Donoso desconoce si se están cumpliendo con los nuevos trámites de las titulaciones y pide una reunión con el delegado del rector.
La consejera de Presidencia, Esther Donoso, insistió ayer en que la Ciudad «ha cumplido escrupulosamente» con todos los compromisos que había asumido en el proceso que debía desembocar en la implantación de las nuevas titulaciones de la Universidad de Granada en Melilla. Se sumaba así al malestar que ya reconoció este lunes el propio presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, pero volvió a dejar abierta la puerta a una posible resolución del problema pese a asumir, en varias ocasiones, que será muy complicado, casi imposible, que los nuevos grados previstos puedan finalmente impartirse a partir de octubre.
El penúltimo intento para desbloquear el laberinto burocrático en el que se ha convertido el caso lo buscarán a partir de hoy la propia Donoso y Sebastián Sánchez, delegado del rector de la UGR en Melilla, al que la consejera tiene previsto solicitar a lo largo de la jornada una nueva reunión. Fue éste quien, el pasado viernes, certificó la imposibilidad de seguir adelante con el proyecto de ampliar la oferta universitaria al confirmar que los informes de la Agencia Andaluza del Conocimiento, dependiente de la Junta de Andalucía y homologada por la nacional Aneca, había emitido un informe desfavorable el 9 de junio que, en la práctica, bloqueaba el pistoletazo de salida a las nuevas titulaciones. Y a partir de ahí, empezó el cruce de acusaciones.
Donoso aseguró ayer que no pretende «acusar» a la Universidad de Granada del punto muerto al que ha quedado abocada la tramitación administrativa, pero hizo un repaso cronológico de los hechos en los que resaltó lo que, a su juicio, han sido fallos evidentes de la institución académica andaluza. Una actuación que la consejera resumió en que la UGR tiene «otros estilos, otros plazos y otra forma de trabajar». Sin embargo, antes de llegar a esa conclusión reconoció, en varios momentos de su intervención, su «indignación» cuando a finales de junio descubrió que la UGR no estaba cumpliendo los plazos previstos para la introducción de los datos en la nueva aplicación informática habilitada para la implantación de las titulaciones, la solución dispuesta tras conocerse el rechazo de la Agencia Andaluza del Conocimiento. «¿Dónde está el compromiso?», se preguntaba ayer en voz alta tras insistir en que la Ciudad ha hecho «todo lo que estaba en su mano y más» para cumplir con su parte de los compromisos acordados con la UGR.
La consejera de Presidencia llegó incluso a desvelar que Dolores Ferre Cano, vicerrectora de Enseñanzas de Grado y Postgrado, no atendió durante días a sus llamadas telefónicas ni contestó a sus correos electrónicos, y cuando lo hizo no pudo concretar cuándo estarían introducidos los datos y la información en la nueva aplicación informática. «A día de hoy no tenemos ninguna información de si han introducido los datos. No sabemos nada», subrayó Donoso, quien tiene previsto trasladar todas sus dudas a Sebastián Sánchez en la reunión que podrían acordar durante el día de hoy.
Las quejas de la Ciudad, como detalló ayer la consejera de Presidencia, se basan en los dos fallos en los que ha incurrido la Universidad de Granada. Por un lado, los errores cometidos en la tramitación de las nuevas titulaciones dobles (ADE y Derecho, más Magisterio y Ciencias del Deporte) que derivaron en «el fatídico 10 de junio», como definió ayer Donoso la fecha en la que la Agencia Andaluza del Conocimiento emitió su informe desfavorable. Por el otro, una vez asumido el fallo y desistido el procedimiento inicial, la UGR abrió una nueva aplicación en la que debería haber volcado ya los datos, sin que de momento, según insiste la Ciudad, se conozca si efectivamente se ha cumplido el trámite. «Nosotros confiábamos en la experiencia de la UGR en los plazos, que llevarían años presentando documentos como ésos», se quejaba ayer la consejera.
Pese al desencuentro, tanto la Ciudad como la Universidad de Granada siguen confiando en una resolución del problema que, de momento, ha dejado en suspenso la implantación de las nuevas titulaciones en Melilla. Sebastián Sánchez ha insistido en los últimos días en la posibilidad de que los alumnos puedan matricularse en septiembre en determinadas asignaturas acordes a las que deberían configurar la nueva oferta educativa y que éstos posteriormente pudiesen acogerse a la convalidación de las mismas y al acceso al segundo curso del grado una vez aprobado. Donoso se sumó ayer a esta posibilidad, pero volvió a remitirse a la necesidad de que la UGR cumpla los plazos administrativos y los trámites que le corresponden.

