El Estado se apropia del dinero que la Unión Europea destina para contratos de investigación. Científicos de la Universidad de Granada fueron avisados por email de que su salario de diciembre rondaría los cien euros

Son investigadores cualificados con sueldos basura. En el mejor de los casos, cobran algo más de 1.200 euros al mes. No saben lo que es una paga extraordinaria ni la estabilidad en el empleo. Llevan años trabajando en precario, encadenando becas de investigación con contratos sin ninguna garantía de que el currículo que se han ido labrando pueda ser la puerta para conseguir un puesto de trabajo. Son los investigadores de la Universidad de Granada. Hace unos días supieron, a través de un email, que su salario en diciembre rondaría los cien euros, doscientos para los más afortunados. El Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera del Gobierno de Rajoy obliga a descontarles una catorceava parte sus retribuciones anuales, una medida que les aplican en la nómina de diciembre. El próximo mes, el sueldo de unos mil investigadores de la Universidad de Granada quedará reducido a la mínima expresión.

Los afectados preparan movilizaciones. La de Granada es, que se sepa, una de las pocas universidades que no ha tomado medidas para evitar que los recortes los dejaran prácticamente sin nómina en diciembre. La institución académica alega que es una medida impuesta por el Gobierno central, pero la cuestión es más compleja. Los contratos de buena parte de los investigadores están cofinanciados por la Unión Europea, que aporta el 75% del sueldo que cobran los investigadores. ¿Puede el Estado quedarse con el dinero procedente de Europa destinado a contratos de investigación? «Cuando preguntamos nos dicen que Europa no lo sabe, que si se entera tendrán que devolver el dinero, pero no a nosotros, sino a la Universidad, porque nuestro contrato ya habrá finalizado». Quien habla es Giselle García Hípola, de 30 años, licenciada en Ciencias Políticas y Administración y becaria acogida al convenio de ayudantes no doctores. Con varias titulaciones y una trayectoria como investigadora realizada en varios centros de referencia internacional, sabe que sus posibilidades de consolidar hoy un contrato son muy remotas. Sus expectativas de futuro se han desmoronado y piensa que cuando finalice su contrato la invitarán a salir de España. «Estamos demasiado cualificados para las empresas privadas, que nos ven como una amenaza y no nos va a contratar, y la Universidad para la que hemos trabajado nos cierra las puertas en las narices», afirma. «Nos han cambiado las reglas de juego en mitad de la partida y eso no es justo».

«Estamos demasiado cualificados para las empresas privadas», dice una politólogaEl caso de Giselle no es una excepción. Ella representa la situación que padecen miles de investigadores, para los que su trabajo no tiene ningún reconocimiento social. No tiene dudas de que la situación en España está peor que en otros países. «Nos obligan a realizar la carrera investigadora y docente a la vez, cosa que en otros países no pasa, porque allí o te dedicas a la enseñanza o a la investigación, pero entienden que las dos cosas es imposible», dice. En realidad, esta investigadora de la Universidad de Granada nunca pensó que su carrera le abría las puertas a un futuro prometedor, pero tampoco sospechó que la crisis la dejaría sin futuro. «Tenemos una figura contractual que nos convierte en personal de la Universidad para lo que quieren, como bajarnos el sueldo sin ser funcionarios, pero no lo somos para lo que les conviene, como no renovar nuestros contratos y echarnos cuando vencen», explica. En el fondo, las universidades abusan de los investigadores de la misma manera que lo hacen las empresas privadas con los trabajadores en prácticas. «No le importamos a nadie, ese es nuestro drama», relata. «Ni siquiera queremos que nos paguen lo que cobran los investigadores en otros países, pedimos que al menos se nos reconozca y no se nos trate como a despojos». Lo que sucede, para Giselle, es que la sociedad no valora el trabajo de los investigadores. «Todos queremos que se encuentre un remedio para el cáncer pero nadie quiere pagarlo, ese es el problema», señala.

