y despiezar los animales muertos. «No hay pruebas arqueológicas de que fuesen los hombres los únicos que los fabricaran o usaran», advierte la profesora.
Tanto si hay una división sexual del trabajo como si no, recordó Robles, la jerarquización de las distintas funciones es «una construcción cultural». Es decir, durante mucho tiempo quien ha determinado qué tarea es importante y cuál no han sido los hombres.
Guía práctica
El libro pretende además señalar los «lugares de memoria femenina» dentro del patrimonio histórico-artístico, generalmente marginales. «Los lavaderos pueden ser tan importantes como los castillos», subrayó Birriel. Solo hay que mirar el callejero de las ciudades y observar a quién están dedicadas las estatuas para darse cuenta de que nuestros próceres son mayoritariamente hombres. Isabel la Católica y Mariana Pineda son la excepción.
Las editoras insistieron en el carácter divulgativo del libro, hasta el punto de que puede ser utilizado como una guía para conocer mejor la hermosa y a veces olvidada provincia de Granada. Eso sí, con enfoque de género.
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Historia de las invisibles
La Editorial de la Universidad de Granada acaba de publicar el libro ‘Las mujeres en la historia: itinerarios por la provincia de Granada’, en el que cinco especialistas recuperan la memoria femenina en siete épocas distintas y otras tantas comarcas diferentes. Para las editoras del volumen, la profesora de Historia Moderna de la UGR Margarita Birriel y la catedrática de enseñanza secundaria Socorro Robles, el objetivo era llenar un vacío en la historiografía, que apenas se ha ocupado del estudio de las granadinas.
El texto, de carácter divulgativo y dirigido a todo tipo de públicos, está dividido en siete itinerarios en los que se presta especial atención a la presencia de las mujeres en determinadas épocas. En concreto, esos escenarios son: las sociedades prehistóricas del Altiplano; la época hispanorromana en la Costa; Al Andalus en la Alpujarra; la ‘frontera’ de finales del siglo XV en el Poniente; moriscas en el Valle de Lecrín; castellanización a partir del siglo XVI en Guadix y el Marquesado; y la Vega de Granada a comienzos del siglo XX.
«No es que las mujeres no estuvieran, es que la historiografía las ha invisibilizado -subrayó Margarita Birriel-. La historia es un producto cultural y responde a ciertas concepciones sobre qué es la sociedad, la masculinidad y la feminidad, qué es lo importante y qué no». Hace poco más de un siglo, el relato historiográfico se ocupaba exclusivamente del poder: los protagonistas eran reyes, papas, ministros, héroes… y, excepcionalmente, reinas.
A principios del siglo XX, apostilló Socorro Robles, se realizó un esfuerzo para elaborar «una historia total, es decir, de todas las personas». Pero incluso cuando la clase obrera adquirió un protagonismo histórico, las mujeres no estaban allí. «Nunca se ha considerado trabajo el que se realiza en la casa, cuando es un proceso idéntico al de fuera, en tanto que produce un bien o un servicio», recordó Birriel. Fue a partir de los años setenta cuando la historiografía feminista comenzó a hacerse nuevas preguntas e introducir nuevas categorías de análisis.
Así, por ejemplo, Margarita Sánchez, arqueóloga y directora general de Bienes Culturales de la Junta, resalta en el primer capítulo del libro que, en las sociedades primitivas del Altiplano de Granada, la caza era una actividad marginal: el 90% de la dieta era vegetal y se obtenía mediante la recolección en la naturaleza, a la que se dedicaban hombres, mujeres y niños por igual, y el resto era producto del carroñeo, para lo cual era necesario fabricar útiles de piedra y despiezar los animales muertos. «No hay pruebas arqueológicas de que fuesen los hombres los únicos que los fabricaran o usaran», advierte la profesora.
Tanto si hay una división sexual del trabajo como si no, recordó Robles, la jerarquización de las distintas funciones es «una construcción cultural». Es decir, durante mucho tiempo quien ha determinado qué tarea es importante y cuál no han sido los hombres.
