«Lo más cómodo es quedarse en casa. De ahí que me moleste que se diga que los que participan en el programa Erasmus se van de vacaciones». La vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada, Dorothy Kelly, defiende a capa y espada tanto el futuro como el papel que ha desempeñado desde su creación en 1987 el programa Erasmus -que se ha convertido en la joya de la corona dentro de los programas educativos y de formación de una Unión Europea atrancada entre los intereses políticos y la crisis económica que sufren algunos de los países miembros, como España- , y lo hace con un convencimiento que, sin duda, contrasta con las últimas andanadas lanzadas desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) de José Ignacio Wert.
Kelly tiene motivos objetivos para enorgullecerse del papel que hasta ahora ha desempeñado la UGR dentro de los programas de movilidad, en concreto del Erasmus, la «marca de éxito» que la Comisión Europea mantendrá en el futuro para bautizar a todas las ayudas europeas a estudiantes, profesorado y personal de administración que quiera estudiar en el extranjero. La de Granada es la única institución miembro del programa Erasmus -que cuenta con unos 4.000 socios- que ha superado los 2.000 estudiantes beneficiarios en un curso. Además, la UGR recibe a otros 3.000 estudiantes gracias a estas ayudas. La Universidad granadina es líder tanto en recepción como en envío de estudiantes.
El optimismo y la convicción de la necesidad de este tipo de ayudas contrasta con los últimos movimientos desde el Ministerio. Aunque el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que limitaba las ayudas estatales a aquellos que hubieran sido beneficiarios el anterior curso de becas generales del MECD fue rectificado, su mera publicación indica hacia donde van los pasos en relación a la política de ayudas a la movilidad transnacional. El pasado día 6, la incertidumbre que sufren los erasmus propició que se activaran todas las alertas con la publicación en el BOE de las cuantías que sí percibirán los que fueron becarios del Ministerio el pasado curso, sin mencionar en qué situación quedan los que no lo fueron. Les toca ser pacientes, mucho. Tienen que esperar a que el Senado apruebe una ampliación presupuestaria de 19 millones de euros para el programa. Sólo después se publicará cómo se reparten esos fondos entre los erasmus. El 6 de diciembre la indignación por la falta de datos sobre su situación insufló de indignación -de nuevo- las redes sociales durante horas. Los estudiantes se sienten castigados por un sistema que les permite salir fuera a completar su formación sin que se les garantice cuánto dinero percibirán para su manutención. La historia se repite. Hace dos cursos fue la Junta la que mermó su aportación al programa una vez que los estudiantes estaban en sus destinos (de hecho, apenas faltaban un par de meses para que acabara el curso). Los afectados, miles en Granada, mantienen su reclamación de las cantidades que, entienden, se les adeudan. La Universidad, en medio de la disputa, convocó un plan propio de ayudas para paliar, en la medida de lo posible, el agravio para aquellos estudiantes que sufrieran una situación económica precaria. Un error que, hace un mes, repitió el Ministerio. «Lo que pedimos a las administraciones que financian el programa es que tienen que dejar claro cuáles son las ayudas antes de que los alumnos se vayan», indica Kelly, de tal modo que «ninguno se vea obligado a renunciar».
Para este curo, la UGR recibió 4.400 solicitudes para estudiar en el extranjero con el programa Erasmus. Ya se han ido unos 1.800, cifra a la que se sumarán los que tengan su estancia para el segundo cuatrimestre -los menos-, por lo que es prácticamente seguro que no llegará a 2.000 el número de estudiantes que finalmente acepten una plaza fuera. «Siempre hay renuncias», explica la vicerrectora. ¿Puede ser el económico uno de los motivos que propicie el aumento de las renuncias? «Sí, claro que es uno de los motivos». «Los recortes han afectado a la movilidad», apostilla la vicerrectora, que indica que, no obstante, la Universidad «hace todo lo que puede». Así, mientras que el número de peticiones para una beca Erasmus ha descendido el pasado año, sí han repuntado las solicitudes para el plan propio de movilidad de la UGR.
Sobre la posibilidad de que la política del Gobierno ponga en peligro la supervivencia de un programa «al que es difícil verle desventajas», indica Kelly, hay «unanimidad en que el Ministerio debe seguir apoyando» a los erasmus, petición que ya se ha formulado al Ministerio. Los recortes contrastan con lo que ocurre en Bruselas. Europa dará a luz el 1 de enero al Erasmus+, que engloba a todos los programas existentes para estudiar o hacer prácticas (Leonardo, Comenius, Grundtvig, Tempus, Alfa…) y para programas de cooperación bajo una única denominación. No se trata de un mero cambio de nombre. El nuevo programa nace con un 40% más de presupuesto para cubrir la demanda de movilidad de unos dos millones de estudiantes. Rompe, además, con las fronteras europeas, con lo que se podrá ser erasmus en Marruecos, Chile o Indonesia…
Articular este macroprograma no ha sido fácil, y, de hecho, todavía se está a la espera del la guía del programa. Un retraso que, sin embargo, ha servido para que, como en un juego del destino, la apuesta de la Comisión Europea coincida en el tiempo con las decisiones, rectificaciones y anuncios de Wert.