Un trabajo «ya adelantado»

Esther Donoso insistió ayer, en varias ocasiones, en que ha cumplido «a rajatabla» su parte del compromiso porque confía en que la educación universitaria puede forjar en Melilla «un modelo de ciudad». Para justificar esa idea recordó que la Administración local había asumido incluso un gasto mayor de lo presupuestado en un principio, que había reservado ya una partida presupuestaria de 300.000 euros para el primer trimestre del curso 2013-14 y que había «adelantado ya varias iniciativas»que debían servir para fomentar los servicios a la comunidad universitaria. Entre ellos, citó el carnet del estudiante universitario, con descuentos y bonificaciones; la presentación de la nueva oferta educativa en puntos de España como Motril o la adecuación de pabellones deportivos e infraestructuras para los nuevos alumnos.

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Donoso desconoce si se están cumpliendo con los nuevos trámites de las titulaciones y pide una reunión con el delegado del rector.
La consejera de Presidencia, Esther Donoso, insistió ayer en que la Ciudad «ha cumplido escrupulosamente» con todos los compromisos que había asumido en el proceso que debía desembocar en la implantación de las nuevas titulaciones de la Universidad de Granada en Melilla. Se sumaba así al malestar que ya reconoció este lunes el propio presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, pero volvió a dejar abierta la puerta a una posible resolución del problema pese a asumir, en varias ocasiones, que será muy complicado, casi imposible, que los nuevos grados previstos puedan finalmente impartirse a partir de octubre.
El penúltimo intento para desbloquear el laberinto burocrático en el que se ha convertido el caso lo buscarán a partir de hoy la propia Donoso y Sebastián Sánchez, delegado del rector de la UGR en Melilla, al que la consejera tiene previsto solicitar a lo largo de la jornada una nueva reunión. Fue éste quien, el pasado viernes, certificó la imposibilidad de seguir adelante con el proyecto de ampliar la oferta universitaria al confirmar que los informes de la Agencia Andaluza del Conocimiento, dependiente de la Junta de Andalucía y homologada por la nacional Aneca, había emitido un informe desfavorable el 9 de junio que, en la práctica, bloqueaba el pistoletazo de salida a las nuevas titulaciones. Y a partir de ahí, empezó el cruce de acusaciones.
Donoso aseguró ayer que no pretende «acusar» a la Universidad de Granada del punto muerto al que ha quedado abocada la tramitación administrativa, pero hizo un repaso cronológico de los hechos en los que resaltó lo que, a su juicio, han sido fallos evidentes de la institución académica andaluza. Una actuación que la consejera resumió en que la UGR tiene «otros estilos, otros plazos y otra forma de trabajar». Sin embargo, antes de llegar a esa conclusión reconoció, en varios momentos de su intervención, su «indignación» cuando a finales de junio descubrió que la UGR no estaba cumpliendo los plazos previstos para la introducción de los datos en la nueva aplicación informática habilitada para la implantación de las titulaciones, la solución dispuesta tras conocerse el rechazo de la Agencia Andaluza del Conocimiento. «¿Dónde está el compromiso?», se preguntaba ayer en voz alta tras insistir en que la Ciudad ha hecho «todo lo que estaba en su mano y más» para cumplir con su parte de los compromisos acordados con la UGR.
La consejera de Presidencia llegó incluso a desvelar que Dolores Ferre Cano, vicerrectora de Enseñanzas de Grado y Postgrado, no atendió durante días a sus llamadas telefónicas ni contestó a sus correos electrónicos, y cuando lo hizo no pudo concretar cuándo estarían introducidos los datos y la información en la nueva aplicación informática. «A día de hoy no tenemos ninguna información de si han introducido los datos. No sabemos nada», subrayó Donoso, quien tiene previsto trasladar todas sus dudas a Sebastián Sánchez en la reunión que podrían acordar durante el día de hoy.
Las quejas de la Ciudad, como detalló ayer la consejera de Presidencia, se basan en los dos fallos en los que ha incurrido la Universidad de Granada. Por un lado, los errores cometidos en la tramitación de las nuevas titulaciones dobles (ADE y Derecho, más Magisterio y Ciencias del Deporte) que derivaron en «el fatídico 10 de junio», como definió ayer Donoso la fecha en la que la Agencia Andaluza del Conocimiento emitió su informe desfavorable. Por el otro, una vez asumido el fallo y desistido el procedimiento inicial, la UGR abrió una nueva aplicación en la que debería haber volcado ya los datos, sin que de momento, según insiste la Ciudad, se conozca si efectivamente se ha cumplido el trámite. «Nosotros confiábamos en la experiencia de la UGR en los plazos, que llevarían años presentando documentos como ésos», se quejaba ayer la consejera.
Pese al desencuentro, tanto la Ciudad como la Universidad de Granada siguen confiando en una resolución del problema que, de momento, ha dejado en suspenso la implantación de las nuevas titulaciones en Melilla. Sebastián Sánchez ha insistido en los últimos días en la posibilidad de que los alumnos puedan matricularse en septiembre en determinadas asignaturas acordes a las que deberían configurar la nueva oferta educativa y que éstos posteriormente pudiesen acogerse a la convalidación de las mismas y al acceso al segundo curso del grado una vez aprobado. Donoso se sumó ayer a esta posibilidad, pero volvió a remitirse a la necesidad de que la UGR cumpla los plazos administrativos y los trámites que le corresponden.

