Euforia contenida hasta que se resuelvan las incógnitas del proyecto aprobado el viernes pasado, cuyo desarrollo podría acabar con la inseguridad que ha rodeado a las construcciones costeras durante años
Desde que se anunció la reforma de la Ley de Costas, los empresarios que regentan los 60 chiringuitos de la Costa de Granada, los numerosos agricultores que tienen invernaderos cerca de la playa (sobre todo, en la parte oriental del litoral), y los muchos propietarios de viviendas diseminadas dentro del dominio público marítimo-terrestre, esperaban su aprobación con especial expectación. Sobre todo, porque el Gobierno afirmó que la nueva norma acabaría con la inseguridad que les ha rodeado durante años.
Los dueños de los chiringuitos, a falta de analizar la norma, creen que la Ley otorgará «seguridad jurídica» a estos establecimientos, a la vez que «dignificará» su situación. Sin embargo, según las conclusiones del seminario internacional ‘La reforma de la Ley de Costas a debate’, que se celebró el viernes por la tarde de manera más que oportuna (pues coincidió con la aprobación del proyecto) en la Facultad de Derecho, los afectados no opinan que el nuevo texto vaya a acabar precisamente con la situación de incertidumbre que les ha rodeado hasta ahora.
El encuentro organizado por el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada y Garrigues Abogados estuvo dirigido por el catédratico Estanislao Arana. Este último, explicó a Granada Hoy que «la norma todavía es un proyecto de ley, se tiene que desarrollar y concretar todo lo que se anuncia, por lo que ahora mismo hablamos de hipótesis».
Sin embargo, lo que sí pudieron avanzar los especialistas en la materia que debatieron este tema es que, al parecer, existe una voluntad por parte del legislador de que existan nuevos criterios para definir hasta dónde llega el espacio de dominio público. La consecuencia, por tanto, puede ser que se reduzca el que hasta el momento conocemos, lo que afectaría de manera positiva a los chiringuitos o propietarios de viviendas e invernaderos, ya que si se quedan fuera de esta categoría, se pondría fin a sus mayores problemas.
Para ello, la nueva Ley permite revisar los deslindes, una técnica que se ha venido haciendo desde 1988, que no se concluyó al cien por cien y que habría que comenzar a hacer de nuevo.
Con la anterior legislación de 1988 la ribera del mar alcanzaba hasta donde habían llegado las olas en los temporales conocidos, mientras que ahora se quiere hacer que el criterio se limite a que haya habido un temporal en un plazo pequeño de tiempo, que puede ser incluso de unos 5 años. Los expertos que acudieron al mencionado seminario estimaban que si se deja en menos de 11 o 13 años, que es lo que les permite a los científicos saber cuándo hay periodos de sequía y de humedad, esta herramienta no sería adecuada. Con los peligros que ello conlleva.
Está además demasiado cerca en el tiempo la desgracia que ha ocurrido con las últimas lluvias y uno de los ponentes, Miguel Losada, ya avisó en el mes de junio que Vera corría peligro de inundaciones. La conclusión a la que llegan los estudiosos de esta nueva Ley es que hay que aprender de los errores del pasado y no se pueden repetir modelos como el de Torremolinos, sino caminar hacia un modelo sostenible, que es lo que valora el turista del siglo XXI. «Somos permisivos en que se construya en zonas donde pasa el agua dulce y del mar, y cuando llegan temporales nos toca indemnizar a todos los ciudadanos», comentó Estanislao Arana. El problema nace de «una dejación de funciones por parte de las administraciones públicas y de la corresponsabilidad de propietarios, pero la administración ha sido responsable al no haber utilizado criterios científicos lo suficientemente fiables para saber dónde se puede y no se puede construir», añadió.
A pesar de que algunos participantes en la jornada no se pusieron de acuerdo en si estaban de parte de los afectados o de colectivos ecologistas, en lo que la mayoría coincidió es que a pesar de que la norma nace para tratar de proteger el medio ambiente y dar seguridad jurídica a las relaciones jurídicas en el entorno, realmente «de protección ambiental tiene poco».
De seguridad, parece que tampoco, ya que las concesiones que existían en virtud de la Ley del 88 establecían un periodo de tiempo de disfrute de 30 años y una prórroga de otros 30. En el proyecto se habla de 75 años, aunque no se sabe si el contador se pondrá ahora a cero.
Para los chiringuiteros, la única solución es que se les saque del dominio público marítimo terrestre, en caso contrario seguirán estando en un «limbo jurídico». «Si se hubiera hecho un cumplimiento estricto de la anterior norma se habrían derribado», explicó Arana, por lo que como la ley no se refiere expresamente a ellos, habrá que esperar a que el Estado y la Junta tomen una decisión clara, «que no parecen decididos», añadió el experto.
Tampoco se nombra directamente a los invernaderos, aunque están en el mismo saco que el resto de construcciones, la única diferencia está en el carácter desmontable de estos últimos, «por lo que el régimen jurídico, en el caso de que se pudiera autorizar, pudiera ser más fácil», comentó Arana.
En cualquier caso, habrá que esperar a su tramitación, a su desarrollo parlamentario, que ya mínimo podría ser como mínimo dos años, y después al deslinde, que el anterior en 20 años no se finalizó.