Guía práctica
El libro pretende además señalar los «lugares de memoria femenina» dentro del patrimonio histórico-artístico, generalmente marginales. «Los lavaderos pueden ser tan importantes como los castillos», subrayó Birriel. Solo hay que mirar el callejero de las ciudades y observar a quién están dedicadas las estatuas para darse cuenta de que nuestros próceres son mayoritariamente hombres. Isabel la Católica y Mariana Pineda son la excepción.
Las editoras insistieron en el carácter divulgativo del libro, hasta el punto de que puede ser utilizado como una guía para conocer mejor la hermosa y a veces olvidada provincia de Granada. Eso sí, con enfoque de género.
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Le piden cinco años por falsear las notas en la UGR
La Audiencia de Granada juzgará mañana a un matrimonio acusado de falsedad continuada de documento público, al aprovechar él su condición de trabajador de la Universidad de Granada para subirse las notas de su carrera y manipular el expediente de su mujer, por lo que les piden cinco años de cárcel.
Los hechos comenzaron en febrero de 2008 cuando la acusada Sara E.H.M. presentó en la Universidad de Granada una petición para la convalidación de 120 créditos de la licenciatura de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana, unos estudios que nunca cursó.
La acusada aprovechó el trabajo como auxiliar administrativo en la facultad de Filosofía de su marido, también acusado, para lograr una convalidación que no siguió las exigencias previstas ni la supervisión pertinente de la documentación aportada.
Según consta en el escrito de Fiscalía al que ha tenido acceso Efe, Manuel T.R. «aprovechando su condición de funcionario realizó en la matrícula de Sara E.H.M., con el conocimiento y acuerdo de ella y con la intención de obtener ilícito beneficio» quince modificaciones, lo que ocasionó un perjuicio económico a la Universidad de Granada de 793 euros.
«Siguiendo un plan preconcebido», ha detallado la Fiscalía, modificó las calificaciones de su expediente personal para sustituir sus aprobados y notables por siete sobresalientes y convalidar los créditos de su carrera de Historia del Arte para cursar la licenciatura de Historia.
Manuel T.R., «inducido por la acusada y con el conocimiento y consentimiento de esta», modificó el expediente académico de su mujer para convertir en seis sobresalientes la nota de asignaturas de las que no llegó a examinarse.
La Fiscalía ha solicitado para el matrimonio cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad de documento público, una multa de 3.090 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público en cualquier administración durante cuatro años y medio.
Los dos acusados serán juzgados mañana en la Sala primera de la Audiencia Provincial de Granada.
Le piden cinco años por falsear las notas en la UGR
La Audiencia de Granada juzgará mañana a un matrimonio acusado de falsedad continuada de documento público, al aprovechar él su condición de trabajador de la Universidad de Granada para subirse las notas de su carrera y manipular el expediente de su mujer, por lo que les piden cinco años de cárcel.
Los hechos comenzaron en febrero de 2008 cuando la acusada Sara E.H.M. presentó en la Universidad de Granada una petición para la convalidación de 120 créditos de la licenciatura de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana, unos estudios que nunca cursó.
La acusada aprovechó el trabajo como auxiliar administrativo en la facultad de Filosofía de su marido, también acusado, para lograr una convalidación que no siguió las exigencias previstas ni la supervisión pertinente de la documentación aportada.
Según consta en el escrito de Fiscalía al que ha tenido acceso Efe, Manuel T.R. «aprovechando su condición de funcionario realizó en la matrícula de Sara E.H.M., con el conocimiento y acuerdo de ella y con la intención de obtener ilícito beneficio» quince modificaciones, lo que ocasionó un perjuicio económico a la Universidad de Granada de 793 euros.
«Siguiendo un plan preconcebido», ha detallado la Fiscalía, modificó las calificaciones de su expediente personal para sustituir sus aprobados y notables por siete sobresalientes y convalidar los créditos de su carrera de Historia del Arte para cursar la licenciatura de Historia.
