Tantas vueltas se le ha dado al polémico proyecto para ampliar el calado del Guadalquivir en su último tramo que las hemerotecas custodian decenas de declaraciones sobre el dragado de profundización que apadrina sin éxito el puerto de Sevilla desde hace más de una década para intentar que a la capital andaluza lleguen buques más grandes. Entre esos pronunciamientos destacan los del actual ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del que depende el visto bueno final a la operación. «Sería suicida poner en riesgo un cultivo como el arroz o una zona de protección medioambiental tan exclusiva como es el parque nacional de Doñana», dijo Miguel Arias Cañete en agosto de 2013. Unos meses después, insistió en la misma idea: «No quiero pasar a la historia como el ministro que acabó con el cultivo del arroz en el Guadalquivir y salinizó las marismas de Doñana».

El ministro, uno de los mejores situados para encabezar la lista del PP en las próximas elecciones europeas, es consciente de que Bruselas escudriña los pasos que está dando el Gobierno español en este asunto. La Unesco, directamente, ha pedido que no se acometa la obra ante el riesgo de perjudicar el espacio natural más importante de Andalucía, declarado Patrimonio de la Humanidad.

En este contexto es en el que el ministro ha trazado esas dos fronteras —no dañar Doñana ni los cultivos que viven del río— que nunca podrá traspasar el puerto de Sevilla.

La obra divide a la patronal

A un lado, teóricamente, están los empresarios y los sindicatos mayoritarios de Sevilla. Al otro, en contra del dragado, los ecologistas y un grupo de científicos que alertan del daño que se puede causar al estuario. Pero la realidad tiene demasiados matices como para quedarse con esta estática foto. El proyecto ha desencadenado una división importante en la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES). Asaja, la patronal agraria y una de las fundadoras de esta organización, ya mostró en marzo de 2013 su rechazo al apoyo cerrado que la directiva de la CES estaba dando al proyecto del puerto. El presidente de Asaja en Sevilla, Ricardo Serra, ha dado un paso más ahora. A mediados de mes se hará efectiva en una asamblea su renuncia a la vicepresidencia de la CES, una decisión que tomó hace un par de meses. Serra sostiene que no está «cómodo» en la confederación debido al apoyo al dragado y a la gestión que está realizando el presidente Miguel Rus. El responsable de Asaja no descarta que su organización acabe abandonando la CES por estos motivos.
Respecto al dragado, Serra recuerda que el puerto ha tenido diez años para cumplir con la Declaración de Impacto Ambiental de 2003. «No sé qué han estado haciendo, pero no han hecho ni la protección de márgenes ni se han aplicado las medidas correctoras para evitar los daños a los regantes». Los agricultores sostienen que, con la ampliación del dragado, aumentará la salinidad del río y no les servirá el agua. Por eso, «previamente», piden que se acometa un proyecto de modernización —que cuesta 180 millones— que les permita no depender del Guadalquivir. Serra no descarta tampoco que su organización acuda a los tribunales si se dañan sus intereses y pide que no se «politice» este asunto.
Una de esas condiciones está a punto de someterse al dictamen de la Junta de Andalucía, que también tiene un papel protagonista en este asunto, y del Consejo de Participación de Doñana: el proyecto de protección de márgenes. En la Declaración de Impacto Ambiental concedida al dragado en 2003 —un documento que los ecologistas de WWF han pedido en reiteradas ocasiones que se archive ante los nuevos datos que se han recabado en la última década del comportamiento del estuario— se establecía que se debía acometer una obra para evitar que se dañaran las márgenes del río a su paso por Doñana.

El puerto de Sevilla presentó a finales del año pasado a la Consejería de Medio Ambiente ese proyecto, que ha sido elaborado por la empresa Ayesa y que tendría un coste de 4,27 millones de euros. La comisión de aguas del Consejo de Participación de Doñana analizará el miércoles el documento. Además, ese mismo día la Consejería de Medio Ambiente presentará su informe sobre esta actuación, que debe ser validada por la Administración autónoma. Fuentes del departamento de María Jesús Serrano indican que los técnicos han apreciado «carencias» o «deficiencias», aunque no avanzan el resultado del análisis del documento presentado por el puerto sevillano.

La solución que propone la Autoridad Portuaria se basa en la instalación de 3,8 kilómetros de «geotubos», según se apunta en la memoria del proyecto Defensa de la margen derecha del Río Guadalquivir en el Parque Nacional de Doñana que ha remitido al Consejo de Participación. Estas «estructuras rellenas de arena o material granular procedente del dragado del río» se colocarían en 17 puntos de la margen derecha para defender Doñana de las olas que provocarían los barcos en el tránsito hacía Sevilla. «Su recubrimiento se realizaría mediante geotextil de tonalidad terriza», se señala en el proyecto en referencia a la limitación del impacto paisajístico.

Para el catedrático de la Universidad de Granada Miguel A. Losada, uno de los mejores conocedores del comportamiento del estuario, la propuesta tiene un error de partida. «En la memoria del proyecto se adopta, pero no se comprueba o verifica, que la causa principal de la erosión de la margen derecha es el oleaje generado por el tránsito de un barco», apunta este experto. Pero «no se justifica la solución adoptada».

Losada, junto al investigador del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía Javier Ruiz, coordinó el estudio Propuesta metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el estuario del Guadalquivir, concluido en 2010. Este profundo análisis, gracias al que todavía sus autores siguen publicando artículos en revistas internacionales, se realizó ante las dudas que existían de la viabilidad del dragado. Pero sus conclusiones, —entre las que destaca que la obra afectaría «negativamente a la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario»— parecen haberse obviado. Según Losada, en el estudio se establecía que «la causa principal de la migración de márgenes son las corrientes transversales secundarias generadas por la circulación mareal». Es decir, que tras la erosión de la orilla no están solo las olas que levantan los buques. «Con este diagnóstico», afirma Losada, «la solución del proyecto no es la adecuada».

El catedrático de la Universidad de Granada resalta además que en la memoria no se incluyen «los costes de conservación y reparación» ni «qué Administración deberá atender esta partida económica anual».

Descargar