La clase media está en peligro de extinción y cada vez más empobrecida, necesita una red pública que pare la caída antes de llegar a una situación de pobreza grave. Pero esa red está sobrecargada y con muchos agujeros debido a los sucesivos recortes en los presupuestos destinados a los servicios sociales, un 33,1% menores en 2014 respecto a los de 2011, según los cálculos del Consejo General de Trabajo Social (CGTS). El informe Los servicios sociales en España elaborado por este organismo, formado por 37 colegios y 40.000 profesionales, revela que en 2012 aumentaron un 72,1% las peticiones de ayuda, sobre todo entre personas de clases medias venidas a menos por la crisis, con un incremento del 45,2%. «Son esas familias que se han quedado sin ingresos», ha puntualizado Ana Lima, presidenta del CGTS durante la presentación este martes del estudio.
Con los datos de las encuestas realizadas a 1.361 profesionales de los servicios sociales en activo, el estudio realizado por SECABA Lab Quality Evaluation and Information Retrieva (grupo de investigación formado por profesores de varias universidades y del CGTS) constata un cambio de perfil de las personas que piden ayuda en sus consultas. No solo aumentan las que antes eran de clase media, «la mayoría no habían acudido nunca a los servicios sociales», ha precisado Lima; sino que además crece un 26% el número de jóvenes, «aquellos que dejaron los estudios pronto por meterse en la construcción y ahora no tienen ni formación ni trabajo»; ha detallado.
En este sentido, la experta ha destacado también que se ha incorporado un nuevo perfil de solicitante de ayuda: jóvenes con estudios superiores. Un grupo que ha aumentado un 13,5% en 2012 respecto a la situación previa a la crisis. «Antes era prácticamente inaudito que acudieran a los servicios sociales, ahora algunos vienen desesperados», ha explicado Lima. Todo ello, manteniendo la atención a las personas sin recursos económicos, que subieron un 30% el año pasado.
Una vez analizados los datos globales del perfil de persona solicitante de ayuda, la estadística concluye que es una mujer de 36 a 50 años, con estudios primarios, casada, con hijos y en paro. «La pobreza tiene cara femenina», ha resumido Lima. En cuanto al tipo de ayudas que se solicitan, la mayoría son de carácter económico (26,4% del total de solicitudes), seguidas de peticiones de información y orientación (23,7%).
Pero el empobrecimiento que aumenta la demanda de ayudas no se está traduciendo en el reforzamiento de los servicios sociales públicos, según las respuestas de los profesionales del sector. El 33% denuncia que en el último año ha descendido el número de personas en su departamento, lo que ha supuesto una sobrecarga de trabajo que ha mermado la calidad de la atención. Así lo han afirmado un 74% de los trabajadores. Un incremento de la actividad que han notado, sobre todo, aquellos que se dedican a la orientación, la intervención con familias y la protección de menores. «Muchas veces no pueden dedicar el tiempo o los recursos suficientes a las personas. Están agobiados y hacen jornadas de hasta 50 horas semanales. Hay mucha frustración en la profesión», ha afirmado Lima.
Los recortes amenazan con «dejar los servicios sociales en el esqueleto. Solo para informar y orientar», ha explicado la presidenta del CGTS. Un «desmantelamiento» que se agrava con el proceso de privatización creciente que observan los trabajadores sociales. El 3,4% está empleado en un centro de titularidad pública pero gestión privada. «Esta opción era inexistente hace unos años», indica el estudio. Pero es en la atención residencial donde más se percibe esta tendencia privatizadora, con un 43,7% de los profesionales que ya trabajan en el sector privado. De continuar este proceso, Lima advierte de que «esto quedará en que el que tenga dinero que se pague lo que necesite y el que no, que vaya a la caridad». «Pero la atención de las necesidades humanas es una obligación del Gobierno, no de las ONG», se ha quejado.
Pero con más personas en las consultas, menos recursos y tiempo, el resultado no puede ser otro que una caída de la calidad de la atención. Aunque desde el CGTS afirman que no se deja de atender a nadie, reconocen que su ayuda es a veces estéril si no hay dotación para las ayudas de emergencia para aquellos que, por ejemplo, no llegan a pagar la luz. Unas ayudas que cada vez necesitan más personas porque en España ya hay 3 millones de personas en situación de pobreza grave, según datos del INE recogidos en estudios de Cáritas y Cruz Roja.
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