Un trabajo «ya adelantado»

Esther Donoso insistió ayer, en varias ocasiones, en que ha cumplido «a rajatabla» su parte del compromiso porque confía en que la educación universitaria puede forjar en Melilla «un modelo de ciudad». Para justificar esa idea recordó que la Administración local había asumido incluso un gasto mayor de lo presupuestado en un principio, que había reservado ya una partida presupuestaria de 300.000 euros para el primer trimestre del curso 2013-14 y que había «adelantado ya varias iniciativas»que debían servir para fomentar los servicios a la comunidad universitaria. Entre ellos, citó el carnet del estudiante universitario, con descuentos y bonificaciones; la presentación de la nueva oferta educativa en puntos de España como Motril o la adecuación de pabellones deportivos e infraestructuras para los nuevos alumnos.

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El penúltimo intento para desbloquear el laberinto burocrático en el que se ha convertido el caso lo buscarán a partir de hoy la propia Donoso y Sebastián Sánchez, delegado del rector de la UGR en Melilla, al que la consejera tiene previsto solicitar a lo largo de la jornada una nueva reunión. Fue éste quien, el pasado viernes, certificó la imposibilidad de seguir adelante con el proyecto de ampliar la oferta universitaria al confirmar que los informes de la Agencia Andaluza del Conocimiento, dependiente de la Junta de Andalucía y homologada por la nacional Aneca, había emitido un informe desfavorable el 9 de junio que, en la práctica, bloqueaba el pistoletazo de salida a las nuevas titulaciones. Y a partir de ahí, empezó el cruce de acusaciones.
Donoso aseguró ayer que no pretende «acusar» a la Universidad de Granada del punto muerto al que ha quedado abocada la tramitación administrativa, pero hizo un repaso cronológico de los hechos en los que resaltó lo que, a su juicio, han sido fallos evidentes de la institución académica andaluza. Una actuación que la consejera resumió en que la UGR tiene «otros estilos, otros plazos y otra forma de trabajar». Sin embargo, antes de llegar a esa conclusión reconoció, en varios momentos de su intervención, su «indignación» cuando a finales de junio descubrió que la UGR no estaba cumpliendo los plazos previstos para la introducción de los datos en la nueva aplicación informática habilitada para la implantación de las titulaciones, la solución dispuesta tras conocerse el rechazo de la Agencia Andaluza del Conocimiento. «¿Dónde está el compromiso?», se preguntaba ayer en voz alta tras insistir en que la Ciudad ha hecho «todo lo que estaba en su mano y más» para cumplir con su parte de los compromisos acordados con la UGR.