Manuel T.R., «inducido por la acusada y con el conocimiento y consentimiento de esta», modificó el expediente académico de su mujer para convertir en seis sobresalientes la nota de asignaturas de las que no llegó a examinarse.
La Fiscalía ha solicitado para el matrimonio cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad de documento público, una multa de 3.090 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público en cualquier administración durante cuatro años y medio.
Los dos acusados serán juzgados mañana en la Sala primera de la Audiencia Provincial de Granada.
El Pueblo de Ceuta
Pág. 18: La UGR crea un Campus de Software Llibre para niños en Granada
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La privatización del agua moviliza a decenas de organizaciones sociales
Esta crisis deja huellas paradójicas: se nacionalizan bancos y se privatiza el agua. La segunda circunstancia afecta ya a más del 46% de la población española que, según los datos de la Fundación Nueva Cultura del Agua, tiene el suministro en manos de empresas privadas o mixtas. Este porcentaje ya se está empezando a alcanzar en Andalucía y principalmente en Cádiz, donde se ha creado una plataforma provincial en defensa de la gestión pública. Decenas de organizaciones están dispuestas a dar batalla.
Casi la mitad de la población gaditana ya tiene privatizado o en vías de venta el servicio de agua, según la coordinadora que agrupa desde partidos políticos (salvo PP y PA) hasta sindicatos y asociaciones ecologistas y de consumidores, entre otras. En Jerez, donde ya hay hasta una treintena de colectivos contrarios a la venta de la sociedad municipal, han reunido más de 12.000 firmas para exigir un referéndum. En Madrid ya se ha celebrado uno con más de 167.000 participantes que votaron contra la privatización del Canal de Isabel II y en Italia, la defensa del agua como bien público se ha convertido en un fenómeno social de millones de seguidores.
El proyecto inicial de concesión completa del suministro de Jerez ha sido sustituido por uno mixto de participación pública y privada, como en Huelva, pero tampoco convence.
Los ayuntamientos buscan en la venta de todo o parte de las empresas de agua conseguir dinero que no está disponible en el mercado tradicional ni en las fuentes tradicionales de ingresos. En la mayoría de los casos añaden como argumento que la gestión privada es más eficiente que la pública.
MÁS INFORMACIÓN
Se vende servicio de aguas
«He predicado en una catedral tras la misa»
Francisco León, miembro de la plataforma y de Aguas de Jerez, lo niega. «Solo buscan financiación rápida vendiendo una empresa que ha demostrado ser eficiente y rentable. Si no, no tendría compradores. La consecuencia es que suben las tarifas, que los beneficios revierten en las empresas privadas y no en el municipio, no se genera desarrollo tecnológico alguno ni se invierte en las redes ni se garantiza la transparencia».
El representante de la coordinadora resume sus propuestas: no a la privatización, comenzar a rescatar las empresas vendidas y asegurar la eficacia y la participación ciudadana en las entidades que siguen siendo públicas.
Añade que una sociedad municipal incluye entre sus objetivos determinadas prestaciones sociales que la empresa privada desecha. Así, destaca como las empresas públicas garantizan el suministro en poblaciones donde la rentabilidad es menor o en épocas de sequía o a las familias que no disponen de recursos. León duda de que esta política sea mantenida por una empresa privada.
La coordinadora destaca también las repercusiones de las privatizaciones en los precios, que según sus cálculos han llegado a subir un 117% en algunas localidades, como San Fernando.
El concejal del PSOE de Huelva José María Benabat ha adelantado que el próximo pleno municipal abordará las cuentas de la empresa mixta de aguas y que, según sus datos, en el último año arrojó pérdidas por valor de 151.200 euros. «Pedro Rodríguez \[el alcalde\] ha malvendido una empresa que era patrimonio de todos los onubenses y que ha pasado de ser la joya de la corona de este Ayuntamiento, el único servicio que daba beneficios, a presentar pérdidas que ahora pagarán los ciudadanos con una subida más de las tarifas», aseguró el edil.
