Un programa impulsado por la Universidad española de Granada para luchar contra el tráfico de seres humanos, especialmente niños, a través de la identificación genética, ha permitido casi 600 reunificaciones familiares y evitado más de 250 adopciones ilegales en una quincena de países, especialmente latinoamericanos
Así lo señaló José Antonio Lorente, director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada (sur) y promotor del proyecto DNA-Prokids, del que ya se benefician en torno a una quincena de países fundamentalmente latinoamericanos aunque también asiáticos, desde que empezó a funcionar en 2009.
Este programa surgió con el objetivo de que cada país dispusiera de su propio registro informático con datos genéticos tanto de niños sin identificar que constan como desaparecidos, como de sus familiares para poder cotejarlos.
Sus promotores siguen trabajando en extenderlo a otros países como la India, donde el tráfico de niños constituye un serio problema, el sureste asiático y, hacia la segunda parte del año, África del sur y Namibia, explicó Lorente.
La implantación del programa DNA-Prokids en Guatemala ya contribuyó a la puesta en marcha de la ley Alba Keneth, del 13 de septiembre de 2010, recuerda Lorente.
Esa ley estableció la creación en Guatemala de un sistema de alerta para que la policía y las autoridades supieran cómo actuar ante la desaparición de un menor o el hallazgo de alguno sin su familia.
Guatemala es uno de los países, junto a México, Brasil, Perú, Paraguay, El Salvador, la República Dominicana o Filipinas que ha decidido luchar contra el tráfico de seres humanos a través de este proyecto promovido por la Universidad de Granada.
Su labor consiste en asesorarlos, colaborar si es necesario en los análisis de ADN y suministrarles un equipo de identificación genética de uso universal para facilitar la comparación de las bases de datos de las que disponen unos y otros a través de un mismo protocolo.
Una vez implantado y demostrado su buen funcionamiento, el principal objetivo de los promotores pasa ahora por que los países en los que ya está en marcha avancen hacia una legislación de carácter internacional que puedan suscribir los distintos gobiernos para que la lucha contra el tráfico de niños se aborde desde una perspectiva global.
Los avances registrados desde la puesta en marcha del programa, que ha logrado cerrar casi 600 reunificaciones familiares y evitar más de 250 adopciones ilegales, hacen necesaria una coordinación que, en opinión de Lorente, debería ejercer el Gobierno español.
«Cada país tiene problemas específicos propios, pero el problema común de por qué los niños desaparecen es el mismo, y eso hay que coordinarlo», entiende Lorente, que propone para ello la creación de un centro, dependiente de la Universidad de Granada quizá, desde el que se coordine todo lo relacionado con este asunto.