La consejera de Presidencia llegó incluso a desvelar que Dolores Ferre Cano, vicerrectora de Enseñanzas de Grado y Postgrado, no atendió durante días a sus llamadas telefónicas ni contestó a sus correos electrónicos, y cuando lo hizo no pudo concretar cuándo estarían introducidos los datos y la información en la nueva aplicación informática. «A día de hoy no tenemos ninguna información de si han introducido los datos. No sabemos nada», subrayó Donoso, quien tiene previsto trasladar todas sus dudas a Sebastián Sánchez en la reunión que podrían acordar durante el día de hoy.
Las quejas de la Ciudad, como detalló ayer la consejera de Presidencia, se basan en los dos fallos en los que ha incurrido la Universidad de Granada. Por un lado, los errores cometidos en la tramitación de las nuevas titulaciones dobles (ADE y Derecho, más Magisterio y Ciencias del Deporte) que derivaron en «el fatídico 10 de junio», como definió ayer Donoso la fecha en la que la Agencia Andaluza del Conocimiento emitió su informe desfavorable. Por el otro, una vez asumido el fallo y desistido el procedimiento inicial, la UGR abrió una nueva aplicación en la que debería haber volcado ya los datos, sin que de momento, según insiste la Ciudad, se conozca si efectivamente se ha cumplido el trámite. «Nosotros confiábamos en la experiencia de la UGR en los plazos, que llevarían años presentando documentos como ésos», se quejaba ayer la consejera.
Pese al desencuentro, tanto la Ciudad como la Universidad de Granada siguen confiando en una resolución del problema que, de momento, ha dejado en suspenso la implantación de las nuevas titulaciones en Melilla. Sebastián Sánchez ha insistido en los últimos días en la posibilidad de que los alumnos puedan matricularse en septiembre en determinadas asignaturas acordes a las que deberían configurar la nueva oferta educativa y que éstos posteriormente pudiesen acogerse a la convalidación de las mismas y al acceso al segundo curso del grado una vez aprobado. Donoso se sumó ayer a esta posibilidad, pero volvió a remitirse a la necesidad de que la UGR cumpla los plazos administrativos y los trámites que le corresponden.

Un trabajo «ya adelantado»

Esther Donoso insistió ayer, en varias ocasiones, en que ha cumplido «a rajatabla» su parte del compromiso porque confía en que la educación universitaria puede forjar en Melilla «un modelo de ciudad». Para justificar esa idea recordó que la Administración local había asumido incluso un gasto mayor de lo presupuestado en un principio, que había reservado ya una partida presupuestaria de 300.000 euros para el primer trimestre del curso 2013-14 y que había «adelantado ya varias iniciativas»que debían servir para fomentar los servicios a la comunidad universitaria. Entre ellos, citó el carnet del estudiante universitario, con descuentos y bonificaciones; la presentación de la nueva oferta educativa en puntos de España como Motril o la adecuación de pabellones deportivos e infraestructuras para los nuevos alumnos.

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