En La Línea, el comité de IU ha lanzado un mensaje claro sobre los perjuicios medioambientales de una mala gestión de la que responsabiliza directamente a la empresa Aqualia pese al «pastón» que cobra. «Que nuestra ciudad en primavera en vez de a azahar huela a fecales, que en invierno en vez de a asfalto mojado huela a fecales, y que en verano nos bañemos en mierda… no es normal. Por más que nos quieran hacer pensar lo contrario», afirma en un comunicado.
Antonio Figueroa, de Ecologistas en Acción, cree que se trata de un «tema social muy sensible» y complejo. Figueroa lamenta que pese a esta realidad, los responsables políticos no respondan a las iniciativas ciudadanas. «Desde enero hemos presentado alegaciones, pedido reuniones, presentado miles de firmas pidiendo un referéndum y preparado acciones judiciales. Lamentablemente, solo nos dejan el recurso de la calle».
Los consumidores también tienen mucho que decir en esta cuestión. David Cifredo, de Facua, advierte que, en principio, su organización defiende la gestión eficaz, transparente y participativa, independientemente de la titularidad de la entidad que presta el servicio. Pero añade que «la experiencia desmonta el discurso de los ayuntamientos sobre la mayor calidad en los servicios y la gestión más eficiente de las empresas privadas». En cualquier caso, comparte el rechazo a que la venta de empresas públicas «encubra» una financiación de los Ayuntamientos.
Los operadores públicos de agua, agrupados en Aeopas, defienden la necesidad de que el agua sea considerada como un derecho, destacan su enorme valor social y ecológico y rechazan que un bien de estas características convierta en una «mercancía». El gerente de Aeopas, Luis Babiano, defiende que le entidades públicas son más eficientes y esgrime un estudio del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada que avala esta afirmación. Añade que uno de los motivos que más le preocupa es la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la administración y lo que eso supone en términos de democracia. Para Babiano si queremos conservar el «privilegio» de tener acceso al agua en calidad y en cantidad para cubrir nuestras necesidades, tenemos que afrontar, con valentía y transparencia, la asignatura pendiente de las nuevas infraestructuras -principalmente de depuración- y el precio del agua. Dadas las características del sector, «este reto sólo se puede afrontar desde la confianza de que el servicio se presta desde empresas públicas, eficientes y democráticas».
Rescate en Medina
Aguas de Medina es fruto de un rescate y un ejemplo de gestión pública. A finales de 2003, el Ayuntamiento decidió crear una empresa para gestionar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de la localidad tras un largo período de privatización.
Los objetivos eran mejorar el servicio y que los beneficios de esta entidad repercutieran en el pueblo. Hasta entonces, comenta el delegado de Hacienda, Santiago Gutiérrez (IU), el coste era elevado, se facturaba al municipio cualquier gasto extraordinario, no había control municipal y se gestionaba sin criterios operativos.
Casi una década después, con poco más de 5.000 abonados, la empresa municipal puede alardear de no tener ni una sola factura pendiente con proveedores, ser rentable y poder disponer incluso de una obra social. «Puede ser más complicado al principio, pero una buena gestión es mucho más beneficiosa», resume el edil responsable de la empresa municipal.
Santiago Gutiérrez destaca las tarifas ajustadas, la ausencia de conflictividad, la eficacia en el servicio y el mayor control sobre la empresa, las averías y las inversiones. El balance del rescate, a su juicio, es positivo en todos los aspectos.
La privatización del agua moviliza a decenas de organizaciones sociales
Esta crisis deja huellas paradójicas: se nacionalizan bancos y se privatiza el agua. La segunda circunstancia afecta ya a más del 46% de la población española que, según los datos de la Fundación Nueva Cultura del Agua, tiene el suministro en manos de empresas privadas o mixtas. Este porcentaje ya se está empezando a alcanzar en Andalucía y principalmente en Cádiz, donde se ha creado una plataforma provincial en defensa de la gestión pública. Decenas de organizaciones están dispuestas a dar batalla.