Sin expectativas de futuro
Blanca Espigares Rooney, arquitecta superior, de 36 años, también está entre los mil investigadores de la Universidad granadina que sufren las medidas del Gobierno de Rajoy. Después de ejercer su profesión como autónoma, decidió especializarse en restauración, patrimonio y paisaje. Quería dedicarse a la docencia y hacer la tesis doctoral y consiguió un contrato de formación de profesorado de la Junta de Andalucía, financiado al 80% con fondos europeos. Ahora tampoco tiene ninguna expectativa de futuro porque «no pueden convocar nuevas plazas», indica. Cree que los investigadores en España están «abocados a la nada», a diferencia de lo que ocurre en otros países donde los investigadores no tienen la consideración de becarios «al que mandan y no le hacen caso». «Saben que es una inversión y le ayudan, le promocionan, le instruyen y le exigen resultados, pero siempre dándole respaldo», relata. Tiene claro que la investigación está considerada como una carrera en otros países, mientras que en España se mantiene la errónea creencia de que son una especie de parásitos del Estado. La realidad es que «nadie entiende qué hacemos ni cuántas horas se invierten ni lo sacrificado que es ni la competitividad que hay», recalca. «Piensan que no se hace nada y con esa mentalidad se recortan los presupuestos para la investigación y nadie parece decir nada».

«Nadie sale lo sacrificado que es ni la competitividad que hay», señala una arquitecta Como ella, Javier Alarcón, de 34 años, considera que en el momento actual las expectativas relacionadas con la investigación académica en territorio nacional son muy limitadas o escasas. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, también acumula un meritorio currículo que hace seis años le abrió las puertas como investigador de la Universidad de Granada. Empezó como becario y sigue como tal pese al tiempo transcurrido. Es el único licenciado universitario de toda su familia. Javier insiste en ello para refutar a quienes sostienen que hay que tener un enchufe para conseguir un contrato de investigador. Lleva años como tal, trabajando en precario, sin poder organizar su vida mientras ha visto cómo la mayoría de sus amigos se compraban su casa, tenían coche y se iban de vacaciones, algo que el aún no ha podido hacer.

Javier decidió dedicarse a la investigación académica por vocación, cuando era complicado hacerse un hueco como profesor. «Ahora, en el ámbito de las Ciencias Sociales, es una misión imposible», precisa. Cree que la sociedad española no valora el trabajo de los investigadores, a excepción del campo de ciencias de la salud y sus disciplinas. Pese a todo, defiende la investigación por vocación y recomienda a los jóvenes que lo intenten, aunque para ello tengan que emigrar y buscarse el futuro en países que disponen de fondos para realizarla.

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El Estado se apropia del dinero que la Unión Europea destina para contratos de investigación. Científicos de la Universidad de Granada fueron avisados por email de que su salario de diciembre rondaría los cien euros

Son investigadores cualificados con sueldos basura. En el mejor de los casos, cobran algo más de 1.200 euros al mes. No saben lo que es una paga extraordinaria ni la estabilidad en el empleo. Llevan años trabajando en precario, encadenando becas de investigación con contratos sin ninguna garantía de que el currículo que se han ido labrando pueda ser la puerta para conseguir un puesto de trabajo. Son los investigadores de la Universidad de Granada. Hace unos días supieron, a través de un email, que su salario en diciembre rondaría los cien euros, doscientos para los más afortunados. El Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera del Gobierno de Rajoy obliga a descontarles una catorceava parte sus retribuciones anuales, una medida que les aplican en la nómina de diciembre. El próximo mes, el sueldo de unos mil investigadores de la Universidad de Granada quedará reducido a la mínima expresión.

Los afectados preparan movilizaciones. La de Granada es, que se sepa, una de las pocas universidades que no ha tomado medidas para evitar que los recortes los dejaran prácticamente sin nómina en diciembre. La institución académica alega que es una medida impuesta por el Gobierno central, pero la cuestión es más compleja. Los contratos de buena parte de los investigadores están cofinanciados por la Unión Europea, que aporta el 75% del sueldo que cobran los investigadores. ¿Puede el Estado quedarse con el dinero procedente de Europa destinado a contratos de investigación? «Cuando preguntamos nos dicen que Europa no lo sabe, que si se entera tendrán que devolver el dinero, pero no a nosotros, sino a la Universidad, porque nuestro contrato ya habrá finalizado». Quien habla es Giselle García Hípola, de 30 años, licenciada en Ciencias Políticas y Administración y becaria acogida al convenio de ayudantes no doctores. Con varias titulaciones y una trayectoria como investigadora realizada en varios centros de referencia internacional, sabe que sus posibilidades de consolidar hoy un contrato son muy remotas. Sus expectativas de futuro se han desmoronado y piensa que cuando finalice su contrato la invitarán a salir de España. «Estamos demasiado cualificados para las empresas privadas, que nos ven como una amenaza y no nos va a contratar, y la Universidad para la que hemos trabajado nos cierra las puertas en las narices», afirma. «Nos han cambiado las reglas de juego en mitad de la partida y eso no es justo».

