La progresiva desaparición de las licenciaturas y diplomaturas ha generado un aumento de las quejas de estudiantes de los planes a extinguir, según el coordinador general de la Delegación General de Estudiantes de la Universidad de Granada, Alejandro Ortiz. Estas quejas -que vienen de la mano de la desaparición definitiva de asignaturas y del agotamiento de las convocatorias- se unen a las que genera la conclusión del cuarto año de los planes de estudio del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conocido como Plan Bolonia.
«Nos han llegado casos de alumnos de plan antiguo a los que les quedan asignaturas ya extinguidas y sólo les queda la opción de irse a la calle o de matricularse en un grado», explica Ortiz, que señala que buena parte de las quejas vienen de estudiantes de la diplomatura de Relaciones Laborales. «Con su plan son tres años de estudio. Si se pasan a grado, tienen que hacer un año más en la Universidad, además de sacarse el B1 -para la acreditación lingüística de un segundo idioma- y hacer el Trabajo de Fin de Grado» (TFG), dos requisitos que sí tienen los estudios del Plan Bolonia y que no existían en los planes a extinguir.
«Las quejas han aumentado en la Delegación ahora en septiembre, después de que terminaran los exámenes», explica Ortiz. El pasado curso se matricularon en asignaturas de planes a extinguir unos 6.000 alumnos.
Por otro lado, en la Delegación se ha constatado un aumento de las quejas de estudiantes de grado que han agotado las seis convocatorias a las que tienen derecho por asignatura y se encuentran entre la espada y la pared. Al agotar todas las oportunidades para aprobar una asignatura únicamente les queda la opción de irse a otra universidad, explica el responsable de la Delegación. «Hay mucha gente que desconoce la normativa», explica Ortiz, que reconoce que ya se han dado casos de ‘emigración’ forzosa a otros centros para poder terminar el grado.
Según arguye Ortiz, además del desconocimiento de la norma, se da la circunstancia de que las reglas que rigen en la UGR son de «las más complicadas que hay». Así, la Universidad granadina pide aprobar un mínimo de un 20% de los créditos matriculados en el caso de los grados, mientras que para los estudios de máster exige que, en el caso de que el alumno realice un parón, por ejemplo, de un año por motivos laborales, se comunique con anterioridad. Las convocatorias de ese año de ‘carencia’ cuentan como si efectivamente se estuviera matriculado, aunque ni siquiera se haya formalizado el pago de tasas.
La Delegación de Estudiantes pretende que esta normativa de permanencia en la UGR se ‘relaje’ de cara a los próximos cursos. Ya han mantenido una reunión sobre este tema con la vicerrectora de Estudiantes, Rosa María García, que les explicó que se estudiarían los posibles cambios.