Casi la mitad de la población gaditana ya tiene privatizado o en vías de venta el servicio de agua, según la coordinadora que agrupa desde partidos políticos (salvo PP y PA) hasta sindicatos y asociaciones ecologistas y de consumidores, entre otras. En Jerez, donde ya hay hasta una treintena de colectivos contrarios a la venta de la sociedad municipal, han reunido más de 12.000 firmas para exigir un referéndum. En Madrid ya se ha celebrado uno con más de 167.000 participantes que votaron contra la privatización del Canal de Isabel II y en Italia, la defensa del agua como bien público se ha convertido en un fenómeno social de millones de seguidores.
El proyecto inicial de concesión completa del suministro de Jerez ha sido sustituido por uno mixto de participación pública y privada, como en Huelva, pero tampoco convence.
Los ayuntamientos buscan en la venta de todo o parte de las empresas de agua conseguir dinero que no está disponible en el mercado tradicional ni en las fuentes tradicionales de ingresos. En la mayoría de los casos añaden como argumento que la gestión privada es más eficiente que la pública.
MÁS INFORMACIÓN
Se vende servicio de aguas
«He predicado en una catedral tras la misa»
Francisco León, miembro de la plataforma y de Aguas de Jerez, lo niega. «Solo buscan financiación rápida vendiendo una empresa que ha demostrado ser eficiente y rentable. Si no, no tendría compradores. La consecuencia es que suben las tarifas, que los beneficios revierten en las empresas privadas y no en el municipio, no se genera desarrollo tecnológico alguno ni se invierte en las redes ni se garantiza la transparencia».
El representante de la coordinadora resume sus propuestas: no a la privatización, comenzar a rescatar las empresas vendidas y asegurar la eficacia y la participación ciudadana en las entidades que siguen siendo públicas.
Añade que una sociedad municipal incluye entre sus objetivos determinadas prestaciones sociales que la empresa privada desecha. Así, destaca como las empresas públicas garantizan el suministro en poblaciones donde la rentabilidad es menor o en épocas de sequía o a las familias que no disponen de recursos. León duda de que esta política sea mantenida por una empresa privada.
La coordinadora destaca también las repercusiones de las privatizaciones en los precios, que según sus cálculos han llegado a subir un 117% en algunas localidades, como San Fernando.
El concejal del PSOE de Huelva José María Benabat ha adelantado que el próximo pleno municipal abordará las cuentas de la empresa mixta de aguas y que, según sus datos, en el último año arrojó pérdidas por valor de 151.200 euros. «Pedro Rodríguez \[el alcalde\] ha malvendido una empresa que era patrimonio de todos los onubenses y que ha pasado de ser la joya de la corona de este Ayuntamiento, el único servicio que daba beneficios, a presentar pérdidas que ahora pagarán los ciudadanos con una subida más de las tarifas», aseguró el edil.
En La Línea, el comité de IU ha lanzado un mensaje claro sobre los perjuicios medioambientales de una mala gestión de la que responsabiliza directamente a la empresa Aqualia pese al «pastón» que cobra. «Que nuestra ciudad en primavera en vez de a azahar huela a fecales, que en invierno en vez de a asfalto mojado huela a fecales, y que en verano nos bañemos en mierda… no es normal. Por más que nos quieran hacer pensar lo contrario», afirma en un comunicado.
Antonio Figueroa, de Ecologistas en Acción, cree que se trata de un «tema social muy sensible» y complejo. Figueroa lamenta que pese a esta realidad, los responsables políticos no respondan a las iniciativas ciudadanas. «Desde enero hemos presentado alegaciones, pedido reuniones, presentado miles de firmas pidiendo un referéndum y preparado acciones judiciales. Lamentablemente, solo nos dejan el recurso de la calle».