«Estamos demasiado cualificados para las empresas privadas», dice una politólogaEl caso de Giselle no es una excepción. Ella representa la situación que padecen miles de investigadores, para los que su trabajo no tiene ningún reconocimiento social. No tiene dudas de que la situación en España está peor que en otros países. «Nos obligan a realizar la carrera investigadora y docente a la vez, cosa que en otros países no pasa, porque allí o te dedicas a la enseñanza o a la investigación, pero entienden que las dos cosas es imposible», dice. En realidad, esta investigadora de la Universidad de Granada nunca pensó que su carrera le abría las puertas a un futuro prometedor, pero tampoco sospechó que la crisis la dejaría sin futuro. «Tenemos una figura contractual que nos convierte en personal de la Universidad para lo que quieren, como bajarnos el sueldo sin ser funcionarios, pero no lo somos para lo que les conviene, como no renovar nuestros contratos y echarnos cuando vencen», explica. En el fondo, las universidades abusan de los investigadores de la misma manera que lo hacen las empresas privadas con los trabajadores en prácticas. «No le importamos a nadie, ese es nuestro drama», relata. «Ni siquiera queremos que nos paguen lo que cobran los investigadores en otros países, pedimos que al menos se nos reconozca y no se nos trate como a despojos». Lo que sucede, para Giselle, es que la sociedad no valora el trabajo de los investigadores. «Todos queremos que se encuentre un remedio para el cáncer pero nadie quiere pagarlo, ese es el problema», señala.

Sin expectativas de futuro
Blanca Espigares Rooney, arquitecta superior, de 36 años, también está entre los mil investigadores de la Universidad granadina que sufren las medidas del Gobierno de Rajoy. Después de ejercer su profesión como autónoma, decidió especializarse en restauración, patrimonio y paisaje. Quería dedicarse a la docencia y hacer la tesis doctoral y consiguió un contrato de formación de profesorado de la Junta de Andalucía, financiado al 80% con fondos europeos. Ahora tampoco tiene ninguna expectativa de futuro porque «no pueden convocar nuevas plazas», indica. Cree que los investigadores en España están «abocados a la nada», a diferencia de lo que ocurre en otros países donde los investigadores no tienen la consideración de becarios «al que mandan y no le hacen caso». «Saben que es una inversión y le ayudan, le promocionan, le instruyen y le exigen resultados, pero siempre dándole respaldo», relata. Tiene claro que la investigación está considerada como una carrera en otros países, mientras que en España se mantiene la errónea creencia de que son una especie de parásitos del Estado. La realidad es que «nadie entiende qué hacemos ni cuántas horas se invierten ni lo sacrificado que es ni la competitividad que hay», recalca. «Piensan que no se hace nada y con esa mentalidad se recortan los presupuestos para la investigación y nadie parece decir nada».

«Nadie sale lo sacrificado que es ni la competitividad que hay», señala una arquitecta Como ella, Javier Alarcón, de 34 años, considera que en el momento actual las expectativas relacionadas con la investigación académica en territorio nacional son muy limitadas o escasas. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, también acumula un meritorio currículo que hace seis años le abrió las puertas como investigador de la Universidad de Granada. Empezó como becario y sigue como tal pese al tiempo transcurrido. Es el único licenciado universitario de toda su familia. Javier insiste en ello para refutar a quienes sostienen que hay que tener un enchufe para conseguir un contrato de investigador. Lleva años como tal, trabajando en precario, sin poder organizar su vida mientras ha visto cómo la mayoría de sus amigos se compraban su casa, tenían coche y se iban de vacaciones, algo que el aún no ha podido hacer.

Javier decidió dedicarse a la investigación académica por vocación, cuando era complicado hacerse un hueco como profesor. «Ahora, en el ámbito de las Ciencias Sociales, es una misión imposible», precisa. Cree que la sociedad española no valora el trabajo de los investigadores, a excepción del campo de ciencias de la salud y sus disciplinas. Pese a todo, defiende la investigación por vocación y recomienda a los jóvenes que lo intenten, aunque para ello tengan que emigrar y buscarse el futuro en países que disponen de fondos para realizarla.

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