Los consumidores también tienen mucho que decir en esta cuestión. David Cifredo, de Facua, advierte que, en principio, su organización defiende la gestión eficaz, transparente y participativa, independientemente de la titularidad de la entidad que presta el servicio. Pero añade que «la experiencia desmonta el discurso de los ayuntamientos sobre la mayor calidad en los servicios y la gestión más eficiente de las empresas privadas». En cualquier caso, comparte el rechazo a que la venta de empresas públicas «encubra» una financiación de los Ayuntamientos.
Los operadores públicos de agua, agrupados en Aeopas, defienden la necesidad de que el agua sea considerada como un derecho, destacan su enorme valor social y ecológico y rechazan que un bien de estas características convierta en una «mercancía». El gerente de Aeopas, Luis Babiano, defiende que le entidades públicas son más eficientes y esgrime un estudio del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada que avala esta afirmación. Añade que uno de los motivos que más le preocupa es la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la administración y lo que eso supone en términos de democracia. Para Babiano si queremos conservar el «privilegio» de tener acceso al agua en calidad y en cantidad para cubrir nuestras necesidades, tenemos que afrontar, con valentía y transparencia, la asignatura pendiente de las nuevas infraestructuras -principalmente de depuración- y el precio del agua. Dadas las características del sector, «este reto sólo se puede afrontar desde la confianza de que el servicio se presta desde empresas públicas, eficientes y democráticas».
Rescate en Medina
Aguas de Medina es fruto de un rescate y un ejemplo de gestión pública. A finales de 2003, el Ayuntamiento decidió crear una empresa para gestionar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de la localidad tras un largo período de privatización.
Los objetivos eran mejorar el servicio y que los beneficios de esta entidad repercutieran en el pueblo. Hasta entonces, comenta el delegado de Hacienda, Santiago Gutiérrez (IU), el coste era elevado, se facturaba al municipio cualquier gasto extraordinario, no había control municipal y se gestionaba sin criterios operativos.
Casi una década después, con poco más de 5.000 abonados, la empresa municipal puede alardear de no tener ni una sola factura pendiente con proveedores, ser rentable y poder disponer incluso de una obra social. «Puede ser más complicado al principio, pero una buena gestión es mucho más beneficiosa», resume el edil responsable de la empresa municipal.
Santiago Gutiérrez destaca las tarifas ajustadas, la ausencia de conflictividad, la eficacia en el servicio y el mayor control sobre la empresa, las averías y las inversiones. El balance del rescate, a su juicio, es positivo en todos los aspectos.
Ideal
Pág. 12 y 13: Los alumnos granadinos en el extranjero ponen nota a la UGR
Pág. 18: En el buen camino
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Le piden cinco años de cárcel por manipular sus notas y falsear un expediente
La Audiencia de Granada juzgará este lunes a un matrimonio acusado de falsedad continuada de documento público, al aprovechar él su condición de trabajador de la Universidad de Granada para subirse las notas de su carrera y manipular el expediente de su mujer, por lo que les piden cinco años de cárcel.
Los hechos comenzaron en febrero de 2008, cuando la acusada Sara E.H.M. presentó en la Universidad de Granada una petición para la convalidación de 120 créditos de la licenciatura de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana, unos estudios que nunca cursó.
La acusada aprovechó el trabajo como auxiliar administrativo en la facultad de Filosofía de su marido, también acusado, para lograr una convalidación que no siguió las exigencias previstas ni la supervisión pertinente de la documentación aportada.
Según consta en el escrito de Fiscalía, Manuel T.R. «aprovechando su condición de funcionario realizó en la matrícula de Sara E.H.M., con el conocimiento y acuerdo de ella y con la intención de obtener ilícito beneficio» quince modificaciones, lo que ocasionó un perjuicio económico a la Universidad de Granada de 793 euros.
«Siguiendo un plan preconcebido», ha detallado la Fiscalía, modificó las calificaciones de su expediente personal para sustituir sus aprobados y notables por siete sobresalientes y convalidar los créditos de su carrera de Historia del Arte para cursar la licenciatura de Historia.
Manuel T.R., «inducido por la acusada y con el conocimiento y consentimiento de ésta», modificó el expediente académico de su mujer para convertir en seis sobresalientes la nota de asignaturas de las que no llegó a examinarse.
La Fiscalía ha solicitado para el matrimonio cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad de documento público, una multa de 3.090 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público en cualquier administración durante cuatro años y medio.
Le piden cinco años de cárcel por manipular sus notas y falsear un expediente
La Audiencia de Granada juzgará este lunes a un matrimonio acusado de falsedad continuada de documento público, al aprovechar él su condición de trabajador de la Universidad de Granada para subirse las notas de su carrera y manipular el expediente de su mujer, por lo que les piden cinco años de cárcel.
Los hechos comenzaron en febrero de 2008, cuando la acusada Sara E.H.M. presentó en la Universidad de Granada una petición para la convalidación de 120 créditos de la licenciatura de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana, unos estudios que nunca cursó.
La acusada aprovechó el trabajo como auxiliar administrativo en la facultad de Filosofía de su marido, también acusado, para lograr una convalidación que no siguió las exigencias previstas ni la supervisión pertinente de la documentación aportada.
Según consta en el escrito de Fiscalía, Manuel T.R. «aprovechando su condición de funcionario realizó en la matrícula de Sara E.H.M., con el conocimiento y acuerdo de ella y con la intención de obtener ilícito beneficio» quince modificaciones, lo que ocasionó un perjuicio económico a la Universidad de Granada de 793 euros.
«Siguiendo un plan preconcebido», ha detallado la Fiscalía, modificó las calificaciones de su expediente personal para sustituir sus aprobados y notables por siete sobresalientes y convalidar los créditos de su carrera de Historia del Arte para cursar la licenciatura de Historia.
Manuel T.R., «inducido por la acusada y con el conocimiento y consentimiento de ésta», modificó el expediente académico de su mujer para convertir en seis sobresalientes la nota de asignaturas de las que no llegó a examinarse.
La Fiscalía ha solicitado para el matrimonio cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad de documento público, una multa de 3.090 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público en cualquier administración durante cuatro años y medio.
Granada Hoy
Pág. 36 y 37: Santiago Carbó. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Granada.
‘En el mejor de los casos, nos quedan dos o tres años duros o muy duros’.
‘Si la economía no mejora, el ajuste de Andalucía puede ser insuficiente’
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Le piden cinco años por manipular sus notas y falsear un expediente
La Audiencia de Granada juzgará mañana a un matrimonio acusado de falsedad continuada de documento público, al aprovechar él su condición de trabajador de la Universidad de Granada para subirse las notas de su carrera y manipular el expediente de su mujer, por lo que les piden cinco años de cárcel.
Los hechos comenzaron en febrero de 2008 cuando la acusada Sara E.H.M. presentó en la Universidad de Granada una petición para la convalidación de 120 créditos de la licenciatura de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana, unos estudios que nunca cursó.
La acusada aprovechó el trabajo como auxiliar administrativo en la facultad de Filosofía de su marido, también acusado, para lograr una convalidación que no siguió las exigencias previstas ni la supervisión pertinente de la documentación aportada.
Según consta en el escrito de Fiscalía al que ha tenido acceso Efe, Manuel T.R. «aprovechando su condición de funcionario realizó en la matrícula de Sara E.H.M., con el conocimiento y acuerdo de ella y con la intención de obtener ilícito beneficio» quince modificaciones, lo que ocasionó un perjuicio económico a la Universidad de Granada de 793 euros.
«Siguiendo un plan preconcebido», ha detallado la Fiscalía, modificó las calificaciones de su expediente personal para sustituir sus aprobados y notables por siete sobresalientes y convalidar los créditos de su carrera de Historia del Arte para cursar la licenciatura de Historia.
Manuel T.R., «inducido por la acusada y con el conocimiento y consentimiento de esta», modificó el expediente académico de su mujer para convertir en seis sobresalientes la nota de asignaturas de las que no llegó a examinarse.
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